Fiscalía define el domingo si pide prisión preventiva para 31 detenidos en Caravelí

La Fiscalía de Arequipa definirá este domingo si solicitará prisión preventiva o solo medidas restrictivas contra los 31 detenidos en el conflicto minero ocurrido el 2 de junio en Atico, provincia de Caravelí que dejó 14 muertos. En dicha fecha vence el plazo de detención preliminar contra los detenidos.

La fiscal especializada en Crimen Organizado, María Alejandra Cabana, indicó que incautaron celulares, armas de largo alcance y municiones en la zona denominada Huanaquita y cerca al ingreso del campamento minero de Intigold Mining, que servirán para determinar la situación jurídica de los intervenidos.

De los 31 detenidos, se conoció que no solo se trataría de mineros de las asociaciones Calpa Renace y Atico Calpa, sino de personal de seguridad contratado.

Con los elementos mencionados, Cabana indicó que este caso es pasible de ser investigado como una organización criminal, por “Organizar, coordinar y delegar a alguien que contrate gente para que vaya y desaloje, haciendo uso de armas de fuego”.

La fiscal indicó además que el Ministerio Público tiene la primera hipótesis de que se trataría de un ataque y no de un enfrentamiento entre ambas asociaciones de mineros artesanales. Las investigaciones son por los presuntos delitos de homicidio calificado y tenencia ilegal de armas.

Fallecidos y detenidos

En conferencia de prensa, la Fiscalía informó que de los 14 muertos en el conflicto, siete fueron plenamente identificados y el resto están aún como no identificados. La necropsia arrojó que todos fallecieron por impacto de bala.

Además, se registró las denuncias de desaparición de Abel Ángel Solórzano Rosales (25), Luis Gabriel Gabino Collado (28) y Anderson Andrés Espinoza Villanueva (19), según la información remitida por las comisarías de la provincia de Caravelí y Atico. 

Selección Peruana: Fiscalía citó a jugadores que apoyaron la campaña de Keiko Fujimori

La Selección Peruana y parte de la afición tuvo un distanciamiento en la temporada de la elección presidencial durante el 2021, luego que algunos jugadores manifestarán su posición política y se inclinaran hacia la campaña de Keiko Fujimori.

Sin embargo, el reproche de algunos hinchas no fue lo único que los muchachos enfrentaron, pues de acuerdo con Juan Carlos Oblitas, la Fiscalía los citó para que declaren al respecto.

«La misma mañana del partido de Eliminatorias contra Colombia, la Fiscalía les envió citaciones a los jugadores que publicaron videos en sus redes sociales apoyando a una opción política», reveló el ‘Ciego’ a la revista Somos.

Es decir, esta convocatoria a jugadores como Luis Advíncula, Pedro Gallese, Raúl Ruidiaz, Miguel Trauco, Sergio Peña, André Carrillo y Edison Flores, el 3 de junio del 2021, cuando se jugó en Lima por las Eliminatorias.

Asimismo, Juan Carlos Oblitas aseguró cuál fue el motivo del llamado por la Fiscalía y lo que generó en la Selección Peruana: «Querían que fueran a explicar si les habían pagado o no. Eso si perturbó a los afectados y al grupo».

El director deportivo de la ‘Blanquirroja’, señaló que los mismos jugadores explicaron que no hubo ningún incentivo económico para apoyar la campaña ‘Ponte la camiseta’, a favor de Keiko Fujimori.

Arequipa: Fiscalía confirma 14 muertos tras enfrentamientos en zona de mineras artesanales en Caravelí

La Fiscalía de Arequipa confirmó la muerte de 14 personas en los enfrentamientos registrados el último fin de semana en una disputa entre dos grupos de mineros artesanales en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, e informó que se investigan las denuncias de familiares sobre desaparecidos en la zona de las hostilidades.

María del Rosario Lozada Sotomayor, fiscal coordinadora de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas y Mixtas de Arequipa, dijo a RPP Noticias que no se descarta el hallazgo de más cadávares, y que se ha confirmado la muerte por heridas de bala de los primeros cuerpos encontrados.

El último sábado, la fiscalía arequipeña reportó la muerte de siete personas tras un violento choque registrados el 2 y 3 de junio entre los mineros artesanales de dos empresas, identificadas por medios locales de Arequipa como Atico Calpa y Calpa Renace. El enfrentamiento se produjo por la disputa de terrenos en un sector conocido como Huanaquita.

