La bancada de Fuerza Popular presentó al congresista Fernando Rospigliosi como su candidato para presidir la Comisión de Constitución para el período legislativo 2024-2025.
El parlamentario fue uno de los principales impulsores de la ley que otorga impunidad a los delitos de lesa humanidad, la cual beneficiaría al líder del partido, Alberto Fujimori.
Como se recuerda, el grupo fujimorista ha tenido el control de la Comisión de Constitución desde 2021, primero con Patricia Juárez, después con Hernando Guerra García y luego con Martha Moyano.
Los fujimoristas esperan «repetir el plato» con Fernando Rospigliosi y hacerse nuevamente con la presidencia de la Comisión de Constitución para continuar con la aprobación de reformas que beneficien al partido.
Solo como ejemplo, tenemos el dictamen que se aprobó en la gestión de Juárez, que eliminó la cuestión de confianza, y los dictámenes que intentó aprobar Martha Moyano, los cuales disolvían la JNJ y atentaban contra la autonomía de los órganos electorales.
Los otros candidatos de Fuerza Popular para las comisiones ordinarias
Mediante un comunicado, la bancada fujimorista informó que, además de Rospigliosi, se eligió a Tania Ramírez, Auristela Obando y Eduardo Castillo para postular a la presidencia de las comisiones de Producción, Relaciones Exteriores y Agraria, respectivamente.
«En reunión de bancada de Fuerza Popular , se eligió a los congresistas que serán propuestos para las presidencias de las comisiones de Constitución, Relaciones Exteriores, Agraria y Producción para el periodo 2024 – 2025», se lee en la publicación.
Candidatos de Fuerza Popular para las presidencia de comisiones ordinarias.
Fernando Rospigliosi y su lucha por la ley de impunidad
Además de ser uno de los autores de la ‘Ley de Amnistía’, el congresista fujimorista la defendió férreamente de sus detractores y exigió a la Mesa Directiva que la agendara en el pleno antes de que culminara la legislatura.
Cuando la norma se aprobó en primera votación, Rospigliosi celebró la decisión del Congreso y aseguró que esta ley favorecería a los militares y efectivos de la PNP que aún tienen procesos pendientes por violaciones de derechos humanos.
En una entrevista a Panamericana, indicó que el objetivo de la ley es restaurar la legalidad en el Perú y reparar las injusticias.
«De lo que se trata es de restaurar la legalidad en el Perú y de reparar injusticias que se han cometido con militares y policías que derrotaron al terrorismo y que impidieron que esa horda de criminales y delincuentes esclavizaran a los peruanos», explicó.
El parlamentario olvidó como hace más de 20 años, cuando estaba alejado de la política condenó y criticó una la ley de amnistía que firmó Alberto Fujimori en la década de 1990.
«En junio del año 95, los fujimoristas en el Congreso otorgaron una amnistía a los criminales del Grupo Colina. Esta ley fue firmada por Alberto Fujimori, quien era presidente de la República durante todo este periodo», recordó en un reportaje a Cuarto Poder.
Rospigliosi también ignoró el pronunciamiento de organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos y el comunicado conjunto de los fiscales especializados en derechos humanos que alertaron que la norma atenta contra el derecho a la justicia, verdad y reparación de las víctimas y de sus familiares.
El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez solicitó al Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Penal Nacional resolver la disolución del partido político Fuerza Popular por su contribución y participación en los delitos de organización criminal, lavado de activos, falsa declaración en concurso con falsedad genérica que habría cometido su líder Keiko Fujimori, en el campañas electorales del 2006 y 2011.
Pérez Gómez hizo este pedido al concluir su alegato de acusación ante los jueces que integran el Juzgado Penal Colegiado, Juana Caballero Salazar, Nayko Coronado Laura y Max Vengoa Valdiglesias, en la audiencia 4 del juicio público del caso Cócteles. Audiencia que en esta fecha se realizó de manera virtual, a través de video conferencia.
Fuerza Popular es instrumentalizado por la organización criminal, utiliza sus cargos legales para ejecutar sus acciones y se utilizan sus cuentas para recolectar los fondos ilícitos, que convierten en aportes partidarios, que luego permiten realizar transferencias supuestamente legales. En su seno se constituyó y organizó la organización criminal, a través del partido y la bancada en el Congreso se protege a sus integrantes y se promueven proyectos de ley a favor de sus intereses, explicó el fiscal.
