En la ceremonia por aniversario de la operación militar de rescate Chavín de Huántar, la presidenta Dina Boluarte mencionó que se incrementarán mayores policías en busca de reducir el índice delincuencial que azota a nuestro país.
“Fortaleceremos la lucha frontal contra la delincuencia con más efectivos policiales, más recursos para ellos y con el soporte de instrumentos legales”, sostuvo.
El partido político Fuerza Popular lanzó un mensaje confrontacional contra el Gobierno de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el caso Joaquín Ramírez. La agrupación liderada por Keiko Fujimori exigió a la jefa de Estado que “instruya a sus ministros” y que eviten brindar conferencias de prensa sobre este tema, el cual ubica a la hija del exdictador Alberto Fujimori como pieza clave del brazo político del clan Ramírez.
“Exhortamos a la presidenta Boluarte a que instruya a sus ministros y estos eviten participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso, pues podría interpretarse que exista un interés político del Gobierno y una injerencia en la autonomía del fuero fiscal y judicial”, se lee en el comunicado.
Esto fue emitido horas después de que el ministro del Interior, Vicente Romero, señalara —en conferencia de prensa tras un operativo en el que se incautó 214 inmuebles vinculados a Joaquín Ramírez— que se trataba del segundo “caso más grande de lavado de activos” en el Perú luego del caso Orellana.
“Después del caso Orellana, este es el más grande en el Perú en tema de lavado de activos. Más de 1.000 millones de dólares se va a incautar en un promedio de 295 bienes, edificios, vehículos, aeronaves, simulador e inmuebles. Esto nos da a entender la dimensión de cómo se esconde el dinero a través de lavado de activos”, declaró.
De acuerdo a la tesis fiscal, tras la investigación preliminar iniciada contra Joaquín Ramírez en el 2019, se le atribuye al actual alcalde de Cajamarca el delito de lavado de activos por haber participado en el financiamiento ilícito la campaña presidencial de Keiko Fujimori, cuando se desempeñaba como secretario general de Fuerza Popular. Este movimiento irregular de dinero se realizó en agravio de la Universidad Alas peruanas (UAP) y del Estado.
El Ministerio Público advierte que, durante el periodo de Fidel Ramírez al frente de la Universidad Alas Peruanas, se hicieron contratos millonarios simulados mediante empresas de fachada para la adquisición y reventa de inmuebles, además de otros negocios, con la finalidad de transferir fondos a la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
Según la estructura de la organización criminal dedicada a la presunta comisión del delito de lavado de activos, el brazo político estaría integrado por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y Pier Figari, exasesor de la hija de Alberto Fujimori. La función de ellos habría sido captar fondos ilícitos para obtener poder político y, con ello, blindar a la organización criminal.
El pleno del Congreso rechazó este martes admitir a debate la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, presentada por las bancadas de izquierda el 26 de enero. Fueron 37 votos a favor (de los 50 que requería), 64 en contra y 10 abstenciones.
La oposición buscaba la salida de la mandataria por supuesta incapacidad moral permanente por los fallecidos durante las protestas contra el gobierno y el Parlamento.
El Pleno del Congreso decidirá hoy martes 4 de abril la admisión y votación de la moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra. La propuesta fue presentada el 26 de enero por los parlamentarios de las bancadas de Perú Democrático (5), Perú Libre (10), Bloque Magisterial (1), Perú Bicentenario (5), Podemos Perú (1), Cambio Democrático-Juntos por el Perú (4) y una congresista no agrupada.
Ellos han propuesto que el Congreso declare la permanente incapacidad moral de la mandataria y, en consecuencia, la vacancia de la Presidencia de la República. Esto, a raíz de los más de 40 fallecidos que hubo durante las protestas contra su gobierno entre diciembre del 2021 y enero del 2022. El congresista Jaime Quito Sarmiento, de Perú Libre, señaló en sus redes sociales que hay más razones para admitir la vacancia.