La fiscal Lozada informó que se han detenido a 31 personas a las que se encontró con armas y municiones y se realiza pericias de balística para determinar su participación. Además, indicó que cuentan con videos y audio con registros de los incidedentes, los que se están escuchando y visualizando para realizar las transcripciones que permitan identificar a los responsables de las muertes.

El ùltimo martes, familiares y amigos de los mineros que están desaparecidos desde los enfrentamientos, tomaron la carretera Panamericana Sur en el ingreso a Atico, para denunciar que hallaron más cuerpos y pedir la intervención de las Fuerzas Armadas con el fin de poner orden. La vía estuvo bloqueada por más de seis horas la noche del último martes, lo cual provocó que buses, camiones y autos particulares queden varados en ambos sentidos de la carretera.

Este miércoles 8 de junio, el Ministerio Público informó que el fiscal provincial Wilfredo Rigabi Sánchez Vera y el fiscal adjunto Edson Severo Condori Huamani junto a personal de Medicina Legal y agentes de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña de la Policía Nacional se dirigieron al lugar porque se confirmó otros siete muertos que estarían entre los cerros de la zona, con lo que la cifra total de fallecidos asciende a 14 hasta el momento.

Siete fallecidos en Atico identificados

La fiscalìa identificó a los primeros siete fallecidos encontrados en la zona de los enfrentamientos: Carlos Mendoza Angulo, Milton Zelada Araujo, Alex Castañeda Rivera, Jordi Solorzano Rivas, Alain García Cabanillas, Leonardo Lino Lara y Gilmer Romero Tocón. Todas las víctimas presentan heridas de bala.

La Policìa y representantes de la fiscalía permanecen en Atico realizando diligencias de búsqueda de otros posibles fallecidos y tiene hasta el 12 de junio, fecha límite de la detenciòn preliminar de los 31 implicados en el caso, para decidir acciones ante el Poder Judicial si se determinan responsabilidades en los hechos.

Pedro Castillo acudirá al Tribunal Constitucional si no se anula investigación preliminar de la Fiscalía

El abogado del presidente de la República, Benji Espinoza, señaló hoy a la prensa que la defensa legal del jefe de Estado evalúa acudir al Tribunal Constitucional (TC), vía una demanda constitucional de amparo, si el Poder Judicial (PJ) no acepta anular la investigación preliminar dispuesta en su contra por la Fiscalía de la Nación.

“Hemos planteado la acción de tutela de derechos que reconoce el artículo 71.4 del Código Procesal Penal para proteger el derecho del Presidente de la República a no ser desviado del procedimiento establecido por la legalidad constitucional en el artículo 117, que establece la prohibición de que el Presidente pueda siquiera ser investigado”, refirió.

En ese sentido, señaló que, “de no encontrar justicia” en ese fuero, acudirán al Tribunal Constitucional como última instancia definitiva.

“El juzgado convocará a una audiencia pública de tutela de derechos donde debatiremos. Si el juzgado nos diera la razón acudiremos en apelación a la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema. Y si no encontrásemos justicia en el proceso penal ordinario, […] acudiremos en una demanda constitucional de amparo que, en tercera y definitiva instancia, pueda resolverla el Tribunal Constitucional“, explicó.

En el Poder Judicial

Como se sabe, el día de ayer, la defensa del Presidente interpuso una tutela de derechos contra la decisión que adoptó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien determinó su incorporación en una investigación preliminar por presuntamente encabezar una organización criminal dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Esta tutela de derechos del presidente Pedro Castillo se presentó ante el despacho del juez Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, quien próximamente convocará a una audiencia para evaluar la posición de las partes involucradas para tener una decisión final.

El recurso legal fue presentado luego que el Fiscal de la Nación decidiera rechazar el recurso que presentaron los abogados del jefe de Estado para anular su decisión de incluirlo en la citada investigación preliminar.

Fiscalía entrega pruebas de que Keiko Fujimori en persona recibió dinero en efectivo

La defensa de Keiko Fujimori reclamó al fiscal José Domingo Pérez la precisión de las imputaciones, la visualización de las pruebas y la aclaración de contradicciones en la denuncia por lavado de activos y otros delitos contra la jefa de Fuerza Popular. En respuesta, la fiscalía del caso presentó por primera vez la información que acredita las entregas de dinero que hicieron los empresarios y representantes de Juan Rassmuss Echecopar y Dionisio Romero Paoletti, los principales financistas clandestinos de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

La subsanación de las observaciones de la defensa a las imputaciones fiscales contra Keiko Fujimori y otros 41 acusados comprende 2.384 folios presentados en 12 tomos. En esos documentos a los que tuvo acceso La República, se encuentra la información detallada de los millonarios fondos que recibió la tres veces excandidata presidencial, los que nunca declaró ante las autoridades y que hasta el día de hoy no explica en qué los gastó.