José Domingo Pérez también solicitó la disolución y liquidación de la empresa MVV Bienes Raíces, propiedad del ex esposo de Keiko Fujimori, Mark Vitto Villanela por su presunta intervención en el lavado de más de dos millones de soles, en acciones de corretaje inmobiliario.
Luego de la intervención de la fiscalía, la procuradora especializada en lavado de activos María Camus Dávila solicitó que se imponga a los acusados el pago de una reparación civil de más de 151 millones de soles por el daño que los presuntos delitos atribuidos a la organización criminal habría ocasionado a la imagen del país y de la sociedad peruana.
Camus Dávila explicó a los jueces que dicho monto se establece a partir de los aportes presuntamente ilícitos recibidos por la candidata presidencial Keiko Fujimori y Fuerza Popular en las elecciones del 2006 y 2011, que la fiscalía estableció en 17,3 millones de dólares, que al tipo de cambio supone69 millones 420 mil 512 soles. Además, los pagos de honorarios profesionales realizados al estudio Oré Guardia por 159,918 dólares y los falsos aportes declarados ante la ONPE en las elecciones del 2011 por 19,3 millones de soles.
Así por el delito de organización criminal pide al 2% de los dineros recibidos por la presunta organización criminal, de lo que corresponde el pago al Estado de un monto de dos millones 223 mil 969 soles. En el delito de lavado de activos se considera el doble del dinero presuntamente lavado por la organización por lo que se considera un pago de 138 millones 841 mil 024 soles.
Igualmente, por delito de obstrucción a la justicia se considera el doble de los honorarios pagados a los abogados, lo que arroja una suma de 305,836 soles, en tanto, por delito de falsa declaración se considera el 50% de los montos con contenido falso declarados a ONPE, lo que supone nueve millones 692 mil 659 soles.
La suma de estos cuatros montos da 151 millones 063 mil 509.84 soles que deberán pagar de manera solidaria Keiko Fujimori, Fuerza Popular y los otros acusados al Estado por concepto de reparación civil, en caso sean encontrados culpables y condenados.
Respecto entre las partes
Abogados Giulliana Loza y Humberto Abanto negaron haberse burlado del fiscal
La cuarta audiencia del juicio del caso Cócteles comenzó con una recomendación de los jueces a todos los sujetos procesales: fiscal, procuradores, abogados y acusados a conducirse en la audiencia con lealtad, probidad, veracidad, buena fe y respeto a los jueces y a los demás participantes en el juicio.
El tribunal hizo esta recomendación luego de declarar infundado el pedido del fiscal Pérez para sancionar, con una llamada de atención, a los abogados Giulliana Loza y Humberto Abanto por presuntos gestos obscenos de discriminación sexual realizados el pasado martes, 2 de julio, mientras el fiscal exponía su acusación.
La presidenta y directora de debates, Juana Caballero explicó que, luego de revisar el video de la audiencia pública efectivamente se aprecia a los mencionados abogados realizar gestos y se escucha a Abanto decir 1, 2, 3 y realizar otras señales con las manos que generan sonrisas entre ellos y de las personas cercanas, pero cuyo significado es un tema interpretativo, por lo que no correspondía una llamada de atención.
Sin perjuicio de lo cual, subrayó Caballero, se hacían la recomendaciones a todos los participantes a tener un comportamiento idóneo y de respeto mutuo. Horas después, ante una intervención del fiscal Pérez y la abogada Loza, el tribunal volvió a realizar una nueva recomendación a los abogados, cuando la procuraduría de lavado de activos pretendió acompañar su alegato con diapositivas con imágenes de los acusados.
Presunción de inocencia
Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional
La jueza Nayko Coronado indicó que este no es el primer juicio complejo a cargo de este Juzgado y en todos se evitan que los abogados presenten los logos de sus estudios durante sus intervención, también se evita que en las imputaciones de la fiscalía y de la Procuraduria se coloquen imágenes de los acusados, porque más allá del ímpetu de los alegatos está el respeto a las personas y la presunción de inocencia.
Por su parte, el juez Max Vengoa que una garantía del debido proceso es la presunción de inocencia, no solo para delimitar la decisión final que tome el juzgado, sino en el desarrollo mismo del proceso. Enfatizó que si bien para una de las partes, la fiscalía, puede estar claro la existencia de una organización criminal, los jueces recién están conociendo el caso y no tienen certeza de nada.
