Fuerza Popular y Renovación Popular atacan a la Fiscalía por investigaciones a partidos políticos

Tras la investigación que inició el Ministerio Público contra los partidos políticos Fuerza Popular y País Para todos por presuntas conductas antidemocráticos, el fujimorismo y su aliado Renovación Popular lanzaron ataques contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Por medio de comunicados oficiales, estas organizaciones políticas acusaron a la titular del Ministerio Público de vulnerar el orden democrático por aceptar la denuncia interpuesta por la ciudadana Beatriz Cano Bernales, quien, basándose en el artículo 14 de la Ley 28094 (Ley de Organizaciones Políticas), fundamentó que el partido de Keiko Fujimori debería ser declarado ilegal por presentar conductas antidemocráticas.

Fujimorismo y Renovación Popular rechazan investigación

«Apenas un día después de convocadas las elecciones generales del 2026, se anuncia esta medida que amenaza el pluralismo político y la democracia», protestó el partido Fuerza Popular. «Es evidente el uso desproporcionado y político de la Fiscalía, abandonando su función constitucional de luchar contra la criminalidad y la delincuencia», agregó.

La agrupación reafirmó que actuarán dentro del marco constitucional para defender su permanencia en las elecciones generales de 2026.

El pronunciamiento de Renovación Popular también cuestiona la indagación contra el partido País Para Todos, donde milita el comediante Carlos Álvarez. La imputación contra esa agrupación fue formulada por el ciudadano Javier Julca, exmilitante de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O).

«Exigimos a la fiscal de la Nación avocarse a su función constitucional de investigar y combatir la delincuencia y la criminalidad que mantienen en zozobra a toda la población, haciendo uso eficiente de sus recursos para lograr dicho fin», se lee en el comunicado de Renovación Popular.

A parte de ello, las organizaciones minimizaron la función fiscal y exhortaron a la institución a dedicarse únicamente a atender denuncias relacionadas a la criminalidad e inseguridad ciudadana.

El congresista Fernando Rospigliosi, de la bancada de Fuerza Popular, calificó de «absurda y descabellada» la denuncia presentada en contra del partido. Agregó que la entidad viene siendo controlada por una «mafia caviar» e instó a que usen los recursos del Estado para atrapar a los delincuentes.

«Puede simplemente rechazar acusaciones totalmente absurdas y descabelladas como esa, pero no, les da trámite. Y después dicen estamos sobrecargados, en lugar de dedicarse a perseguir la delincuencia que es el principal problema que nos aqueja a los peruanos», lamentó Rospigliosi.

Keiko Fujimori, lideresa de FP, también atacó a la Fiscalía y sostuvo que el trasfondo de la indagación es «debilitar la democracia» en medio de la convocatoria electoral.

«Hace tan solo dos días se ha hecho la convocatoria a elecciones y ya tenemos a un primer actor político, la Fiscalía de la Nación. Y es lamentable que el rol que esta institución tan importante que va a jugar es para intentar anular o sacar de carrera a partidos políticos», enfatizó.

Pero más allá de los lamentos, el partido fujimorista tiene un carta bajo la manga con la que responderá al Ministerio Público: las acusaciones constitucionales que alista el Congreso.

Fujimorismo amenaza a fiscales

Rospigliosi, en modo de amenaza, recordó que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso hay denuncias constitucionales contra los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos.

«A la fiscal ya la hemos denunciado muchísimas veces. Hemos presentado una denuncia contra toda la Junta de Fiscales Supremos. Desde octubre (del año pasado) está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y hay otras más», advirtió.

Rospigliosi, junto a sus colegas José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú), denunció a la fiscal Espinoza por inaplicar la ley que faculta a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de las investigaciones preliminares de presuntos delitos.

A eso se suma que el parlamentario Jorge Montoya (Honor y Democracia) también presentó una denuncia constitucional contra los fiscales supremos Delia Espinoza, Zoraida Ávalos y Juan Villena, y la exfiscal Patricia Benavides por supuestamente haber favorecido al expresidente Martín Vizcarra.

El 26 de marzo, el vocero de Renovación Popular, Alejandro Muñante, anunció que presentará una iniciativa para destituir a los fiscales supremos Espinoza, Ávalos, Villena y Pablo Sánchez.

En ese contexto Rospigliosi recordó las denuncias constitucionales contra los fiscales que proponen inhabilitarlos. El Congreso también tiene cómo contragolpear.

Renovación Popular también tiene investigación en contra

Cabe resaltar que en abril de 2024 la Fiscalía inició una investigación al grupo político, Renovación Popular por los presuntos delitos de asociación ilícita agravada para delinquir y lavado de activos en el caso Odebrecht.

