Contraloría: Pagos indebidos a favor de personal de confianza causaron perjuicio de s/ 477,000 soles en EMAPAT, donde era gerente Henry Hurtado Cruz

La Contraloría General detectó que en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata (EMAPAT) se efectuaron pagos derivados de convenios colectivos a favor de funcionarios de confianza que ocuparon cargos entre los años 2021 al 2023. De esta manera, se ocasionó un perjuicio económico de S/ 477 856.

Madre de Dios. – La Contraloría General detectó que en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata (EMAPAT) se efectuaron pagos derivados de convenios colectivos a favor de funcionarios de confianza que ocuparon cargos entre los años 2021 al 2023. De esta manera, se ocasionó un perjuicio económico de S/ 477 856.

De acuerdo al Informe de Control Específico N° 14673-2024-CG/GRMD-SCE, fueron los funcionarios a cargo de las oficinas de Administración, Recursos Humanos, Presupuesto, Asesoría Legal y Tesorería quienes elaboraron, tramitaron y aprobaron planillas por vales de alimentos, asignación alimenticia, movilidad, bonificación por zona selva, productividad, escolaridad, asignación vacacional, canasta navideña y bonificación extraordinaria por cierre de pliego. Todo ello con el visto bueno del Gerente General.

Sin embargo, se inobservó el artículo 28 de la Reglamento de Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y otras normas vigentes, donde se especifica que los funcionarios o servidores que ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza están impedidos de recibir este tipo de beneficios. De igual manera, si es beneficiario y asume un cargo de confianza, queda excluido.

Según la revisión de los documentos, los responsables de Recursos Humanos elaboraron las planillas de pago y mediante memorandos las demás áreas comprometidas, validaron y dieron la conformidad. Incluso una funcionaria de confianza solicitó y tramitó para ella misma el otorgamiento de la bonificación extraordinaria por cierre de pliego, cuando no cumplía el año de continuidad requerida.

Por todo lo referido en el presente informe de control, se determinó la responsabilidad en doce funcionarios que laboraron y laboran en EMAPAT. De este total, hay once responsabilidades civiles, dos penales y, adicionalmente, nueve de ellas están sujetas a la Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría.

El documento fue comunicado a la entidad, a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, y la Procuraduría Pública de la Contraloría. Se recomendó iniciar las acciones civiles y penales con la finalidad de determinar las responsabilidades que correspondan.

Recuerde que este y otros informes están publicados en el portal de la Contraloría en el Buscador de Informes de Servicios de Control, en aras de la transparencia y acceso a la información pública.

RESPONSABILIDAD DE HENRY HURTADO ACTUAL GERENTE DEL OTASS-EMAPA HUARAL.

De acuerdo al Informe de Control Específico N° 14673-2024-CG/GRMD-SCE, se aprecia que el cuestionado HENRY HURTADO CRUZ, actual gerente del OTASS-EMAPA HUARAL ,fue Gerente General de la EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DE TAMBOPATA (EMAPAT) del 17 de mayo del 2021 al 31 de agosto del 22,periodo en el que dio visto bueno  a las planillas y aprobó los comprobantes diarios  de operaciones bancarias para que se concrete el pago  correspondiente  de beneficios derivados  de convenios colectivos  a funcionarios y/o servidores que ocupaban puestos de dirección o cargos  de confianza  por VALES  DE ALIMENTOS,ASIGNACIÓN ALIMENTICIA ,ASIGNACIÓN POR MOVILIDAD,BONIFICACION POR ZONA DE SELVA,BONIFICACIÓN DE PRODUCTIVIDAD,ASIGNACIÓN POR ESCOLARIDAD,ASIGNACIÓN VACACIONAL,CANASTA NAVIDEÑA (INCLUÍDO PAVO) Y BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR CIERRE DE PLIEGO, generando un perjuicio económico a la entidad de S/ 203,663. 38 soles.

Sin embargo, se inobservó el artículo 28 de la Reglamento de Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y otras normas vigentes, donde se especifica que los funcionarios o servidores que ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza están impedidos de recibir este tipo de beneficios. De igual manera, si es beneficiario y asume un cargo de confianza, queda excluido, pero aún así HENRY HURTADO CRUZ  en su periodo habría permitido y avalado estos pagos que generaron un perjuicio económico al estado ,por más   de 200 mil soles.

¿CON ESTOS ANTECEDENTES, HENRY HURTADO TIENE LA CALIDAD MORAL PARA CONTINUAR SIENDO GERENTE GENERAL DEL OTASS MAPA HUARAL?

