Por mayoría, la Comisión de Energía y Minas que preside el congresista Víctor Cutipa aprobó el predictamen que busca una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2027 o hasta que entre en vigencia la Ley Mape, tal y como lo demandan miles de mineros artesanales en las calles del Cercado de Lima. En total, fueron 18 votos a favor, 3 encontra y 1 abstención.
Las bancadas que respaldaron el avance de esta norma fueron el bloque sólido de Juntos por el Perú, Podemos, la Bancada Socialista, Perú Libre, Alianza Para el Progreso y Somos Perú. A este grupo se sumaron Fuerza Popular, Honor y Democracia y Renovación Popular, mientras que desde la vereda contraria estuvieron Avanza País, Acción Popular y el Bloque Democrático Popular.
Si bien la parlamentaria Diana Gonzáles pidió votar por separado la reincorporación excepcional de más de 50.000 mineros artesanales que fueron excluidos del registro por no cumplir requisitos mínimos, su cuestión previa no fue admitida. El resultado no la acompañó, ya que siete congresistas respaldaron su pedido e igual cantidad de legisladores lo rechazó. No obstante, el voto dirimente del presidente de la Comisión, Víctor Cutipa, definió el entrampamiento.
«La Comisión de Energía y Minas concluye que la propuesta es viable, oportuna y necesaria, dado que fortalece la gobernanza del sector, evita retrocesos hacia la ilegalidad, reduce la incertidumbre normativa y proporciona los insumos indispensables para una futura Ley MAPE verdaderamente ejecutable y basada en evidencia», se lee en la exposición de motivos de la norma.
No es la primera vez que el Congreso aborda la problemática de la minería artesanal y a pequeña escala. En varias oportunidades, han buscado resolver la falta de consenso de la Ley Mape, pero, los meses avanzaron y finalmente, no les quedó otra opción que continuar en el círculo vicioso de más prórrogas del Reinfo.
A la par que la Comisión de Energía y Minas discutía la ampliación del Reinfo, cientos de mineros se movilizaban. Foto: John Reyes/LR
Este mecanismo, que ha servido como escudo de impunidad para la minería ilegal, culmina su vigencia el 31 de diciembre de este año. Si a eso le sumamos que legislatura vence este 15 de diciembre, estaba claro que el tiempo apremiaba. Con una protesta de miles de mineros ubicados frente a la sede de Palacio Legislativo, la presión era inminente y la decisión estaba guiada por motivaciones electorales.
Además de la ampliación del Reinfo, el texto incorpora también otros cambios como la suspensión de los trámites de exclusión que hizo efectivo el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), el sinceramiento obligatorio de ubicación a través de la Ventanilla Única de Formalización Minera, así como la transferencia del acervo documentario por parte de los gobiernos regionales hacia el Minem.
Durante el desarrollo de la sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas, la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, propuso que la primera disposición complementaria final debe señalar que la suspensión de las exclusiones del Reinfo no se aplique a aquellos operadores que tengan sentencia condenatoria firme por minería ilegal o lavado de activos y a quienes desarrollen actividades en zonas prohibidas.
Este y otros de sus planteamientos para «evitar interpretaciones amplias que puedan distorsionar el proceso» fueron aceptados por el presidente de este grupo de trabajo, Víctor Cutipa, quien destacó la importancia de no seguir dilatando la resolución de este predictamen y se mostró a favor de la necesidad de interpelar al titular del Minem, Luis Bravo De La Cruz.
A su turno, el expresidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, responsabilizó a sus colegas de haber trabado la aprobación de la Ley Mape, instrumento normativo que hubiera evitado una nueva extensión del Reinfo. En su opinión, no existen de por medio apetitos electorales, sino la responsabilidad de ofrecer una solución a la próxima culminación del proceso de formalización minera.
Finalmente, el parlamentario de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, se refirió a las recientes declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, respecto a la posibilidad de observar la norma y llevarla al Tribunal Constitucional. Según dijo, el Ejecutivo ha demostrado poca consecuencia con dicha posición, ya que el ministro Bravo no ha acudido a las invitaciones de la comisión.
ENFOQUE REAL 