La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez de Fuerza Popular, respalda el trabajo de la presidenta Dina Boluarte a pesar del aumento de crímenes por sicariato y extorsión, la legisladora señala que debe permanecer en el cargo a fin de no generar inestabilidad al país ya que nos encontramos próximos a iniciar el foro de APEC. Asimismo, en cuanto al trabajo del ministro Santiváñez dijo que aún se encuentran evaluando su desempeño frente a la inseguridad, pese a que el estado de emergencia no está dando resultados.
«Nosotros tenemos la obligación de darle al país estabilidad. Estamos próximos a APEC, a inaugurar importantes obras como Chancay, como el aeropuerto, y creo que lo que tenemos que hacer es decirle a la comunidad internacional, al mundo en su conjunto, que va a venir a APEC, porque nosotros vamos a ser la vitrina del mundo, que el Perú tiene estabilidad, potencialidad y respeto a la seguridad jurídica de las inversiones», dijo la congresista de Fuerza Popular.
La parlamentaria recalcó que una eventual vacancia podría generar un impacto negativo del país en la percepción de los ciudadanos. Cabe recordar que Dina Boluarte se encuentra en su punto más bajo de desaprobación.
«Por supuesto (que debería permanecer). Nosotros tenemos que generarle al país estabilidad. Yo me pregunto realmente qué se haría con una vacancia en el país (…). Estamos evaluando, por lo menos en nuestra bancada, las acciones que viene realizando el ministro del Interior y los resultados que está teniendo. De ahí tomaremos una decisión», agregó.
Fuerza Popular no firma moción de censura contra el ministro Juan José Santivañez
La vicepresidenta del Congreso, Carmen Patricia Juárez Gallegos, afirmó en una entrevista para Canal N que el Congreso no tiene inconveniente en censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido a los pocos resultados obtenidos en el estado de emergencia declarado en Lima. Sin embargo, aunque algunas voces en el Congreso se muestran reacias a destituir al titular del Mininter, la congresista Sigrid Bazán presentó una moción de censura contra el ministro y destacó que el partido de la parlamentaria Juárez, Fuerza Popular, no ha firmado hasta la fecha ningún apoyo a dicha moción.
En esa misma línea, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, señaló que se le atribuía al Legislativo algún tipo de compromiso con Juan Santiváñez. Añadió que no habría inconveniente en censurarlo, siempre que esto contribuya a resolver los problemas de criminalidad en el Perú.
Ante la ola de inseguridad ciudadana que azota el país y el crecimiento de algunos delitos, como la extorsión y el sicariato, desde Fuerza Popular demandaron al Gobierno de Dina Boluarte acciones concretas e inmediatas para combatir esta problemática.
A través de un comunicado, el partido que lidera Keiko Fujimori propuso seis medidas urgentes para ser adoptadas por las autoridades.
En primer lugar, consideraron que el Gobierno debe convocar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para que asuman la administración temporal y exclusiva de los penales en el Perú por un mínimo de 120 días. Esto, debido a que un alto porcentaje de los crímenes se planifican desde las cárceles.
“En los próximos 20 días, el Gobierno debe presentar una propuesta consensuada de reforma del sistema de administración de justicia para evitar que malos elementos dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público sigan perjudicando la correcta administración de justicia en el Perú y terminen liberando a criminales”, añadió el fujimorismo.
También pidieron ejecutar un programa de capacitación dirigido a las FF.AA. para que se hagan cargo de la seguridad ciudadana en los distritos y provincias que sean declarados en emergencia.
A favor de precisiones en la ley de crimen organizado
Fuerza Popular también planteó que la responsabilidad legal de policías y militares en el ejercicio de sus funciones sea resuelta en el fuero militar y policial, así como solicitó declarar en estado de emergencia el sistema penitenciario nacional y autorizar la construcción inmediata de más cárceles en todo el país.
