Menos de 48 horas después de la detención del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano Saavedra, el vicepresidente de la institución, Arturo Ríos Ibáñez, anunció que tomaría su lugar hasta el esclarecimiento de la situación legal del dirigente deportivo. Ríos lo dijo como si se tratara de un caso ajeno e incidental, cuando en realidad aparece señalado como uno de los 21 componentes de la organización criminal ‘Los Galácticos del Fútbol’ que encabezaba Lozano.

 Arturo Ríos Ibáñez, al asumir la conducción de la FPF, declaró: “Voy a pedir a todos los que están investigados, o que sepan que pueden ser investigados, que se presenten a la Fiscalía. Es el momento”. Pero el propio Ibáñez está comprendido en el caso que investiga el fiscal especializado en crimen organizado Juan Orihuela, y lo señala como partícipe en varios de los 14 presuntos actos de corrupción, especialmente en el más grave: la adjudicación a la empresa chilena 1190 Sports para que negocie los derechos de transmisión por televisión de los partidos locales.

 El fiscal Orihuela indica en la acusación que Ibáñez sabía que el directivo de la FPF Joel Raffo Olcese es primo del representante de la firma Prisma, Diego Delgado Raffo. Agustín Lozano, Arturo Ibáñez y la directiva aprobaron la contratación de Prisma para que propusiera a una compañía para cederle los derechos de transmisión. Prisma ofreció a 1190 Sports, empresa a la que finalmente Lozano, Ríos y la directiva otorgaron el millonario contrato.

 “No soy delincuente”

“El hecho de que me involucren no supone que soy culpable. Yo no soy ningún delincuente. Mi abogado está ofreciendo los criterios correspondientes y cumpliré con todas las disposiciones del Ministerio Público y el Poder Judicial”, declaró Arturo Ibáñez a La República. De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, Ibáñez no es un personaje episódico, aislado, anecdótico en el mecanismo armado por Agustín Lozano para perpetrar los crímenes que le atribuyen las autoridades. Actuó como pieza clave.

Estos son los hechos en los que intervino Arturo Ibáñez, conforme al fiscal Orihuela:

a) La cesión de los derechos de transmisión de los encuentros futbolísticos de la Liga 1 a la firma 1190 Sports.

 b) La modificación del reglamento para sancionar a los clubes futbolísticos opositores al acuerdo con 1190 Sports.

 c) Los aportes de dinero a las Ligas 1, Liga 2 y Ligas Departamentales que apoyaban la actuación de la directiva liderada por Agustín Lozano.

 d) El viaje a Qatar pagado con fondos de la FPF en beneficio de personas que no tenían vínculos con las actividades deportivas.

 Lo más grave de todo es que la presunta organización criminal, a la que pertenecería Arturo Ríos, se mantiene en actividad.

La participación personal de Ríos para favorecer a 1190 Sports quedó acreditada cuando junto con Agustín Lozano suscribieron un acta en la que solamente ambos personajes dan luz verde a la contratación de la empresa vinculada a otro de los directivos, Joel Raffo Olcese.

Así lo dejó escrito el fiscal Juan Orihuela:

 “Respecto al elemento personal, se tiene que Arturo Ríos Ibáñez formaría parte de la asociación ilícita (…), cuya capacidad de estructuración se manifestaría en su idoneidad para la realización del proyecto criminal, al cual se adhirió en condición de directivo de la Junta Directiva de la FPF durante el periodo 2022 al 2025. Esta premisa es corroborada con el acta de fecha 21 de setiembre del 2022, en la que intervino a razón de su cargo para acordar que de manera inmediata se cierre el proceso de licitación pública, se ratifique lo actuado por la comisión (de cesión de derechos, integrada por Joel Raffo, entre otros) y se continúe con las negociaciones directas con la empresa 1190 Sports. Siendo necesario precisar que la referida acta fue suscrita únicamente por el investigado Arturo Ignacio Ríos Ibáñez y el presunto líder de la organización criminal”.

“Solo es una función temporal”

La Fiscalía ha establecido que Agustín Lozano invitó al presidente del club Sporting Cristal, Joel Raffo Olcese, para que se integrara a la directiva de la FPF y a la comisión que escogería a la empresa a la que se le concederían los derechos de transmisión televisiva de los partidos. Los testimonios recogidos hasta el momento por las autoridades indican que Lozano recluta a Raffo porque este le había propuesto el negocio de adjudicar los derechos de transmisión por intermedio de la empresa Prisma, de su primo Diego Delgado Raffo. Como se ha indicado, Prisma es la que propone a 1190 Sports, que es la que finalmente se quedó con la cesión de los derechos.

Ríos lo niega todo.

“Estoy aclarando todo ante el Ministerio Público. Estoy entregando la documentación pertinente mediante mis abogados. Mientras tanto, estoy asumiendo funciones para no trastocar y tener problemas con estas fechas FIFA (los partidos para la clasificación al Mundial). Orgánicamente, yo no soy el presidente de la FFP. Asumo una función temporal”, explicó Arturo Ríos a La República.

