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Fiscalía solicitó la detención preliminar por 7 días contra 8 implicados en el secuestro de Iván Siucho

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene la detención preliminar por flagrancia por el plazo de siete días contra ocho personas, entre ellas tres policías, por el secuestro de Iván Siucho Neira, testigo protegido de la Fiscalía en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

El fiscal provincial penal Nilo Paredes Chavez demandó esta medida contra Armando Tapia Almonacid, Henry del Castillo Caycho, Enrique Carranza Gonzales, Jorge Javier Amaya Mendoza , Medo Delgado Rodriguez y los policías Rolando Castillo Pino, Gabriel Neyra Zapata y Edgar Tinoco Yantas, quienes permanecen detenidos en las instalaciones de la División de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional en el Cercado de Lima.

El magistrado a cargo del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Santiago de Surco – Barranco demandó esta medida a fin de que se realicen diligencias urgentes y necesarias para esclarecer los hechos que originaron la detención en flagrancia de estas ocho personas implicadas en este caso.

Fiscalía investiga a pareja de Luis Valdez por millonaria compra

El Ministerio Público informó ayer que la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima decidió abrir investigación contra Ana Paula Ganoza Loya, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, tras haber adquirido un inmueble por S/ 3.3 millones en una exclusiva zona de La Molina, en Lima.

Caso

La influencer trujillana es esposa del exgobernador regional de La Libertad y actual secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez Farías.

El Ministerio Público comunicó esta medida a través de sus redes sociales, casi dos semanas después de que el caso fuera revelado por el portal periodístico El Foco.

“Esta investigación se realiza a fin de deslindar la procedencia de los activos utilizados en la compra del inmueble, debido a que la imputada no tendría los ingresos suficientes para justificar y financiar el valor de dicha propiedad”, agregó la fiscalía.

De acuerdo con el informe periodístico, emitido el 9 de agosto, Ana Paula Ganoza adquirió la vivienda en una subasta pública desarrollada el 1 de julio de este año.

La vivienda era propiedad del exgobernador regional del Callao Félix Moreno Caballero, quien se encuentra preso en Lima por presuntos actos de corrupción.

“La excasa de Moreno fue puesta a la venta con un precio base de S/ 2.3 millones, pero terminó siendo vendida a S/ 3.3 millones. ¿Quién la compró? Una joven liberteña de 33 años de nombre Ana Paula Ganoza Loya”, informó el referido medio de comunicación.

De acuerdo con el mismo portal, Ganoza Loya solo tendría ingresos mensuales de hasta S/ 4 mil y y registra deudas con el sistema bancario por S/ 108 mil”. “Hasta noviembre último, de acuerdo a la plataforma Sentinel, Ganoza tenía calificación ámbar en el sistema bancario, que significa riesgo medio”, añadió El Foco.

Reacciones

Tras la ola de cuestionamientos que recibió Ganoza, debido a que no tendría los ingresos necesarios para adquirir una casa de dicho valor, su esposo, Luis Valdez, salió en su defensa. “El financiamiento de esta casa proviene de mí, y el fundamento de este financiamiento es mi trabajo y los recursos que genero, los cuales declaro todos a la Sunat y puedo justificar”, dijo días atrás. Ayer, el abogado Greco Quiroz Díaz explicó que la fiscalía investigará si el dinero con el que se adquirió la vivienda “tiene fuente ilícita”.

“Lo más grave aquí, además de una posible condena de hasta ocho años de cárcel, es que ahora la fiscalía con la sola sospecha que tiene podría solicitar que se le incaute el bien y pase a nombre del Estado”, agregó el también exconsejero regional.

Fiscalía inició investigaciones tras amenazas contra la vida del alcalde de Comas por operativos en el distrito

El Ministerio Público anunció el inicio de investigaciones preliminares ante las amenazas de muerte que recibió Ulises Villegas, alcalde de Comas, por parte de encapuchados armados.

Como se sabe, este lunes, se hizo público un video donde se ve a un grupo de encapuchados, provistos de armas de fuego, amenazar de muerte al referido burgomaestre. Esto sería debido a los operativos contra el comercio informal emprendidos en dicho distrito, particularmente en el mercado Santa Luzmila.