Fiscal de la Nación inicia diligencias por el pedido de declaratoria de ilegalidad al partido de Fuerza Popular

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, dispuso el inicio de diligencias por el pedido de declaratoria de ilegalidad al partido Fuerza Popular debido a una presunta conducta antidemocrática.

Espinoza delegó estas funciones al fiscal adjunto supremo, Dante Pimentel Cruzado, quien se encargará de este procedimiento para definir si esta agrupación política, liderada por Keiko Fujimori, es declarada ilegal o no.

Esta solicitud fue presentada por la ciudadana Beatriz Cano, quien fundamenta su pedido señalando que Fuerza Popular tuvo conducta antidemocrática en tres situaciones específicas: los casos ‘Cócteles’, ‘Mamanivideos’ y las alegaciones no probadas de fraude en las elecciones presidencialeas del 2021 cuando Fujimori Higuchi perdió en segunda vuelta frente a Pedro Castillo.

Las diligencias que realizará el fiscal Dante Pimentel serán las de recabar un informe detallado sobre el estado actual ambas investigaciones en las que están involucrados tanto Keiko como su hermano Kenji Fujimori, también deberán recopilar las declaraciones públicas y los posts en redes sociales que realizó la lideresa de Fuerza Popular argumentando fraude electoral en su contra.

PARTIDO DE CARLOS ÁLVAREZ EN LA MIRA

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también ha iniciado diligencias preliminares para un pedido de declaratoria de ilegalidad al partido País para Todos, en el que milita el cómico Carlos Álvarez.

El Área de Enriquecimiento Ilícitos y Denuncias Constitucionales acogió una denuncia interpuesta por Javier Sulca Cáceres, quien era militante de la desaparecida Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A. N. T. A. U. R. O.).

La Policía Nacional está al servicio política de Fuerza Popular, revela mensaje de Patricia Juárez

Un día antes de la marcha del 21 de marzo y de la censura del ministro del interior, Juan José Santiváñez, artistas y representantes de grupos musicales recibieron un mensaje del despacho de la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez de Fuerza Popular.

En el mensaje, enviado por el asesor Abel Santiago, se les invitó a participar en un diálogo con el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), General PNP Marco Conde Cuellar. La reunión se realizó a partir de las 8:30 a.m, del 21 de marzo, en la cuadra 3 de la avenida España, tal como se anuncia en el mensaje

Participaron el general jefe de la Dirincri, la congresista Juárez y representantes de los músicos. De tal manera que lo que en apariencia puede ser la legítima preocupación de una congresista ante la inseguridad, se convierte en un caso de tráfico de influencias, utilizando la labor parlamentaria.

Un probable delito de tráfico de influencias

General PNP Marco Conde Cuellar con la congresista Patricia Juárez

Como miles de ciudadanos en todo el país, los artistas también han recurrido a la policía en busca de ayuda y no la han encontrado, hasta que apareció Juárez. Entonces, recibieron el apoyo, que otros miles de ciudadanos a nivel nacional no reciben y terminan muertos, blanco de las balas extorsivas, totalmente desprotegidos.

La conclusión del mensaje no deja dudas sobre dicha influencia: “A la vez, estamos prestos a apoyarlos para que sus denuncias sean escuchadas más rápidas en la Dirincri”, concluye el mensaje que Abel envió a la Dirincri. Es evidente que no se trataba solo de ponerles en contacto con la policía, sino que se les ofreció un resultado positivo.

La Dirincri confirmó esa influencia, en mensajes en sus redes sociales. No solo recibieron a los representantes de los cantantes y grupos musicales, les garantizaron un entorno seguro. “Durante la reunión se discutieron medidas de seguridad y prevención con la participación de los artistas, quienes compartieron sus preocupaciones sobre este delito. Este tipo de iniciativas buscan garantizar un entorno seguro y libre de extorsiones para toda la ciudadanía”, informó la policía.

Preocupante contubernio político

Reunión con la policía convocada por la congresista Patricia Juárez

Pero, este este mensaje revela un segundo aspecto más preocupante. El sometimiento de la Policía Nacional a los intereses políticos, de un determinado grupo. Cómo lo han declarado Yahaira Plasencia y Daniela Dancourt dicho mensaje, con la intervención de la policía, buscó que los artistas no participaran en la marcha para exigir al gobierno de Dina Boluarte acciones concretas contra la inseguridad ciudadana.