Contraloría solicita un presupuesto adicional de S/ 611.5 millones para financiar labor de más de 3600 auditores

El contralor general César Aguilar Surichaqui se presentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso para informar que la Contraloría General requiere un presupuesto adicional de S/ 611.5 millones para el próximo año con la finalidad de optimizar la labor de la institución y garantizar la continuidad de los 3632 auditores de 691 órganos de control institucional.

“La demanda adicional que estamos solicitando es de S/ 611.5 millones, ya que la suma total que necesitamos para el 2025 es de algo más de S/ 1,500 millones. Sin embargo, observamos que se nos ha reducido el 17.1% en la asignación de recursos respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2024″, señaló durante su intervención.

Aguilar también destacó que el PIA 2025 de la Contraloría asciende a S/ 966.8 millones, lo que representa una reducción del 42.1% a comparación del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de este año.

Asimismo, recordó que el porcentaje destinado a la ejecución del control concurrente en las obras públicas se redujo del 2% al 0.5%, lo que afecta los recursos que la Contraloría utiliza para el pago de planillas. “Esta situación nos coloca en una posición crítica, ya que debemos asumir el costo de las planillas de los auditores que se han incorporado”, advirtió.

Además, mencionó que se requiere un monto adicional de S/ 1,305 millones para implementar la Ley de Carrera del Auditor Gubernamental. “La ley fue aprobada sin tener en cuenta la contingencia presupuestal«, añadió.

El contralor explicó que algunos congresistas han expresado dudas sobre la eficacia de la Contraloría en la reducción de los índices de corrupción en el país, pese al incremento en el presupuesto asignado. Al respecto, sostuvo que se debe, en parte, a que no se han implementado políticas adecuadas y que la entidad ha estado enfocada en determinar responsabilidades de los funcionarios públicos, lo que ha generado trabas en el desarrollo de las obras públicas.

“Hago un mea culpa, ya que la institución ha obstaculizado el desarrollo de muchas obras públicas, convirtiéndose en una traba en lugar de una ayuda. Esto es lo que queremos cambiar”, aseguró.

En este sentido, refirió que se realizarán acciones como la reeducación del personal auditor, el rediseño de normativas internas y la adquisición de nuevos equipos. Mencionó que durante sus visitas a las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque constató la falta de insumos básicos, lo que dificulta la operatividad de las gerencias regionales de control.

Aguilar también indicó que, en los dos meses que lleva al frente de la Contraloría, ha definido una visión preventiva para la institución, con el objetivo de evitar la obstrucción en la adquisición de bienes, servicios y obras por parte del Estado.

“Por ello, estamos evaluando la posibilidad de absorber a todos los Órganos de Control Institucional (OCI) a nivel nacional. Actualmente, existen 1,027 OCI, de los cuales solo 691 están incorporados a la Contraloría. El objetivo es evitar que los OCI sean capturados por las entidades que supervisan y garantizar su independencia”, comentó.

Control preventivo

El contralor anunció la implementación del servicio de control preventivo, que acompañará la ejecución del presupuesto público y sugerirá mejoras puntuales para corregir observaciones. “El control preventivo permitirá identificar problemas y proponer soluciones antes de que se conviertan en mayores inconvenientes, logrando que la Contraloría sea percibida como un socio en la ejecución del presupuesto, sin dejar de lado el control concurrente”, subrayó.

Los ciudadanos pueden acceder a los informes y resultados de la Contraloría a través del portal institucional www.gob.pe/contraloria.

Muros de contención en concurrida avenida de Chancay no se ajustan a los planos técnicos

La Contraloría General detectó irregularidades en el proyecto de creación del servicio de transitabilidad en el asentamiento humano Álamos Noreste, ubicado en el distrito de Chancay. Se aprobaron valorizaciones de obra que no se han ejecutado y se realizaron modificaciones al proyecto sin la debida inclusión en el expediente técnico. Esta situación pone en riesgo el alcance, el tiempo y el costo del proyecto.

El Informe de Hito de Control N°23812-2024-CG/GRLP-SCC reveló que los muros de contención se edificaron en dirección opuesta a la orientación original establecida en el expediente técnico. Esta situación compromete la funcionalidad y estabilidad del muro, incrementando su vulnerabilidad a fallas por deslizamiento.

Es importante señalar que no se registró ninguna documentación que justifique estas modificaciones al diseño original, lo que constituye un incumplimiento del expediente técnico y del contrato.

