Contraposición. Desde que comenzaron las movilizaciones que aclaman la renuncia de la clase política, la narrativa de la mandataria Dina Boluarte ha sido sugerir que los manifestantes son “manipulados” por “azuzadores internacionales”. El Congreso con 88% de desaprobación, que le otorgó la investidura al gabinete Otárola, replicó el discurso como si estuviese mimetizado. Se culpó a Evo Morales de injerencista y se pidió raciocinio a los demandantes. “No se dejen manipular”, dijo más de una vez la primera presidenta en la historia mundial republicana con casi media centena de muertes en contexto de protesta social, como escribió el historiador y analista internacional Isaac Bigio en Hildebrandt en sus Trece.

Estas acusaciones hechas por funcionarios no fueron expuestas con nombres que certifiquen ni descripciones de las articuladas mafias que supuestamente promovieron a las personas. Tanto Boluarte como su primer ministro insisten en que “ingresó armamento desde Bolivia” para equipar a los protestantes. Peor aún, este 2023, cada institución del Estado deberá encabezar sus documentos con “Año de la unidad, la paz y el desarrollo”, cuando hay 49 muertos por salir a las calles a demandar políticas.

En ese contexto fue que llegó un grupo de diplomáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 11 de enero arribaron el primer vicepresidente y relator para Perú, Stuardo Ralón, y el comisionado Joel Hernández, acompañados de la secretaria ejecutiva adjunta para monitoreo, cooperación técnica y capacitación, María Claudia Pulido, y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. Divididos en grupos para visitar Lima, Ica, Arequipa, Juliaca, Ayacucho y Cusco, pretendieron observar la situación de vulneración civil.

A Ralón le tocó ir a Juliaca, epicentro fúnebre de todas las ciudades del Perú en las que se han registrado fenecidos. En lugar de percatarse de la “manipulación” de “elementos externos”, Stuardo vio “mucho dolor y tristeza”, como recordó en “No hay derecho”.

“De los testimonios, no encontramos en las personas algo que dijera que están respondiendo a algún tipo de otra organización, sino una manifestación auténtica de un descontento por el abandono que esa región (Puno) ha tenido históricamente y que muchas veces, durante largo tiempo, sobre todo, cuando se acercan los procesos electorales, se ofrecen muchas cosas que posteriormente no se cumplen. Cuando se ven los resultados, sigue siendo una región, pareciera estar muy desconectada, digamos en un nivel de pobreza muy distinto al que (…) uno encuentra en la capital”, contó.

También percibió “un ambiente de estigmatización generalizada”, en el que se “pretende indicar que todas las personas que pueden estar manifestando su inconformidad podrían ser calificadas como terroristas o ‘terrucos’”. Este recurso discursivo invalida al señalado arbitrariamente, quitándole su condición de humano y volviéndolo un objetivo de la “insurgencia” a eliminar, según estudiosos de ciencias sociales.

A diferencia de la interpretación de Boluarte, “lo que hay en el ambiente es una generalización en el discurso, en las declaraciones de algunos funcionarios que alimentan un ambiente de molestia, indignación, que no ayudan a pacificar la situación, si no, alimentan la violencia”.