Un contubernio que es el corolario de la serie de condecoraciones que los mandos policiales reciben del Congreso desde el 2023. El 24 de agosto de 2024, el titular del parlamento, Eduardo Salhuana fue reconocido por la PNP, con la participación del ministro Santiváñez. El 4 de diciembre de 2024, se repitió otro evento similar. Los jefes policiales recibieron otra condecoración el 13 de enero de 2025, por mencionar algunos actos.

En octubre del 2024, el Congreso aprobó la Ley 32,130 que reforma el Código Procesal Penal para transferir la investigación preliminar del delito a la policía, en detrimento del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación. Fuerza Popular y las principales fuerzas políticas, APP, Perú Libre, Podemos, que sostienen el régimen de Dina Boluarte tienen investigación en trámite en el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza y los Equipos Especiales.

El mensaje de la congresista Patricia Juárez a los artistas

La Policía Nacional nunca estuvo de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal. La reforma retrocede a los comienzos del siglo XX. Por esa, tras la censura de Santiváñez, el comandante general PNP Víctor Zanabria salió a defenderlo preocupado, dijo, por mantener la línea de trabajo. Una estrategia que en la lucha contra la inseguridad no ha dado resultado.

Los policías le agradecen las mejoras salariales y derechos laborales que les dio el Congreso y que el Ejecutivo aprobó. Todo esta situación, en un momento en que los congresistas no están interesados en combatir la delincuencia, sino en quedarse en el poder, en asegurar la elección a la presidencia y el nuevo senado y la cámara de diputados.

buscando un nuevo ministro del interior

La presidente Dina Boluarte deberá decidir el nombramiento de una nuevo ministro del Interior que responda a los reclamos de la ciudadanía de brindar mayor seguridad, ante el avance las asesinatos extorsivos y el crimen organizado.Diversos sectores reclaman la salida de los jefes policiales muy cercanos a Juan José Santiváñez, un abogado que se habría preocupado por atender a sus ex clientes antes de definir el trabajo policial. Boluarte deberá designar al nuevo ministro del Interior este lunes, al cumplirse 72 horas de la censura de Santiváñez.

Fuerza Popular presenta cuarta moción de censura contra Santiváñez: lo blindaron 9 meses y se registraron 469 muertos en 2025

La bancada de Fuerza Popular presentó la cuarta moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, luego de que lo blindaron por más de nueve meses y no firmaron la moción presentada por la parlamentaria Susel Paredes, a la cual solo le faltaba una firma para completar las 33 necesarias, hace dos meses. Además, el partido de Keiko Fujimori esperó que el Sistema de Defunciones (Sinadef) tuviera que registrar 469 muertes en lo que va del 2025 para recién pedir la salida del ministro Santiváñez.

Esta cuarta moción de censura presentada por el partido naranja cuenta con 34 firmas, entre ellas están incluidas las de otras cuatro agrupaciones más. El documento se encuentra en proceso de revisión.

Cuarta moción de censura contra Juan José Santiváñez. Foto: difusión

¿Qué argumentos presenta la moción de censura de Fuerza Popular?

El documento presentado por el partido de Keiko Fujimori señala que «la inseguridad no es solo el fracaso de un ministro, sino la consecuencia de un sistema de justicia colapsado que permite que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra».

Además, precisa que la censura de Santiváñez sería una medida política inmediata, pero se necesitaría una reforma integral del sistema de justicia y «un Ministerio Público que haga su trabajo». Sin esto, Fuerza Popular indica que la delincuencia seguirá ganando terreno.

Susel Paredes presentó primera moción de censura

La primera moción, impulsada por la congresista del Bloque Democrático Popular, Susel Paredes, fue presentada el domingo luego de completar 34 firmas —el mínimo necesario era 33—. Sus colegas Lady Camones, de APP, y la no agrupada María del Carmen Alva se habían sumado al pedido.

El documento lleva las rúbricas de parlamentarios del Bloque Democrático Popular, Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia, Juntos por el Perú, Podemos Perú y la Bancada Socialista.

Fuerza Popular reúne firmas para una nueva moción de censura contra Santiváñez y esperan que bancadas se sumen

Patricia Juárez, primera vicepresidenta del Congreso, en declaraciones a la prensa, anunció que su bancada Fuerza Popular ya se encuentra reuniendo las firmas necesarias para presentar otra moción de censura contra el ministro del Interior Juan José Santiváñez.

Como se sabe, en un comunicado emitido ayer, la bancada fujimorista anunció que, si Santiváñez Antúnez no renunciaba al cargo, entonces presentarían la referida moción, debido al «fracaso de la estrategia» del ministro para enfrentar «la grave crisis de inseguridad» en el país.

