Presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, arremete contra el PJ tras fallo que deja sin efecto Ley APCI para IDL

El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, cuestionó al Poder Judicial (PJ) luego de que el Sexto Juzgado Constitucional de Lima resolviera declarar inaplicable la ley que modificó las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en el caso del Instituto de Defensa Legal (IDL). 

La decisión judicial desató una inmediata respuesta del legislador, quien centró sus críticas en el rol que cumple el Poder Judicial dentro del esquema institucional del Estado.

En su mensaje, Rospigliosi afirmó que el PJ “no aplica las leyes que no le gustan a la mafia caviar”, y atribuyó esa conducta a una supuesta influencia del sector dentro del sistema judicial.

Bajo esa premisa, el parlamentario sostuvo que las decisiones jurisdiccionales responderían a criterios ideológicos antes que a una interpretación estricta de la ley.

“El PJ TIENE que aplicar las leyes que el Congreso aprueba y el Gobierno promulga. Así funciona la división de poderes. Pero eso no ocurre en el Perú”, escribió el titular del Legislativo.

En la parte final de su pronunciamiento, Fernando Rospigliosi planteó la necesidad de adoptar “soluciones radicales”. En ese contexto, llamó a “barrer” el Poder Judicial.

Las declaraciones del parlamentario se produjeron luego de que el Instituto de Defensa Legal se pronunciara sobre la resolución judicial que lo favoreció.

En su comunicado, la organización sostuvo que el fallo representa un restablecimiento de derechos y una garantía para el acceso a la justicia por parte de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil.

“Esta sentencia constituye un acto de restablecimiento de los derechos de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil para acceder a la justicia y a la verdad”, señaló el IDL.

¡Atención! Congreso aprueba aumento de aguinaldo y bono de escolaridad a más de S/ 3,500 ¿Quiénes son los beneficiados?

Gran parte de los trabajadores del Estado se han quejado por años del monto mínimo que reciben como aguinaldo y bono de escolaridad. Actualmente, estas cifras rondan los 300 y 400 soles, respectivamente, entregados en marzo, julio y diciembre.

Aprueban aumento de aguinaldo y bono de escolaridad

Ahora, todo hace indicar que este panorama cambiará radicalmente ya que la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso de la República aprobó recientemente un dictamen que aumenta dichas sumas a S/ 3.500,70, pero solo para los maestros.

La ley, que aún debe ser debatida, menciona que los beneficiaros serán los profesores de la Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial y Educación Técnico-Productiva, y de los auxiliares de educación.

«La presente ley tiene por objeto disponer el incremento de los aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad, así como de la bonificación por escolaridad, a favor de los docentes de Educación Básica Regular, Educación BásicaAlternativa, Educación Básica Especial y Educación Técnico-Productiva, y de los auxiliares de educación, estableciendo que dichos beneficios sean equivalentes a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala de la Carrera Pública Magisterial, con la finalidad de fortalecer la equidad remunerativa y reconocer la función esencial que desempeñan en el sistema educativo nacional», indica dicho dictamen.

Es importante precisar que el dictamen fue aprobado en comisión por lo que aún deberá ser debatida en el Pleno del Congreso. En caso de ser aprobada, la ley deberá ser promulgada por el Ejecutivo en el plazo correspondiente.

SUTEP acató parao en noviembre del 2025

En diferentes oportunidades, el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) ha paralizado sus labores para exigir al Estado el incremento de presupuesto para el sector educación y el aumento de las remuneraciones.

En noviembre del 2025, este sindicato exigió al Ejecutivo que se destine el 6 % del Producto Bruto Interno nacional a la educación. Adicional a ello, pidieron que los salarios se incrementen para los cesantes y jubilados.

«Este Gobierno no solo incumple la ley, sino que pretende reducir el presupuesto educativo en su nuevo proyecto, cuando lo que el país necesita es invertir más en formación y condiciones dignas para nuestros maestros y estudiantes», indicó al secretario general Lucio Castro en diálogo con Exitosa.

