La flamante presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, se pronunció sobre las críticas de la presidenta Dina Boluarte al sistema de justicia, el cual consideró que está parcializado. En ese sentido, le recordó a la mandataria que todos los funcionarios están bajo supervisión ciudadana.
“Debe estar mal asesorada porque en un momento donde requerimos que todos los poderes el Estado estemos unidos para hacer frente a problemas mayores, ella, de repente, se está ensimismando en asuntos que todos tenemos que responder cuando hay alguna investigación. Los funcionarios estamos siempre bajo la atenta mirada del ojo ciudadano”, dijo en RPP.
Tello aseguró que si ella fuese asesora de Boluarte, le recomendaría sentarse a trabajar «sobre los aspectos que interesa a la ciudadanía» para luchar contra la inseguridad ciudadana.
“Si fuese yo la asesora, le diría: ‘Señora presidenta, por favor, una vez más sentémonos a trabajar sobre los aspectos que interesa a la ciudadanía, de tal forma que podamos hacer un frente común a la inseguridad ciudadana”, señaló.
Solicita reforzar el sistema de justicia
La presidenta del Poder Judicial también se refirió a la alarmante cifra de 180 homicidios registrados en el mes de enero por el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) y pidió repotenciar el sistema penal «no con normas que lo debilitan».
“La delincuencia es algo muy crítico y es el momento que repotenciamos el sistema penal —no con normas que lo debilitan—, que reforcemos el sistema de unidades de flagrancia, que repensemos en todas las normas que se han dado y que no están en la línea de reforzar y repotenciar el sistema de administración de justicia, especialmente en el ámbito penal, que es el que, finalmente, va a servir a coadyuvar a la lucha contra esta lacra social y la lucha contra la impunidad”, manifestó.
La letrada consideró que la detención preliminar en caso de no flagrancia -que fue observada por el Ejecutivo- debe ser restituida. Además, se manifestó en contra de implementar ‘jueces sin rostro’ para luchar contra la delincuencia y advirtió que sería una medida inconstitucional.
«Ya la experiencia la tuvimos con los juzgamientos para casos de delitos de terrorismo. Fracasó. Se consideró que la garantía de la administración de justicia es que el ciudadano, el procesado, necesita saber quién es el juez que está juzgando”, enfatizó.
La presidenta Dina Boluarte reafirmó su compromiso con una gestión transparente y eficiente, destacando que su Gobierno impulsa la inversión pública sin corrupción.
Durante la presentación de los logros en la pesca industrial de anchoveta y el cierre de la segunda temporada 2024 en el Instituto del Mar Peruano (Imarpe) del Callao, la mandataria subrayó el avance en la ejecución de proyectos y el fortalecimiento de la economía nacional.
Boluarte resaltó que, en enero de 2025, la inversión pública alcanzó un récord de 3,157 millones de soles, reflejando un incremento del 47% respecto al mismo mes del año anterior.
Además, precisó que los gobiernos locales fueron clave en este crecimiento, con una ejecución municipal que llegó a los 850 millones de soles, superando ampliamente los niveles de años previos.
“Estas son las noticias que realmente importan, las que los peruanos quieren escuchar y tienen derecho a exigirnos, y no aquellos que pretenden desestabilizar a nuestro amado país”, declaró la jefa de Estado, en alusión a las críticas a su administración.
Dina Boluarte a sus detractores
Asimismo, destacó la implementación de reuniones virtuales especializadas con municipios, estrategia que permitió optimizar la ejecución de inversiones y destrabar proyectos paralizados.
En este contexto, exhortó a la Contraloría y al Poder Judicial a acelerar la reactivación de aproximadamente 2,000 obras detenidas por razones administrativas o judiciales.
Boluarte insistió en que su gestión se diferencia por la transparencia en el uso de los recursos públicos. “Estamos impulsando más inversión que en gobiernos anteriores, pero lo que es importante también decirlo es siempre con las manos limpias. Estos resultados no son fruto del azar ni de la buena suerte. Acá es solo efecto del trabajo y la dedicación de los alcaldes, alcaldesas, gobiernos regionales y nosotros”, enfatizó.
