Congreso: Fuerza Popular, APP y aliados dilataron por mes y medio la aprobación de la ley de detención preliminar

En ese periodo, solo 26 congresistas apoyaron debatir con urgencia dicha norma, mientras que los demás, esperaron a que comience la legislatura esta semana. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que el proyecto será discutido recién el jueves..

El 13 de enero, a pocas horas de que se venza el plazo establecido para que la presidenta Dina Boluarte promulgue la ley que restituye la detención preliminar, el primer ministro Gustavo Adrianzén anunció que había sido observada y que dichas recomendaciones fueron enviadas al Congreso de la República para su debate. La ley pasó por la Comisión de Justicia y en una sesión extraordinaria, el 5 de febrero, fue aprobada por insistencia para que sea debatida en el Pleno.

Con la finalidad de acelerar su promulgación, la parlamentaria Ruth Luque impulsó una moción para convocar a un pleno extraordinario; sin embargo, solo logró recolectar 26 firmas de las 78 necesarias. Las firmas faltantes pertenecen a las tres bancadas con más miembros dentro del Parlamento: Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso.

Sin las rúbricas de los integrantes de estas agrupaciones, se dilató por mes y medio la votación de esta ley que busca restituir la detención en casos de no flagrancia y no seguir favoreciendo a delincuentes implicados en casos de crimen organizado o a funcionarios como el vocero presidencial Freddy Hinojosa y el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Keiko Fujimori: abren proceso sancionador contra Fuerza Popular tras viaje a EE.UU. con dinero del Estado

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha comenzado un procedimiento sancionador contra el partido Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, debido al uso indebido de fondos públicos para un viaje a Estados Unidos. Esta información fue revelada por el jefe de la entidad electoral, Piero Corvetto. La cantidad en cuestión es de alrededor de S/28.000.

Este procedimiento se deriva de un informe técnico elaborado por la ONPE, que señala una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas. Corvetto explicó que el financiamiento público debe estar vinculado a actividades de capacitación y funcionamiento del partido, y que su uso inadecuado puede acarrear sanciones.

«Nosotros hemos abierto un procedimiento sancionador al respecto y yo soy un órgano sancionador, por lo tanto, no puedo opinar sobre cuál es el devenir del expediente. Hay una argumentación expuesta en el informe. El uso del financiamiento tiene que estar exclusivamente vinculado a aspecto de capacitación y funcionamiento. Si no se encuentra sustentado de esa manera, no está debidamente utilizado el financiamiento público directo», dijo para RPP.

El viaje de Fujimori a California fue en respuesta a una invitación de la Dominican University of California, donde participó en un evento con la comunidad local. Sin embargo, este viaje se encuentra bajo la lupa de las autoridades debido a la naturaleza del financiamiento utilizado.

Este viaje se llevó a cabo el 28 de mayo de 2024. En su publicación, mencionó que su visita fue para «dirigir algunas palabras y dialogar con la comunidad que asistió a este evento». Este proceso sancionador se produce en un contexto donde Keiko Fujimori enfrenta otros desafíos legales.

En mayo de 2024, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que se revoque la comparecencia con restricciones de Fujimori y se dicte nuevamente prisión preventiva en su contra, alegando incumplimiento de las reglas de conducta en el caso Cócteles.

Renovación Popular pagó más de S/175.000 a empresa de exasesor de Rafael López Aliaga

Según los informes de la ONPE, La República pudo identificar que en el primer semestre de 2024, Renovación Popular destinó más de 175 mil soles de financiamiento público a la empresa de un asesor de la campaña electoral de Rafael López Aliaga.

De acuerdo con información de la ONPE, la empresa del exasesor publicista argentino, Focus Marketing & Management Sociedad Anónima Cerrada, con RUC 20609703149, tiene registrados en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contratos por más de 175 mil soles con el partido Renovación Popular, correspondientes a servicios de asesoría en comunicación y marketing entre enero y junio de 2024.

El año 2024 no fue el único en que Focus Marketing & Management Sociedad Anónima Cerrada trabajó con el partido de López Aliaga, Renovación Popular. En el primer semestre de 2023, la empresa recibió un total de 120.165,70 soles por sus servicios. En el segundo semestre, la cifra no varió mucho, alcanzando los 158.200 soles, lo que suma un total de 278.365,70 soles a lo largo de todo el año.

Continúan las movidas políticas: fujimorista Héctor Becerril deja Fuerza Popular para unirse a Alianza para el Progreso

El excongresista Héctor Becerril estaría planeando volver a incursionar en la política, por lo que ya viene moviendo sus fichas para el año electoral 2026. Es así que a través de una publicación en X, anunció su afiliación al partido Alianza para el Progreso (APP), agrupación liderada por el gobernador de La Libertad, César Acuña.

