Jorge Montoya y otros 10 congresistas direccionaron la ley para cobrar más de 30 mil soles al mes

Los 11 miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas mostraron un «interés inapropiado y en beneficio personal» en la aprobación de una legislación que permite a cinco de ellos percibir un salario doble del Estado, según la denuncia constitucional que la fiscalía de la Nación ha presentado ante el Congreso.

Eso supone, en los hechos, que los congresistas y a la vez pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reciben un ingreso mensual superior a los 30 mil soles, entre sueldo, gratificación, asignación de desempeño, apoyo logístico y pensión. Aparte de su pensión, de acuerdo con fuentes castrenses, los militares que se han desempeñado como comandantes generales reciben otros cinco mil soles al mes, aproximadamente, por asesorar al comandante general de su institución, en funciones.

La fiscalía subraya que la doble remuneración está prohibida para todos los trabajadores civiles del Estado y buena parte de los servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En tanto, la Ley aprobada por el Congreso, a propuesta de la referida Comisión, permite la doble remuneración pero solo a un sector específico de militares y policías pensionistas, grupo al que pertenecen coincidentemente cinco congresistas.

El sustento y contenido de la denuncia constitucional

Congreso de la República

El despacho de la fiscalía de la Nación sustenta esta acusación en el itinerario que siguió el proyecto de Ley en el Congreso, el texto de la norma aprobada y la sentencia del Tribunal Constitucional que pedía uniformizar el tema de las pensiones y remuneraciones simultáneas para todo el sector público y no en beneficio exclusivo de un sector específico de ex militares.

La fiscalía no cuestiona su función parlamentaria. La denuncia constitucional les atribuye el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, por promover y aprobar una ley que los beneficia de forma directa al mejorar sus ingresos mensuales, mientras que pensionistas de otras instituciones no tienen la misma suerte.

«Se incrimina a José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi y Alfredo Azurín Loayza en sus actuaciones como congresistas de la República e integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del periodo 2021-2022, haberse interesado indebidamente y de forma directa, en provecho propio en la promoción y priorización de la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 319/2021-CR con su texto sustitutorio» indica la denuncia, a la que ha tenido acceso La República.

«Con lo cual -prosigue- permitieron para sí mismos la percepción de sueldo y pensión de forma simultánea, sin ninguna restricción ni límite del monto total, debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargos de elección popular y pensionistas de las Fuerzas Armadas (en el caso de Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León y Cueto Aservi) y Policía Nacional del Perú (En el caso de Azurín Loayza)».

Fiscalía presenta denuncia constitucional contra congresista Lucinda Vásquez por filtración de prueba de docentes

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra la congresista Lucinda Vásquez Vela por la presunta filtración de pruebas de docentes para el ascenso a la Carrera Pública Magisterial en noviembre de 2021. El Ministerio Público investiga a la parlamentaria de Bloque Magisterial por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

De acuerdo con la tesis fiscal, los hechos en investigación datan entre el 31 de agosto al 13 de noviembre del 2021 tiempo en el que la legisladora habría ofrecido a diversos docentes de San Martín, que eran postulantes al Concurso Público Nacional de Acceso a la Carrera Pública Magisterial en dicho año, interceder ante los funcionarios del Ministerio de Educación para obtener la Prueba única Nacional.

Asimismo, las investigaciones están relacionadas con la obtención y la venta de la Prueba Única Nacional, que supuestamente se utilizó como examen para el ascenso en la Carrera Pública Magisterial, llevado a cabo el 13 de noviembre de 2021 y que habrían sido obtenidas por la hija del exministro Carlos Gallardo, Ynés Gallardo.

Es importante destacar que los hechos que son materia de investigación fueron comunicados a la Fiscalía Anticorrupción de San Martín un día antes de la evaluación, específicamente el viernes 12 de noviembre de 2021. En esa fecha, un testigo protegido se comunicó con el fiscal anticorrupción de la región, José Luis Villalta Arriaga, y le informó que el examen que los docentes debían presentar al día siguiente estaba lleno de irregularidades, ya que había sido filtrado.

De acuerdo con la declaración del testigo protegido del caso, el día de la evaluación circuló desde horas de la mañana en todo el país por el monto de S/3.000. Asimismo, agregó que los docentes formaban grupos de diez para poder llegar a obtener dicha cantidad de dinero.

«Los hechos están referidos a que, entre el 31 de agosto al 13 de noviembre de 2021, la mencionada congresista, teniendo influencias reales en el Ministerio de la Educación, habría ofrecido a diversos postulantes (docentes de la región de San Martín) al Concurso Público Nacional de Acceso a la Carrera Pública Magisterial – 2021, interceder ante los funcionarios de dicho ministerio, quienes venían conociendo el proceso de admisión, para acceder indebidamente a la Prueba Única Nacional del referido concurso (a través de Ynés Gallardo Calixto, hija del entonces ministro de Educación Carlos Alfonso Gallardo Gómez), con el propósito de garantizar sus nombramientos como docentes», informó el Ministerio Público.