Finalmente, dejó claro que en su administración no hay espacio para la corrupción. “No me voy a cansar de decirlo en cada espacio que nos encontremos. En nuestro Gobierno puedo decir: un Gobierno con las manos limpias y la conciencia tranquila. No hay espacio para obras contaminadas por organizaciones criminales como Odebrecht, el ‘Club de la Construcción’ y la empresa OAS”, afirmó.
Tras finalizar la investigación inicial contra la presidenta Dina Boluarte por enriquecimiento ilícito, y con la incorporación de un nuevo informe pericial que evidenciaría un desbalance patrimonial adicional de más de 50.000 soles, fuentes de La República han indicado que Delia Espinoza está evaluando la posibilidad de presentar una denuncia constitucional contra la mandataria ante el Congreso. Esta denuncia sería crucial para avanzar en la indagación contra Boluarte y facilitar el inicio de una investigación preparatoria en su contra.
Así lo explicó Joel Enrique Córdova, exabogado de la Procuraduría General del Estado, quien sostuvo para este medio que, para que la investigación fiscal avance a la siguiente fase, es necesario un antejuicio político a través de la denuncia constitucional.
«Con esta prueba pericial es más que suficiente para poder pasar a la siguiente etapa, que sería la investigación preparatoria, pero previamente se tiene que presentar la denuncia constitucional ante el Congreso, dado el privilegio del antejuicio del que goza la Presidencia. (…) Para que se inicie la investigación preparatoria, el Congreso debe autorizarla mediante una acusación constitucional que sería tramitada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales», explicó el letrado.
Según las fuentes consultadas, ante esta situación, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal Sánchez, acudió al Poder Judicial, específicamente al despacho del juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, con el fin de solicitar la ejecución de tres nuevas diligencias. Con esta medida se busca que el Ministerio Público pueda tomar una decisión más informada, ya sea archivando definitivamente el caso o procediendo con la denuncia constitucional, en un intento por frenar o aplazar la evaluación en curso.
Como se recuerda, Dina Boluarte enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito en el marco del denominado caso Rolex. Las pesquisas comenzaron luego de que se revelara que la jefa de Estado poseía relojes y joyas de lujo no consignados en sus declaraciones juradas de patrimonio.
Informe pericial demuestra desbalance patrimonial de Dina Boluarte
La investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte ha revelado un desbalance financiero que supera los 50.000 soles, según un informe pericial. Dicho análisis, elaborado por los peritos Richard Daniel Sánchez Solórzano y Margalinda Salinas Moncada, concluyó que su patrimonio aumentó en 58.699,97 soles mediante depósitos bancarios cuyo origen no ha sido identificado.
Este hallazgo se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta la mandataria. La Fiscalía la investiga por un posible incremento irregular de su patrimonio, supuestamente aprovechando su posición en el Poder Ejecutivo.
Además del dinero detectado por los peritos, también se han identificado como parte del patrimonio no justificado diversas joyas y relojes de alta gama. Estos artículos de lujo habrían sido obsequiados por Wilfredo Oscorima, actual gobernador de Ayacucho, lo que añade un nuevo elemento a la indagación en su contra.
La presidenta Dina Boluarte Zegarra ha mostrado un aumento inexplicable en sus ingresos bancarios de origen desconocido, de hasta 58,699.97, desde que comenzó su labor en el Estado, el 29 de julio de 2021, cuando ocupó el cargo de vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, hasta marzo de 2024, ya en su rol como presidenta de la República, según la investigación preliminar que realiza el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
Por lo cual, informaron fuentes de La República, partir del 16 de enero de 2025, que concluyó el plazo de la investigación preliminar, la fiscal de la Nación está evaluando la información, peritajes contables y financieros, los informes de la Contraloría y diversas pruebas recogidas desde el 17 de marzo de 2024 para decidir la presentación de una nueva denuncia constitucional contra la presidenta ante el Congreso. El objetivo es lograr que el Congreso autorice pasar a la etapa de investigación preparatoria para pasar a juicio público.