“Denunciar parcialmente el Pacto de San José de Costa Rica en lo que se refiere a beneficios legales en favor de terroristas y criminales peligrosos”, acotaron.
Finalmente, el fujimorismo se mostró a favor de que el Congreso realice precisiones a los alcances de la ley N° 32108, que modifica la definición del crimen organizado, en lo que respecta a los allanamientos judiciales y organizaciones criminales.
Esto, según argumentaron, “con la finalidad de desbaratar la narrativa engañosa de los cómplices políticos de Alejandro Toledo, Susana Villarán, Martín Vizcarra y Pedro Castillo”.
El expresidente Martín Vizcarra ha expresado críticas hacia un pronunciamiento de Fuerza Popular relacionado con la inseguridad ciudadana en el contexto del paro de transportistas llevado a cabo el 26 de septiembre. Vizcarra señaló que, en su opinión, el partido liderado por Keiko Fujimori es el principal responsable de la actual situación del país, atribuyéndole la responsabilidad por las condiciones de inseguridad que afectan a la población.
«Conchudos, que reclaman, si el Fujimorismo domina el Congreso y maneja al Gobierno de Dina. Fuerza Popular es responsable de la grave situación que estamos viviendo», escribió en su cuenta oficial de X.
Su declaración estuvo acompañada del comunicado de Fuerza Popular al que hacía referencia. En su pronunciamiento, el partido naranja exigía «mano dura y soluciones inmediatas» frente al «terrorismo urbano y la criminalidad organizada».
Tuit de Martín Vizcarra. Foto: Martín Vizcarra/X
Uno de los pedidos es: «Movilización de las Fuerzas Armadas: Solicitamos que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional para restablecer el orden y contener el crimen en las calles».
Comunicado de Fuerza Popular. Foto: FP
Crisis de la seguridad ciudadana
El problema en seguridad ciudadana fue observado por la congresista Susel Paredes durante una su salida de un evento en Trujillo.
«Yo nunca he vivido esta situación en Lima más que en la época del terrorismo, cuando no sabías si ibas a regresar a tu casa. Ahora mira, yo vivo en Linace; dos granadas han sido lanzadas en un hostal. No te estoy hablando de un asentamiento humano. A un comedor popular le han pedido cupo, y a un pobre mototaxista que no pagó 7 soles lo han matado sentado en su moto. Y este ministro dice que quiere hacer mesas de diálogo. Lo que tiene que hacer para luchar contra el crimen organizado es callarse la boca, trabajar en secreto e infiltrar las organizaciones criminales.», manifestó.
Dentro de las preguntas que se le realizaron, se mencionó la falta de trabajo del Ejecutivo y la responsabilidad del Congreso por la falta de leyes. A lo que Susel Paredes respondió que no faltaría, sino que sobraría.
«El ministro ni siquiera sabe. Él dice que hay que aumentar la pena de extorsión; la máxima pena de extorsión es cadena perpetua, ¿Qué va a aumentar? Mira, es abogado y no ha leído el Código Penal.», agregó.
Paredes concluyó su declaración esperando que Santiváñez sea censurado por la situación que atraviesa la capital del Perú, y finalizó diciendo: «Ya ni siquiera deberíamos oír sus respuestas porque los hechos dicen que no sirve para nada el ministro.»
La bancada de Fuerza Popular presentó al congresista Fernando Rospigliosi como su candidato para presidir la Comisión de Constitución para el período legislativo 2024-2025.
El parlamentario fue uno de los principales impulsores de la ley que otorga impunidad a los delitos de lesa humanidad, la cual beneficiaría al líder del partido, Alberto Fujimori.
Como se recuerda, el grupo fujimorista ha tenido el control de la Comisión de Constitución desde 2021, primero con Patricia Juárez, después con Hernando Guerra García y luego con Martha Moyano.