«Alcalde Ulises Villegas, estamos cansados (…) Lo mismo que hiciste en el mercado de Chacra Cerro no lo vamos a permitir aquí, en el mercado de Santa Luzmila. Ya sabes que tenemos cuatro años malandreando por aquí. Donde te pesquemos, tus 8 escoltas no te van a servir (…) Donde te pesquemos te vamos a partir la cara. Lo mismo de Chacra Cerro no te lo vamos a permitir en Santa Luzmila, te vas a morir”, le dicen al alcalde, al tiempo que rastrillan sus armas. 

Ordenan a Osiptel revelar datos de titular de la línea donde se recibió el video

El tercer despacho de la Tercera Fiscalía Penal de Lima Norte anunció la apertura de investigación preliminar contra los que resulten responsables, tras las amenazas contra Villegas.

Entre las diligencias, la fiscal provincial Gladys Amable Basilio dispuso que se reciba la declaración y se realice la visualización del celular del burgomaestre. Asimismo, ordenó que se solicite a Osiptel los datos del titular de la línea desde donde se envió el referido material audiovisual. 

En declaraciones a RPP, Villegas aseguró que había iniciado las acciones de denuncia correspondientes ante la Policía y el Ministerio Público, y que era objeto de estas amenazas desde el año pasado, y que estarían relacionadas con el cobro de cupos a ambulantes. 

«Las amenazas vienen desde el año pasado que estamos imponiendo el principio de orden y de autoridad, cuando hemos clausurado los prostíbulos más grandes de Lima Norte en el distrito de Comas, pero también cuando hemos recuperado espacios que, durante 40 o 50 años, se ocupaba la vía pública», indicó. 

«Hoy estamos nuevamente poniendo el principio de orden, pero son personas que están acostumbradas al cobro de cupos, y con eso ya estamos acabando. Las investigaciones ya están a cargo de la policía especializada, ayer me he quedado coordinando y conversando y recibiendo el asesoramiento del coronel para el tema de la prevención referente a mi familia», agregó.

El burgomaestre indicó también que ha pedido las garantías correspondientes para su vida, pero que estas no le han sido dadas hasta el momento. 

«El año pasado, hemos pedido las garantías correspondientes que todavía no se nos ha dado, pero ya el día de hoy hemos triplicado, reforzado, la seguridad de forma privada, así como la seguridad de mi familia, de mis hijos, de mi esposa que es lo más importante en esta etapa», aseveró.

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Asimismo, solicitó al Congreso «sacar leyes más drásticas, como la cadena perpetua para aquellos que nos asesinan, nos secuestran».

«Definitivamente, hacia ellos va el pedido, también hacia el Gobierno Nacional. Es el momento que podamos cambiar el Perú para que podamos estar vivos, mientras las leyes no sean drásticas va a continuar esto. Cae un delincuente (…), va a la cárcel, y parece un hotel, desayuno, almuerzo, lonche gratis, y encima se pueden, entre ellos, relacionarse», puntualizó. 

Fiscalía pide cárcel para exfuncionarios de la municipalidad de Chiclayo

El Ministerio Público formuló acusación contra dos exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) que formaron parte del equipo de gestión del exalcalde Marcos Gasco Arrobas.

Se trata de Cristian Rosenthal Ninapaytán y Edgardo Siadén Ortega, exgerente general y exsubgerente de Logística de la MPCh, respectivamente.

Según el expediente N° 5767 – 2023, la Fiscalía solicita para ambos la pena de 3 años de cárcel, como autores del delito de colusión simple, en agravio del Estado.

COLUSIÓN SIMPLE. Los hechos ocurrieron en marzo de 2019 (apenas iniciada la gestión edil) cuando el exgerente municipal, Cristian Rosenthal, solicitó a la Gerencia de Administración, la contratación de un servicio de marketing.

En atención al pedido, el exsubgerente de Logística, Edgardo Siadén, emitió un cuadro comparativo de cotizaciones de tres empresas: Ideas Apátridas (S/ 27,000), Cedeer Consultoría (S/30,000) y Actividades Publicitarias (S/ 28,5000).

Extrañamente, en dicho formato no se consignó el teléfono, ni correo electrónico de las empresas que supuestamente enviaron sus propuestas (solo dirección); siendo la primera compañía la favorecida con la buena pro.

