La presidenta Dina Boluarte, durante la ceremonia de lanzamiento del II Encuentro Regional de Culturas Vivas ‘Apu Tusuy 2025-Costumbres que nos unen’, se enfrentó a la prensa y dijo que realizará «un calendario de las mentiras que inventan a diario» en referencia hacia las críticas que ha recibido sobre el manejo de su gestión.
«Ese mismo amor que mueve a nuestro Gobierno ha trabajar sin desmayo lejos de los odios y mentiras que nos inventan a diario, haré un calendario de las mentiras, las mentiras de enero, las de febrero, y así sucesivamente a ver si hacemos un calendario que titule las mentiras, pero aquellas no nos afectan, todo lo contrario, nos generan más energía, coraje y firmeza para seguir trabajando», manifestó la jefa de Estado.
Asimismo, durante su discurso la mandataria resaltó que su Gobierno tiene logros económicos y le han dado estabilidad al país, mencionando que hay una baja inflación, aunque esto sea más responsabilidad del manejo del Banco Central de Reserva del Perú. En este contexto se atribuyó que la pobreza haya disminuido en un 2%.
«Somos un país con una inflación de un solo dígito inferior el 2% anual, el sol es usada en algunos países para sus transacciones comerciales y hasta para ahorros (…) la disminución de la pobreza se calcula en alrededor del 2% gracias a la derrota de la recesión y que la rueda económica ha empezado a girar, es una cifra pequeña pero es el camino que debemos continuar, cifras que demuestran el potencial económico», señaló Boluarte.
Boluarte ataca a las ONG de derechos humanos
En el marco de su agenda, la presidenta Dina Boluarte hizo declaraciones polémicas sobre el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG), afirmando que estas priorizan los derechos de los criminales por encima de instituciones como la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.
Boluarte señaló: «No podemos permitir que el discurso de los derechos humanos sea utilizado como un arma ideológica para socavar la autoridad del Estado y deslegitimar el principio de orden. Los derechos humanos deben proteger la libertad individual, el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica, sin convertirse en una excusa para el caos o la impunidad». Además, criticó que en varios países se ha tergiversado el trabajo de las ONG para justificar agendas que, según ella, perjudican la seguridad, desestabilizan las democracias y debilitan la soberanía de las naciones.
Estas declaraciones se dan en un contexto de creciente debate sobre el rol de las ONG en la defensa de los derechos humanos y su influencia en las políticas nacionales. Mientras algunos sectores cuestionan la legitimidad de ciertas organizaciones, argumentando que promueven agendas que afectan la seguridad y estabilidad de los Estados, defensores de las ONG sostienen que estas cumplen un papel esencial en la protección de los derechos humanos, especialmente en situaciones donde los gobiernos pueden incurrir en abusos o negligencias.
Cabe destacar que, según un informe de Amnistía Internacional, Boluarte podría enfrentar responsabilidad penal por las muertes ocurridas durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023, debido a las órdenes que dio contra los manifestantes. Estas declaraciones reflejan la tensa relación entre el gobierno peruano, las ONG y la comunidad internacional en torno a la promoción y protección de los derechos humanos en el Perú.
Luis Alberto Campana Boluarte, primo de la presidenta Dina Boluarte, fue nombrado el 1 de febrero como integrante de la Comisión de Personal de la Cancillería, encargada de evaluar ascensos y traslados en el Servicio Diplomático. De acuerdo con la resolución ministerial a la que tuvo acceso La República, Campana Baluarte formará parte de la comisión junto a la embajadora Roxana Castro Aranda de Bollig, ambos designados como representantes del ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer Salcedo.
La resolución señala que la conformación de la comisión está regulada por el artículo 43 de la Ley del Servicio Diplomático, y establece que estará integrada por el viceministro de Relaciones Exteriores, quien preside la comisión, dos embajadores en situación de actividad designados por el ministro – el cual Luis Alberto Campana Boluarte integra-, dos representantes elegidos por la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú y el jefe de la Oficina General de Recursos Humanos, quien actúa como secretario sin derecho a voto.