Nueva modificación
Fiscal José Domingo Pérez
El fiscal José Domingo Pérez habría vuelto a realizar modificaciones a la acusación fiscal primigenia, de marzo de 2021, durante su alegato ante los jueces.
El cambio más notorio fue en el caso de los abogados acusados de obstrucción a la justicia. El fiscal dice que recibieron órdenes de Keiko Fujimori para amenazar a los testigos, para lo cual ellos habrían inducido y presionado a los aportantes para que den una falsa declaración a la fiscalía.
En marzo de 2021, la fiscalía solicitó una pena de 4 años y 6 meses para los abogados Arsenio Oré Guardia, Edward García, Giulliana Loza, Luis Lazo, Lorena Gamero y Danae Calderón, en tanto, que en el resumen oral se escuchó que pidió para cada uno de ellos, una pena de hasta seis años y 6 meses de prisión efectiva.
Los alegatos de defensa
Abogada Giulliana Loza, a cargo de la defensa de Keiko Fujimori
El Tercer Juzgado Penal Colegiado programó para el próximo lunes, 15 de julio, los alegatos de la defensa de Keiko Fujimori, a cargo de la abogada Giulliana Loza, de forma presencial y con la participación de la líder de Fuerza Popular. La abogada anunció que planifica utilizar menos de una hora para responder las acusaciones de la fiscalía.
Para ese mismo día, también se programó los alegatos de los abogados Humberto Abanto por Jaime Yoshiyama, Gonzalo del Río por José Chlimper, Percy Cavero por Arsenio Oré y Christian Salas Beteta por Fuerza Popular.
El martes, 16 de julio corresponderá el turno de los abogados defensores de los acusados Vicente Silva, Pier Figari, Ana Garfías, Diana Tarazona y Carmela Paucará Paxi.
La procuradora especializada en lavado de activos, María Camus Dávila pidió al Tercer Juzgado Penal Colegiado que imponga a Keiko Fujimori y los 40 acusados en el caso Cócteles el pago de una reparación civil de 151 millones 063 mil 509.84 soles en forma solidaria, por el daño causado a la imagen del país y las consecuencias de los delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración ante la ONPE.
En la audiencia pública, Camus Dávila explicó a los jueces que este monto se establece a partir de los aportes presuntamente ilícitos recibidos por la candidata presidencial Keiko Fujimori y Fuerza Popular en las elecciones del 2006 y 2011, que la fiscalía estableció en 17,3 millones de dólares, que al tipo de cambio supone 69 millones 420 mil 512 soles, los pagos al estudio Oré Guardia por 159,918 dólares y los falsos aportes declarados ante la ONPE en las elecciones del 2011 por 19,3 millones de soles.
La procuradora María Camus intervino en el juicio del caso Cócteles, luego de concluir el alegato de acusación del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez.
En detalle, la representante del Estado explicó que por el delito de organización criminal se considera una reparación civil correspondiente al 2% de los dineros recibidos por la presunta organización criminal, de lo que corresponde el pago al Estado de un monto de dos millones 223 mil 969 soles.
En tanto, por el delito de lavado de activos, la procuradora consideró que dado el daño irreparable ocasionado al país se considera un monto equivalente al doble del monto lavado por la organización criminal por lo que por estos actos ilícitos se considera el pago de 138 millones 841 mil 024 soles.
Por el delito de obstrucción a la justicia, la procuraduría de lavado de activos considera el doble del pago que el partido Fuerza Popular realizó al estudio de abogados Arsenio Oré Guardia por los servicios de asesoría legal, por lo que se pide el pago de 305,836 soles de reparación civil por este delito.
Los excónyuges Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella expresaron durante la presentación del caso Cócteles que los peritajes contables aplicados a su patrimonio demuestran que no existe desbalance patrimonial, por lo que no cometieron el delito de lavado de activos. El empresario Enrique Gubbins Bovet proporcionó abundante información documental a la fiscalía que contradice la versión de los exesposos.
Como resultado de un acuerdo secreto entre el empresario Juan Rassmuss Echecopar, en el que también tuvo participación su sobrino Enrique Gubbins Bovet, ambos hicieron 63 entregas de dinero directamente a Keiko Fujimori, su exesposo Mark Vito o a personas de su entorno designadas por ella misma, por un total de US$7.110.000, en el periodo comprendido entre 2010 y 2016.
