Gobierno paga 70.000 soles a defensa de secretario de Dina Boluarte investigado por fuga de Vladimir Cerrón

El despacho presidencial de Dina Boluarte desembolsará 70.000 soles para la defensa legal de Enrique Vílchez Vílchez, secretario de la presidenta, quien es investigado por la Fiscalía por su presunta participación en la fuga de Vladimir Cerrón.

El proceso de selección para contratar al abogado José Mandujano Rubín, defensor de Vílchez, se realizó el miércoles 30 de junio, según reporta el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).

De acuerdo con los términos de referencia, el despacho que dirige Dina Boluarte aprobó el pago de la defensa legal de su funcionario mediante la resolución del 12 de mayo, que señala que la Segunda Fiscalía Suprema inició una investigación contra Vílchez por el presunto delito de encubrimiento personal a favor de Cerrón.

Esta decisión se basa en el informe legal del área de Asesoría Jurídica, que dio el visto bueno para financiar la defensa en el marco de la carpeta fiscal emitida el 10 de febrero, donde se imputa a Vílchez Vílchez de coludirse con congresistas en beneficio de Cerrón.

«La evaluación de la documentación presentada permite advertir que la petición formulada por Enrique Vílchez cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en la normativa aplicable, por lo que se determina la procedencia de la solicitud de defensa y asesoría legal conforme a dicha normativa», señala la resolución.

Según la tesis de la Fiscalía, el funcionario de confianza de Boluarte coordinó con congresistas de Perú Libre, como Américo Gonza Gonza, Jaime Quito, María Agüero, Kelly Portalatino, Janet Rivas Chacara y Waldemar Cerrón Rojas, quienes encubrirían al prófugo Vladimir Cerrón Rojas.

Además, se señala que Vladimir Cerrón estaría siendo protegido actualmente por el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria Angulo, quien presuntamente impediría su captura, obstruyendo el trabajo del personal policial y de los órganos de inteligencia.

La hipótesis de la Fiscalía también indica que el coordinador principal para la protección del prófugo en la ciudad de Arequipa sería el actual gobernador Rohel Sánchez Sánchez, junto con su asesor Carlos Zanabria Angulo, hermano del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo.

Dina Boluarte también es investigada por la fuga de Vladimir Cerrón

En paralelo, la Fiscalía investiga a la presidenta Dina Boluarte por la fuga de Cerrón Rojas. El 24 de febrero de 2024, la jefa de Estado a bordo del vehículo oficial conocido como “El Cofre” y conducido por Félix Enrique Montalvo Guevara, ordenó dirigirse al condominio “Asia del Sur” en Cañete, donde se realizaban operativos policiales para capturar al prófugo.

«En ese lugar, facilitó la fuga de Cerrón al transportarlo en el vehículo oficial, que, debido a su condición, no podía ser intervenido por la policía, lo que permitió que el fugitivo continuara evadiendo la justicia», dice la teoría de la Fiscalía.

Además, Juan Santiváñez, quien actualmente se desempeña como asesor del despacho presidencial, también es investigado por no informar sobre el presunto encubrimiento del prófugo Cerrón por parte de la presidenta Dina Boluarte, tras reportarse el recorrido realizado por el vehículo presidencial.

Consejo de Ministros aprobó aumentar a más de S/ 35 000 el sueldo del presidente de la República

El Consejo de Ministros aprobó este miércoles el aumento de sueldo del presidente de la República a 35 568 soles, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley de Presupuesto aprobada en 2024.

Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, quien también señaló que este aumento se da en atención a una resolución de la Presidencia de Servir, así como la ley de servicio civil respecto de la remuneración del Presidente de la República.

El representante del Ejecutivo justificó este aumento al indicar que se comparó el sueldo actual del presidente, 16 000 soles, a los salarios en dólares de los mandatarios de otros 12 países de América Latina, así como el sueldo que reciben actualmente los ministros y viceministros.