Comunicado de la Fiscalía en el que anuncia que presentó una denuncia constitucional contra la congresista Lucinda

Encuesta IEP: Este es el porcentaje de aprobación de Dina Boluarte, el Congreso y el alcalde de Lima, al inicio del 2025

¿Cómo se encuentra la aprobación ciudadana de la presidenta Dina Boluarte, el Congreso de la República y el alcalde de Lima en este mes de enero? Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada este domingo en el diario La República, revela la percepción de la población iniciando el año pre electoral.

Vale señalar que el estudio se aplicó entre el 16 y 22 de enero últimos, a 1 207 personas entre 18 años a más, a nivel nacional, y en el caso de Lima, la muestra fue de 346 personas.

La aprobación ciudadana a la gestión de Rafael López Aliaga como alcalde de la capital fue de 34 %, mientras que su desaprobación alcanzó el 55 %, y un 11 % se ubicó en la categoría «no sabe / no opina».

Asimismo, un 33 % dijo que el trabajo del alcalde no era bueno ni malo, un 24 % consideró que era bueno o muy bueno; mientras que un 25 % de encuestados consideró que el trabajo que realiza el alcalde es malo y un 10 % lo calificó como muy malo.

Cabe indicar que un estudio similar realizado en enero del 2024, exactamente hace un año, indicaba que Rafael López Aliaga tenía 70 % de desaprobación, cifra que llegaba a 74 % en el nivel socioeconómico C. Mientras tanto, su aprobación en ese entonces era de 19 %, porcentaje que era más alto en los sectores A/B, donde se ubicaba en 28 %.

Por otro lado, la encuesta aplicada este mes de enero señala que el 32 % de peruanos considera que el trabajo del alcalde de su distrito es malo o muy malo, el 39 % lo califica como ni bueno ni malo, y el 27 % dice que es bueno o muy bueno.

Además, 29 % dice que la gestión del burgomaestre de su provincia es malo o muy malo; el 41 % que es ni bueno ni malo; y el 27 % que es bueno o muy bueno.

Respecto a los gobernadores regionales, 29 % dice que la gestión de estos funcionarios es mala o muy mala; 40 % que no es buena o mala, y 24 % que es buena o muy buena.

Congreso: Alejandra Aramayo acusa a Julio Talledo de comunicado sobre muerte de Andrea Vidal

La jefa de Comunicaciones del Congreso, Alejandra Aramayo, se presentó ante la Comisión de Fiscalización, y al ser consultada sobre el comunicado que emitió el Parlamento en el que se adelanta opinión sobre la muerte de la extrabajadora del Legislativo Andrea Vidal, acusó al funcionario Julio Talledo como el responsable de dicha publicación.

Este viernes 24 de enero, Alejandra Aramayo evadió su responsabilidad en el hecho y negó que la iniciativa haya sido suya, pues indicó que toda información que se publica es coordinada con el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, pero que el asesor de prensa se encontraba de vacaciones cuando se dio la publicación sobre la muerte de la extrabajadora.

Incidió en que no redactó el comunicado emitido con la necropsia de la extrabajadora del Congreso. “Un tweet es una comunicación actual, esta es una noticia en desarrollo. El tweet no tenía por sí mismo ninguna pertinencia, yo asesoré que ese tuit era impertinente. Entiendo yo que otra asesoría como en otros casos ha ocurrido fue más relevante”, declaró.

Ante la pregunta de quién realizó la publicación, al inicio Alejandra Aramayo se mostró reacia a contestar la pregunta de los congresistas de la Comisión de Fiscalización, y refirió que al estar de vacaciones el asesor del presidente de Congreso, un allegado de confianza a él realizó la coordinación del comunicado.

Ante la insistencia del legislador Edgard Reymundo para que informe el nombre de la persona responsable, la jefa de comunicaciones del Congreso finalmente acusó a Julio Talledo como el trabajador de confianza del presidente del Congreso.

Alejandra Aramayo indicó que Julio Talledo se puso en contacto con ella, en nombre de la presidencia, para coordinar la publicación. “Es un funcionario de Presidencia (…) se comunica con la suscrita a nombre de Presidencia para coordinar la comunicación, en ausencia del titular que estaba de vacaciones (…) sospecho que este funcionario sin mayor manejo de periodístico ha emitido este desafortunado tuit, por lo que correspondería que se retire del cargo”, sostuvo.

La congresista Norma Yarrow consideró que se debe eliminar inmediatamente el tuit sobre el caso de Andrea Vidal, porque en él se emite juicio por parte del Congreso respecto a la muerte de la extrabajadora. “El Congreso está adelantado opinión de un caso que aún está inconcluso”, refirió.