Becerril dejó el partido de Keiko Fujimori tras 14 años y tan solo seis días después ya habría ingresado su solicitud de afiliación a APP. “Agradezco la gentil invitación del Ing. César Acuña, a formar parte del partido político APP, asumiendo el compromiso de contribuir al fortalecimiento de la organización del partido», se puede leer en la publicación que compartió Becerril acompañado de una fotografía junto a Acuña.

Alianza para el progreso, el partido en crisis

La jugada de Becerril no habría sido la más acertada, pues actualmente APP está involucrada en la presunta red de prostitución que habría operado en el Congreso y que habría sido liderada por el extrabajador Jorge Torres Saravia, quien ingresó al Parlamento como asesor de Luis Váldez, mano derecha de César Acuña.

Debido a que diversas personas de APP se encuentran involucradas dentro del mencionado caso, es que las distintas bancadas del Parlamento están proponiendo la censura de Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, pues el también pertenece al mencionado grupo político.

Hermano de Héctor Becerril se encuentra prófugo

En 2020, la Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Lambayeque con Competencia en delitos de Corrupción de Funcionarios logró que se ordene 24 meses de prisión preventiva por el presunto delito de organización criminal en el marco del caso Los Temerarios del Crimen.

De acuerdo con la investigación, Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez habría cumplido con el rol de negociar, pactar o arreglar los sobornos a cambio de que su hermano, Héctor Becerril Rodríguez, usando su cargo de congresista, gestione proyectos de inversión pública para la ciudad de Chiclayo.

Segundo Wilfredo se encuentra actualmente en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter). Se ofrece S/25.000 por su información que permita dar con su captura.

Fuerza Popular rechaza vacancia contra Dina Boluarte a pesar de crisis por inseguridad: «Tenemos que darle estabilidad al país»

La primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez de Fuerza Popular, respalda el trabajo de la presidenta Dina Boluarte a pesar del aumento de crímenes por sicariato y extorsión, la legisladora señala que debe permanecer en el cargo a fin de no generar inestabilidad al país ya que nos encontramos próximos a iniciar el foro de APEC. Asimismo, en cuanto al trabajo del ministro Santiváñez dijo que aún se encuentran evaluando su desempeño frente a la inseguridad, pese a que el estado de emergencia no está dando resultados.

«Nosotros tenemos la obligación de darle al país estabilidad. Estamos próximos a APEC, a inaugurar importantes obras como Chancay, como el aeropuerto, y creo que lo que tenemos que hacer es decirle a la comunidad internacional, al mundo en su conjunto, que va a venir a APEC, porque nosotros vamos a ser la vitrina del mundo, que el Perú tiene estabilidad, potencialidad y respeto a la seguridad jurídica de las inversiones», dijo la congresista de Fuerza Popular.

La parlamentaria recalcó que una eventual vacancia podría generar un impacto negativo del país en la percepción de los ciudadanos. Cabe recordar que Dina Boluarte se encuentra en su punto más bajo de desaprobación.

«Por supuesto (que debería permanecer). Nosotros tenemos que generarle al país estabilidad. Yo me pregunto realmente qué se haría con una vacancia en el país (…). Estamos evaluando, por lo menos en nuestra bancada, las acciones que viene realizando el ministro del Interior y los resultados que está teniendo. De ahí tomaremos una decisión», agregó.

Fuerza Popular no firma moción de censura contra el ministro Juan José Santivañez

La vicepresidenta del Congreso, Carmen Patricia Juárez Gallegos, afirmó en una entrevista para Canal N que el Congreso no tiene inconveniente en censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido a los pocos resultados obtenidos en el estado de emergencia declarado en Lima. Sin embargo, aunque algunas voces en el Congreso se muestran reacias a destituir al titular del Mininter, la congresista Sigrid Bazán presentó una moción de censura contra el ministro y destacó que el partido de la parlamentaria Juárez, Fuerza Popular, no ha firmado hasta la fecha ningún apoyo a dicha moción.

En esa misma línea, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, señaló que se le atribuía al Legislativo algún tipo de compromiso con Juan Santiváñez. Añadió que no habría inconveniente en censurarlo, siempre que esto contribuya a resolver los problemas de criminalidad en el Perú.

Fuerza Popular plantea que FF.AA. administren temporalmente por 120 días las cárceles

Ante la ola de inseguridad ciudadana que azota el país y el crecimiento de algunos delitos, como la extorsión y el sicariato, desde Fuerza Popular demandaron al Gobierno de Dina Boluarte acciones concretas e inmediatas para combatir esta problemática.