En resumen, la Comisión de Educación del Congreso aprobó el incremento del aguinaldo y el bono de escolaridad de S/300 y S/400 a 3,500,70. solo para los maestros.

Congreso: presentarán moción de vacancia contra José Jerí por decreto que privatiza Petroperú

El congresista Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre) anunció que presentará una moción de vacancia contra el presidente encargado, José Jerí, a raíz del decreto de urgencia N.° 010-2025- publicado cuando todos celebraban Año Nuevo- que encamina a la privatización de la empresa Petróleos del Perú (Petroperú).

El parlamentario sostuvo que dicha norma pone en riesgo la seguridad energética del país y constituye una «privatización encubierta» de la empresa estatal, por lo que consideró necesario que el Congreso evalúe la continuidad del jefe de Estado encargado.

Perú Libre busca cerrar apoyo antes de la semana de representación

Consultado por La República, desde el despacho del congresista indicaron que la redacción final de la moción de vacancia se concluirá la próxima semana y se comenzará con la recolección de firmas, junto con otras agrupaciones políticas, para la cual se necesitan 33 firmas mínimas requeridas para formalizar la presentación del documento ante el Congreso.

«El congresista Segundo Montalvo está coordinando con su bancada, incluido el vocero Flavio Cruz. Se espera que se consigan las firmas requeridas antes del inicio de la semana de representación programada para el 26 de enero», señalaron a este diario desde su despacho.

Montalvo remarcó que Petroperú es una industria estratégica para el país, por lo que defendió la necesidad de preservar la soberanía e independencia energética del Perú, frente a decisiones que, según indicó, debilitan el rol del Estado en el sector hidrocarburos.

Petroperú: decreto del Gobierno allana el camino para su privatización

Petroperú: decreto del Gobierno allana el camino para su privatización

Gobierno ausente para explicar su decreto de urgencia

Recordemos que el último jueves, los principales representantes del Gobierno como el premier Ernesto Álvarez, la ministra de Economía Denisse Miralles y el ministro de Energía y Minas Luis Bravo de la Cruz, impulsores del decreto que privatiza a la petrolera, se ausentaron en la mesa de trabajo convocada por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para explicar el impacto que generaría esta medida, sobre todo en los usuarios.

La ausencia fue cuestionada por los participantes de la sesión, en la que se analizó el impacto que tendría la eventual privatización y salida de la empresa estatal sobre los precios de los combustibles, la canasta básica y el empleo. A ello se suma el riesgo de desabastecimiento en zonas alejadas, donde el sector privado no suele operar porque no le es rentable. 

Docentes sin maestría ni doctorado seguirán dictando clases universitarias por ley promulgada por el Congreso

El Congreso de la República promulgó este viernes, por insistencia, la Ley 32551, que modifica la Ley Universitaria en dos aspectos sustanciales relacionados a los grados académicos que deben tener los catedráticos para dictar clases en los claustros universitarios. 

Con las rúbricas del presidente y vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi y Waldemar Cerrón, respectivamente, la norma incorpora dos disposiciones complementarias a la Ley Universitaria. Por un lado, establece que para aquellos catedráticos que ingresaron a la docencia «durante y hasta» la vigencia de la antigua ley universitaria -promulgada en 1983 y derogada en 2014- será «opcional» el requisito de contar con maestría o doctorado para dictar clases, tal como estipula la norma vigente. 

Cabe señalar que la actual Ley Universitaria establece como «obligatorio» que los docentes tengan grado de Maestro para dictar clases en el nivel pregrado, grado de Maestro o Doctor para maestrías y programas de especialización, y grado de Doctor para la formación a nivel de doctorado; mientras que la antigua norma indicaba que, para el ejercicio de la docencia universitaria, se podía contar solo con título profesional. 

En ese sentido, la Ley Universitaria vigente, al momento de su promulgación en 2014, estableció un plazo de 5 años para que los catedráticos sin maestría o doctorado pudieran cumplir con dichos requisitos. Sin embargo, a lo largo de más de 10 años, se han dado sucesivas prórrogas al plazo. La última ampliación, dispuesta por el Congreso, finalizó el pasado 30 de diciembre.

