Premier increpa a Delia Espinoza por pedir reconsiderar archivamiento de denuncia contra Boluarte: «Afecta a la democracia»

En una conferencia de prensa brindada este miércoles, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció enérgicamente contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por su solicitud al Congreso de la República para que se reconsidere el archivamiento de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el caso conocido como «Rolex».

Arana calificó la acción como un «exceso sin precedentes» y expresó su preocupación por lo que consideró un intento de vulnerar las competencias del Poder Legislativo. «Se pretende dejar sin efecto, vulnerar definitivamente las competencias propias del Congreso de la República, pero además pretende afectar la investidura presidencial», declaró.

El caso en cuestión fue archivado por la Comisión Permanente del Congreso, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobara un informe en ese sentido. La denuncia fue presentada por la Fiscalía de la Nación para poder continuar con las investigaciones sobre la adquisición de relojes de lujo por parte de la mandataria.

¿Existe un mecanismo de reconsideración en el Congreso?

Arana subrayó que la figura de un recurso de reconsideración, como el presentado por la fiscal Espinoza, no está contemplado en el Reglamento del Congreso para el tratamiento de denuncias constitucionales. Afirmó que este tipo de acciones no tiene antecedentes en la historia reciente del país.

«En la historia de las denuncias presentadas por los fiscales de la Nación no existe un solo caso en el que se haya presentado un recurso de esta naturaleza», señaló. Asimismo, criticó el «desconocimiento» del procedimiento parlamentario y del marco constitucional que, según indicó, estaría demostrando la titular del Ministerio Público.

¿Afecta esta solicitud la institucionalidad democrática?

El premier consideró que este tipo de acciones representa un riesgo para la democracia y para el respeto entre poderes del Estado. Según indicó, se observa un «asedio inusual» por parte del Ministerio Público al insistir con acusaciones por delitos no contemplados en el artículo 117 de la Constitución, norma que delimita las causales por las que puede investigarse a un presidente en funciones.

Además, recordó que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre si proceden o no este tipo de investigaciones mientras un jefe de Estado se encuentra en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, Arana exhortó públicamente a la fiscal Espinoza a «revisar sus decisiones» y a actuar dentro de los «cánones democráticos» y con respeto a las instituciones del país. El pedido de reconsideración de la fiscal de la Nación ha generado una fuerte respuesta desde el Ejecutivo.

El premier Eduardo Arana insiste en que dicha solicitud no tiene respaldo normativo en el Congreso y que podría afectar tanto la investidura presidencial como el equilibrio institucional entre los poderes del Estado, en un contexto donde aún no hay pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional.

Congreso convoca a Delia Espinoza y Rafael Vela para declarar por caso Pataz y acuerdo con Odebrecht

Fiscales en el Congreso. Delia Espinoza y Rafael Vela han sido convocados por distintas comisiones parlamentarias para asistir al Congreso de la República y declarar sobre el caso Pataz y el acuerdo con Odebrecht, respectivamente. Ambas citaciones se celebrarán hoy, 19 de mayo. Siendo desarrollada la citación de Espinoza desde las 8:30 a.m. y la de Vela desde las 10:00 a.m.

La fiscal de la Nación deberá responder por los hechos ocurridos en la provincia de La Libertad. Espinoza presentará un análisis legal sobre la situación tras la matanza de 13 trabajadores mineros en la zona mencionada, ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Además, informará sobre las actuaciones fiscales previas en la provincia de Pataz, así como sobre otros temas directamente relacionados con la responsabilidad de las empresas mineras involucradas: Poderosa y R&R.

Pero esto no será lo único que deberá informar Espinoza. La titular del Ministerio Público también tendrá que responder por las acciones adoptadas por la Fiscalía luego de que investigaciones periodísticas revelaran que el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, habría participado en operaciones ilegales con mineros informales en Arequipa. Del mismo modo, deberá explicar las razones que llevaron a la desactivación de las fiscalías antiterrorismo de Ayacucho y el VRAEM.

Por su parte, Rafael Vela —fiscal superior y coordinador del Equipo Especial Lava Jato— ha sido citado para informar a los miembros de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de revisar el acuerdo con la empresa Odebrecht —presidida por el congresista Alejandro Muñante— sobre lo que conozca respecto a la negociación, firma, aprobación y cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz entre el Estado peruano y la empresa brasileña.