Con el objetivo de congelar o paralizar dicha evaluación, dicen las fuentes, el abogado de la presidenta Juan Carlos Portugal Sánchez recurrió al Poder Judicial, al despacho del juez supremo de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley, para pedirle que disponga la realización de tres nuevas diligencias de investigación que permitan al Ministerio Público, dijo, tomar una mejor decisión, sea a favor de archivar el caso de manera definitiva o para la presentación de la respectiva denuncia constitucional.
El informe financiero contable que la presidenta busca ocultar
El juez Checkley realizó el 31 de enero último una audiencia para escuchar los argumentos del abogado y darle una respuesta. En dicha audiencia se puso en evidencias los motivos detrás de esa solicitud: El 30 de octubre de 2024, los peritos oficiales designados por la fiscalía de la Nación, Richard Daniel Sánchez Solorzano y Margalinda Salinas Moncada emitieron un informe pericial contable financiero N° 12-2024 en el que determinan que la presidenta Boluarte presenta un incremento patrimonial de 58,699.97 soles en depósitos bancarios cuyo origen se desconoce.
Aparte están los aretes, pulseras y relojes Rolex que su «wayki» Wilfredo Oscorima le regaló o presto. Es decir, se establece que la presidenta Dina Boluarte presenta graves indicios de un enriquecimiento ilícito en su desempeño como funcionaria pública, que hacen necesario ampliar las investigaciones.
Justamente con el fin desacreditar ese peritaje el abogado Juan Carlos Portugal solicitó que se realice una audiencia para someter a los peritos oficiales a un interrogatorio y contrainterrogatorio para «esclarecer el contenido del Informe Pericial Contable Financiero N° 12-2024 de fecha 30 de octubre de 2024 como también el objeto de la pericia, la metodología empleada para el análisis pericial y explicar las conclusiones a las que arribaron».
La audiencia judicial permitió conocer detalles de la investigación fiscal
La defensa quiere explicaciones sobre las conclusiones del informe pericial oficial para saber a partir de qué elementos los peritos determinaron «la existencia de un incremento patrimonial no justificado de 58,699.97 soles y registraron abonos bancarios de cuyo origen se desconoce».
Portugal señala que Sánchez Solórzano y Salinas Moncada fueron designados mediante Providencia N° 29 como peritos oficiales contables a fin de determinar la existencia de incremento patrimonial no justificado y/o desbalance patrimonial de la presidenta durante el período entre el 29 de julio de 2021 hasta el 15 de marzo de 2024.
La Contraloría buscó limpiar a la presidenta
Contralor General de la República, César Aguilar designado por el Congreso con apoyo del gobierno de Boluarte
En contraparte, la defensa de la presidenta también plantea interrogar y contrainterrogar a los testigos técnicos Sandra Beatriz Calderón Lázaro y Martha Cecilia Córdova quienes elaboraron el Informe de Fiscalización Específica de la Contraloría de la República N° 017-2024-CG/FIS-FEDJ de fecha 04 de octubre de 2024.
A diferencia del informe oficial, la fiscalización específica realizada por la Contraloría concluye que las cuentas bancarias de la presidenta Boluarte están conforme con sus ingresos y que no hay indicio alguno de irregularidad. La Contraloría emitió este informe con posterioridad a la llegada del nuevo contralor de la República, el abogado César Aguilar Surichaqui.
Al asumir como nuevo contralor, Aguilar Surichaqui designó como vicecontralor de Gestión Estratégica, Integridad y Control a Luigino Pilotto Carreño, quien se había desempeñado como viceministro de Justicia y Derechos Humanos, en el Gobierno de Dina Boluarte.
El 15 de julio de 2024, el entonces contralor Nelson Shack informó a la opinión público y remitió a la fiscalía un informe en el que advertía un presunto desbalance patrimonial y, por tanto, un enriquecimiento ilícito de la presidenta al encontrarse más cuentas bancarias de las que ella había reportado a las autoridades de control.
