Fiscalía allana vivienda del gobernador de Arequipa, por investigación de presunto direccionamiento de contratación

La Fiscalía y la Policía Anticorrupción de Arequipa, a través de un operativo simultáneo, allanó la noche del miércoles y la madrugada de ayer la vivienda del gobernador regional Rohel Sánchez Sánchez y del exjefe de Logística y Patrimonio del Gobierno Regional de Arequipa Alonso Andia Condo, como parte de las investigaciones en contra de su esposa Luz Marina Zeballos Patrón.

Cómo se recuerda, Zeballos Patrón es investigada por la Fiscalía por presuntamente coordinar y direccionar la contratación de personal y empresas al interior del Gobierno Regional de Arequipa en beneficio de personas que apoyaran la campaña de Sánchez Sánchez.

El fiscal Anticorrupción Arturo Valencia Paiva, estuvo al mando del operativo, confirmó que el allanamiento de la casa de Rohel Sánchez Sánchez ubicada en la segunda cuadra de la avenida Villa Hermosa del distrito de Cerro Colorado donde vive Luz Marina Zeballos Patrón. También se allanó la casa de Alonso Andia Condo ubicada en el sector de Simón Bolívar del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, este último trabajó como jefe de Logística y Patrimonio del Gobierno Regional de Arequipa.

Las diligencias comenzaron al promediar las 9 de la noche de este 11 de octubre y terminaron a la 1:40 de este jueves 12 de octubre.

De acuerdo a las diligencias preliminares, los allanamientos surgen porque habrían aparecido nuevos indicios en torno a la investigación fiscal que involucra a Luz Marina Zeballos, esto en la contratación de personal en puestos de confianza al interior del Gobierno Regional y el presunto favorecimiento a empresas que apoyaron la campaña política de Rohel Sánchez.

Durante el operativo la Policía incautó un celular, tres USB, documentos, impresora, entre otros objetos que fueron lacrados y serán analizados por los peritos del Ministerio Público.

Es importante señalar que Alonso Andia Condo, apoyó la campaña de Rohel Sánchez Sánchez donando cajas de preservativos, esto según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Mónica Sutita Zeballos Patrón, hermana de Luz Marina, cuestionó el allanamiento fiscal, incluso calificó la diligencia fiscal como un acto arbitrario “Tanto abuso, tanta maldad (…) Quién hace la denuncia (…) es un acoso y no van a encontrar nada, son gente correcta , no ven todo lo bueno que está haciendo (Rohel Sánchez)”, enfatizó.
Desde el Gobierno Regional de Arequipa emitieron un comunicado donde aclararon que Rohel Sánchez no se encuentra comprendido en la investigación del Ministerio Público.

“Que, en los últimos hechos que se han producido con la intervención de la fiscalía y la Policía Nacional del Perú, responden a las diligencias dispuestas dentro de la investigación fiscal iniciada en el mes de abril del presente año, en la cual el gobernador regional no se encuentra comprendido”, se lee.

Dina Boluarte se acoge al silencio durante interrogatorio de Fiscalía por crímenes en las protestas

Dina Boluarte se presentó esta mañana ante el Ministerio Público para dar su manifestación en la ampliación de la investigación por los asesinatos cometidos por las fuerzas del orden durante las protestas. Sin embargo, la diligencia no duró más de diez minutos porque la mandataria decidió acogerse al derecho de guardar silencio.

La diligencia inició a las 9:12 de la mañana, con participación de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y el fiscal Carlos Huamán. Este último dio lectura a dos disposiciones fiscales de ampliación de investigación por los crímenes cometidos por las fuerzas del orden en Lima y Cusco, además de lesiones en Pucallpa.

Al finalizar, preguntó a Dina Boluarte qué tiene que decir y ella negó las imputaciones. Acto seguido dijo que como ya había declarado en extenso en una anterior diligencia se acogía al derecho de guardar silencio.

Tras esta respuesta, el fiscal Carlos Huamán evitó continuar con la lectura de las siguientes preguntas del Ministerio Público, según contó a La República Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal, quien acompaña a los familiares de las víctimas.

Luego la Procuraduría General del Estado y la defensa de los familiares pidieron formular preguntas, pero Dina Boluarte optó por guardar silencio. Fueron un total de 47 las interrogantes que la mandataria evitó responder.

Joseph Campos, abogado de la mandataria, intentó impedir que estas 47 preguntas sean incluidas dentro del acta de la diligencia; sin embargo, el Ministerio Público no atendió el pedido y las consignó para que quede constancia.