Alejandra Aramayo indicó en la Comisión de Fiscalización que además de ser funcionaria pública ella es una “política”.

Comunicado

Como se recuerda el 16 de enero de este año, la cuenta X (antes Twitter) del Congreso publicó un comunicado vinculado a la presunta existencia de la red de prostitución en el Parlamento.

El mensaje se solidarizaba con la familia de Andrea Vidal, la extrabajadora del Congreso vinculada a la red que fue acribillada, pero además, aseguraban que el objetivo no era ella, sino el conductor del taxi.

El comunicado del Congreso se sustentaba en un protocolo de necropsia que no tenía el sello de ninguna institución ni podía ser tomado en serio.

Tras la lluvia de críticas por el comunicado publicado en la cuenta del Parlamento en dicha red social, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, citó a la jefa de Comunicaciones del Congreso, Alejandra Aramayo, para responder por la publicación.

Este es el polémico comunicado publicado en las redes sociales del Congreso.

Fiscalía presenta denuncia constitucional contra 11 congresistas por caso de cobros simultáneos de sueldo y pensión

La Fiscalía de la Nación anunció este miércoles que ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra 11 parlamentarios implicados en la aprobación de una ley que benefició a cinco legisladores con una doble percepción de ingresos: sueldo de congresistas y pensión como oficiales en retiro de las fuerzas armadas y policiales.

En sus redes sociales, el Ministerio Público informó que la denuncia, realizada a través del Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales, comprende a los congresistas José Daniel Williams Zapata, Jorge Carlos Montoya Manrique, Roberto Enrique Chiabra León, José Ernesto Cueto Aservi, Alfredo Azurín Loayza, Hamlet Echevarría Rodríguez, Américo Gonza Castillo, Carmen Patricia Juárez Gallegos, Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu, Pedro Martínez Talavera y Lucinda Vásquez Vela.

Estos parlamentarios son denunciados por «sus actuaciones como integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, período 2021-2022, come presuntos autores del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado», dice el comunicado de la Fiscalía.

Cinco congresistas beneficiados

El Ministerio Público explica que a los denunciados se les atribuye «haberse interesado indebidamente y directamente en la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.º 319/2021-CR con su texto sustitutorio, con el cual permitieron» que cinco congresistas «accedan a la percepción de sueldo y pensión de forma simultánea».

La Fiscalía puntualiza que los parlamentarios beneficiados con esta medida fueron Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León, Cueto Aservi y Azurín Loayza.

Ellos -continúa el comunicado del Ministerio Público– accedieron a las dos percepciones económicas «sin ninguna restricción ni límite del monto total, debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargos de elección popular y pensionistas de las Fuerzas Armadas (en el caso de Williams Zapata, Montoya Manrique, Chiabra León y Cueto Aservi) y de la Policía Nacional del Perú (en el caso de Azurín Loayza).

Delia Espinoza sobre publicación de necropsia de Andrea Vidal por el Congreso: «No pueden sacar conclusiones ni analizar pericias»

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en entrevista exclusiva para RPP, se pronunció en torno a los últimos acontecimientos relacionados a la presunta red de prostitución que habría operado en el Parlamento desde la Oficina Legal y Constitucional, cuando era jefaturada por Jorge Luis Torres Saravia.

Como se sabe, el caso fue conocido por la opinión pública a raíz del atentado criminal contra Andrea Vidal, una extrabajadora de la referida oficina del Parlamento, quien murió acribillada por desconocidos, dentro de un taxi, el pasado 16 de diciembre.

Al respecto, el último jueves, el Congreso emitió una publicación, en su cuenta oficial de X, en la que señalaba que «tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, [Vidal] ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi». Acto seguido, adjuntaron links de un protocolo de necropsia y dos informes periciales.

Sobre este acto, la fiscal de la Nación consideró que el Parlamento actuó con «falta de responsabilidad», ya que «no puede sacar conclusiones» a raíz de las pericias. Además, dijo que el Legislativo estaría «incurriendo en inconducta».

«Sobre el tema del Congreso, también se sigue investigando y se sigue recabando todos los elementos necesarios. Pero sí, lo que yo quiero advertir es que el Congreso no puede sacar conclusiones luego de la investigación que le corresponde, según sus atribuciones, porque si saca conclusiones ya estaría subrogándose o incurriendo en inconducta, porque eso le corresponde al Ministerio Público», indicó.

«Lo que pueden hacer es recabar y enviarnos todo lo que ellos recopilen en su investigación congresal. Pero no pueden sacar conclusiones ni analizar pericias ni ningún elemento que han recabado. Eso es inconducta, por no decir otra palabra, porque es falta de responsabilidad», acotó.