De ese total, 21 entregas fueron de US$50.000; 15 de US$150.000; 13 de US$200.000; 4 de US$80.000; 3 de US$100.000; 3 de US$60.000; 2 de US$65.000; y 2 de US$40.000.
De acuerdo con la información suministrada por Gubbins, en todos los casos proporcionó el dinero en efectivo y en billetes de US$100.
Billete por billete
Todos los fujimoristas que llegaron hasta las oficinas de la empresa Sudamericana de Fibras (SDF), en la avenida Néstor Gambetta 6815, Callao, para retirar los paquetes con el efectivo, fueron registrados por el personal de confianza de Juan Rassmuss y su sobrino Enrique Gubbins. Entre ellos aparece la propia Keiko Fujimori, quien el 20 de febrero de 2013 llegó acompañada de su exjefe de campaña Jaime Yoshiyama Tanaka. Se llevó US$50.000. Y el 10 y el 12 de diciembre de 2015 le tocó el turno a Mark Vito Villanella, quien en cada oportunidad retiró US$80.000.
Keiko Fujimori y Mark Villanella nunca declararon como patrimonio los US$210.000 que recibieron de Juan Rassmuss y su sobrino Enrique Gubbins, por lo que ningún peritaje pudo haber detectado ni el origen ni el destino de ese monto que corresponde a los US$7.110.000 que en total recibió Keiko Fujimori supuestamente para financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Keiko Fujimori y Mark Villanella aparecen en la lista que Gubbins proporcionó a la fiscalía sobre distribución de dinero de origen ilícito. Crédito: La República.
Keiko Fujimori y Mark Villanella aparecen en la lista que Gubbins proporcionó a la fiscalía sobre distribución de dinero de origen ilícito. Crédito: La República.
En una declaración escrita dirigida a la fiscalía, adjuntando la documentación que respalda sus afirmaciones, Enrique Gubbins señaló que luego de la muerte de su tío Juan Rassmuss, el 26 de marzo de 2016, Keiko Fujimori continuó recibiendo remesas. En efecto, entre el 10 y el 25 de mayo de ese año, Enrique Gubbins le entregó 6 paquetes de US$150.000 en cada oportunidad. Y una vez, el 30 de mayo, US$150.000. Esto es, US$1.000.000.
Quiere decir que en vida, Juan Rassmuss proporcionó casi la totalidad (86%) de lo que recibió Keiko Fujimori (US$7.110.000). De acuerdo con los registros, el mismo Rassmuss le dio en su oficina US$50.000, el 20 de febrero de 2013.
Hasta el último voucher
Entre los documentos claves proporcionados por el empresario Enrique Gubbins a la fiscalía, se encuentran las cartas de extracción que Sudamericana de Fibras dirigió al Scotiabank para que retirara de su cuenta en dicho banco y se los remitiera a la empresa en efectivo en billetes de US$100.000 por intermedio de vehículos de seguridad de la compañía Hermes. También suministró los comprobantes de Scotiabank de los montos requeridos por Sudamericana de Fibras, así como el registro de Hermes de la entrega de las sumas a la empresa de Rassmuss
Esta información documental permite comprobar que el dinero proveniente de estas operaciones luego fue transferido en efectivo a Keiko Fujimori, Mark Villanella y otros acarreadores de dinero. De esta manera, la fiscalía pudo establecer una línea de tiempo entre las fechas en que el dinero salido del Scotiabank llegaba a la empresa Sudamericana de Fibras y las fechas en que los montos fueron entregados.
Fallecido Juan Rassmuss, su sobrino Enrique Gubbins le siguió dando dinero a Keiko Fujimori: US$1.000.000 en 7 armadas. Foto: La República
Por ejemplo, el 18 de febrero de 2013, Sudamericana de Fibras solicitó la extracción de US$50.000, que luego fueron adjudicados a Keiko Fujimori el 20 de febrero de 2013. Los US$160.000 que recogió Mark Villanella en dos partes, el 10 y 12 de noviembre de 2013, salieron de la cuenta de Sudamericana de Fibras en el Scotiabank, el 9 de noviembre de ese año.
Todo está completamente documentado.
