Se logró reunir las 78 firmas para convocar a una sesión plenaria de urgencia que permita debatir la moción de censura y vacancia contra José Jerí. Según el proceso establecido, la solicitud deberá ser presentada ante el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien tiene un plazo de 15 días para emitir la convocatoria e invitar a los parlamentarios.
El congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) fue quien solicitó a las 13 bancadas del Legislativo que se debata y apruebe una sesión extraordinaria del Pleno con carácter de urgencia para debatir la moción de vacancia presentada contra José Jerí por supuesta incapacidad moral permanente.
Del 1 al 10 de febrero, se obtuvo un total de 63 firmas. Las bancadas que firmaron en ese primer momento fueron: Podemos (2), Alianza para el Progreso (4), Honor y Democracia (4), Bancada Socialista (5), Bloque Democrático Popular (5), Perú Libre (6), Avanza País (6), Juntos por el Perú (7), Acción Popular (7), Renovación Popular (11) y no agrupados (6).
Sin embargo, la ausencia del respaldo de Fuerza Popular y el poco presentado por Alianza para el Progreso y Podemos desaceleró la presentación del pedido ante el presidente del Congreso.
Recolección de firmas generó cruce de palabras entre Segundo Montalvo y Fernando Rospigliosi
En esas circunstancias se produjo un breve cruce de palabras entre Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) y Segundo Montalvo (Perú Libre) en las instalaciones del Congreso.
Segundo Montalvo se acercó a Rospigliosi mientras este iba rumbo a la salida del Congreso y le explicó que habían solicitado un acta virtual. En respuesta, este último, sin dejar de caminar, se negó y explicó que no tiene mayores atribuciones en lo solicitado.
«Qué quieres que haga, yo no puedo convocar (una sesión de Pleno). No habrá Junta de Portavoces hasta el primero de marzo. No se puede convocar hasta que tengas las 78 firmas, amigo», le dijo. En respuesta, el legislador de Perú Libre le increpó diciendo que era «grave» lo que estaba sucediendo.
A menos de setenta días de las elecciones generales, las movidas que se dan en los 36 partidos que presentan fórmulas presidenciales son de temer porque para jalar agua para sus propios molinos, no interesan normas ni reglamentos y lo que es peor hay quienes al parecer no tienen interés particular en los resultados pues solo desean beneficio propio y si es monetario mucho mejor, todo ello porque entre los candidatos a la Presidencia o al Congreso tenemos más de lo mismo, o tal vez más de lo peor.
Los que tienen poder económico viajan y regalan, como siempre entregando mendrugos a cambio de votos y con promesas increíbles o sorprendentes como el de otorgar DNI a seres que aún están en el vientre de sus madres, los que ofrecen terminar con la corrupción de un día para otro, los que hablan con solucionar el problema de la pobreza y los que se atacan entre sí.
Sin embargo, antes de que lleguen al poder ya existen muestras de tales prácticas entre las cabezas de las organizaciones que participan, como el escándalo que protagonizó Avanza País cuando se puso al descubierto que estaban direccionando el dinero que corresponde a la franja electoral dirigiéndolo a medios digitales vinculados con altos directivos del Partido, lo que generó la amenaza de renuncia de Carlos Álvarez y su fórmula presidencial, cosa que no ocurrió por aparente solución del problema; no obstante, esto solo revela que si ahora están dispuestos a procurar beneficiarse con los recursos de Estado, cómo será cuando arriben al poder, sin embargo no solo se trata de esta organización política, también de otras que solo desean el beneficio propio.
Los candidatos al Congreso no son la excepción, sobre todo aquellos que se encuentran en el poder y se aprovechan con de los recursos públicos para promover sus candidaturas, mientras que otros, sin ser nada, solo candidatos, ya se creen con suficiente poder para manipular a su propia gente y tratar de imponer dirigentes y candidaturas regionales y locales… lo que nos espera es simplemente más de lo mismo, es decir, un panorama sobrecogedor. Dios nos coja confesados.
De los candidatos al Congreso Bicameral no podemos esperar mucho, básicamente a los que postulan a una senaduría a nivel nacional, teniéndose en cuenta que entre ellos los actuales parlamentarios que les sacaron la vuelta a la ley inventando lo de la bicameralidad para poder ser electos, jalaron agua para su molino, pero negándoles la oportunidad de reelección a los alcaldes y gobernadores regionales.
Lo propio podemos decir de los candidatos regionales a senadores o diputados, especialmente aquellos que alguna vez ya fueron congresistas y que desean seguir mamando de la teta del Estado. Son muy pocos los que tratan de alcanzar una curul pensando en el beneficio del país y de su región y eso porque existe un porcentaje de estos postulantes que creen que llegar al Congreso les permitirá ejecutar obras locales, es decir que no conocen que la tarea parlamentaria es fundamentalmente de legislar, promover leyes y fiscalizar, no tienen capacidad de ejecución ni directa ni indirectamente.