Con base a esta distribución, otros de los miembros designados en esta comisión para el período 2025-2026 incluyen a los embajadores Jorge Alejandro Raffo Carbajal y Eduardo Miguel Hilarion Pérez del Solar Marcenaro, quienes fueron elegidos como representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú. La resolución fue firmada por Elmer Schialer el pasado 31 de enero.
Al cierre de esta nota, La República se intentó comunicar con la Cancillería para descartar si existiría algún tipo de injerencia por parte del Gobierno de Dina Boluarte con la designación de Luis Alberto Campana Boluarte. Sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna.
No obstante, fuentes a la interna en Cancillería señalaron que existiría una preocupación por la inclusión del Campana Boluarte como representante del canciller Elmer Schialer en la Comisión de Personal.
Asimismo, indicaron que la presidenta Boluarte no habría estado conforme con las atenciones recibidas durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos por parte del embajador en Suiza, Luis Castro, y el encargado de Negocios de la representación del Perú ante los organismos internacionales en Ginebra, Mariano Melgar. Como consecuencia, habría dispuesto el traslado de ambos funcionarios a Argelia y Marruecos, respectivamente.
Resolución ministerial que designa al primo de Dina Boluarte como parte de la Comisión de Personal de la Cancillería para el periodo 2025-2026.
¿Quién es Luis Alberto Campana Boluarte?
Luis Alberto Campana Boluarte es diplomático de carrera y actualmente embajador de la República del Perú. En 2022, se le designó como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República Eslovaca. Dicho cargo sería ejercido de manera concurrente con su posición de Embajador en Austria, con residencia en Viena. Los nombramientos fueron formalizados mediante resolución y firmados por el entonces presidente Pedro Castillo.
La flamante presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se pronunció sobre las críticas de la presidenta Dina Boluarte al sistema de justicia, el cual consideró que está parcializado. En ese sentido, le recordó a la mandataria que todos los funcionarios están bajo supervisión ciudadana.
“Debe estar mal asesorada porque en un momento donde requerimos que todos los poderes el Estado estemos unidos para hacer frente a problemas mayores, ella, de repente, se está ensimismando en asuntos que todos tenemos que responder cuando hay alguna investigación. Los funcionarios estamos siempre bajo la atenta mirada del ojo ciudadano”, dijo en RPP.
Tello aseguró que si ella fuese asesora de Boluarte, le recomendaría sentarse a trabajar «sobre los aspectos que interesa a la ciudadanía» para luchar contra la inseguridad ciudadana.
“Si fuese yo la asesora, le diría: ‘Señora presidenta, por favor, una vez más sentémonos a trabajar sobre los aspectos que interesa a la ciudadanía, de tal forma que podamos hacer un frente común a la inseguridad ciudadana”, señaló.
Solicita reforzar el sistema de justicia
La presidenta del Poder Judicial también se refirió a la alarmante cifra de 180 homicidios registrados en el mes de enero por el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) y pidió repotenciar el sistema penal «no con normas que lo debilitan».
“La delincuencia es algo muy crítico y es el momento que repotenciamos el sistema penal —no con normas que lo debilitan—, que reforcemos el sistema de unidades de flagrancia, que repensemos en todas las normas que se han dado y que no están en la línea de reforzar y repotenciar el sistema de administración de justicia, especialmente en el ámbito penal, que es el que, finalmente, va a servir a coadyuvar a la lucha contra esta lacra social y la lucha contra la impunidad”, manifestó.
La letrada consideró que la detención preliminar en caso de no flagrancia -que fue observada por el Ejecutivo- debe ser restituida. Además, se manifestó en contra de implementar ‘jueces sin rostro’ para luchar contra la delincuencia y advirtió que sería una medida inconstitucional.
«Ya la experiencia la tuvimos con los juzgamientos para casos de delitos de terrorismo. Fracasó. Se consideró que la garantía de la administración de justicia es que el ciudadano, el procesado, necesita saber quién es el juez que está juzgando”, enfatizó.