En todo momento el empresario Enrique Gubbins Bovet se refiere a que el destino de los US$7.110.000 que se retiraron de la empresa de su tío fueron al “proyecto político de la señora Keiko Fujimori”. Por lo que no existe ninguna duda sobre la finalidad de las 63 entregas de efectivo que hicieron Juan Rassmuss y su sobrino.
Además, Enrique Gubbins proporcionó el listado de las personas a las que debía abonar los diferentes montos requeridos, de acuerdo con lo que había acordado en los encuentros con Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama. “Sí, yo participé en varias reuniones promovidas por el señor Juan Rassmuss con la señora Keiko Fujimori, las mismas que se realizaron en las oficinas de Sudamericana de Fibras, en la avenida Néstor Gambetta 6815, en el Callao, y otras llevadas a cabo en la casa del señor Jaime Yoshiyama Tanaka, ubicada en Camacho, La Molina”.
Acarradeores identificados
Conforme a lo señalado por Gubbins, entre las personas asignadas para retirar el dinero se encontraban Augusto Bedoya Cámere, Jaime Yoshiyama Tanaka, Jorge Yoshiyama Sasaki, Víctor Shiguiyama Kobashigawa, todos integrantes del entorno íntimo de Keiko Fujimori. Y hay otros más plenamente identificados.
La fiscalía postula el presunto origen ilícito del dinero que Juan Rassmuss proporcionó al “proyecto político de la señora Keiko Fujimori”, porque durante los interrogatorios, ejecutivos y funcionarios de Sudamericana de Fibras, estos informaron que con una sola llamada telefónica de Rassmuss se disponía del dinero de la empresa, que luego terminaba en manos de la excandidata presidencial. En este caso, se configuraría el delito de fraude en la administración de personas jurídicas.
José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo que «no le queda duda» que el partido Fuerza Popular es una «organización criminal que debe ser condenada». En ese sentido, lamentó que el Congreso haya promulgado la ley que excluye a las agrupaciones políticas de responsabilidad penal.
«Esperemos que, llegado el estadio correspondiente, los jueces o la propia Corte Suprema, a través de los acuerdos plenarios que sean necesarios, declaren que es inaplicable esa ley respecto a las consecuencias que debe tener un partido político que es sentenciado», señaló.
En entrevista a Octavo Mandamiento, el fiscal titular aseguró que se encuentra «bajo amenaza» y que por eso utilizó un chaleco antibalas durante el inicio del juicio a Keiko Fujimori por el caso Cócteles. Además, indicó que denunció «una inusual intervención» por parte de dos agentes policiales del escuadrón Halcones, hecho que, según afirmó, fue reportado en la comisaría de San Borja.
“Los fiscales del caso Lava Jato, en especial Rafael Vela y yo, estamos bajo amenaza. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, al habernos otorgado medidas cautelares, ha revelado que estamos en un constante peligro. Este organismo ha constatado los ataques, las acciones violentas hacia ambos”, agregó al respecto.
Incluso, Pérez sostuvo que el viernes pasado, el chófer del vehículo que le asignó el Ministerio Público fue amenazado verbalmente por un sujeto, situación que ha sido comunicada a la Fiscalía de la Nación, según manifestó.
¿CUÁNTO DURARÁ EL JUICIO A KEIKO FUJIMORI?
Al ser consultado sobre el tiempo estimado que durará el juicio a Keiko Fujimori por el caso Cócteles, el fiscal José Domingo Pérez consideró que el proceso podría desarrollarse en menos de dos años y que eso «va a depender de la voluntad de los jueces a cargo».
En otro momento, el integrante del Equipo Especial Lava Jato, también señaló que existe una «campaña de desacreditación y odio» en su contra por parte del entorno de Keiko Fujimori. «Comienzan a calificarme de loco», mencionó.
¿QUIÉNES DECLARARÁN EN EL JUICIO DE KEIKO FUJIMORI?
Asimismo, el fiscal José Domingo Pérez aseguró que Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, «tiene la obligación de declarar» en el juicio contra Keiko Fujimori. En tanto, detalló que la misma situación se aplicará para el empresario Dionisio Romero, quien podría ser conducido de grado o fuerza, según estimó.
¿QUÉ DIJO DOMINGO PÉREZ SOBRE RAFAEL BRICEÑO?