«La Contraloría inició hace un par de meses la investigación sobre el caso de los Rolex y demás joyas. Ya se han hecho las investigaciones y se ha detectado una serie de omisiones. De hecho, a través de toda la capacidad operacional y analítica que ahora tiene la Contraloría, ha detectado que la señora Presidenta ha declarado menos cuentas de las que hemos nosotros detectado en el sistema financiero nacional y esto ha conllevado a que tenga un presunto desbalance patrimonial», afirmó Shack.
La necesidad de que el Congreso autorice pasar a juicio
Fiscal supremo adjunto Luis Ballón Saavedra señaló la necesidad de pasar a investigación preparatoria y juicio público
En base a los informes iniciales de la Contraloría y los reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio Público contempló un presunto enriquecimiento ilícito en las cuentas bancarias de hasta 432,932.25 soles en depósitos cuyo origen no se conocía, a partir de los ingresos oficiales de la presidenta. Además, se le investigó por no haber declarado tres relojes Rolex y otras joyas cuyo costo supéraba los 50 mil dólares.
Con un nuevo contralor, la Contraloría concluye que no hay nada sospechoso en los ingresos y cuenta de Boluarte. Un dato al que el fiscal supremo adjunto Luis Arturo Ballón Saavedra hizo mención en la audiencia virtual que realizó el juez supremo Checkley Soria a fin de decidir si acoge el reclamo de Portugal o lo rechaza.
La fiscalía considera que la investigación preparatoria es una fase de recojo de información donde no se puede realizar la actividad probatoria que reclama el abogado defensor. El interrogatorio y contrainterrogatorio de los peritos y testigos corresponde a la etapa de juicio público.
El juez supremo Juan Carlos Checkley dará una respuesta en los próximos días, a favor o en contra del pedido de la defensa de Boluarte. Antes de dar por concluida la audiencia, pidió a la defensa precisar en qué momento presentó su solicitud y la fecha en que recibió la respuesta. La fiscalía precisó que respondió antes de que concluya el plazo de la investigación.
El Gobierno de Dina Boluarte, a través del primer ministro, Gustavo Adrianzén, envió un oficio al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en el que solicitó con urgencia debatir el proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Infraestructura. Este ministerio tendría la función de planificar, coordinar, formular, ejecutar y supervisar la gestión de la infraestructura de las instituciones del Estado. El documento fue enviado al Parlamento el pasado 15 de enero.
«Solicito tenga a bien considerar la priorización del debate con carácter de urgente del citado proyecto, tal como lo establece el artículo 105° de la Constitución Política del Perú, para garantizar su oportuna discusión y aprobación en beneficio del país», expresó Gustavo Adrianzén en el oficio.
La iniciativa del Ejecutivo se encuentra estancado en la Comisión de Constitución y Reglamento desde el 9 de agosto de 2024, aun a la espera de ser sometida a debate y a la votación de un dictamen para que pueda pasar a la agenda del Pleno del Congreso. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones de Adrianzén, el Ministerio de Infraestructura iba a comenzar a operar antes del 28 de julio de este año.
“Ahora hay comisiones trabajando en la fusión del par de ministerios que anunció la presidenta Dina Boluarte. También tenemos en ciernes la aprobación del nuevo ministerio de Infraestructura (…) Puedo asegurar que antes del 28 de julio nosotros habremos terminado con el compromiso presidencial. Nos encontramos avocados a esta tarea”, dijo el primer ministro en una conferencia de prensa el último 15 de enero.
«Tuve la oportunidad de hablar con el presidente del Congreso con relación a la creación del ministerio de Infraestructura. El propio presidente del Tribunal Constitucional se interesó en el tema. Me dijo que el proyecto se encontraba en la Comisión de Constitución y nosotros nos hemos ofrecido a acudir a la comisión a explicar nuestra propuesta», agregó.
Documento enviados por Gustavo Adrianzén.