Los fujimoristas esperan «repetir el plato» con Fernando Rospigliosi y hacerse nuevamente con la presidencia de la Comisión de Constitución para continuar con la aprobación de reformas que beneficien al partido.
Solo como ejemplo, tenemos el dictamen que se aprobó en la gestión de Juárez, que eliminó la cuestión de confianza, y los dictámenes que intentó aprobar Martha Moyano, los cuales disolvían la JNJ y atentaban contra la autonomía de los órganos electorales.
Los otros candidatos de Fuerza Popular para las comisiones ordinarias
Mediante un comunicado, la bancada fujimorista informó que, además de Rospigliosi, se eligió a Tania Ramírez, Auristela Obando y Eduardo Castillo para postular a la presidencia de las comisiones de Producción, Relaciones Exteriores y Agraria, respectivamente.
«En reunión de bancada de Fuerza Popular , se eligió a los congresistas que serán propuestos para las presidencias de las comisiones de Constitución, Relaciones Exteriores, Agraria y Producción para el periodo 2024 – 2025», se lee en la publicación.
Candidatos de Fuerza Popular para las presidencia de comisiones ordinarias.
Fernando Rospigliosi y su lucha por la ley de impunidad
Además de ser uno de los autores de la ‘Ley de Amnistía’, el congresista fujimorista la defendió férreamente de sus detractores y exigió a la Mesa Directiva que la agendara en el pleno antes de que culminara la legislatura.
Cuando la norma se aprobó en primera votación, Rospigliosi celebró la decisión del Congreso y aseguró que esta ley favorecería a los militares y efectivos de la PNP que aún tienen procesos pendientes por violaciones de derechos humanos.
En una entrevista a Panamericana, indicó que el objetivo de la ley es restaurar la legalidad en el Perú y reparar las injusticias.
«De lo que se trata es de restaurar la legalidad en el Perú y de reparar injusticias que se han cometido con militares y policías que derrotaron al terrorismo y que impidieron que esa horda de criminales y delincuentes esclavizaran a los peruanos», explicó.
El parlamentario olvidó como hace más de 20 años, cuando estaba alejado de la política condenó y criticó una la ley de amnistía que firmó Alberto Fujimori en la década de 1990.
«En junio del año 95, los fujimoristas en el Congreso otorgaron una amnistía a los criminales del Grupo Colina. Esta ley fue firmada por Alberto Fujimori, quien era presidente de la República durante todo este periodo», recordó en un reportaje a Cuarto Poder.
Rospigliosi también ignoró el pronunciamiento de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y el comunicado conjunto de los fiscales especializados en derechos humanos que alertaron que la norma atenta contra el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas y de sus familiares.
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez solicitó al Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Penal Nacional resolver la disolución del partido político Fuerza Popular por su contribución y participación en los delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en concurso con falsedad genérica que habría cometido su líder Keiko Fujimori, en el campañas electorales del 2006 y 2011.
Pérez Gómez hizo este pedido al concluir su alegato de acusación ante los jueces que integran el Juzgado Penal Colegiado, Juana Caballero Salazar, Nayko Coronado Laura y Max Vengoa Valdiglesias, en la audiencia 4 del juicio público del caso Cócteles. Audiencia que en esta fecha se realizó de manera virtual, a través de video conferencia.
Fuerza Popular es instrumentalizado por la organización criminal, utiliza sus cargos legales para ejecutar sus acciones y se utilizan sus cuentas para recolectar los fondos ilícitos, que convierten en aportes partidarios, que luego permiten realizar transferencias supuestamente legales. En su seno se constituyó y organizó la organización criminal, a través del partido y la bancada en el Congreso se protege a sus integrantes y se promueven proyectos de ley a favor de sus intereses, explicó el fiscal.
José Domingo Pérez también solicitó la disolución y liquidación de la empresa MVV Bienes Raíces, propiedad del ex esposo de Keiko Fujimori, Mark Vitto Villanela por su presunta intervención en el lavado de más de dos millones de soles, en acciones de corretaje inmobiliario.