Es así que, el exsubgerente de Logística emitió la Orden de Servicio N° 312 a favor de Ideas Apátridas EIRL, por el “servicio de marketing para la promoción y desarrollo de actividades institucionales en la MPCh”, sin embargo, esta ni siquiera contaba con certificación presupuestal.

Además, no había necesidad de pagar por dicho servicio, pues la comuna cuenta con la subgerencia de Imagen Institucional, cuyas funciones son afines.

Lo más grave, es que el representante de la empresa Actividades Publicitarias EIRL, Omar Cuadrado Domínguez, declaró que nunca envió una cotización a la MPCh, por lo que la firma consignada en el documento era falsificada.

Además, reveló que quien lo llamó para pedirle que presente una propuesta a la MPCh fue Alexei Toledo Vallejos, precisamente el gerente de la empresa que resultó favorecida.

Es por ello que la Fiscalía también lo incluyó en la acusación, pues “habría proporcionado al exsubgerente de Logística los datos de las dos empresas para que coticen, por un monto mayor a su propuesta, a fin de ser favorecido en la selección”.

Como se recuerda, Rosenthal ejerció el cargo de gerente de la MPCh solo desde el 01 de enero hasta el 29 de marzo de 2019, pues fue sentenciado a 1 año de cárcel suspendida por el delito de omisión de funciones. Años atrás, fue gerente de Fiscalización de la municipalidad de Lima,  siendo acusado por el caso Nicolini, donde dos personas murieron en un incendio.

COLUSIÓN AGRAVADA. Cabe indicar que Cristian Rosenthal y Edgardo Siadén también han sido acusados junto a otros exfuncionarios de la MPCh y el exalcalde Marcos Gasco por el delito de colusión agravada.

La Fiscalía pide que sean condenados a 06 años de cárcel por suscribir un contrato de casi S/ 2 millones con la empresa Veolia, para el alquiler de 10 compactadoras, lo que generó un perjuicio económico de S/ 249.750.

Fiscalía formalizó 18 investigaciones por muertes y lesiones registradas en protestas contra Dina Boluarte

El Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales ha formalizado, a la fecha, 18 investigaciones preparatorias contra presuntos implicados en las muertes y lesiones en agravio de 267 ciudadanos, en el marco de las movilizaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte que se registraron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

En un comunicado, el Ministerio Público detalló que 154 miembros de la Policía Nacional y del Ejército del Perú están siendo investigados por este caso.

Ayacucho

En Ayacucho, este equipo fiscal formalizó investigación en contra de 27 integrantes del Ejército Peruano vinculados a los hechos de violencia registrados —el 15 y 16 de diciembre de 2022— en las inmediaciones del aeropuerto coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte, de la ciudad de Huamanga, que dejó 55 personas agraviadas.

Entre los imputados se encuentran el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, Jesús Vera Ipenza; el teniente coronel del Ejército Peruano (EP) Jimmy Alex Vengoa Bellota; el coronel EP Carlos Vega Pérez; el jefe de la Macrorregión Policial de Ayacucho, Antero Rosendo Mejía Escajadillo; entre otros.

Puno

En Puno, se formalizaron tres investigaciones en contra de 24 miembros de la Policía Nacional, investigados como coautores del delito contra la vida, cuerpo y salud; tras la muerte de Salomón Valenzuela Chua y Sonia Aguilar Quispe durante la protesta social registrada en Macusani, el 18 de enero de 2023.

Asimismo, en contra de 19 miembros del Ejército Peruano y la Policía Nacional —investigados por la muerte de 18 personas y 108 heridos en las inmediaciones del Aeropuerto Inca Manco Cápac—, y en contra de tres policías, por los hechos registrados en la avenida Independencia, en la localidad de San Román (Juliaca).

Cusco

Mientras que, en Cusco, el Ministerio Público formalizó dos investigaciones, la primera de ellas en contra de 20 efectivos policiales y la segunda contra otros dos agentes de esta institución por los hechos de violencia suscitados durante las protestas ocurridas en la avenida 28 de Julio, el 11 de enero de 2023, que dejó 30 ciudadanos agraviados.