La presidenta Dina Boluarte reafirmó su compromiso con una gestión transparente y eficiente, destacando que su Gobierno impulsa la inversión pública sin corrupción.
Durante la presentación de los logros en la pesca industrial de anchoveta y el cierre de la segunda temporada 2024 en el Instituto del Mar Peruano (Imarpe) del Callao, la mandataria subrayó el avance en la ejecución de proyectos y el fortalecimiento de la economía nacional.
Boluarte resaltó que, en enero de 2025, la inversión pública alcanzó un récord de 3,157 millones de soles, reflejando un incremento del 47% respecto al mismo mes del año anterior.
Además, precisó que los gobiernos locales fueron clave en este crecimiento, con una ejecución municipal que llegó a los 850 millones de soles, superando ampliamente los niveles de años previos.
“Estas son las noticias que realmente importan, las que los peruanos quieren escuchar y tienen derecho a exigirnos, y no aquellos que pretenden desestabilizar a nuestro amado país”, declaró la jefa de Estado, en alusión a las críticas a su administración.
Dina Boluarte a sus detractores
Asimismo, destacó la implementación de reuniones virtuales especializadas con municipios, estrategia que permitió optimizar la ejecución de inversiones y destrabar proyectos paralizados.
En este contexto, exhortó a la Contraloría y al Poder Judicial a acelerar la reactivación de aproximadamente 2,000 obras detenidas por razones administrativas o judiciales.
Boluarte insistió en que su gestión se diferencia por la transparencia en el uso de los recursos públicos. “Estamos impulsando más inversión que en gobiernos anteriores, pero lo que es importante también decirlo es siempre con las manos limpias. Estos resultados no son fruto del azar ni de la buena suerte. Acá es solo efecto del trabajo y la dedicación de los alcaldes, alcaldesas, gobiernos regionales y nosotros”, enfatizó.
Finalmente, dejó claro que en su administración no hay espacio para la corrupción. “No me voy a cansar de decirlo en cada espacio que nos encontremos. En nuestro Gobierno puedo decir: un Gobierno con las manos limpias y la conciencia tranquila. No hay espacio para obras contaminadas por organizaciones criminales como Odebrecht, el ‘Club de la Construcción’ y la empresa OAS”, afirmó.
Tras finalizar la investigación inicial contra la presidenta Dina Boluarte por enriquecimiento ilícito, y con la incorporación de un nuevo informe pericial que evidenciaría un desbalance patrimonial adicional de más de 50.000 soles, fuentes de La República han indicado que Delia Espinoza está evaluando la posibilidad de presentar una denuncia constitucional contra la mandataria ante el Congreso. Esta denuncia sería crucial para avanzar en la indagación contra Boluarte y facilitar el inicio de una investigación preparatoria en su contra.
Así lo explicó Joel Enrique Córdova, exabogado de la Procuraduría General del Estado, quien sostuvo para este medio que, para que la investigación fiscal avance a la siguiente fase, es necesario un antejuicio político a través de la denuncia constitucional.
«Con esta prueba pericial es más que suficiente para poder pasar a la siguiente etapa, que sería la investigación preparatoria, pero previamente se tiene que presentar la denuncia constitucional ante el Congreso, dado el privilegio del antejuicio del que goza la Presidencia. (…) Para que se inicie la investigación preparatoria, el Congreso debe autorizarla mediante una acusación constitucional que sería tramitada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales», explicó el letrado.
Según las fuentes consultadas, ante esta situación, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal Sánchez, acudió al Poder Judicial, específicamente al despacho del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, con el fin de solicitar la ejecución de tres nuevas diligencias. Con esta medida se busca que el Ministerio Público pueda tomar una decisión más informada, ya sea archivando definitivamente el caso o procediendo con la denuncia constitucional, en un intento por frenar o aplazar la evaluación en curso.
