El Congreso camina hacia la aprobación de 38 proyectos de beneficios tributarios que harían que el Perú deje de recaudar al menos S/50.000 millones cada año, según una revisión de La República basada en los cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los estudios de las comisiones parlamentarias. Este grupo de iniciativas forma parte de la advertencia del Consejo Fiscal (CF), que critica principalmente la proliferación de privilegios tributarios, los cuales afectarían gravemente la recaudación y la sostenibilidad fiscal del país.
Entre las propuestas onerosas y sin sustento figuran la reducción del impuesto general a las ventas (IGV) a 8% para peluquerías, restaurantes y hoteles, con un costo estimado de S/800 millones anuales. Según especialistas consultados por este diario, estas medidas no están focalizadas y “terminan beneficiando a las grandes cadenas”.
También se encuentra la exoneración del IGV, impuesto selectivo al consumo (ISC) y del patrimonio vehicular a los vehículos eléctricos, la cual alcanzaría los S/44.000 millones anuales, así como la creación de nuevas zonas económicas especiales en Chancay, Huancavelica, Islay, Loreto y Kotosh, que conceden exoneraciones de impuesto a la renta. En el caso de Chancay, según reza la propuesta, aplica durante siete años el impuesto de 0%.
Nuevas leyes elevan el costo tributario a S/7.000 millones anuales
El reciente informe del Consejo Fiscal identificó que, desde 2021, el Congreso ha promulgado 38 leyes que reducen los ingresos públicos, la mayoría otorgando beneficios tributarios a sectores específicos. Solo en el último año, desde agosto de 2024, se registran seis leyes con privilegios fiscales dirigidos a grupos empresariales, con un costo fiscal de alrededor de S/7.000 millones anuales.
Sirve de ejemplo la denominada Ley Chlimper 2.0, que reduce a la mitad la tasa del Impuesto a la Renta al 15% para las empresas agrarias desde 2026, lo que implicará una pérdida anual de S/1.850 millones durante 10 años.
En trámite ahora hay 50 dictámenes con potencial impacto negativo sobre la recaudación, de los cuales 38 proponen exoneraciones o prórrogas tributarias y 5 crean nuevas zonas económicas especiales.
Siguiendo el listado de iniciativas costosas también destacan el proyecto que amplía los gastos deducibles del Impuesto a la Renta laboral, con un costo anual estimado de S/2.082 millones; y el que extiende el régimen de arrastre de pérdidas empresariales generadas entre 2020 y 2022, cuyo costo total asciende a S/5.100 millones.
«Solo eliminando tratamientos especiales como exoneraciones y beneficios tributarios que generan privilegios y distorsiones podrían recuperarse varios miles de millones de soles en recaudación”, afirmó a este diario Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal.
El organismo, que preside, advierte que, de continuar esta tendencia, “se produciría una pérdida sustancial del espacio fiscal disponible para inversiones y gastos prioritarios”, elevando el déficit y el endeudamiento público, que podría alcanzar el 47% del PBI en 2036, casi 18 puntos por encima de lo previsto. El economista e investigador Armando Mendoza advierte que detrás del discurso de apoyo a las micro y pequeñas empresas (mypes) se esconden exoneraciones indiscriminadas que en realidad benefician a los grandes grupos empresariales.
“Se usa la narrativa de ayudar al emprendedor, al señor del carrito sanguchero o a la señora del spá, pero al final quienes más ganan son las grandes cadenas hoteleras, restaurantes o franquicias de belleza”, señaló en diálogo con La República. Sobre la medida, que propone reducir el IGV del 18% al 8% para peluquerías, centros de belleza, restaurantes y hoteles, el MEF advierte que su aplicación previa no generó los resultados esperados: el 86% de los restaurantes mantuvo o incluso elevó sus precios, y solo el 14% los redujo parcialmente.
“Lo más grave es que la ley fue aprobada sin distinguir tamaño empresarial. Los más beneficiados fueron los grandes hoteles y cadenas de restaurantes que facturan millones”, apunta. El MEF refrenda dicha postura toda vez que la medida es inefectiva, pues los mayores beneficios se concentran en los contribuyentes de más altos ingresos. Además, advierte que su prórroga —actualmente en dictamen— tendría un costo anual de S/780 millones.
Vehículos eléctricos: subsidio para los más ricos
El proyecto que propone exonerar impuestos la importación de vehículos eléctricos tiene un costo fiscal anual de S/44.000 millones y un impacto acumulado de S/524.000 millones en 10 años, según el MEF.
“El problema es que no se pone ningún límite. Así, quienes traen autos Tesla o camionetas de US$100.000 se beneficiarían igual que quien compra una moto eléctrica para trabajar”, advierte Mendoza. “Se está construyendo un esquema que termina subsidiando el lujo con dinero público.”
El MEF coincide en su evaluación al indicar que la medida “beneficiaría principalmente a personas de altos ingresos y grandes importadoras”, mientras que no existe industria automotriz nacional que justifique tales incentivos.
Por su parte, las propuestas de creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) —Chancay, Huancavelica, Islay, Loreto y Kotosh—, señalan expertos, “no funciona”, lo único que harán será crear “paraísos fiscales temporales”.
«Las empresas operan unos años sin pagar impuestos y luego desaparecen. Esto ha fracasado en todo el mundo y genera competencia desleal entre regiones”, señala el experto.
En la misma línea, Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat, sostuvo que con las zonas económicas “el Perú tendrá sus ‘paraísos fiscales’”, recordando que el país “ya deja de recaudar S/26.350 millones con beneficios tributarios y sigue sumando”. Advirtió que “habrá que demostrar que vendrá una inversión muy fuerte o solo traslado de empresas que hoy pagan Impuesto a la Renta”. En esa línea, alertó que “transcurridos los primeros cinco años (de exoneración) no debe permitirse el cambio de razón social para gozar de otros cinco años más, y así al infinito”.
Fernando Cuadros, economista laboral, afirma que “las experiencias previas en zonas de frontera y zonas francas han demostrado que la reducción de impuestos no ha sido efectiva para fomentar un crecimiento sostenido ni para generar empleo”. “Reducir tributos —agregó— no garantiza mayor inversión ni reinversión de utilidades; solo eleva la rentabilidad empresarial sin traducirse en más puestos de trabajo”, consideró.
Así, en los últimos cinco años, el Congreso ha asumido un rol cada vez más protagónico en las decisiones sobre el uso del presupuesto público, pese a que no le compete. Empoderado de ese recurso, desde el 2021, ha aprobado 111 leyes por insistencia, es decir, contra la opinión del Poder Ejecutivo.
El legado pernicioso de una sentencia del TC
La sentencia del Tribunal Constitucional—emitida en 2022 y que reinterpretó el artículo 79 de la Constitución sobre la iniciativa de gasto— permitió que el Parlamento apruebe leyes con implicancias presupuestales, pese a que la Carta Magna lo prohíbe. “Fue una sentencia infortunada”, lamenta Alonso Segura, quien señala que el TC fue el punto de quiebre.
Una opción, dice es que el TC se pronuncie nuevamente, a raíz de una nueva demanda, en coordinación con el Poder Ejecutivo — que debería ser previa y vinculante— y el equilibrio presupuestal.
“El Congreso entendió esa sentencia como una carta abierta para aprobar todo tipo de beneficios y exoneraciones sin medir sus consecuencias. “Se ha perdido la noción de responsabilidad fiscal”, advierte Armando Mendoza. El Poder Ejecutivo también ha contribuido a ella al omitir la observación de determinadas leyes o al no interponer demandas de inconstitucionalidad.
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