Dina Boluarte: Gobierno pide al Congreso acelerar debate para creación de Sistema de Flagrancia Delictiva
Cinco días después de haber enviado el primer oficio para acelerar el debate del proyecto de ley que propone la creación del Ministerio de Infraestructura, el Gobierno de Dina Boluarte también solicitó apresurar la iniciativa legislativa N.° 7873/2023-PE, que impulsa la creación del Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva.
La propuesta permitiría la integración entre instituciones del Estado para la implementación de Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional, así como asegurar el funcionamiento efectivo de las unidades existentes y «promover la celeridad» en casos judiciales.
«Solicito tenga a bien considerar la priorización del debate con carácter de urgente del citado proyecto, tal como lo establece el artículo 105° de la Constitución Política del Perú, para garantizar su oportuna discusión y aprobación en beneficio del país», expresó Gustavo Adrianzén.
Eduardo Salhuana responde a los oficios enviados por el Ejecutivo
A través de sus redes sociales, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, informó que remitió ambos oficios de la PCM a las comisiones correspondientes y pidió a sus titulares priorizar de estos proyectos del Ejecutivo.
«Atendiendo los oficios de la Presidencia del Consejo de Ministros, hemos remitido los Proyectos de Ley 7873 y 8508 a los presidentes de las comisiones de Constitución (Ministerio de Infraestructura) y de Justicia (Flagrancia), para su priorización de acuerdo a lo establecido en el art. 105 de la Constitución Política. Invito a los presidentes de las comisiones pertinentes a iniciar con el trámite respectivo», se lee en la publicación de Salhuana a través de X.
Las escoltas de la presidenta Dina Boluarte entraron en contradicciones en sus testimonios que brindaron ante el Ministerio Público por el caso ‘Cofre’. En esta carpeta fiscal se investiga a la mandataria por el presunto encubrimiento para la fuga de Vladimir Cerrón en aquel viaje que realizó el pasado 24 de febrero del año pasado rumbo a un condominio en Asia.
El programa ‘Punto Final’ reveló que la suboficial Ruth Ligarda, quien recogió a la mandataria el 25 de febrero de Asia para trasladarla a Lima, aseguró ante la Fiscalía que fueron dos los autos ‘cofres’ que ingresaron al domicilio que, según el dominical, pertenece a la familia de Juan Olazábal, expresidente del Club Departamental Apurímac. Además, ella señaló que el otro escolta presidencial, John Janampa, le dijo que en ese lugar debía recoger a la presidenta.
Milagros Vargas, también escolta que acompañó a Dina Boluarte en ese viaje, señaló en su manifestación que fueron dos personas quienes esperaban a la mandataria en la entrada al condominio en Asia, sin precisar sus identidades. Luego afirmó que ella regresó esa misma noche del 24 de febrero a Lima por disposición de sus superiores y en ese lugar se quedaron Jhon Janampa y Félix Montalvo.
El dominical recordó la versión que dio el suboficial Jhon Janampa, la otra escolta presidencial, quien sostuvo en su testimonio que él fue relevado por Ruth Ligarda el 25 de febrero en la mañana, pero no en el mismo condominio sino en el kilómetro 108 de la Panamericana Sur. Asimismo, señaló que su compañera llegó hasta Asia en otro vehículo.
Por su parte, Félix Montalvo, chofer del ‘cofre’ donde viajó Dina Boluarte con una acompañante, también sostuvo que fue relevado al día siguiente en el kilómetro 108 de la Panamericana Sur.
Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, manifestó en el reportaje periodístico que lo importante en el caso es que todos los involucrados han descartado que Vladimir Cerrón haya estado en el vehículo que trasladó a la mandataria rumbo a Asia.
Palacio sabía de los operativos
Por su parte, ‘Punto Final’ también tuvo acceso al testimonio del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Roger Arista, quien reveló en su testimonio ante la Fiscalía que funcionarios de Palacio de Gobierno y la presidenta estaban al tanto de las operaciones de búsqueda del prófugo Vladimir Cerrón.
ENFOQUE REAL 