Como se recuerda, Dina Boluarte enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito en el marco del denominado caso Rolex. Las pesquisas comenzaron luego de que se revelara que la jefa de Estado poseía relojes y joyas de lujo no consignados en sus declaraciones juradas de patrimonio.
Informe pericial demuestra desbalance patrimonial de Dina Boluarte
La investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte ha revelado un desbalance financiero que supera los 50.000 soles, según un informe pericial. Dicho análisis, elaborado por los peritos Richard Daniel Sánchez Solórzano y Margalinda Salinas Moncada, concluyó que su patrimonio aumentó en 58.699,97 soles mediante depósitos bancarios cuyo origen no ha sido identificado.
Este hallazgo se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta la mandataria. La Fiscalía la investiga por un posible incremento irregular de su patrimonio, supuestamente aprovechando su posición en el Poder Ejecutivo.
Además del dinero detectado por los peritos, también se han identificado como parte del patrimonio no justificado diversas joyas y relojes de alta gama. Estos artículos de lujo habrían sido obsequiados por Wilfredo Oscorima, actual gobernador de Ayacucho, lo que añade un nuevo elemento a la indagación en su contra.
La presidenta Dina Boluarte Zegarra ha mostrado un aumento inexplicable en sus ingresos bancarios de origen desconocido, de hasta 58,699.97, desde que comenzó su labor en el Estado, el 29 de julio de 2021, cuando ocupó el cargo de vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, hasta marzo de 2024, ya en su rol como presidenta de la República, según la investigación preliminar que realiza el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Por lo cual, informaron fuentes de La República, partir del 16 de enero de 2025, que concluyó el plazo de la investigación preliminar, la fiscal de la Nación está evaluando la información, peritajes contables y financieros, los informes de la Contraloría y diversas pruebas recogidas desde el 17 de marzo de 2024 para decidir la presentación de una nueva denuncia constitucional contra la presidenta ante el Congreso. El objetivo es lograr que el Congreso autorice pasar a la etapa de investigación preparatoria para pasar a juicio público.
Con el objetivo de congelar o paralizar dicha evaluación, dicen las fuentes, el abogado de la presidenta Juan Carlos Portugal Sánchez recurrió al Poder Judicial, al despacho del juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, para pedirle que disponga la realización de tres nuevas diligencias de investigación que permitan al Ministerio Público, dijo, tomar una mejor decisión, sea a favor de archivar el caso de manera definitiva o para la presentación de la respectiva denuncia constitucional.
El informe financiero contable que la presidenta busca ocultar
El juez Checkley realizó el 31 de enero último una audiencia para escuchar los argumentos del abogado y darle una respuesta. En dicha audiencia se puso en evidencias los motivos detrás de esa solicitud: El 30 de octubre de 2024, los peritos oficiales designados por la fiscalía de la Nación, Richard Daniel Sánchez Solorzano y Margalinda Salinas Moncada emitieron un informe pericial contable financiero N° 12-2024 en el que determinan que la presidenta Boluarte presenta un incremento patrimonial de 58,699.97 soles en depósitos bancarios cuyo origen se desconoce.
Aparte están los aretes, pulseras y relojes Rolex que su «wayki» Wilfredo Oscorima le regaló o presto. Es decir, se establece que la presidenta Dina Boluarte presenta graves indicios de un enriquecimiento ilícito en su desempeño como funcionaria pública, que hacen necesario ampliar las investigaciones.
Justamente con el fin desacreditar ese peritaje el abogado Juan Carlos Portugal solicitó que se realice una audiencia para someter a los peritos oficiales a un interrogatorio y contrainterrogatorio para «esclarecer el contenido del Informe Pericial Contable Financiero N° 12-2024 de fecha 30 de octubre de 2024 como también el objeto de la pericia, la metodología empleada para el análisis pericial y explicar las conclusiones a las que arribaron».