Apurímac

En tanto que en Apurímac se formalizaron dos investigaciones, una de ellas en contra de 15 efectivos de la Policía Nacional, por el enfrentamiento ocurrido durante las protestas del 9 de febrero de 2023, en el km 270 y 272 de la carretera Nazca-Cusco, en el distrito de Cotaruse, provincia de Aymaraes; y otra contra seis policías. Ambos casos registraron seis personas afectadas.

Lima

A su vez, en Lima son cuatro las investigaciones que han sido formalizadas en contra de 12 miembros de la Policía Nacional. Una de ellas por la muerte del ciudadano Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, ocurrida el 28 de enero de 2023, donde se investiga a cuatro agentes policiales; así como por las lesiones en agravio de tres personas y los hechos de violencia ocurridos —el 12 de diciembre de 2022, y el 4 de enero y el 2 de marzo de 2023— en intersección de la avenida Bolivia con Paseo de la República— donde se encuentran imputados ocho efectivos policiales.

Junín

En el distrito fiscal de Selva Central se ha formalizado investigación contra el jefe de la VI Macro Región Policial de Junín, Gregorio Villalón Trillo; el jefe de la División Policial de Chanchamayo, César Chávez Navarro, y el comisario de Pichanaqui, Jonny Vargas Ontón, investigados como presuntos autores de comisión por omisión de los delitos de homicidio calificado en agravio de J.W.T.C. (17 años), Diego Armando Galindo Vizcarra y Ronaldo Franly Barra Leiva; así como los delitos de lesiones graves en contra de siete personas, y lesiones leves en agravio de 14 ciudadanos, ocurridas el 16 diciembre de 2022, en el distrito de Pichanaqui.

Ucayali

En Ucayali, a su vez, el Ministerio Público formalizó investigación contra el exjefe de la Dirección de Unidades Especiales (DUE) de la Policía Nacional de Pucallpa, Manuel Barreto Gonzales, y el exjefe del Departamento de Operaciones Especiales 02 – PNP, Juan Pablo Tardío Alarcón, como autores de la comisión por omisión de los presuntos delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad contra ocho personas durante los hechos registrados —el 17 de diciembre del 2022— en el distrito de Huipoca, provincia de Padre Abad.

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Arequipa

De la misma manera, en Arequipa, la Fiscalía formalizó tres investigaciones por los hechos que dejaron 13 personas afectadas.

La primera de ellas en contra del comisario de Ciudad Municipal, Marvin Antonio Vergaray Saldarriaga, y el SO2 PNP Paúl Qquenta Huamán; investigados por la muerte del ciudadano Miguel Arcana ocurrida el 12 de diciembre de 2022, en el distrito de Cerro Colorado.

Así como otra investigación por el delito de lesiones leves contra el coronel PNP Francis Javier Alarcón Gallegos por los hechos ocurridos durante las protestas, del 17 de diciembre de 2022, en el distrito de Ocoña, donde resultaron agraviados cuatro ciudadanos; y una tercera por los dos heridos registrados en las manifestaciones del 19 de enero de 2023, en la Variante de Uchumayo.

La Libertad

Finalmente, en La Libertad, los fiscales a cargo formalizaron investigación preparatoria contra dos agentes policiales por la muerte de Carlos Huamán Cabrera y Segundo Sánchez Huaynacari, y las lesiones en agravio de tres personas ocurridas durante las movilizaciones del 13 de enero y el 20 de enero de 2023, en el distrito de Chao.

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Según reportes de la Defensoría del Pueblo, las protestas dejaron un saldo de más de 60 fallecidos, entre fuerzas del orden y civiles.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó en su informe final, al que RPP Noticias tuvo acceso, que durante las protestas en Perú hubo graves violaciones a los derechos humanos entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero. Esto principalmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.

Fiscalía sustentó parte de la acusación por el caso Cócteles: los puntos claves que marcaron el inicio del juicio

El fiscal José Domingo Pérez presentó este martes una primera parte de la acusación contra Keiko Fujimori y más de 40 implicados en el caso Cócteles, luego de que el juicio oral por presuntos delitos de crimen organizado y lavado de activos se instalara ayer tras varios años de investigaciones del Ministerio Público.