“Se ha establecido una metodología que hace una comparación de los salarios en dólares de los presidentes de la República de 12 países de América Latina. En función de esta comparación en dólares corregidos por paridad de poder adquisitivo y conjuntamente también tomando en cuenta los ingresos más altos en el Poder Ejecutivo, básicamente, ministros y viceministros, se hace una proyección también de lo que sería el puesto que debería ocupar alguien encima de un ministro, que en este caso sería la presidenta de la República”, dijo.

“El promedio ponderado de los sueldos de 12 presidentes y esta proyección extensión de los cargos en el Poder Ejecutivo es que se ha hecho una comparación y resultado de ello surge el valor que ha sido aprobado hoy en un decreto supremo de 35 568 soles mensuales”, dijo.

«No se trata de un nombre en particular»

Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, indicó que no se debe hacer “demagogia ni escarnio” respecto de la institución presidencial y que el aumento salarial para el presidente de la República va a acorde con las funciones que realiza, al ser la más alta autoridad del país.  

Arana también negó que lo aprobado sea en beneficio solo de Dina Boluarte y dijo que se trataba de un pendiente, pues el sueldo de los ministros de Estado ya se había «regulado». 

“La institución presidencial y el presidente de la República, es la más alta función de un cargo estatal, es la más alta autoridad en la jerarquía y si se examina la jerarquía tenemos funcionarios que están incluso por encima de 60 000 soles, solo un juez supremo gana mucho más que el sueldo de hoy”, sostuvo.  

“Aquí no se trata de un nombre en particular, se trata de que a partir de ahora, la institución presidencial, al cargo de presidente de la República, le corresponde una retribución a su alta responsabilidad y conforme a la Constitución a las tareas que realiza”, agregó.

Dina Boluarte confirma que comprará aviones de guerra por US$3,500 millones

Lo que era un secreto a voces, en los pasillos del Ministerio de Defensa, ayer se confirmó. El Gobierno de Dina Boluarte aceptó endeudar al Estado peruano por US$3,500 millones para realizar una adquisición de 24 aviones de guerra con el fin de preparar al país ante un eventual conflicto bélico. Todo esto en el marco del proyecto de modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Durante el mes de junio, Perú21 recibió información —y la hicimos pública— sobre las últimas reuniones sostenidas en el ministerio y en las oficinas de la FAP con la empresa sueca Saab, fabricante del caza Gripen E. Fuentes del sector confirmaron que estas reuniones se han dado en la etapa final del proceso de compra debido a que, para la institución, el avión en cuestión cumple con todos los requisitos y satisface las necesidades del Estado peruano. Es decir, la FAP eligió el Gripen E para modernizar los famosos Mirage 2000.

“Nuestro Gobierno ha adoptado la decisión histórica de renovar nuestra flota aérea. Así buscamos responder a un pedido largamente esperado de la Fuerza Aérea, institución que desde su creación ha hecho respetar la integridad territorial con compromiso y amor a la patria frente a cualquier amenaza externa e interna”, dijo ayer la mandataria. Desde el estrado de honor, el comandante general de la FAP, Carlos Chávez; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; y el premier, Eduardo Arana, aplaudían a la jefa de Estado. 

Con esta información, quedan descartadas las otras opciones que la FAP decía explorar, modelos con comprobada experiencia en combate, como el F-16 Block 70 (EE.UU.) y el Dassault Rafale (Francia). Estas alternativas ofrecían mayor interoperabilidad y menor riesgo operativo, pero desde el sector aseguraban que serían más costosos y no ofrecían compensaciones extras para el país.  

Fuentes del Ministerio de Defensa refieren que el factor ‘offset’, es decir, las compensaciones legales que ofrece Saab al país, terminaron por inclinar la balanza a favor de los suecos. Saab se comprometió ante funcionarios peruanos a que realizaría inversiones o transferencias de tecnología en el país como parte del acuerdo, incluso en sectores ajenos a Defensa.

