El elevado número de heridos de gravedad por impactos de bala durante la protesta antigubernamental de Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022, confirma que existió un patrón en el comportamiento de los efectivos militares que salieron a las calles a “restablecer el orden”. Y desbarata la versión de los militares implicados de que hicieron disparos al aire, nunca al cuerpo de los manifestantes.
En la última disposición de la fiscal provincial Mirela Coronel Molero, fechada el 7 de junio de este año, se señala que los más de 100 testigos que fueron interrogados, entre ellos los que resultaron afectados por los tiros de fusil Galil del Ejército, coinciden en que los uniformados dirigieron los cañones de su armamento a los manifestantes. Esto explica por qué al final de la jornada se contabilizaron 10 fallecidos y 20 heridos de gravedad (hay otro grupo con lesiones leves).
Por esta razón, la fiscal Mirela Coronel ha formalizado investigación preparatoria contra 7 oficiales de jerarquía y uno de la Policía Nacional, como presuntos autores directos de homicidio calificado con alevosía en el grado de tentativa. Es decir, que los efectivos que dispararon por órdenes, o bajo conocimiento de estos, tuvieron la intención de matar a los ciudadanos que protestaban en las calles de Ayacucho (ver recuadro).
Encabezan la relación, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), general de división EP (r) Manuel Gómez de La Torre; el exjefe del Comando Operacional del Este (COE) y excomandante general del la IV División del Ejército (VRAEM), general de división EP Miguel Gonzáles Bohórquez; y el ex comandante general de la 2° Brigada de Infantería de Ayacucho, general de brigada EP Jesús Vera Ipenza.
Estos tres generales fueron identificados por la fiscal Mirela Coronel como los eslabones de la cadena de mando durante las acciones contra la protesta en Ayacucho, y responden a la presidenta Dina Boluarte y al exministro de Defensa, Alberto Otárola.
También aparecen como autores directos del presunto delito de homicidio calificado en la modalidad de tentativa, los jefes de patrulla y subalternos que se encontraban en la zona donde se registraron los heridos de bala de gravedad. Estos pertenecían en gran parte a la reserva de la IV División del Ejército y a la 2° División del Ejército (VRAEM).
Como ha informado La República, ni los altos mandos, ni los efectivos de tropa que protagonizaron los incidentes, han admitido haber ordenado, o haber efectuado, disparos horizontales hacia el cuerpo de los ciudadanos en las calles. Una versión evidentemente concertada para intentar despojarse de responsabilidades, pero las evidencias materiales son contundentemente opuestas. Los que hicieron uso de los fusiles Galil respondieron a un patrón: neutralizar a los manifestantes.
Así lo declaró Raúl Goya Ramos, uno de los heridos de gravedad por impacto de bala:
“Cuando los militares llegaron por la vía de Evitamiento e ingresaron por el grifo Primax a la avenida Ejército, empezaron a disparar. Cuando Raúl Goya Ramos se encontraba cubriéndose en la parte baja de las ruinas de Conchopata (aledañas al aeropuerto (…), vio tirada a una mujer que pedía ayuda llorando. (Goya) decidió pararse en medio de la pista, levantando la mano en son de paz, a lo que al otro lado, a la altura del grifo Repsol, vio a varios militares que de igual manera levantaban la mano haciendo la misma señal. Pero otro militar empezó a disparar. Es en ese momento en el que sintió los impactos de al menos tres proyectiles de arma de fuego, uno de los cuales le destrozaron la parte derecha de la mandíbula”.
El caso de Wilmer Lizama Ayala, quien no participaba de la protesta, ratifica la tendencia de los elementos del Ejército de disparar a los cuerpos:
“Salió de su casa en Santa Elena sin su vehículo, caminando hasta la avenida Arenales, a la altura del cementerio, buscando a un mecánico. Se encontró con su amigo Jesús Calderón, observando que los manifestantes estaban por la recta del aeropuerto. Así que se van hacia la zona de la avenida Canaán, que ingresa al hospital. Es así que entre las 14:00 horas y 15:00 horas, faltando unos metros para llegar a la calle que va al cementerio, sintió que algo le cayó en la pierna, haciéndolo volar como dos metros. Cayó de cerebro y empezó a pedir auxilio, perdiendo sangre y desmayándose. Despertó en el Hospital 2 de Mayo, de Lima”.
Incluso Yhon Ccerhuayo Raqui, no solo fue herido en una pierna y perdió un dedo de la mano por los proyectiles. También vio cómo los militares mataron a Christopher Ramos Aime, de 15 años:
“Como a las 17:00 estuvo en las cercanías del cementerio donde estuvo conversando con un grupo de cuatro personas. Entonces vio que los militares salieron del aeropuerto disparando al grupo de personas que se encontraban en la esquina del semáforo A unos 50 metros vio que los militares seguían disparando. Le dijo a un amigo que se agache y en ese momento le impactó una bala en el muslo izquierdo, así como en el dedo índice de la mano izquierda, el mismo que voló, como a las 18:00 horas. (…) Luego vio a una persona de sexo masculino que cruzaba la pista, que terminó cayéndose producto de un impacto de bala (posteriormente identificada como el menor fallecido Christopher Ramos AIme)”.
Los agraviados por el delito de homicidio calificado con alevosía en el grado de tentativa, son: Anderson Lapa Rojas, Leandro Rejas Callocunto, William Taboada Janampa, Denis Urquizo Quispe y Christian Mucha Conde; Daniel Cirineo Cierto, Carlos Tineo Gómez, Jhon Quispe Llanes, Miguel Yucra Mendoza y Kevin Fernández Llamocca. También Nerson Oré Espinoza, Raúl Goya Ramos Wilmer Lizama Ayala, Jhon Canchari Martínez y Edilberto Hinostroza Ramos; y William Huamaní Chuchón, Reyder Hinostroza Huachaca, Jhon Cerhuayo Raqui, Christian León Huarancca y Alcides Ayala Fernández.
Las balas fueron del Ejército.
