El alcalde de Chancay, Juan Álvarez, señaló este miércoles que no cree que la concesionaria china Cosco Shipping tendrá toda la exclusividad para operar en el megapuerto ubicado en la localidad, que debe iniciar sus servicios en noviembre próximo. 

«Las oportunidades de trabajo que se den que sea ampliamente deliberado y para todos. Yo creo que la empresa china no va a tener la exclusividad de todo ellos van a tener que decir: ‘bueno, ampliemos la cobertura para oportunidades de otras empresas peruanas que también se den’, pero quedará en manos del Indecopi que ha establecido ya un fallo aparentemente de barreras burocráticas y estamos esperando al Poder Judicial que se decida», manifestó en el programa ‘La Rotativa del Aire Noche’ de RPP. 

Juan Álvarez también manifestó que el trabajo que se dará no es oligopólico ni monopólico porque la construcción del Megapuerto de Chancay es exclusiva de Cosco Shipping, porque aseguró que no ha intervenido ninguna otra empresa. 

«La Constitución establece el tema del monopolio y oligopolio, pero a su vez no es el único puerto. Marcona también ha sido entregado a una empresa china. El tema puede verse por el lado interno, es decir, aquellas empresas que tienen remolcadores que no sean chinos para darle oportunidad a otras», añadió. 

Postura de la Autoridad Portuaria Nacional

Walter Tapia, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), señaló que su entidad ha propuesto una norma para otorgar la exclusividad en el Megapuerto de Chancay. Esto porque en la actualidad no pueden establecer esa prerrogativa mediante autorización administrativa, por ello han presentado un proyecto que no solo beneficiaría a la empresa china Cosco Shipping sino a todas las demás.  

«Independientemente de la propuesta de la norma, Chancay va a operar y como tiene el instrumento ya dado en el 2021 va a operar con la exclusividad, lo que sí nosotros hemos propuesto es que haya el marco legal. Lo que pasa es que actualmente las concesiones tienen ese marco legal de exclusividad, excepto que, de acuerdo con el contrato, al análisis del regulador y también el Indecopi, hay algunos puntos que no lo tiene», manifestó en el programa ‘Nunca es Tarde’ de RPP.

Walter Tapia recordó que Cosco Shipping recurrió a una autorización administrativa sin ser socio del Estado peruano para conseguir la exclusividad en la operación del Megapuerto de Chancay; sin embargo, recordó que mediante esa vía no hay ese beneficio. 

«No podíamos dar esa exclusividad porque no estaba en el marco legal, entonces nosotros hicimos las acciones diligentes y no solamente buscar el error, sino proponer una norma. Hemos planteado una salida en noviembre del 2023. Como parte del Ejecutivo cumplimos las reglas que están vigentes y sobre la base seguimos un canal», añadió.

Inicio de la controversia

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) admitió el pasado lunes que no posee la facultad para otorgar exclusividad al consorcio chino Cosco Shipping Ports en la explotación de servicios esenciales en el Megapuerto de Chancay. Mediante un comunicado, la entidad señaló que ha iniciado un proceso judicial para corregir un «error administrativo».

Según la institución, este proceso legal no interferirá con la continuidad de la construcción del puerto en el norte de Perú y 
reafirmó que el objetivo es que el proyecto inicie operaciones para fin de año.

«La APN continuará trabajando conjuntamente con la empresa Cosco Shipping Ports para que las operaciones se inicien en la fecha establecida», se lee en el comunicado.

Latina informó el pasado viernes que la Procuraduría del MTC había presentado una demanda ante el Poder Judicial contra un artículo del acuerdo realizado entre el Gobierno peruano y Cosco Shipping dado que no cumpliría con el principio de legalidad adminstrativa por ir contra la libre competencia.

Por su parte, la empresa china Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. (CSPCP) manifestó que están «evaluando los impactos» ante la demanda interpuesta por el MTC con respecto a la Habilitación Portuaria del Puerto de Chancay.

Resaltan además que la demanda se presenta tres años después de la emisión de una Resolución que fue de conocimiento público y no recibió objeciones por parte de ninguna entidad. Para la consecionaria, esta acción plantea preocupaciones sobre la seguridad y estabilidad jurídica de las inversiones realizadas.