Al respecto, Juárez Gallegos indicó que su grupo parlamentario ha redactado una moción con los «fundamentos adecuados» respecto a la situación de inseguridad y que espera que las demás bancadas apoyen la iniciativa.

«Conforme el comunicado de la bancada y el partido, nosotros hemos redactado una moción que recoge los fundamentos que, creemos, son los adecuados respecto a la situación de inseguridad que se ha acrecentado, que vivimos día a día y que creo que esas son las razones y argumentos válidos para censurar al ministro», anunció.

«Esperemos que las bancadas en su conjunto apoyen la moción. Nosotros, por lo menos, la hemos redactado desde un punto de vista estrictamente técnico con los argumentos que recogemos respecto a los temas de inseguridad», agregó.

Cabe destacar que, esta mañana, la moción de censura impulsada por la congresista Susel Paredes fue presentada tras lograr reunir 35 firmas. Dicho documento no fue suscrito por parlamentarios de Fuerza Popular.

«Entiendo que las mociones anteriores se referían solamente a situaciones de estados de emergencia y por eso nosotros no nos adherimos en su momento a ella. Por ejemplo, en la primera moción en la que se pedían las firmas eran solamente casi una expresión respecto a los temas que tenían que ver con situaciones de los estados de emergencia. Los argumentos deben ser la ola de criminalidad que viene azotando», señaló Juárez.

«Los estados de emergencia, de acuerdo al diseño de una de las mociones que se ha presentado, no eran lo fundamental. Hemos exhortado, hemos criticado mucho la gestión del ministro del Interior, pero como partido democrático hemos estado esperando algunas decisiones del Ejecutivo. Nosotros hemos salido con un comunicado enérgico y hemos dicho: se requiere mano dura, como en los años 90, el partido fujimorista tomó y cambiamos el curso de la situación que se vivía en ese momento en el país», agregó.

Asimismo, la primera vicepresidenta del Parlamento resaltó que creían que el «cambio» de Santiváñez lo debía realizar la presidenta Dina Boluarte, y que desconocía cuántas firmas había reunido hasta el momento la moción de censura de su bancada.

«Nosotros como partido democrático hemos estado, digamos, esperando lo que debía ser una respuesta del Ejecutivo y del Mininter. Nosotros creíamos que si tenía que haber algún cambio lo tenía que proponer la señora Boluarte. Ante la ausencia de políticas contra la criminalidad, nosotros creemos que este es el momento oportuno, aún cuando hemos venido siempre, desde nuestros lugares, nuestras posiciones, siempre criticando las cosas que venían ocurriendo en el Mininter», puntualizó.

Alejandro Muñante: «Justo ahora, el Reniec no reconoce algunas firmas»

Esta mañana, el congresista Diego Bazán (Renovación Popular) anunció en sus redes sociales que había logrado reunir 35 firmas para presentar una segunda moción de censura contra el titular del Mininter. No obstante, su colega de bancada, Alejandro Muñante, indicó que el documento no pudo ser ingresado, porque les observaron varias de las rúbricas.

«Es extraño, porque nos han observado varias firmas, supuestamente el Reniec no las reconoce, cuando se sabe que nosotros hemos firmado varios proyectos de ley, hemos ingresado mociones, etc., y justo ahora el Reniec no reconoce algunas firmas», indicó.

«Según lo que ha informado la Oficialia Mayor, es que el Reniec ha observado las firmas, no todas. Estamos subsanando, pelearse en este momento ya es estéril. Lo que estamos haciendo es simplemente subsanar las firmas […] y estamos cumpliendo con las 35 firmas. Me parece extraño, porque los mismos congresistas a quienes se les ha observado las firmas hemos presentado proyectos de ley, etc., y nunca ha habido una observación por eso», agregó.

El parlamentario culminó asegurando que «de todas maneras, la moción se presenta sí o sí el día de hoy».

Votaciones desmienten a Keiko Fujimori: Fuerza Popular, APP y sus aliados sí gobiernan en el Congreso

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pretende evadir responsabilidad del papel de su partido político y sus aliados en las decisiones que toma el Congreso y que provocaron que esta institución tenga 95% de desaprobación. Fujimori criticó a quienes señalan que el fujimorismo y las agrupaciones de César Acuña, Alianza Para el Progreso (APP), y Rafael López Aliaga, Renovación Popular, manejan los votos en el Parlamento.

“Falso, pero a ver, juguemos con esa idea, sumando todos esos votos, llegan solo a 53. Sí, con eso no alcanza ni para aprobar una ley. Ya sé que todo el mundo dice que la culpa es mía, pero ya sabes cuál es la realidad”, aseguró Fujimori en un video publicado en Tik Tok.