Por otro lado, respecto al comunicado emitido por la Confiep rechazando la inclusión de su expresidente Rafael Briceño en el caso Cócteles, Pérez señaló que dicho empresario tiene responsabilidad.
Señaló que Briceño “usurpó” funciones propias de la presidencia del gremio mencionado “para poder recolectar activos que luego los destina a la campaña de Fuerza Popular y no para los fines que supuestamente había anunciado a distintos empresarios importantes del país”.
Indicó que hay testigos dentro de “los principales grupos empresariales de nuestro país” que aseguran que Briceño los reunió, a nombre de la Confiep, en un local que no era de la entidad, para hacer “una bolsa” destinada a financiar la candidatura de Keiko Fujimori. Refirió también que el entonces titular de este gremio ha señalado no haber encargado dicha labor.
El fiscal José Domingo Pérez, durante la sustentación de su acusación en el juicio contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles, calificó a Fuerza Popular como organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori debido a los diferentes cargos de presunta corrupción que se le imputan a los 49 investigados.
«Puedo conocer de que existió y existe una voluntad criminal de sus integrantes porque FP es una organización heredera del legado criminal de Alberto Fujimori quien es condenado por el delito de corrupción y lesa humanidad por la Justicia peruana que ustedes señores jueces representan», dijo en pleno juicio.
En esa misma línea, el fiscal del equipo especial Lava Jato, indicó que esos mismos actores que acompañaron durante su gobierno a Alberto Fujimori son los mismos que han incurrido en acciones corruptas durante las campañas presidenciales en 2011 y 2016. Domingo Pérez mencionó a Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, Vicente Silva Checa, Jorge Treyes, Augusto Bedoya y Ana Herz, acusados por el caso Cócteles.
Caso Cócteles: Domingo Pérez anunció que Jorge Barata y Dionisio Romero serán testigos en juicio
En su sustentación, el fiscal José Domingo Pérez fue anunciando uno a uno los testigos que declararán en este juicio contra Keiko Fujimori por el caso Cócteles. Entre los más resaltantes estuvo Dionisio Romero, expresidente del Banco de Crédito del Péru, y Jorge Barata, exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú.
Además, también mencionó que Joaquín Ramírez, ex secretario general de Fuerza Popular, Humberto Speziani, expresidente de Confiep, y Antonio Camayo, ex gerente general de Iza Motors, asistirán al juicio.
De acuerdo con el fiscal, Antonio Camayo acudirá para confirmar que Keiko Fujimori era conocida bajo el pseudónimo de la ‘Señora K’.
José Domingo Pérez: «Para el Ministerio Público si hay certeza de que existe una organización criminal»
Durante su exposición, el fiscal José Domingo Pérez argumentó que Keiko Fujimori y los 48 acusados constituían una organización criminal. Ante esta afirmación, la presidenta del Tercer Juzgado Penal Colegiado hizo una observación al fiscal, señalando que este término debía mencionarse bajo un supuesto, dado que el objetivo del juicio era para comprobar la existencia de esta.
En respuesta, Domingo Pérez refutó a Mercedes Caballero afirmando que a nivel fiscal sí hay certeza de la existencia de dicha organización criminal. En esa misma línea, dejó en claro que ello fue un dicho alejado de lo que respecta a lo judicial.
José Domingo Pérez anunció que recibe amenazas: «La Fiscalía tiene conocimiento»
El fiscal a cargo del caso Cócteles, José Domingo Pérez, informó a la prensa que ha recibido amenazas contra su integridad desde el inicio de la investigación contra Keiko Fujimori. Según sus declaraciones, la Fiscalía de la Nación ya está al tanto de estos hechos y la Policía Nacional del Perú deberá tomar las medidas necesarias. Además, señaló que es víctima de agresiones y campañas de desinformación.
«Son situaciones de competencias de la Policía. La Fiscalía ha informado debidamente. Debo resguardarme. Se ha recibido una amenaza y la PNP deberá realizar las investigaciones correspondientes», declaró a Canal N. Posteriormente, agregó: «Hace algún tiempo alguien presentó afirmaciones falsas de mi. Ahora, sucede en este momento también. Hay una campaña intensa de desacreditar a los fiscales del caso Lava Jato que lo que busca es generar las agresiones de las que he sido víctima», dijo para los medios.
ENFOQUE REAL 