La audiencia judicial permitió conocer detalles de la investigación fiscal
La defensa quiere explicaciones sobre las conclusiones del informe pericial oficial para saber a partir de qué elementos los peritos determinaron «la existencia de un incremento patrimonial no justificado de 58,699.97 soles y registraron abonos bancarios de cuyo origen se desconoce».
Portugal señala que Sánchez Solórzano y Salinas Moncada fueron designados mediante Providencia N° 29 como peritos oficiales contables a fin de determinar la existencia de incremento patrimonial no justificado y/o desbalance patrimonial de la presidenta durante el período entre el 29 de julio de 2021 hasta el 15 de marzo de 2024.
La Contraloría buscó limpiar a la presidenta
Contralor General de la República, César Aguilar designado por el Congreso con apoyo del gobierno de Boluarte
En contraparte, la defensa de la presidenta también plantea interrogar y contrainterrogar a los testigos técnicos Sandra Beatriz Calderón Lázaro y Martha Cecilia Córdova quienes elaboraron el Informe de Fiscalización Específica de la Contraloría de la República N° 017-2024-CG/FIS-FEDJ de fecha 04 de octubre de 2024.
A diferencia del informe oficial, la fiscalización específica realizada por la Contraloría concluye que las cuentas bancarias de la presidenta Boluarte están conforme con sus ingresos y que no hay indicio alguno de irregularidad. La Contraloría emitió este informe con posterioridad a la llegada del nuevo contralor de la República, el abogado César Aguilar Surichaqui.
Al asumir como nuevo contralor, Aguilar Surichaqui designó como vicecontralor de Gestión Estratégica, Integridad y Control a Luigino Pilotto Carreño, quien se había desempeñado como viceministro de Justicia y Derechos Humanos, en el Gobierno de Dina Boluarte.
El 15 de julio de 2024, el entonces contralor Nelson Shack informó a la opinión público y remitió a la fiscalía un informe en el que advertía un presunto desbalance patrimonial y, por tanto, un enriquecimiento ilícito de la presidenta al encontrarse más cuentas bancarias de las que ella había reportado a las autoridades de control.
«La Contraloría inició hace un par de meses la investigación sobre el caso de los Rolex y demás joyas. Ya se han hecho las investigaciones y se ha detectado una serie de omisiones. De hecho, a través de toda la capacidad operacional y analítica que ahora tiene la Contraloría, ha detectado que la señora Presidenta ha declarado menos cuentas de las que hemos nosotros detectado en el sistema financiero nacional y esto ha conllevado a que tenga un presunto desbalance patrimonial», afirmó Shack.
La necesidad de que el Congreso autorice pasar a juicio
Fiscal supremo adjunto Luis Ballón Saavedra señaló la necesidad de pasar a investigación preparatoria y juicio público
En base a los informes iniciales de la Contraloría y los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público contempló un presunto enriquecimiento ilícito en las cuentas bancarias de hasta 432,932.25 soles en depósitos cuyo origen no se conocía, a partir de los ingresos oficiales de la presidenta. Además, se le investigó por no haber declarado tres relojes Rolex y otras joyas cuyo costo supéraba los 50 mil dólares.
Con un nuevo contralor, la Contraloría concluye que no hay nada sospechoso en los ingresos y cuenta de Boluarte. Un dato al que el fiscal supremo adjunto Luis Arturo Ballón Saavedra hizo mención en la audiencia virtual que realizó el juez supremo Checkley Soria a fin de decidir si acoge el reclamo de Portugal o lo rechaza.
La fiscalía considera que la investigación preparatoria es una fase de recojo de información donde no se puede realizar la actividad probatoria que reclama el abogado defensor. El interrogatorio y contrainterrogatorio de los peritos y testigos corresponde a la etapa de juicio público.
El juez supremo Juan Carlos Checkley dará una respuesta en los próximos días, a favor o en contra del pedido de la defensa de Boluarte. Antes de dar por concluida la audiencia, pidió a la defensa precisar en qué momento presentó su solicitud y la fecha en que recibió la respuesta. La fiscalía precisó que respondió antes de que concluya el plazo de la investigación.
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