La audiencia se inició a las 9:00 a.m. y desde el arranque Pérez arremetió contra la principal acusada y su partido, Fuerza Popular, al que calificó como una «organización criminal» que «no busca solamente lucrar», sino también «maximizar sus intereses» instrumentalizando instituciones del Estado para lograr impunidad sobre «graves delitos».

«Fuerza Popular es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori, condenado por la justicia peruana», aseveró el fiscal y, además, llamó ‘dictador’ -hasta en dos ocasiones- al exmandatario y padre de Keiko Fujimori. 

Como se recuerda, el fiscal Pérez ha pedido 30 años de prisión para Keiko Fujimori y varios integrantes y colaboradores de su partido por supuestamente haber recibido fondos ilícitos millonarios para las campañas presidenciales de 2011 y 2016 a través de la figura delictiva del lavado de activos. 

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, Fuerza Popular habría recibido hasta 17 millones de dólares en aportes ilegales para las referidas campañas electorales de empresas como la constructora Odebrecht y otras. Y según indicó el fiscal Pérez, Keiko Fujimori «tenía conocimiento y manejo de los ingresos que captaba» su partido. 

“Ustedes van a escuchar, señores jueces, cómo las elecciones generales son el vehículo que utilizan para captar dinero, para obtener poder, para obstruir la justicia que ustedes representan», dijo José Domingo Pérez.

En este momento de la audiencia, el fiscal miró a la acusada Fujimori y este acto provocó que la jueza Juana Mercedes Caballero García, quien presidía la sala, le pidiera que se dirija al colegiado durante su exposición. 

José Domingo Pérez dijo que a Keiko Fujimori se le atribuye el delito de organización criminal, en calidad de autora directa por su rol como lideresa de Fuerza Popular, una agrupación que habría incurrido en los delitos de obstrucción a la justicia, lavado de activos, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.

José Domingo Pérez afirmó que cuando los sobornos de Odebrecht eran pagados, «Keiko Fujimori era congresista”, y que en el 2018, la bancada de su partido votó a favor de exculpar a dicha empresa de toda responsabilidad e investigación. 

Antes de un primer receso, José Domingo Pérez indicó que los presuntos aportes ilícitos habrían ingresado a través del ‘pitufeo’ (mecanismo ilegal para repartir los aportes en pequeños depósitos), con lo que se buscaron «personas del entorno familiar o amical» de la cúpula del partido fujimorista. 

«Tenían una capacidad económica o patrimonial para aparentar el aporte. Por lo tanto necesitaban de sus cuentas bancarias para dar esta apariencia (…) A través de esta modalidad se canalizaron 142 900 dólares», aseveró. 

El fiscal Pérez indicó que durante la campaña presidencial de 2016 se replicó la modalidad del ‘pitufeo’ «para evadir los controles antilavado”.

Tras casi cuatro horas de exposición, José Domingo Pérez pidió un descanso, porque dijo sentirse agotado al exponer las imputaciones de los acusados. Tras unos minutos, tras una deliberación de los jueces se dispuso que la audiencia continúe el próximo martes 9 de julio.

Keiko Fujimori acusa a José Domingo Pérez de dar «argumentos políticos, antes que jurídicos»

A su salida del Edificio Carlos Zavala del Poder Judicial, Keiko Fujimori criticó severamente al fiscal José Domingo Pérez por haber llamado “dictador” a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, durante el segundo día de juicio.

“Lo que hemos visto es que el fiscal José Domingo Pérez ya perdió el juicio, y lo que hemos escuchado son argumentos políticos, no hemos escuchado argumentos jurídicos. Yo lamento y rechazo profundamente que él haga referencia a mi padre, que nada tiene que ver en este juicio. Aquí la persona que lo va a enfrentar soy yo, no Alberto Fujimori”, señaló. 

Fujimori Higuchi también acusó a Domingo Pérez de hacer política y lo conminó a inscribirse como candidato. “Hoy en vez de sentir que estábamos en un tribunal, más parecía que estábamos en el Congreso”.

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, coincidió con su defendid y dijo que no se escucharon argumentos jurídicos, sino un “discurso político” de parte de José Domingo Pérez. “Lo único que evidencia es que no hay un caso y estamos seguras de que se va a archivar”.