Eso lo decimos porque hemos escuchado algunos discursos de quienes postulan por la región Lima provincias que hablan de Huaral y Chancay como si fuesen candidatos a la alcaldía, demostrando que desconocen qué harían si logran ingresar a una de las cámaras del Congreso, pero también están los mudos, los que no dicen nada y los que piensan que sin publicidad se darán a conocer entre los electores.
Tal vez el experimento de vuelta la bicameralidad servirá en algo, pero no es lo que se esperaba en razón de que son muy pocos los que, para el caso de los senadores, los que tienen la experiencia y la madurez del caso. Recordemos que la Cámara de Senadores debería de estar integrada por profesionales experimentados y a la vez reflexivos, con madurez suficiente para atender con responsabilidad los problemas del país y lamentablemente eso es lo que no vemos en la mayoría de los candidatos, por lo que insistimos en que aún con dos cámaras tendremos más de lo mismo… entonces, ¿POR QUIÉN VOTAR?
La congresista de la República, Susel Paredes, presentó un proyecto de ley que modifica la permanencia en el cargo del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) por un periodo fijo de dos años.
El proyecto además modifica otros parámetros para el nombramiento para acceder a este cargo basados en la antigüedad, el grado y la meritocracia.
Periodo fijo de dos años
El Proyecto de Ley N° 13864/2025-CR presentado por la congresista Paredes busca que establecer un plazo de permanencia fijo para el comandante general de la PNP, máxima autoridad de la institución policial.
Con el fin de fortalecer la institucionalidad y la meritocracia en la Policía Nacional, se propone que el comandante general este sujeto a una rendición de cuentas y se evalúe su desempeño en criterios técnicos y metas verificables.
Por otro lado, el proyecto busca que el comandante general esté sujeto a evaluación semestral sustentada en indicadores objetivos. Ello, con el fin de que la institución policial recupere la competitividad basada en resultados a favor de la ciudadanía.
Entre uno de los puntos, se busca garantizar el bienestar al interior de la institución dando paso a la realización personal y profesional «basado en el cumplimiento consciente de sus funciones y no a través del castigo«, precisa el documento.
Plazo fijo de 2 años
Para garantizar la eficacia del comandante general de la PNP basada en resultados factibles en la lucha contra el crimen, se precisa que sea elegido entre los tres oficiales generales de armas más antiguos en actividad, con el grado de teniente general y permanezca en el cargo por un plazo de dos años.
«El Comandante General de la PNP es designado por el Presidente de la República, a propuesta del Ministro del Interior, entre los tres Oficiales Generales de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en el grado de Teniente General, en estricto orden de antigüedad del escalafón de oficiales; por un periodo de dos años.»
El periodo fijo busca que se reduzca la alta rotación de los comandantes. Según el documento, más de 10 han pasado por el cargo durante los últimos años.
La propuesta también incluye las causales por las que puede ser cesado del cargo antes de cumplir el periodo fijo: por muerte, por renuncia al cargo y solicitud de pase a retiro, por incapacidad física permanente y por incurrir en una falta muy grave según el régimen disciplinario.
Para garantizar resultados íntegros, la congresista Susel Paredes propone que el comandante general de la Policía Nacional permanezca en el cargo por un plazo fijo de dos años.
Día clave. La legisladora Ruth Luque (Bloque Democrático) presentó ante el Congreso de la República una moción de censura contra el presidente José Jerí. La medida cuenta con 20 firmas de distintas bancadas con la finalidad de que Jerí abandone el cargo debido a sus reuniones clandestinas con el empresario chino Zhihua Yang.
La moción se sustenta en que, en enero de este año, se reveló que Jerí utilizó un vehículo presidencial, denominado ‘cofre presidencial’ para asistir a altas horas de la noche a un chifa en San Luis. En ese momento, según informes periodísticos, el presidente lucía con una capucha y la reunión no fue registrada como parte de su agenda. «Fue organizada en un lugar extraoficial donde el presidente en funciones no quería dejarse reconocer», se lee en el documento.
De igual manera, la moción resalta las contradicciones del jefe de Estado al ser consultado por dicha reunión. Asimismo, se mencionó el segundo encuentro, del 6 de enero de este año, entre Jerí y Yang en Market Capón, ubicado en el Centro de Lima, en el que el mandatario usaba lentes oscuros, buzo y se lo apreciaba a través de las cámaras de seguridad hablando por teléfono de manera aireada.
Es preciso resaltar que, en el momento de la segunda reunión, el negocio de Zhihua Yang se encontraba clausurado, según se pudo registrar en un acta de la Municipalidad de Lima.
En esa misma línea, el documento de la moción de censura consignó que tanto el empresario chino Yang como Ji Wu Xiaodong visitaron Palacio de Gobierno entre diciembre del 2025 y enero de este año. Este último es investigado por el presunto delito de tala ilegal por el caso Los Hostiles de la Amazonía. Además, cuenta con una detención domiciliaria por un periodo de 24 meses impuesta en 2024.
En ese sentido, la medida sostiene que Jerí «ofende la magistratura de los dos cargos que actualmente ostenta y genera todo tipo de alarmas sobre los arreglos bajo la mesa que habría venido realizando».