No obstante, ese mes, el Pleno del Parlamento aprobó con 84 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones la norma oficializada hoy, que no solo vuelve opcional el requisito para contar con dichos grados para los catedráticos que ingresaron a la docencia con la antigua norma, sino que, además, los exonera de esos requisitos académicos para ser promovidos en la carrera docente, pese a que esta es de naturaleza meritocrática. 

Asimismo, la norma amplía hasta diciembre de 2026 el plazo para que los catedráticos que ingresaron a la docencia con la actual Ley Universitaria cumplan con tener maestría o doctorado para impartir clases en las universidades públicas y privadas. 

Detalle de la normativa oficializada este viernes.
Detalle de la normativa oficializada este viernes.Fuente: El Peruano

Más de 10 años de prórrogas

La Ley N° 30220 o Ley Universitaria fue promulgada en julio de 2014. Ese mismo año, una comisión del Congreso -encabezada por la fujimorista Martha Chávez– y los colegios de abogados de Lima y Lima Norte presentaron sendas demandas de inconstitucionalidad contra la norma.

Al año siguiente, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundadas esas demandas. No obstante, estableció que el plazo de 5 años para que los catedráticos cumplan con el requisito de contar con maestría o doctorado para impartir clases se contara desde el momento de la publicación del fallo, es decir, desde noviembre de 2015.

En mayo de 2020, el gobierno de Martín Vizcarra emitió el Decreto Legislativo N° 1496, mediante el cual se amplió dicho plazo hasta el 30 de noviembre de 2021. Esto como parte de las medidas de emergencia sanitaria frente a la pandemia la COVID-19.

Cumplido ese plazo, en 2021, el actual Congreso impulsó la Ley 31364 que amplió nuevamente ese plazo hasta el 30 de diciembre de 2023.

Finalmente, en diciembre de 2023, el Parlamento volvió a impulsar una nueva prórroga a través de la Ley N° 31964. Esta vez hasta el 30 de diciembre de 2025. 

Poder Judicial admite demanda de amparo de Delia Espinoza que busca revertir su inhabilitación impuesta por el Congreso

El Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Delia Espinoza, con la que busca revertir la inhabilitación por diez años que le impuso el Congreso y dejar sin efecto las resoluciones legislativas aprobadas en su contra. La Sala Constitucional consideró que el recurso cumple con los requisitos legales para ser evaluado en el fondo.

La decisión judicial fue emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima, que declaró procedente el amparo contra los actos parlamentarios que apartaron a Espinoza de la función pública y habilitaron una acusación penal. El colegiado señaló que corresponde analizar si el procedimiento seguido por el Parlamento respetó el debido proceso.

 La Sala Constitucional evaluará si el Congreso vulneró el debido proceso al inhabilitar a Delia Espinoza. Foto: La República

La Sala Constitucional evaluará si el Congreso vulneró el debido proceso al inhabilitar a Delia Espinoza. Foto: La República

En su demanda, Delia Espinoza sostiene que el Congreso excedió sus atribuciones constitucionales al imponer la sanción política. También cuestiona la motivación de las resoluciones legislativas y menciona una afectación directa a sus derechos fundamentales como autoridad del Ministerio Público.

El Poder Judicial evalúa decisiones del Congreso contra Delia Espinoza

La demanda de amparo se dirige contra la Resolución Legislativa que dispuso la inhabilitación de Delia Espinoza para ejercer función pública durante una década. Según el recurso, esa decisión se adoptó sin una evaluación objetiva de los hechos ni una garantía efectiva de defensa.

El escrito también cuestiona la resolución que declaró haber lugar a la formación de causa penal en su contra. Espinoza afirma que el Congreso adelantó opinión y transformó un procedimiento político en un mecanismo sancionador, sin respetar los límites que fija la Constitución.

