El pasado 13 de junio, la Mesa Directiva del Congreso de la República aprobó entregar un bono extraordinario, de entre S/7.200 y S/14.400, a los asesores de los congresistas y otros trabajadores parlamentarios considerados como personal de confianza.

La mesa presidida por el congresista de Avanza País, José Williams, resolvió que cada uno de los beneficiados reciba S/2.400 por mes de servicios. Además, precisaron que los trabajadores deben contar con un mínimo de tres meses de trabajo continuo en el Congreso durante el primer semestre del 2023.

Increíbles cifras 

Asimismo, el personal de confianza tiene que estar sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728. En consecuencia, cada trabajador recibirá al menos S/ 7,200 por los tres meses requeridos como mínimo para acceder al beneficio. 

Mientras que, quienes hayan estado cuatro meses recibirían S/9,600; cinco meses, S/12,000; y seis meses, el máximo de S/14,400.

De igual forma, bajo este sistema se encuentran también algunos trabajadores de congresistas acusados de recortar salarios, entre ellos Magaly Ruiz (Alianza Para el Progreso), Heidy Juárez (Podemos Perú), Rosío Torres (Alianza para el Progreso), Katy Ugarte (no agrupada), María Cordero Jon Tay (expulsada de Fuerza Popular) y Edgar Tello (Perú Libre).

Cabe mencionar que cada despacho parlamentario está conformado por siete trabajadores considerados como personal de confianza, entre los que figuran los asesores principales, técnicos, auxiliares, asistentes y coordinadores, según información publicada este jueves por diario El Comercio.

‘Mocha sueldos’

En el mes abril una investigación periodística del programa «Punto final» reveló que son 5 las parlamentarias que han recibido acusaciones de presuntos cobros de cupos a sus trabajadores.

La primera parlamentaria en ser acusada de este delito fue la congresista de Alianza para el Progreso, Magaly Ruiz, quien fue señalada de realizar presuntos cobros irregulares. La denuncia fue hecha por un extrabajador suyo. Según se dio a conocer en un dominical de Latina, Magaly Ruiz habría exigido el pago de S/ 1 500 mensuales.

Casi un mes después, la también congresista de Alianza para el Progreso, Rosío Torres, fue señalada de realizar el mismo delito. Según la Fiscalía, las investigaciones que se abrieron contra la integrante del partido de Cesar Acuña responden al presunto crimen de concusión.

En esa misma línea, la Fiscalía abrió un proceso de investigación contra la congresista no agrupada Katy Ugarte tras ser señalada de exigir el pago de 300 y 400 soles a sus despachos. Además, el dinero recolectado de esta manera tenía como destino mejorar su imagen.

Igualmente, junto a su asesor principal Miguel Ángel Chafloque, la parlamentaria de Podemos Perú, Heidy Juárez, viene siendo investigada por la Fiscalía de la Nación por presunto recorte de sueldo a al menos 4 de sus trabajadores, los cuales habrían alcanzado cifras de hasta mil nuevos soles.

El caso más reciente

A fines de mayo, el reportaje del programa ‘Punto Final’, denunció que una trabajadora gestante de 8 meses del despacho de Edgar Tello aseguró que el parlamentario le pidió que ‘lo apoyara’ comprando un videoproyector de 4 600 soles con el bono que aprobó la Mesa Directiva en abril de este año. 

De esta manera, el bono extraordinario, que oscila entre S/7.200 y S/14.400 que aprobó entregar la Mesa Directiva del Congreso de la República al personal de confianza, generará mayor rechazo por parte de los ciudadanos hacia el Parlamento.