Los datos son extremadamente minuciosos, porque incluyen el día, la hora, el minuto, el mes, el año, el monto, el número de registro de salida del dinero y hasta la identidad de quienes se presentaron en nombre de Keiko Fujimori para llevarse el efectivo.

En todos los casos, como lo demuestra documentalmente la Fiscalía, el suministro del dinero fue en efectivo, en maletas o en sobres manila o plástico. La modalidad de trasiego de fondos en efectivo es un patrón de todas las operaciones de transferencia en beneficio de Keiko Fujimori, para evitar el registro en el sistema bancario.

Sin embargo, las empresas de Juan Rassmuss Echecopar, Sudamericana de Fibras, y Dionisio Romero Paoletti, Credicorp, consignaron en sus respectivas contabilidades la salida del dinero en efectivo.

En el caso de Rassmuss, en el cuaderno de visitas de su empresa, se acredita quiénes fueron a Sudamericana de Fibras. Están identificadas las personas que en nombre de Keiko Fujimori retiraron las platas. Por si fuera poco, también se menciona al personal de la empresa que les dio los fondos.

De los US$ 7,6 millones que en total la compañía de Rassmuss proporcionó Keiko Fujimori, solamente Augusto Bedoya Cámere, quien siempre alegó inocencia y no tener ninguna relación con los fondos, se presentó en la empresa de Rassmuss en 11 ocasiones para retirar US$ 2 millones 010 mil.

Pier Figari Mendoza, brazo derecho de Keiko Fujimori, y quien aseguraba que era “perseguido político”, acudió 14 veces a las oficinas de Sudamericana de Fibras, en el Callao, para llevarse en maletas y sobres manila US$ 745.000.

Víctor Shiguiyama Kobashigawa, el amigo íntimo de Keiko Fujimori, a quien impuso como jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, es otro de los personajes que habitualmente aterrizaban a la empresa de Rassmuss para recoger la plata cuyo destino final, hasta el día de hoy, no revela Keiko Fujimori.

El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanela, quien según la jefa de Fuerza Popular estaba alejado de las finanzas del partido, también fue a Sudamericana de Fibras. Obtuvo US$ 160.000. Como su cónyuge, Villanella tampoco ha mencionado qué hizo con el dinero, en qué lo gastó, o si se lo entregó a Keiko Fujimori.

La documentación proporcionada por la Fiscalía no deja ninguna duda de cómo Keiko Fujimori recibió los fondos al margen del sistema bancario. Es la hora de decir la verdad.

grupo larepublica
grupo larepublica
grupo larepublica
grupo larepublica
Infografía-La República.
Infografía-La República.

Pedro Castillo: Fiscalía abre investigación contra presidente por presunto plagio en su tesis

La Fiscalía de Cajamarca inició una investigación de oficio contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por el presunto plagio para obtener el grado académico de magíster en la Universidad Privada César Vallejo (UCV). Las pesquisas también incluyen a la primera dama, Lilia Paredes.

Desde el Ministerio Público se confirmó a El Comercio que la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba, del distrito fiscal de Cajamarca, dispuso el inicio de las investigaciones tras la denuncia del programa Panorama.

Según la denuncia periodística, tras someter la tesis de Castillo y Paredes al software Turnitin, este determinó que el 54% de la tesis presentaba reproducciones de otros autores.

La fiscalía, a través de sus redes sociales precisó que los delitos por los cuáles serán investigados Castillo y Paredes son plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado. Además, que el caso está a cargo del fiscal provincial Juan Ramón Tantalean Olano.

Tal como lo había adelantado este Diario, el Ministerio Público determinó que la Fiscalía de la Nación no podía revisar el caso pues el hecho se había cometido cuando aún no había sido elegido como jefe de Estado.

Por ello, se decidió que la fiscalía competente para iniciar las investigaciones debía ser aquella ubicada en el distrito fiscal donde se habrían cometido los presuntos actos ilícitos: Cajamarca.