Hasta antes de la decisión de la FPF de contratar en exclusiva a 1190 Sports, cada club de fútbol negociaba por su cuenta la cesión de los derechos de transmisión televisiva de los encuentros deportivos. Lozano y su entorno fueron los que impusieron el nuevo acuerdo con 1190 Sports, incluso cuando algunos clubes cumplían con contratos vigentes.

 Si bien Ibáñez no fue comprendido en el mandato de detención de 13 directivos, funcionarios y empleados de la FPF, que dictó el juez Richard Concepción Carhuancho, sí lo incluyó como parte de los objetivos de la operación contra ‘Los Galácticos del Fútbol’.

El magistrado ordenó el allanamiento de inmueble de Arturo Ríos, así como la incautación de documentos, cuadernos de registro de asistencia, de trabajo, fichaje, tarjetas de crédito, dinero y armas. Entre las medidas judiciales también se comprendió el levantamiento del secreto de las comunicaciones, la visualización y extracción de información de sus teléfonos celulares, tarjeta SIM, chips y equipos informáticos, incluyendo sus correos electrónicos y redes sociales.

Este tipo de acciones suelen ser aplicadas para personas que se ubican en la cúspide de una presunta organización criminal, para establecer el grado de integración con sus cómplices.

 Todo está documentado

 Como parte de las indagaciones, el fiscal Juan Orihuela obtuvo las actas de las sesiones que registran que Arturo Ríos Ibáñez y los miembros de la Junta Directiva de la FPF estaban enterados de todas las actuaciones de Agustín Lozano y Joel Raffo Olcese, con la finalidad de contratar a dedo a la empresa 1190 Sports.

 El acta que acredita la confabulación, según la Fiscalía, es la siguiente:

“(Estando el) 21 de setiembre del 2022, se dejó constancia de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol, donde asistieron Agustín Lozano Saavedra (presidente) Víctor Rojas Tito, (Luis) Duarte Plata, Raúl Bao García, Gisella Mandriotti Nigthingale, Osías Ramírez Gamarra, Víctor Bellido Aedo, Arturo Ríos Ibáñez, José Isla Montaño, Genaro Miñán Armanza y Juan Dupuy García. (También) Jean Robillard Ibárcena (secretario general) y Sabrina Martín Zamalloa (secretaria general adjunta), a través de la presentación de la propuesta de 1190 (Sports), sustentada por Joel Raffo Olcese. (Y consta) un informe suscrito por los miembros de la comisión de derechos de televisión: Joel Raffo Olcese, Gisella Mandriotti, Raúl Bao y Ricardo Bellido, en el que informaban de los resultados de la licitación pública realizada en Chile y de las negociaciones directas que ellos habían sostenido con la empresa 1190 Sports”.

 Castigo para los rebeldes

 Los directivos que forman parte de ‘Los Galácticos del Fútbol’, además de confabular para favorecer directamente a la empresa 1190 Sports, ante los reclamos de los directivos de los clubes que no estaban de acuerdo con la decisión de la FPF, concordaron en tomar represalias contra estos. Es decir, adoptaron acciones para obligarlos a someterse a un acuerdo comercial impropio, que afectaba al fútbol nacional y beneficiaba a un grupo de dirigentes de la federación.
De esta manera concordaron en aplicar drásticas sanciones a los oponentes para que se rindan y apoyaran al contrato con 1190. Esto consta en la imputación fiscal:

 “El 30 de diciembre del 2022, a las 8:08 horas, se dejó constancia de la reunión de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Futbol, a la cual asistieron Agustín Lozano (presidente) y Arturo Ríos Ibáñez (*vicepresidente), y (…) sin contar con la presencia de Víctor Rojas Tito, aprobaron con seis (6) votos a favor, dos (2) abstenciones (Raúl) Bao (García), (Rolando) Bellido (Aedo) y uno (1) en contra ( Juan Dupuy García), por mayoría de votos, la propuesta de cambios presentada al reglamento de la Liga 1-2023. Esto es, los artículos 19 y 22”.

Cambiaron el reglamento expresamente para reprimir a los clubes que se negaban a suscribir la determinación de la directiva de la FPF de contratar sí o sí a 1190 Sports. Así fue señalado:

 “Se advierte que las modificaciones realizadas al reglamento de la Liga 1 2023 se hicieron presuntamente con el único objetivo de coaccionar a los clubes, debido a que algunos se habían opuesto al acuerdo entre la Federación Peruana de Futbol y la empresa 1190 Sports”.

 Los que aprobaron con sus votos creyeron que meterían un gol de media cancha, pero varios ahora están en prisión. ❖

Datos

● Cronología. ‘Los Galácticos del Fútbol’ operan desde 2018, cuando Edwin Oviedo ejercía la presidencia de la FPF y lo reemplazó su vicepresidente, Agustín Lozano, precisan las autoridades.

● Sobreviven. La Fiscalía sostiene que por las evidencias obtenidas “se ha podido advertir que las actividades ilícitas de esta organización criminal se mantienen hasta la actualidad.