«La conducta del presidente José Jerí Oré vulnera los principios de probidad, transparencia e idoneidad en la función pública, así como evidencia un conflicto de intereses que se vendría gestando desde la posición más alta del Estado», se lee en el documento.
A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Luque apuntó contra Jerí por sus reuniones clandestinas y lo calificó como «mentiroso» y que «al parecer tiene negociazos con los empresarios». «No merece estar más en el cargo. Ahora vamos a ver si el fujimorismo y la derecha lo blinda como hicieron todo el tiempo con Dina Boluarte», expresó.
La moción fue respaldada por los congresistas de izquierda del Bloque Democrático, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Bancada Socialista, así como de integrantes de los grupos parlamentarios de Acción Popular, Avanza País y los no agrupados.
Es importante precisar que la moción impulsada por Luque está dirigida únicamente contra Jerí. En ese sentido, si la iniciativa prospera y él es censurado, el Pleno deberá elegir a un nuevo titular de la Mesa Directiva, quien asumiría automáticamente la jefatura del Estado. Actualmente, Fernando Rospigliosi ejerce la presidencia encargada del Parlamento; no obstante, no le correspondería asumir como jefe supremo en caso de que Jerí sea removido del cargo.
Moción de censura presentada contra José Jerí
Trabas para la censura contra José Jerí
Debido a que los legisladores se encuentran en un receso parlamentario hasta marzo, no se podría realizar un Pleno Extraordinario para abarcar la censura contra Jerí. Sin embargo, existen dos vías legales para hacerlo.
La primera, según el Reglamento del Congreso, se tendrían que juntar dos tercios de firmas del total de congresistas para convocar a una sesión plenaria; esto es 78 firmas. Mientras que la segunda opción es que Rospigliosi convoque a un Pleno. Sin embargo, ya ha declarado que no lo hará.
Por otro lado, en caso de que se convoque a un Pleno, tampoco se podría realizar. Las instalaciones del Parlamento se encuentran en reparación debido a la bicameralidad que comenzará en julio de este año. Tanto el Hemiciclo Principal como la Sala Raúl Porras Barrenechea están desmantelados.
Las opciones serían el Edificio José Faustino Sánchez Carrión, en el que se realizó una inspección técnica en su auditorio, y el edificio Juan Santos Atahualpa, considerado como una posible alternativa.
La congresista Ruth Luque anunció la presentación de una moción de censura contra Fernando Rospigliosi por presunta intimidación a jueces del Poder Judicial que debían resolver la aplicación de la Ley 32107 en el proceso por la masacre de Cayara. La medida busca sancionar lo que se considera una injerencia directa en una decisión jurisdiccional aún pendiente.
La iniciativa sostiene que el parlamentario, en su condición de primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Legislativo, utilizó una columna de opinión y declaraciones televisivas para identificar a los magistrados del caso y advertirles sobre denuncias y sanciones si no aplicaban la norma que limita la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad anteriores al 2002.
El documento recuerda que las expresiones se difundieron horas antes de la audiencia en la que se evaluaba la situación de dos exmilitares procesados por la matanza de 1988, y que el propio Rospigliosi apareció conectado virtualmente a la sesión judicial, lo que reforzó la percepción de presión institucional.
La censura propuesta señala que estos hechos comprometen la separación de poderes, afectan la imagen del Congreso y resultan incompatibles con el deber constitucional de respetar la autonomía de los órganos jurisdiccionales en procesos de alto interés público.
Advertencias y amenazas: la conducta de Rospigliosi frente a jueces del caso Cayara
La moción precisa que el legislador publicó un artículo en el diario Expreso en el que mencionó con nombre y apellido a los magistrados encargados del caso Cayara, a quienes calificó con antecedentes negativos y advirtió que podrían ser denunciados ante la Junta Nacional de Justicia, la OCMA y el Ministerio Público.
A estas afirmaciones se sumaron declaraciones televisivas en las que sostuvo que un juez que no aplicara la Ley 32107 cometería delito flagrante y debía ser sancionado de inmediato, lo que, según los firmantes, configuró un mensaje directo de amedrentamiento contra autoridades que aún no emitían fallo.
La moción añade que la presencia virtual del congresista en la audiencia del pasado 12 de enero, luego de esas advertencias públicas, creó un contexto de presión política sobre la Sala que evaluaba la prescripción solicitada por la defensa de los procesados.
Fernando Rospigliosi: los fundamentos que sustenta la moción de censura en su contra
El texto cita el pronunciamiento de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, que calificó los actos atribuidos a Rospigliosi como graves por tratarse de un proceso vinculado a presuntas violaciones de derechos humanos y por enviar un mensaje de intimidación a magistrados.
También se invoca la Constitución, que consagra la separación de poderes y la independencia judicial, y se subraya que, al ocupar un alto cargo en el Parlamento, el congresista tenía un deber reforzado de neutralidad frente a decisiones jurisdiccionales en trámite.
La propuesta concluye que el uso del cargo para condicionar o influir en resoluciones judiciales amerita una censura política por vulnerar el orden democrático y afectar la confianza ciudadana en las instituciones.
ENFOQUE REAL 