Luego de la intervención de la fiscalía, la procuradora especializada en lavado de activos María Camus Dávila solicitó que se imponga a los acusados el pago de una reparación civil de más de 151 millones de soles por el daño que los presuntos delitos atribuidos a la organización criminal habría ocasionado a la imagen del país y de la sociedad peruana.
Camus Dávila explicó a los jueces que dicho monto se establece a partir de los aportes presuntamente ilícitos recibidos por la candidata presidencial Keiko Fujimori y Fuerza Popular en las elecciones del 2006 y 2011, que la fiscalía estableció en 17,3 millones de dólares, que al tipo de cambio supone69 millones 420 mil 512 soles. Además, los pagos de honorarios profesionales realizados al estudio Oré Guardia por 159,918 dólares y los falsos aportes declarados ante la ONPE en las elecciones del 2011 por 19,3 millones de soles.
Así por el delito de organización criminal pide al 2% de los dineros recibidos por la presunta organización criminal, de lo que corresponde el pago al Estado de un monto de dos millones 223 mil 969 soles. En el delito de lavado de activos se considera el doble del dinero presuntamente lavado por la organización por lo que se considera un pago de 138 millones 841 mil 024 soles.
Igualmente, por delito de obstrucción a la justicia se considera el doble de los honorarios pagados a los abogados, lo que arroja una suma de 305,836 soles, en tanto, por delito de falsa declaración se considera el 50% de los montos con contenido falso declarados a ONPE, lo que supone nueve millones 692 mil 659 soles.
La suma de estos cuatros montos da 151 millones 063 mil 509.84 soles que deberán pagar de manera solidaria Keiko Fujimori, Fuerza Popular y los otros acusados al Estado por concepto de reparación civil, en caso sean encontrados culpables y condenados.
Respecto entre las partes
Abogados Giulliana Loza y Humberto Abanto negaron haberse burlado del fiscal
La cuarta audiencia del juicio del caso Cócteles comenzó con una recomendación de los jueces a todos los sujetos procesales: fiscal, procuradores, abogados y acusados a conducirse en la audiencia con lealtad, probidad, veracidad, buena fe y respeto a los jueces y a los demás participantes en el juicio.
El tribunal hizo esta recomendación luego de declarar infundado el pedido del fiscal Pérez para sancionar, con una llamada de atención, a los abogados Giulliana Loza y Humberto Abanto por presuntos gestos obscenos de discriminación sexual realizados el pasado martes, 2 de julio, mientras el fiscal exponía su acusación.
La presidenta y directora de debates, Juana Caballero explicó que, luego de revisar el video de la audiencia pública efectivamente se aprecia a los mencionados abogados realizar gestos y se escucha a Abanto decir 1, 2, 3 y realizar otras señales con las manos que generan sonrisas entre ellos y de las personas cercanas, pero cuyo significado es un tema interpretativo, por lo que no correspondía una llamada de atención.
Sin perjuicio de lo cual, subrayó Caballero, se hacían la recomendaciones a todos los participantes a tener un comportamiento idóneo y de respeto mutuo. Horas después, ante una intervención del fiscal Pérez y la abogada Loza, el tribunal volvió a realizar una nueva recomendación a los abogados, cuando la procuraduría de lavado de activos pretendió acompañar su alegato con diapositivas con imágenes de los acusados.
Presunción de inocencia
Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional
La jueza Nayko Coronado indicó que este no es el primer juicio complejo a cargo de este Juzgado y en todos se evitan que los abogados presenten los logos de sus estudios durante sus intervención, también se evita que en las imputaciones de la fiscalía y de la Procuraduria se coloquen imágenes de los acusados, porque más allá del ímpetu de los alegatos está el respeto a las personas y la presunción de inocencia.