Delia Espinoza no asistiría a declarar ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos

Según informaciones de Congreso, Espinoza no asistiría a la citación hecha por la comisión presidida por el congresista Isaac Mita para responder por los sucesos ocurridos en Pataz, las acciones fiscales tomadas en la zona y otros temas relacionados. La ausencia de Espinoza estaría motivada por sucesos relacionados a su agenda que le imposibilitan asistir.

Delia Espinoza señala que PNP “no siempre comunica las detenciones” a Fiscalía: Hay errores en la Policía y deben admitirlo

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se refirió sobre lo señalado por Juan José Santiváñez y el general PNP Víctor Zanabria, comandante general de la Policía Nacional, respecto a las cifras de detenidos en lo que va del 2025 y el porcentaje de quienes estarían siendo liberados por el Ministerio Públicos.

Como se recuerda, el último jueves, Santiváñez indicó que desde el 1 de enero hasta el 19 de marzo de 2025, se detuvieron a 91.907 personas, entre peruanos y extranjeros, sin embargo, el 92% fue liberado y aclaró que no “fue por la Policía Nacional”.

“Como ya lo dijo un canal de televisión hace un par de días, solo en Lima, de todos los detenidos, 338 criminales, con demostrada participación en 167 bandas criminales, han sido liberados por la Fiscalía, no por el Ministerio del Interior”, manifestó.

Tras ello, a través de una entrevista con radio Santa Rosa, la titular del Ministerio Público sostuvo que su institución tiene por ley, desde el año 1994, “un registro nacional de detenidos y sentenciados a pena privativa de la libertad” donde se registra “cada detención que se hace a nivel nacional”.

“Nosotros tenemos las cifras oficiales”, expresó.

“En la PNP, y eso lo hemos estado escuchando en diversos espacios con diversos actores como un general, un exministro y diversas personas vinculadas a la Policía exhibiendo diversos números: 73 mil y tantos, 89 mil, 90 mil, que se pongan de acuerdo, primero, ellos”, manifestó.

“Los 32 578 que nosotros, oficialmente, podemos exhibir y demostrar están en un registro que se llama RENADESPPLE, Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva […] Entonces, ¿quién está demostrando cifras reales y quién no? Ya la población sacará sus conclusiones”, añadió.

Espinoza dijo también que “no es que se libera a todos” los detenidos, sino que “se libera, primero, a los que son detenidos abusivamente, arbitrariamente, y sobre eso hay varios casos”.

“Recordarán que hace unas semanas, hubo personas que fueron presentadas públicamente como supuestos extorsionadores y había resultado que eran personas honorables. Entonces, hay errores en la Policía también y deben admitirlo, porque nadie es perfecto”, sostuvo.

“Hay también una calificación: la tercera parte de los detenidos por el delito de conducción en estado de ebriedad se acogen al principio de oportunidad, que es un mecanismo legal por el cual acepta el delito el detenido y paga una reparación civil para la sociedad […] Nosotros podemos demostrar las cifras, pero ellos, ¿pueden demostrar?”, agregó.

La fiscal de la Nación señaló que no siempre la Policía comunica al Ministerio Público sobre las detenciones que realiza, lo que también puede explicar la disimilitud en las cifras presentadas por su institución y el Ministerio del Interior.

“Hay un fenómeno que también, a veces, trae problemas: la Policía no siempre nos comunica las detenciones. Hay población que lo sabe, de que los dejan libres por x razones, no llegamos a conocer esas detenciones”, indicó.

“Nosotros presumimos que ellos [la PNP] dan libertad, porque si no nos ponen a disposición a los 80 mil o 90 mil que dicen, porque nosotros recibimos y automáticamente lo ingresamos, porque desde el primer registro se genera el caso”, refirió.

Delia Espinoza no descarta que pueda haber una la PNP un “mal registro, un registro duplicado, triplicado, erróneo”.

Delia Espinoza responde al ministro Santiváñez: 31% de los detenidos son conductores borrachos, por robos menores e inocentes

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, respondió a las acusaciones realizadas por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, durante su presentación ante el Congreso de la República, previa al debate de las tres mociones presentadas en su contra. Espinoza señaló que las cifras mostradas por Santiváñez, respecto a la supuesta liberación de delincuentes por parte del Ministerio Público, no son reales.