Además, se encontró discrepancias alarmantes entre los metrados valorizados y lo realmente ejecutado. Aunque se reportó un avance del 60% al 75% en la construcción de muros de contención, se constató que en los lugares donde debería reflejarse este avance hay casas y colegios, lo que evidencia que estos trabajos no se llevaron a cabo.

En la avenida Los Álamos VII y VIII, se observó que se han realizado trabajos de encofrado para las veredas sin que se hayan erigido los muros de contención de 1.5 metros, a pesar de que, según el expediente técnico, la ejecución de los muros debería haberse llevado a cabo antes de la construcción de las veredas.

Se evidenció la inacción del supervisor de obra, lo que podría derivar en sanciones por incumplimiento de sus funciones. Su rol es crucial para asegurar la correcta ejecución técnica, económica y administrativa del proyecto, así como el respeto a los términos del contrato.

El informe fue comunicado al titular de la entidad para que, en el marco de sus competencias, adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan con el objetivo de asegurar la continuidad del proyecto.

Los ciudadanos pueden acceder a los resultados del informe y de otros servicios, a través del Buscador de Informes de Control y portal http://www.gob.pe/contraloria

Contraloría halla camionetas policiales 4×4 inmovilizadas por falta de mantenimiento pese a contar con presupuesto

La Contraloría General alertó al titular del Ministerio de Interior (MININTER) que 15 modernas camionetas pick up 4×4 adquiridas en julio de 2023 y asignadas a la Policía de Carreteras de Lima Sur y Norte, no cuentan con el mantenimiento preventivo programado por falta de pago oportuno pese a contar con el presupuesto asignado. Esta situación ocasionó que, de dicho grupo de vehículos, siete se encuentren actualmente inmovilizados, lo que podría extenderse a las demás unidades y afectar la respuesta policial ante robos y/o asaltos, accidentes de tránsito y desastres naturales.

Los vehículos forman parte del lote de 34 camionetas nuevas, 4×4, doble cabina, adquiridas el año 2023 con una inversión superior a los S/ 8 millones (S/ 6 681 000 vehículos y S/ 1 326 000 para mantenimiento). Las unidades fueron distribuidas para las Unidades de Protección de Carreteras Lima Norte (11), Lima Centro (10), Lima Sur (10) y el Departamento de Apoyo Canino y Escuadrón Motorizado de Protección de Carreteras (3). Cabe señalar que el valor por cada vehículo asciende más de S/ 196 mil.

En el marco de su función de velar por el buen uso de los bienes y recursos públicos, la Contraloría General remitió al MININTER  el Informe de Hito de Control N° 066-2024-OCI/0282-SCC (Hito 7: período de evaluación del 1 al 13 de agosto de 2024) con el fin de que la entidad adopte las medidas preventivas y correctivas necesarias, en el marco de su competencia, con el objeto de asegurar la finalidad pública de la adquisición de las camionetas 4×4 para la División de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú.

Este hecho fue identificado por la Contraloría General de la República durante la constatación del servicio de mantenimiento preventivo que deben recibir los vehículos de manera oportuna y en conformidad con el contrato suscrito con el contratista durante la compra. De no corregirse este hecho y, al seguir circulando algunas unidades sin mantenimiento, se podría generar la pérdida de la garantía de los mismos, así como posiblemente presentarse riesgos a la integridad física de los efectivos policiales como de los transeúntes.

Camionetas inmovilizadas en Lima Norte

La comisión de control constató que en la Unidad de Carreteras de Lima Norte (Barranca y Chancay) existen siete unidades inmovilizadas por falta de mantenimiento preventivo, estando a la espera de que el MININTER efectúe el pago y se pueda programar la atención mecánica que se requiere para que vuelvan a salir a patrullar. Presentan además desgaste de imanes de faros pirata (faro de luz intensa) y winche malogrado (cable para remolque). Hay un vehículo en circulación que requiere cambio de pastillas de frenos. De acuerdo a notas informativas, uno de los motivos de la falta de mantenimiento se debe a deudas anteriores, pese a constantes coordinaciones realizadas para que se cumpla con el Plan de Mantenimiento Preventivo.

Con recursos de los vecinos

En Lima Sur (San Bartolo, Cañete y Cieneguilla) se evidenció que las siete camionetas policiales inspeccionadas por la Contraloría General de la República, tienen pendiente el mantenimiento preventivo, debido a que superaron los 40 000 km, 50 000 km y en algunos casos hasta los 60 000 km de recorrido; pese a ello, continúan circulando. Es tanta la necesidad del resguardo policial que en Cieneguilla se realizó el cambio de pastillas de frenos genéricos, en lugar de las originales, con recursos de los vecinos de la comunidad. Las unidades también requieren cambio de batería y de aceite.