No ocurrió lo mismo con las preguntas del Ministerio Público, pues luego de la primera, Carlos Huamán evitó dar lectura de las siguientes y tampoco quedaron consignadas en el acta. “Hubiese sido importante que el Ministerio Público consigne también sus preguntas”, comentó Juan José Quispe.

El abogado lamentó que Dina Boluarte haya optado por guardar silencio en una investigación fiscal muy importante sobre los crímenes cometidos por las fuerzas armadas y policiales durante las protestas de diciembre del 2022 y enero del 2023.

“La actitud de la señora Boluarte ha sido obstruccionista a la investigación. Ha sido un desprecio por la vida de los caídos en las protestas sociales y, sobre todo, está yendo contra un principio internacional, que es el derecho a la verdad que tienen las víctimas dentro de una investigación”, expresó Juan José Quispe.

Dina Boluarte debe acudir hoy a la Fiscalía para declarar sobre muertes durante las protestas

La presidenta Dina Boluarte deberá asistir este miércoles, 27 de septiembre, a la citación de la Fiscalía de la Nación para declarar sobre las muertes registradas durante las protestas contra su Gobierno; que se desataron tras su nombramiento en el cargo, luego del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, a inicios de diciembre de 2022.

La citación, programada para las 9:00 a.m., responde a la investigación preliminar abierta contra Boluarte y otras autoridades y exfuncionarios del Gobierno desde la Fiscalía por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad por las muertes de más de 70 personas, entre ellas 49 ciudadanos que perdieron la vida en enfrentamientos directos con la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.

Ayer, desde Arequipa, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmó que la presidenta asistirá a la citación de la Fiscalía, en la sede principal del Ministerio Público, en la avenida Abancay, en el Cercado de Lima.

Otárola, otro investigado por este caso, también ha sido citado por la Fiscalía para brindar sus declaraciones desde las 2:30 p.m. de este miércoles.

El pasado 6 de junio, Dina Boluarte respondió durante tres horas a las preguntas de la Fiscalía sobre este caso. Se trataba de la tercera vez que la presidenta era citada, ya que inicialmente debió comparecer a fines de enero. No obstante, Boluarte pidió que la toma de declaraciones se realice de manera virtual por las protestas. Posteriormente, se reprogramó la audiencia para el 31 de mayo. Pero no se concretó por un cruce de actividades.

Tras la primera y última declaración de Boluarte sobre las muertes en las protestas, su abogado Joseph Campos dijo a la prensa que la presidenta esperaba ser excluida de las investigaciones.

Fiscalía investiga a nuevo ministro de Justicia por lazos con ‘Cuellos Blancos’

El nuevo ministro de Justicia, Eduardo Arana, enfrenta cuestionamientos y una investigación de la Fiscalía por sus comunicaciones con los exjueces César Hinostroza y Walter Ríos, del caso de corrupción Los Cuellos Blancos del Puerto, pero niega que vaya a renunciar al gabinete de la presidenta Dina Boluarte y asegura que tiene el respaldo del jefe del equipo ministerial, Alberto Otárola.

La Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos abrió investigación preliminar contra Arana como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado y alternativamente cohecho activo en agravio del Estado. La indagación incluye a Ríos como presunto autor de ambos delitos.

Arana tiene al menos 36 llamadas telefónicas con Hinostroza, que era juez supremo y hoy está prófugo de la justicia peruana, y varias otras conversaciones y mensajes de texto con Ríos, otrora presidente de la Corte Superior del Callao que ahora está en prisión, según reveló el sitio web Epicentro.

En una conversación telefónica, registrada el 9 de abril del 2018, Arana habla con Ríos de un proceso judicial en que el actual ministro muestra interés y el entonces presidente de la Corte del Callao le cuenta que “un pata” le haría un favor dilatando la ejecución de una sentencia que involucra a la ONP (Oficina de Normalización Previsional).

Arana adujo que desconocía quién era “el pata” y cuál fue el “favor” a los que se referían, pero negó que haya algo ilegal.

“Desconozco la naturaleza de las llamadas, pero niego categóricamente que haya tenido algún tipo de llamada que esté inmersa en alguna ilegalidad. (…) La explicación es muy sencilla: he sido secretario técnico del Consejo Nacional de la Magistratura, he sido también alumno de la Academia de la Magistratura, en la que he tenido que estudiar con varios vocales superiores, supremos y jueces, con los que interactuábamos permanentemente en las actividades académicas. Y también he sido jefe de gabinete del Poder Judicial”, argumentó el ministro en la emisora RPP.