Por su parte, el juez Max Vengoa que una garantía del debido proceso es la presunción de inocencia, no solo para delimitar la decisión final que tome el juzgado, sino en el desarrollo mismo del proceso. Enfatizó que si bien para una de las partes, la fiscalía, puede estar claro la existencia de una organización criminal, los jueces recién están conociendo el caso y no tienen certeza de nada.
Nueva modificación
Fiscal José Domingo Pérez
El fiscal José Domingo Pérez habría vuelto a realizar modificaciones a la acusación fiscal primigenia, de marzo de 2021, durante su alegato ante los jueces.
El cambio más notorio fue en el caso de los abogados acusados de obstrucción a la justicia. El fiscal dice que recibieron órdenes de Keiko Fujimori para amenazar a los testigos, para lo cual ellos habrían inducido y presionado a los aportantes para que den una falsa declaración a la fiscalía.
En marzo de 2021, la fiscalía solicitó una pena de 4 años y 6 meses para los abogados Arsenio Oré Guardia, Edward García, Giulliana Loza, Luis Lazo, Lorena Gamero y Danae Calderón, en tanto, que en el resumen oral se escuchó que pidió para cada uno de ellos, una pena de hasta seis años y 6 meses de prisión efectiva.
Los alegatos de defensa
Abogada Giulliana Loza, a cargo de la defensa de Keiko Fujimori
El Tercer Juzgado Penal Colegiado programó para el próximo lunes, 15 de julio, los alegatos de la defensa de Keiko Fujimori, a cargo de la abogada Giulliana Loza, de forma presencial y con la participación de la líder de Fuerza Popular. La abogada anunció que planifica utilizar menos de una hora para responder las acusaciones de la fiscalía.
Para ese mismo día, también se programó los alegatos de los abogados Humberto Abanto por Jaime Yoshiyama, Gonzalo del Río por José Chlimper, Percy Cavero por Arsenio Oré y Christian Salas Beteta por Fuerza Popular.
El martes, 16 de julio corresponderá el turno de los abogados defensores de los acusados Vicente Silva, Pier Figari, Ana Garfías, Diana Tarazona y Carmela Paucará Paxi.
La procuradora especializada en lavado de activos, María Camus Dávila pidió al Tercer Juzgado Penal Colegiado que imponga a Keiko Fujimori y los 40 acusados en el caso Cócteles el pago de una reparación civil de 151 millones 063 mil 509.84 soles en forma solidaria, por el daño causado a la imagen del país y las consecuencias de los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración ante la ONPE.
En la audiencia pública, Camus Dávila explicó a los jueces que este monto se establece a partir de los aportes presuntamente ilícitos recibidos por la candidata presidencial Keiko Fujimori y Fuerza Popular en las elecciones del 2006 y 2011, que la fiscalía estableció en 17,3 millones de dólares, que al tipo de cambio supone 69 millones 420 mil 512 soles, los pagos al estudio Oré Guardia por 159,918 dólares y los falsos aportes declarados ante la ONPE en las elecciones del 2011 por 19,3 millones de soles.
La procuradora María Camus intervino en el juicio del caso Cócteles, luego de concluir el alegato de acusación del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez.
En detalle, la representante del Estado explicó que por el delito de organización criminal se considera una reparación civil correspondiente al 2% de los dineros recibidos por la presunta organización criminal, de lo que corresponde el pago al Estado de un monto de dos millones 223 mil 969 soles.
En tanto, por el delito de lavado de activos, la procuradora consideró que dado el daño irreparable ocasionado al país se considera un monto equivalente al doble del monto lavado por la organización criminal por lo que por estos actos ilícitos se considera el pago de 138 millones 841 mil 024 soles.
Por el delito de obstrucción a la justicia, la procuraduría de lavado de activos considera el doble del pago que el partido Fuerza Popular realizó al estudio de abogados Arsenio Oré Guardia por los servicios de asesoría legal, por lo que se pide el pago de 305,836 soles de reparación civil por este delito.
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