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Contraloría convoca a los ciudadanos de Lima Provincias a vigilar las obras públicas en su comunidad

La Contraloría General inició la cuarta convocatoria 2024 para incorporar a nuevos voluntarios al programa de Monitores Ciudadanos de Control en Lima Provincias.

Los Monitores Ciudadanos de Control son ciudadanos comprometidos con el desarrollo de su comunidad que participan de manera voluntaria en el control social a través de veedurías ciudadanas a las obras y contrataciones públicas.

Para participar, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser de nacionalidad peruana y encontrarse en pleno ejercicio de sus facultades.
  • Ser ciudadano mayor de edad (18 años cumplidos) al momento de participar en la convocatoria
  • Tener solvencia e idoneidad moral, que garanticen la confianza ciudadana en el ejercicio del control social que realice.
  • Aprobar el curso de capacitación virtual de la ENC.
  • No estar inmerso en alguna de las causales de impedimento para ser Monitores Ciudadanos de Control.

Quienes cumplan con lo dispuesto adquirirán la condición de Monitores Ciudadanos de Control y estarán aptos para participar en las intervenciones de control en el ámbito del distrito donde radican, contribuyendo así al ejercicio del control gubernamental en el país.

Los interesados, deberán inscribirse mediante el siguiente enlace https://monitorciudadano.contraloria.gob.pe/ cuyo plazo vence el próximo 30 de setiembre del 2024. Además, para cualquier consulta pueden contactarse al celular 967 706 758 y/o al correo electrónico jquirita@contraloria.gob.pe

Contraloría detectó contrataciones irregulares en 17 entidades de Lima Provincias

La Contraloría General intervino en diecisiete entidades de la región Lima Provincias tras detectar que funcionarios y servidores públicos de municipalidades distritales y del Gobierno Regional realizaron contrataciones y pagos a proveedores que mantenían impedimentos legales para contratar con el Estado por montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT.

Más de setenta funcionarios públicos fueron comprendidos en los hechos específicos irregulares, 22 con presunta responsabilidad penal, 62 administrativo entidad y cuatro administrativa PAS.

En el Gobierno Regional de Lima, se detalló en el Informe de Control Específico N°021-2024-2-5344-SCE que se efectuaron contrataciones por montos menores a ocho (8) UIT con proveedores vinculados consanguíneamente a un juez de la Corte Superior de Justicia de Huaura y a un consejero regional, lo que vulnera las normativas de contratación pública y afecta la gestión administrativa.

En la Municipalidad Distrital de Huanza, provincia de Huarochirí, se reveló en el Informe de Control Específico Nº14939-2024-CG/GRLP-SCE, que durante el 2023, se empleó a proveedores impedidos para contratar con el Estado. Entre ellos, una empresa cuyo socio mayoritario fue el gobernador regional de Lima entre el 2019 y 2022, así como una exregidora y su madre quienes no acreditaron cumplir con el perfil requerido en los términos de referencia.

En el Hospital Huaral y Servicios Básicos de Salud, el Informe de Control Específico N°029-2024-2-5344-SCE dio cuenta de que, durante los años 2022 y 2023, se gestionaron adquisiciones de suministros médicos por más de 218 mil soles a proveedores impedidos por su relación con un juez superior titular de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.

En la Municipalidad Distrital de Paramonga, el Informe de Control Específico N°025-2024-2-2960-SCE destacó que funcionarios gestionaron y ejecutaron pagos por servicios de consultoría no realizadas. Esto benefició a un profesional que estaba inhabilitado para ejercer la función pública en el Estado, lo que generó un perjuicio económico de 15 mil soles.

En la Municipalidad Provincial de Cajatambo, el Informe de Control Posterior N°006-2024-2-0428-SCE reveló que, en las ejecuciones de obras bajo la modalidad de administración directa en el año 2021 y 2022, se efectuaron pagos indebidos a proveedores con vínculos de consanguinidad con el subgerente de infraestructura y desarrollo urbano, lo que ocasionó un perjuicio económico de más de 87 mil soles.

Tras todos los hallazgos detectados, la Contraloría General recomendó a los titulares de las entidades investigar y deslindar responsabilidades, además de iniciar acciones que correspondan en contra los servidores implicados. Asimismo, se instó al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción a iniciar las acciones penales correspondientes contra los funcionarios implicados.

Los ciudadanos pueden acceder a los resultados del informe y de otros servicios, a través del Buscador de Informes de Control y portal http://www.gob.pe/contraloria