Indicó que además de las muertes en Ayacucho Puno, Cusco y Arequipa, hay un caso por un pago dudoso de 41 millones de soles por la compra de pruebas COVID-19 y la adquisición, presuntamente a sobrecosto, de las bombas lacrimógenas. El presidente del Congreso, José Williams, informó que la jefa del Estado ya ha sido notificada sobre el ingreso del requerimiento que se evaluará hoy. En la sesión plenaria se procederá a exponer el texto de la moción en un tiempo de diez minutos. Luego, cada bancada dispondrá de cinco minutos para fijar posición.
La admisión de la moción requiere el voto del 40% de los congresistas hábiles; es decir, 52 votos como mínimo. Este número no se alcanzaría con solo los votos de la izquierda, donde no hay postura uniforme al respecto. Hace unos días, Paul Gutiérrez, integrante del Bloque Magisterial, sostuvo que el grupo no tiene posición definida y que se iban a reunir para tomar una decisión. Acción Popular tampoco tenía una determinación como bancada, aunque la congresista María del Carmen Alva adelantó que “no amerita la vacancia”, a pesar de las matanzas que ocurrieron.
Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular precisaron que no apoyarán la propuesta de la izquierda. De mantenerse este panorama, la moción de vacancia contra Dina Boluarte no logrará la admisión a trámite de esta solicitud, que es la primera etapa que debe cumplir este proceso en el Congreso.
El Gobierno de Dina Boluarte dispuso el retiro definitivo del Embajador del Perú en Colombia, Félix Denegri Boza, debido a las reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas del presidente Gustavo Petro. Según el Ejecutivo, el mandatario extranjero persiste en desconocer que el 7 de diciembre pasado se produjo en el país un golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo.
«La actitud del presidente Petro, y sus continuas expresiones injerencistas, han deteriorado seriamente la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo que ha existido entre el Perú y Colombia. Frente a ello, el Perú ha reaccionado de forma ponderada, progresiva y proporcional, conforme a la práctica diplomática y teniendo en consideración la estrecha relación que lo une a Colombia, desde hace más de 200 años», se lee en el comunicado que emitió la Cancillería.
El gobierno señaló además que esperan que la bicentenaria relación bilateral con Colombia retome su cauce en el marco del respeto mutuo y las normas, principios y valores que rigen la convivencia entre los estados.
Con el retiro definitivo del embajador del Perú en Colombia, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones quedan formalmente a nivel de encargado de negocios.
La presidenta de la República, Dina Boluarte, saludó que el Ministerio Público haya iniciado una investigación por los aportes de campaña que recibió Perú Libre en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2021 y que la han incluido tanto a ella como al empresario Henry Shimabukuro, entre otros.
“La presidenta Dina Boluarte, como demócrata y respetuosa de la autonomía de las instituciones, saluda que la Fiscalía haya iniciado una investigación respecto a declaraciones de personas del entorno de Pedro Castillo sobre supuesto financiamiento a la campaña electoral”, manifestó a través de las redes sociales de la Presidencia de la República.
Con estas indagaciones, la jefa de Estado señaló que las personas que vienen declarando en medios de comunicación responderán con la verdad y entregarán las pruebas que permitan conocer quiénes y como se recibieron los “supuestos aportes y cómo estos fueron administrados”.
Este martes 28 de marzo, el Ministerio Público informó que el tercer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos había abierto una investigación contra Dina Boluarte, al expresidente Pedro Castillo y al empresario Henry Shimabukuro.
El hecho a investigar es el presunto financiamiento prohibido que se habría producido en la segunda vuelta, tal y como han venido relatando Shimabukuro y la profesora Maritza Sánchez, allegada a Pedro Castillo y que fue parte de la campaña de Dina Boluarte.
La disposición fiscal imputa a la jefa de Estado el presunto delito de lavado de activos, a título de autora, por la comisión de “actos de conversión, transferencia, ocultamiento y/o tenencia” de dinero ilícito.
La fiscalía considera que Dina Boluarte habría cometido el presunto delito de organización criminal, en calidad de coautora, pues habría recibido dinero en efectivo a través de transferencias o depósitos bancarios, a fin de financiar sus gastos personales o de campaña.
En el caso de Henry Shimabukuro, se le imputa el delito de organización criminal agravado, en calidad de financista, por la presuntas transferencias y entregas de dinero en efectivo a la campaña de Dina Boluarte.
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