Además, la exfiscal solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado en la denuncia constitucional seguida en su contra. A su criterio, el proceso parlamentario estuvo marcado por vicios que comprometen su validez y afectan la independencia de la Fiscalía.

Poder Judicial programa audiencia por demanda de amparo de Delia Espinoza

La Sala Constitucional también fijó una audiencia única para el 9 de marzo de 2026. En esa sesión virtual, las partes expondrán sus argumentos y se definirá el rumbo de un proceso con alto impacto político e institucional.

Además, el Poder Judicial otorgó un plazo de diez días al procurador del Congreso para responder la demanda de amparo. Esta etapa permitirá conocer la defensa institucional del Parlamento frente a los cuestionamientos planteados por Delia Espinoza.

Con la admisión de la demanda de amparo, el Poder Judicial deberá pronunciarse sobre la legalidad de las resoluciones emitidas por el Congreso y verificar si el procedimiento parlamentario respetó las garantías del debido proceso. El análisis se centrará en los actos que derivaron en la inhabilitación de Delia Espinoza y en la formación de causa penal, conforme a los límites establecidos por la Constitución.

Camioneta del Congreso se volcó en la Vía Expresa y genera congestión

Un vehículo de placa estatal sufrió un vuelco en la vía exclusiva del Metropolitano, bloqueando el tránsito de los buses en uno de los principales corredores de Lima. El incidente ocurrió en plena hora punta en el Cercado de Lima, a la altura del ingreso de la Estación Central.

De acuerdo con América Noticias, el accidente se registró en la vía expresa, donde diariamente circulan miles de personas hacia sus centros de trabajo. El reporte en directo indicó que la unidad siniestrada, una Nissan Frontier, pertenece al Congreso de la República. La consulta vehicular a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) confirmó la propiedad estatal del automóvil involucrado.

Al momento de la llegada de los trabajadores de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el vehículo se encontraba con las llantas hacia arriba y sin ocupantes. En principio, no se halló a ninguna persona al interior.

En el interior de la camioneta se observaron guantes verdes fosforescentes, habitualmente usados por personal que asiste en el control de tránsito. Asimismo, los buses presentan retrasos para llegar a los paraderos.

Tráfico en la vía del Metropolitano

El accidente provocó una importante congestión vehicular. Los buses del Metropolitano debieron interrumpir su circulación y la ATU implementó un contraflujo alternado, cerrando el sentido sur a norte durante cinco minutos para habilitar el paso de las unidades en dirección opuesta.

A la zona también acudieron una ambulancia y una grúa de la Policía Nacional del Perú, que debieron esperar para poder intervenir en el retiro del vehículo.

Conductor invadió vía exclusiva del Metropolitano

El conductor responsable del vehículo fue ubicado minutos después del accidente junto a efectivos de la Policía Nacional. En ese momento, relató a los agentes las circunstancias que lo llevaron a invadir la vía exclusiva del Metropolitano.

De acuerdo con su versión, decidió ingresar al corredor debido a una emergencia relacionada con la entrega de documentos oficiales. “Tenía una emergencia, son documentos que tenía que entregar”, afirmó ante los policías y los medios presentes en el lugar.

El conductor aseguró que viajaba solo y que no trasladaba a ningún trabajador del Congreso en la unidad accidentada. Tras brindar esta explicación, evitó ofrecer declaraciones adicionales y se retiró sin responder más preguntas.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que a la salida de la estación Central en sentido sur, ocasionó demoras en el servicio de transporte público.Congestión en Lima: accidente deCongestión en Lima: accidente de vehículo oficial del Congreso interrumpe el Metropolitano| América Noticias

Según el comunicado, personal de la ATU y agentes de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar para coordinar las acciones necesarias y así garantizar la continuidad del servicio para los usuarios, pese a las complicaciones generadas por el accidente.

Ante la situación, los buses del Metropolitano implementaron el tránsito en contraflujo, permitiendo la circulación alternada en ambos sentidos para disminuir el impacto.