Estamos en la era del miente, miente que algo queda, en la que se dice que la Policía Nacional detiene delincuentes, a peligrosos delincuentes de bandas y la Fiscalía los suelta’, pero jamás muestran casos concretos de liberaciones ilegales”, afirmó la fiscal de la Nación. «Los señores de la Policía tienen su cifra. Nosotros hemos recogido, de días pasados, que la propia Policía, entre enero y marzo, en casos de flagrancia, ha detenido a 73.178 personas. En nuestro registro de ingresos, de esas 73 mil, solo figuran 32.578. Yo le pregunto al señor ministro: ¿por qué no comunicaron las 73 mil detenciones?», precisó.

Delía Espinoza también indicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) “no comunica todo” y que ese tipo de omisiones siempre son detectadas. Al ser consultada sobre si las cifras presentadas por el ministro eran falsas, la fiscal respondió que “no están corroboradas, no están acreditadas; tienen que estar totalmente demostradas”. Añadió que el 31% de todas las detenciones que realiza la policía “son conductores en estado de ebriedad”, que son liberados cuando «aceptan el delito” y el pago de reparación civil, lo que “prácticamente todos aceptan” y quedan libres.

También explicó que cuando hay decomisos de drogas, los fiscales dependen de los laboratorios policiales que, en ocasiones, se demoran en enviar la información más de los 15 días que pueden permanecer los detenidos bajo arresto domiciliario”. Espinoza subrayó que el Ministro del Interior habla que la fiscalía ha dejado en libertad a peligrosos delincuentes, pero hasta ahora no ha presentado ninguna denuncia, ningún hecho concreto contra un fiscal en específico, que permita corroborar esa afirmación.

Sobre el allanamiento contra Santiváñez

Ministro del Interior, Juan José Santiváñez

La fiscal de la Nación también respondió a las críticas formuladas por algunos políticos respecto al allanamiento de las propiedades del ministro del Interior, acusando a la Fiscalía de querer montar un “show” en torno al caso.

«Cuando investigamos, acumulamos evidencias, evaluamos si es necesario y lo solicitamos al juez. La solicitud fue ingresada en febrero y recién el 4 de marzo se dio la autorización para el allanamiento. Nuestros pedidos no son obsesivos, pasan por un control jurídico. Quien decide es el Poder Judicial. La Fiscalía no hace shows, no somos políticos», aclaró.

Espinoza recalcó que, aunque la autorización para el allanamiento fue emitida el 4 de marzo, debido al viaje del ministro Santiváñez a Bruselas, el operativo tuvo que ser postergado, lo que implicó reorganizar las diligencias en los cinco inmuebles vinculados al titular del Interior.

Delia Espinoza sobre el enfrentamiento entre instituciones

La presidenta Dina Boluarte y el ministro Santiváñez han insinuado en reiteradas ocasiones la existencia de un enfrentamiento y división entre las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado. Ante esto, Delia Espinoza calificó esas afirmaciones como “falsas”, y aseguró que el Ministerio Público trabaja de forma coordinada con la PNP.

“Estamos trabajando conjuntamente. No comprendo por qué se insiste en que hay enfrentamiento. Las afirmaciones no están acompañadas de pruebas. ¿O acaso se refieren a sus propias investigaciones?”, precisó.

Añadió que, si bien los titulares de las instituciones formulan políticas públicas que influyen en la lucha contra el crimen, eso no implica un enfrentamiento. Detalló que, entre instituciones, pueden existir discrepancias, por ejemplo, respecto a ciertas leyes, pero “no salimos a calificar a nadie. Nosotros reclamamos que vuelva la detención preliminar y ahora estamos haciendo una campaña jurídica sobre la Ley de Extinción de Dominio”.

Sobre el llamado a conformar “una nueva Fiscalía”, propuesto por Santiváñez, Espinoza señaló: “Si ellos lo proponen es porque tienen razones. Que las expliquen. Si lo hacen por los investigados, no es válido”. No obstante, la fiscal no se mostró cerrada al diálogo con el Gobierno para una posible reestructuración del Ministerio Público, siempre que el objetivo sea fortalecer la institución.

Rospigliosi denunció constitucionalmente a Delia Espinoza por presunto desacato a ley que da investigación preliminar a la PNP

El congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), en declaraciones a la prensa brindadas este lunes, indicó que ha presentado una denuncia constitucional contra la fiscal de la nación Delia Espinoza, porque, supuestamente, habría desacatado la Ley 32130, impulsada por el Parlamento, que dio a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de la investigación preliminar de los delitos.