Precisamente, el próximo 10 de julio, el ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, llegará al Perú para sostener una reunión con su homólogo peruano, Walter Astudillo. Fuentes de Saab dijeron a este diario que ellos no participarán del encuentro “porque es de Estado a Estado”.

El portal especializado Defence Street señala que el Gripen E es una versión nueva y aún no probada en combate real. Su predecesor, el Gripen C/D, ha sido utilizado en misiones de patrullaje y entrenamiento, pero no ha participado en conflictos armados de alta intensidad. En 2023, Saab inauguró una línea de producción del Gripen en Brasil. “El inicio de operaciones de la línea de producción del Gripen demuestra nuestro compromiso de transferir tecnología y conocimiento a la industria brasileña. Aquí produciremos 15 de los 36 aviones actualmente contratados por la Fuerza Aérea Brasileña. El objetivo también es producir aquí cualquier futuro Gripen pedido para Brasil y otros países. Queremos que Brasil se convierta en un centro de exportación para América Latina”, dijo aquella vez Micael Johansson, presidente y director ejecutivo de Saab.

Algunos funcionarios de Defensa, que preferirían elegir los modelos norteamericanos o franceses, se preguntan si los aviones que adquiriría Perú vendrían también de esta planta de Brasil, lo que generaría una dependencia del vecino país gobernado hoy por Inácio Lula da Silva. 

 

SAAB BOLUARTE-
Boluarte deberá firmar en los próximos días un decreto supremo declarando de interés nacional la compra. En la foto el Gripen E de la Fuerza Aérea de Brasil.

 

EL ARGUMENTO DE COMPRA

Desde el Ministerio de Defensa el principal argumento para este multimillonario desembolso es que “tenemos que prepararnos para la guerra si queremos garantizar la paz”. Esa fue la explicación del mayor general de la Fuerza Aérea del Perú en situación de retiro, César Torres, quien desde abril de 2024 se desempeña como viceministro de Políticas para la Defensa. “La labor que van a cumplir estos aviones principalmente es la disuasión”, prosiguió Torres en una conferencia de prensa a finales del año pasado.

Consejo de la Prensa Peruana: Boluarte busca “lavarse la cara” con recursos públicos en programa de TVPerú

Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, cuestionó la propuesta del Ejecutivo para que Dina Boluarte tenga un programa dominical que sería emitido por TVPerú, pues consideró que este es el canal del Estado, no del Gobierno.

En declaraciones a Prueba de fuego de RPP, Salazar indicó que el canal del Estado debe transmitir las políticas públicas y campañas que trabaje el Gobierno de turno y no ser utilizado como escenario para quien ocupa la Presidencia de la República.

Señaló también que fue el Gobierno de Boluarte el que removió el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), con lo cual el medio del Estado ha perdido independencia.

“Al removerse este consejo directivo ya no hay este colchón, este aislamiento entre el Ejecutivo y el canal, y resulta ahora que Dina Boluarte quiere su programa, el mismo Arana dijo que era idea de ella. O sea, nace de ella y se lo dan, este no es un canal del Gobierno”, señaló.

Sobre financiamiento del programa

Si bien no se conoce el tipo de programa que se presentaría en la televisión pública, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana consideró que sería importante que Boluarte pueda tener en este espacio a personas que puedan preguntarle sobre las políticas de su gestión, pues no responde a la prensa hace 247 días.

En ese sentido, apuntó que es probable que Boluarte busque un sistema de comunicación unidireccional sin que se le realice ningún tipo de preguntas y en el cual no tenga que rendir cuentas.

Asimismo, advirtió que el personal y los equipos de TVPerú son propiedad del Estado y financiados con el dinero de todos los peruanos, por lo que tendría que transparentarse de dónde se sacaría el dinero para impulsar la emisión del programa que quiere Boluarte.

“Creo que hay un intento de la presidenta de lavarse un poco la cara con recursos nuestros, porque las cámaras que están allí, el personal que trabaja ahí es un personal que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos”, dijo.