Primero, Fuerza Popular, APP y Renovación Popular, no suman 53 votos, sino 46. Pero la coalición que gobierna el Congreso no está conformada únicamente por estas agrupaciones políticas. La Mesa Directiva está presidida por un apepista como Eduardo Salhuana y tiene en la primera vicepresidencia a la fujimorista Patricia Juárez. Pero, además, ellos son acompañados por Waldemar Cerrón, de Perú Libre, y Alejandro Cavero, de Avanza País.

Fuerza Popular (21), APP (14), Perú Libre (11), Avanza País (7) y Renovación Popular (11). A ellos se suman otras bancadas que votan usualmente en línea con esta coalición, autodenominada, “Bloque Democrático”: Somos Perú (7), Bloque Magisterial (8) y Acción Popular (9).

La coalición no tiene los 53 votos que menciona Fujimori. En total, suma 88. Lo suficiente como para aprobar las leyes y reformas constitucionales que les plazca.

Un claro ejemplo es la votación que rechazó la moción de censura contra Salhuana este jueves con 64 votos en contra. Votaron en esa línea 19 de Fuerza Popular, 11 de APP, 4 de Perú Libre, 4 de Avanza País, 7 del Bloque Magisterial, 6 de Somos Perú, 3 de Renovación Popular, 7 de Acción Popular y 3 de los no agrupados.

El 6 de junio del año pasado el Congreso aprobó un proyecto de ley del fujimorismo de amnistía para delitos de lesa humanidad. Un mes después, la Comisión Permanente, con votos de FP y sus aliados, ratificó la norma para enviarla a que sea promulgada.

El 23 de agosto del año pasado, la coalición que gobierna el Congreso aprobó con 72 votos la ley que delega a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de investigaciones preliminares de presuntos delitos, restándole facultades al Ministerio Público.

En noviembre del año pasado, esta coalición aprobó con 84 votos la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses.

El 5 de diciembre el Pleno aprobó una ley impulsada por el fujimorismo que permitirá que en 2031 haya más de 237 legisladores en el Parlamento bicameral.

Sobre las leyes, no solo juegan un papel importante las bancadas en el Pleno, sino también el manejo de las comisiones. Leyes como las de impunidad para delitos de lesa humanidad, que delega a la PNP la dirección de investigaciones preliminares y que aumentará el número de parlamentarios, fueron dictaminadas en la Comisión de Constitución que desde hace tres años es presidida por un congresista del partido de Keiko Fujimori.

El fujimorismo, además, tiene la Comisión de Relaciones Exteriores, desde donde promovió la propuesta de ley que persigue el financiamiento de las ONG.

Su aliado APP tiene la Comisión de Presupuesto que el año pasado propuso un presupuesto histórico de S/ 1.400 millones para el Congreso en el año fiscal 2025 y que además lidera la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se discuten las investigaciones contra altos funcionarios.

Perú Libre maneja la Comisión de Justicia, donde nació la Ley 32108 que redefine las organizaciones criminales. Su otro aliado de izquierda, Bloque Magisterial, lidera con Alex Paredes, la Comisión de Ética.

Se trata de una coalición con demasiado poder. Eso explica por qué el exministro de Inclusión Social Julio Demartini no fue censurado, por qué no hay control político contra el ministro del Interior, Juan Santiváñez y por qué Dina Boluarte sigue de presidenta.

En siete mociones de vacancia presidencial, Fuerza Popular, APP y sus aliados votaron en contra, mandaron al archivo dichos pedidos y blindaron a Boluarte.

El partido de Keiko Fujimori fue el único que en esas votaciones se opuso en bloque. Sin embargo, ahora quiere eludir la realidad y también la responsabilidad de la coalición que su agrupación integra.

Fuerza Popular, APP y sus aliados controlan oficinas

La lideresa de Fuerza Popular no menciona que una de sus excongresistas es Jefa del Fondo Editorial del Congreso. Se trata de Karina Beteta. La primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Juárez, tiene competencias sobre esa oficina.

En enero de este año, este diario reportó que el médico pediatra José Francisco Recoba, quien fue parte del equipo técnico de Keiko Fujimori en 2021, es jefe del Departamento de Investigación Parlamentaria.

La jefa del Departamento de Comisiones es la exasesora de la congresista fujimorista Rosangella Barbarán, Shirley Montenegro.

Luego de cada elección de una nueva Mesa Directiva, las bancadas ganadoras se distribuyen las comisiones y oficinas del Congreso.