Tras el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre ejecuciones extrajudiciales durante las marchas de protesta pidiendo el adelanto de elecciones y cierre del Congreso, la presidenta Dina Boluarte respondió señalando que “el informe no atribuye responsabilidad penal a título personal a ninguna autoridad del Estado” y que “de ninguna forma se promovieron directa o indirectamente actitudes o prácticas de represión fuera del marco legal”, por lo que “los posibles excesos en el uso de la fuerza militar y policial son objeto de investigación y seguirán su curso procesal a fin de determinar las responsabilidades individuales”.

De esta forma, el Ejecutivo pretende evadir su responsabilidad y deja la investigación para que se determinen las responsabilidades individuales, tal como informó el semanario Hildebrandt en sus Trece, que tuvo acceso a las respuestas emitidas por el Ejecutivo, en las que queda en evidencia la estrategia adoptada por Boluarte y sus ministros para mitigar las responsabilidades por las 49 muertes.

En respuesta al informe de la CIDH, el Ejecutivo reconoció la existencia de “graves hechos ocurridos” durante las protestas, pero negó que hayan sido producto de decisiones políticas autoritarias, y anunció para los próximos meses una “reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”.

Tras insistir en que no se promovieron prácticas de represión fuera del marco legal, el Ejecutivo señaló que, “en diciembre del 2022 y marzo del 2023, se aprobaron las reasignaciones de miembros de la PNP y las Fuerzas Armadas en Ayacucho, Puno, Madre de Dios y Apurímac, disponiéndose su traslado a otras dependencias”. Ello con el afán de mostrar que se habrían hecho avances ante los 49 asesinatos.

Sin embargo, en la respuesta de Boluarte no se precisa qué otras medidas se han realizado para encontrar a los responsables políticos de estas muertes consideradas como “masacres” por la CIDH.

Boluarte sostuvo que “como todo informe hay cuestionamientos que no compartimos pero respetamos, más aún viniendo de un organismo del sistema interamericano. Rechazamos la existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre”.

Posteriormente, el premier Alberto Otárola consideró que “el informe no atribuye responsabilidad penal a título personal a ninguna autoridad del Estado”, añadiendo que no es “una sentencia” y que el Perú aplicará las recomendaciones de manera gradual.

Ni Boluarte ni Otárola tuvieron argumentos para desbaratar el informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú de la CIDH, que sostuvo que la respuesta del Estado a las protestas que estallaron tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo “estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”.

En su defensa, Boluarte negó que haya existido racismo durante la represión de las protestas y afirmó que “no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión ni de otra índole”, en relación con varias expresiones de miembros del Ejecutivo durante estos meses que organizaciones de derechos humanos han criticado.

Reestructuran las fuerzas del orden

El régimen de Boluarte mencionó que el 29 de marzo pasado tomaron la decisión de reestructurar las fuerzas del orden para los próximos meses sin que haya una fecha establecida.

De esta manera, el Ejecutivo desliza que las FFAA y la PNP sí tuvieron responsabilidad en la violenta represión que hubo durante las manifestaciones.