Fiscalía abre investigación contra Guillermo Bermejo por presunto tráfico de influencias

La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra Guillermo Bermejo, en su condición de congresista, por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, en agravio del Estado peruano. Esta decisión fue tomada como parte del avance en el caso Los Operadores de la Reconstrucción.

El congresista Bermejo es acusado de haber recibido una coima equivalente al 1,5% de tres obras públicas, cuya valorización es de S/7,9 millones, por parte del exalcalde de La Unión, en Piura, Fernando Ipanaqué. Esta versión fue confirmada por dos aspirantes a colaboradores eficaces de la fiscalía a cargo del caso.

El presunto desembolso por el que la Fiscalía ha abierto una investigación contra el legislador corresponde a una compensación a Bermejo por haber logrado que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) transfiera fondos a la Municipalidad de La Unión a fin de financiar la rehabilitación de tres colegios, según refirieron los testigos.

Testimonio de colaborador eficaz

El colaborador eficaz con clave 29-2023 manifestó a la Fiscalía:

“Por las mismas instalaciones de la ARCC, Frenando Ipanaqué llamó por teléfono a Yul Valdivia indicando que iba a estar por el mismo lugar para la entrega de lo acordado. Al llegar Yul Valdivia (al lugar), le hizo entrega de 40.000 soles en un sobre manila, retirándose ambos del lugar. Horas más tarde, Yul Valdivia se va a casa de Guillermo Bermejo que está en la urbanización Próceres de Independencia, en Santiago de Surco, a bordo de un vehículo automóvil rojo de su cuñado Cristian Rojas. (…) Al llegar a su casa, (Yul Valdivia) le llama por teléfono y le dice: “Cumpa, estoy afuera de tu casa”. Al salir (Bermejo de la vivienda), Yul Valdivia le hace entrega del sobre manila con los 40.000 soles, teniendo como respuesta de parte del congresista: “No sea pendejo, cumpa. El ‘chato’ (Jaime) Jara Aguirre (asesor de Bermejo) es el encargado”, haciendo referencia a que el dinero debía ser entregado a Jaime Jara. Luego de retirarse, (Valdivia) llamó a Jaime Jara, quien le indicó que se encontrarán en su casa en San Juan de Lurigancho. Minutos después, Yul Valdivia entregó los 40.000 soles a Jaime Jara, teniendo como respuesta: ‘Ya, cumpa, chévere. Gracias’, retirándose Yul Valdivia a su domicilio”.

Guillermo Bermejo: La Fiscalía podría investigar al congresista hasta por cuatro delitos

Las declaraciones de un colaborador ante el Ministerio Público (MP) en el caso“Operadores de la Reconstrucción”complican la situación del congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático), a quien han sindicado de embolsarse una coima por proyectos en el distrito piurano de La Unión.

Y es que para el penalista Andy Carrión, el legislador podría ser investigado por la Fiscalía de la Nación hasta por cuatro delitos: Organización criminal, cohecho pasivo, tráfico de influencias y lavado de activos.

SUSTENTO
En diálogo con Correo, Carrión explicó que hay exfuncionarios investigados en el mismo caso por el delito de organización criminal.”Si la Fiscalía decide abrir una investigación sería por este delito, porque ya indagan a una presunta red criminal”, indicó.

A esto se le sumaría el delito de cohecho pasivo, porque habría recibido dinero.

Cabe precisar que un colaborador ha señalado que Bermejoy sus operadores recibieron una coima equivalente al 2% de los fondos asignados por el Ministerio de Economía, mediante la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), para cuatro proyectos en Piura por 14.8 millones de soles.

El tercer delito sería el de tráfico de influencias, por el cargo que Bermejo ostentaba.

“De alguna manera habría influido en las autoridades para estas partidas en el MEF y que posteriormente sean derivados a la ARCC”, dijo.

Finalmente, el penalista mencionó que el cuarto delito sería lavado de activos debido a que se recibe dinero con origen ilícito.

“La suma de los delitos tranquilamente llegaría hasta los 35 años que es el límite máximo, estamos hablando de delitos graves”, mencionó.

Por otro lado, Carrión precisó que la Fiscalía de la Nación puede abrir una investigación preliminar contra Bermejo, pero para avanzar a una etapa de investigación preparatoria será necesario que presente una denuncia constitucional.

En la misma línea, mencionó que el legislador podría ser expulsado o no del Parlamento, tal como sucedió con Roberto Sánchezpor el caso del golpe de Estado.