A través de un comunicado, el partido que lidera Keiko Fujimori propuso seis medidas urgentes para ser adoptadas por las autoridades.

En primer lugar, consideraron que el Gobierno debe convocar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para que asuman la administración temporal y exclusiva de los penales en el Perú por un mínimo de 120 días. Esto, debido a que un alto porcentaje de los crímenes se planifican desde las cárceles.

“En los próximos 20 días, el Gobierno debe presentar una propuesta consensuada de reforma del sistema de administración de justicia para evitar que malos elementos dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público sigan perjudicando la correcta administración de justicia en el Perú y terminen liberando a criminales”, añadió el fujimorismo.

También pidieron ejecutar un programa de capacitación dirigido a las FF.AA. para que se hagan cargo de la seguridad ciudadana en los distritos y provincias que sean declarados en emergencia.

A favor de precisiones en la ley de crimen organizado

Fuerza Popular también planteó que la responsabilidad legal de policías y militares en el ejercicio de sus funciones sea resuelta en el fuero militar y policial, así como solicitó declarar en estado de emergencia el sistema penitenciario nacional y autorizar la construcción inmediata de más cárceles en todo el país.

“Denunciar parcialmente el Pacto de San José de Costa Rica en lo que se refiere a beneficios legales en favor de terroristas y criminales peligrosos”, acotaron.

Finalmente, el fujimorismo se mostró a favor de que el Congreso realice precisiones a los alcances de la ley N° 32108, que modifica la definición del crimen organizado, en lo que respecta a los allanamientos judiciales y organizaciones criminales.

Esto, según argumentaron, “con la finalidad de desbaratar la narrativa engañosa de los cómplices políticos de Alejandro Toledo, Susana Villarán, Martín Vizcarra y Pedro Castillo”.

Martín Vizcarra critica que Fuerza Popular cuestione la inseguridad ciudadana: «Conchudos»

El expresidente Martín Vizcarra ha expresado críticas hacia un pronunciamiento de Fuerza Popular relacionado con la inseguridad ciudadana en el contexto del paro de transportistas llevado a cabo el 26 de septiembre. Vizcarra señaló que, en su opinión, el partido liderado por Keiko Fujimori es el principal responsable de la actual situación del país, atribuyéndole la responsabilidad por las condiciones de inseguridad que afectan a la población.

«Conchudos, que reclaman, si el Fujimorismo domina el Congreso y maneja al Gobierno de Dina. Fuerza Popular es responsable de la grave situación que estamos viviendo», escribió en su cuenta oficial de X.

Su declaración estuvo acompañada del comunicado de Fuerza Popular al que hacía referencia. En su pronunciamiento, el partido naranja exigía «mano dura y soluciones inmediatas» frente al «terrorismo urbano y la criminalidad organizada».

Tuit de Martín Vizcarra. Foto: Martín Vizcarra/X

Uno de los pedidos es: «Movilización de las Fuerzas Armadas: Solicitamos que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional para restablecer el orden y contener el crimen en las calles».

Comunicado de Fuerza Popular. Foto: FP

Crisis de la seguridad ciudadana

El problema en seguridad ciudadana fue observado por la congresista Susel Paredes durante una su salida de un evento en Trujillo.

«Yo nunca he vivido esta situación en Lima más que en la época del terrorismo, cuando no sabías si ibas a regresar a tu casa. Ahora mira, yo vivo en Linace; dos granadas han sido lanzadas en un hostal. No te estoy hablando de un asentamiento humano. A un comedor popular le han pedido cupo, y a un pobre mototaxista que no pagó 7 soles lo han matado sentado en su moto. Y este ministro dice que quiere hacer mesas de diálogo. Lo que tiene que hacer para luchar contra el crimen organizado es callarse la boca, trabajar en secreto e infiltrar las organizaciones criminales.», manifestó.

Dentro de las preguntas que se le realizaron, se mencionó la falta de trabajo del Ejecutivo y la responsabilidad del Congreso por la falta de leyes. A lo que Susel Paredes respondió que no faltaría, sino que sobraría.

«El ministro ni siquiera sabe. Él dice que hay que aumentar la pena de extorsión; la máxima pena de extorsión es cadena perpetua, ¿Qué va a aumentar? Mira, es abogado y no ha leído el Código Penal.», agregó.

Paredes concluyó su declaración esperando que Santiváñez sea censurado por la situación que atraviesa la capital del Perú, y finalizó diciendo: «Ya ni siquiera deberíamos oír sus respuestas porque los hechos dicen que no sirve para nada el ministro.»