Según precisó Rospigliosi Capurro, dicha denuncia la presentó junto a los legisladores José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú), dos congresistas que fueron denunciados constitucionalmente por la titular del Ministerio Público por, supuestamente, haber favorecido una ley que les permitió acceder a una presunta doble remuneración del Estado.

«Una de las denuncias constitucionales contra la fiscal de la nación es una que he hecho yo, junto con los congresistas Cueto y Azurín, porque la fiscal de la nación junto con la Junta de Fiscales Supremos (JFS), han desacatado la ley que devuelve la investigación a la Policía», anunció.

«Ellos no solamente se pronunciaron públicamente contra una ley que tienen que acatar necesariamente, sino que sacaron un reglamento desacatando la ley y, hasta ahora la están desacatando. Esa es una de las acusaciones constitucionales que hay contra la fiscal de la nación y toda la JFS», resaltó.

En esa línea, el parlamentario fujimorista aseveró que, de ser «considerada correcta la acusación» contra Espinoza Valenzuela, «una sanción es la inhabilitación» como titular del Ministerio Público.

Cabe resaltar que, en diciembre pasado, la fiscal de la nación presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la referida norma. Entre las causales de inconstitucionalidad, Espinoza cuestiona que la PNP pueda hacer la investigación preliminar sin el rol conductor del Ministerio Público, cuando esta institución goza de la titularidad constitucional de la acción penal y, por tanto, conduce desde el inicio la investigación del delito, para poder formalizar y acusar con el auxilio policial.

«Fuerza Popular no está en el gobierno, quien gobierna es la señora Boluarte»

Por otro lado, consultado por la falta de apoyo de su bancada a la moción de censura presentada contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y por su continuidad en el Gabinete pese a los cuestionamientos en su contra, Rospigliosi dijo que es la jefa de Estado quien mantiene a dicho ministro en el cargo.

«Fuerza Popular no está en el gobierno, quien gobierna es la señora Boluarte, ella es la que ha determinado que el señor Santiváñez sea ministro del Interior y es ella quien lo mantiene en el cargo», sostuvo.

Asimismo, respecto al reciente reportaje de Cuarto Poder donde se señala que el coronel PNP (r) Percy Alberto Tenorio Gamonal, patrocinado por Santiváñez en el proceso penal por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, sería el encargado de custodiar la computadora y el iPad personal del titular del Mininter, Rospigliosi dijo que eso debe investigarlo la fiscalía.

«Tiene que ser investigado, sin duda. Esperemos que la Fiscalía avance sus investigaciones y tengamos resultados», puntualizó Rospigliosi.

Delia Espinoza sobre publicación de necropsia de Andrea Vidal por el Congreso: «No pueden sacar conclusiones ni analizar pericias»

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en entrevista exclusiva para RPP, se pronunció en torno a los últimos acontecimientos relacionados a la presunta red de prostitución que habría operado en el Parlamento desde la Oficina Legal y Constitucional, cuando era jefaturada por Jorge Luis Torres Saravia.

Como se sabe, el caso fue conocido por la opinión pública a raíz del atentado criminal contra Andrea Vidal, una extrabajadora de la referida oficina del Parlamento, quien murió acribillada por desconocidos, dentro de un taxi, el pasado 16 de diciembre.

Al respecto, el último jueves, el Congreso emitió una publicación, en su cuenta oficial de X, en la que señalaba que «tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, [Vidal] ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi». Acto seguido, adjuntaron links de un protocolo de necropsia y dos informes periciales.

Sobre este acto, la fiscal de la Nación consideró que el Parlamento actuó con «falta de responsabilidad», ya que «no puede sacar conclusiones» a raíz de las pericias. Además, dijo que el Legislativo estaría «incurriendo en inconducta».

«Sobre el tema del Congreso, también se sigue investigando y se sigue recabando todos los elementos necesarios. Pero sí, lo que yo quiero advertir es que el Congreso no puede sacar conclusiones luego de la investigación que le corresponde, según sus atribuciones, porque si saca conclusiones ya estaría subrogándose o incurriendo en inconducta, porque eso le corresponde al Ministerio Público», indicó.

«Lo que pueden hacer es recabar y enviarnos todo lo que ellos recopilen en su investigación congresal. Pero no pueden sacar conclusiones ni analizar pericias ni ningún elemento que han recabado. Eso es inconducta, por no decir otra palabra, porque es falta de responsabilidad», acotó.