Dina Boluarte quiere su propio programa televisivo: presidenta buscaría difundir autopropaganda en TV Perú

Los recientes movimientos en la televisión pública tendrían nombre y apellido presidencial: Dina Boluarte. Según reportó el programa dominical ‘Panorama’, la renuncia de Ninoshka Chandía a su cargo como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) habría estado motivada por no cumplir con las expectativas en uno de los proyectos de Boluarte relacionados con el canal del Estado. Se trata de un programa que iba a emitirse los domingos a las 8:00 de la noche, en el mismo horario en que se transmiten los principales reportajes dominicales del periodismo de investigación nacional.

El programa iba a titularse ‘Cada domingo a las 8’ y, según detalló la periodista Karla Ramírez de Panorama, consistiría en una entrevista semanal a la presidenta por parte de un periodista de TV Perú, con preguntas bastante ligeras sobre sus vivencias, logros personales y las obras de gobierno que lidera. Como prueba de que el proyecto estaba en marcha, Panorama difundió un breve clip promocional en el que se anunciaba la próxima salida al aire del programa.

Tras la salida de Chandía de la entidad que dirige el canal estatal, la responsabilidad de poner en marcha el programa dominical habría recaído en el comunicador Luis Francisco Vivanco. Panorama indicó que Vivanco sucederá a Chandía en la presidencia ejecutiva del IRTP y será el encargado de coordinar la producción del nuevo programa.

Curiosamente, Vivanco ha sostenido reuniones con una de las figuras más cuestionadas del actual gobierno: el censurado exministro Juan José Santiváñez, quien actualmente se desempeña como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental. Consultado por Panorama sobre estas reuniones y su posible vínculo con el programa dominical, Vivanco negó cualquier relación y señaló que los encuentros se realizaron para coordinar estrategias de difusión del próximo censo, en su calidad de funcionario del INEI.

Archivan denuncia contra Dina Boluarte por muertes en protesta

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió archivar la denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte y cuatro de sus exministros por las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas que estallaron tras su asunción en diciembre de 2022 y 2023

Con once votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, se concluyó que la acusación no cumplía los requisitos del artículo 89 del reglamento parlamentario.

La denuncia, promovida por la congresista Ruth Luque, involucraba además a Pedro Angulo, Luis Alberto Otárola, César Cervantes y José Tello. Todos fueron señalados por su presunta responsabilidad política y penal en la represión de manifestaciones que dejaron decenas de víctimas mortales.

Comisión concluye que no hay relación directa entre hechos y delitos

El informe de calificación aprobado sostiene que no se ha podido verificar una relación directa entre los hechos denunciados y la supuesta comisión de infracciones constitucionales o delitos penales como homicidio calificado o lesiones graves.

En consecuencia, no se consideró procedente admitir a trámite la denuncia para iniciar un proceso político-penal. Esta decisión ha generado reacciones divididas entre los congresistas. 

Mientras algunos respaldan la conclusión técnica del informe, otros sectores consideran que se está blindando a las más altas autoridades del país frente a hechos graves ocurridos durante la crisis social y política de finales de 2022 e inicios de 2023.

Otras denuncias contra Boluarte y altos funcionarios en curso

El Congreso tiene pendientes otras denuncias relacionadas con la presidenta Dina Boluarte. Una de ellas fue presentada por el congresista Jaime Quito, quien acusa a Boluarte de haber usurpado de forma irregular el cargo de jefa de Estado tras la vacancia de Pedro Castillo. Esta será evaluada por la Subcomisión en las próximas sesiones.

Asimismo, se revisan informes preliminares sobre otras autoridades, como el juez supremo Víctor Ticona, quien enfrenta una denuncia presentada por la fiscal de la Nación Delia Espinoza por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible en su rol como presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Cabe resaltar que la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales continúa con la evaluación de otros informes de calificación.