«Son completamente falsas»: María Pía Copello rechaza acusaciones de lavado de activos y anuncia acciones legales

“Completamente falsas”. Así calificó María Pía Copello las recientes acusaciones que circulan en redes sociales, las cuales la vinculan a ella y a su familia con un presunto caso de lavado de activos, tráfico de drogas y otros delitos. “Nuestros abogados ya están tomando las medidas legales necesarias para que los responsables de este reportaje difamatorio se retracten públicamente”, afirmó.

A través de sus redes sociales, Copello, conductora de Mande quien mande, se dirigió a sus seguidores en un comunicado donde abordó el tema de manera directa: “Hoy quiero hablarles desde el corazón para dirigirme a ustedes con total sinceridad y rechazar las acusaciones infundadas que han circulado en un medio de comunicación”.

¿De qué se le acusa a María Pía Copello?

La conductora continuó expresando su malestar: “Se ha señalado falsamente a mi familia y a mí de estar involucrados en actividades ilícitas, y quiero dejar en claro que estas afirmaciones son completamente falsas y carecen de cualquier tipo de prueba”. Según Copello, esta situación forma parte de una “campaña de difamación” que busca mancillar su nombre y la trayectoria de su familia.

El informe, divulgado por el portal China Polo Dominical, asegura haber accedido a una investigación policial de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) en la que supuestamente se involucra a María Pía Copello, su esposo Samuel Dyer, y otros miembros de su familia con una presunta organización criminal.

María Pía Copello tomará acciones legales

Ante esto, Copello reiteró en su cuenta de Instagram que ya han tomado acciones legales para que los responsables del reportaje se retracten públicamente: “Mi familia y yo seguiremos enfrentando este reto con la cabeza en alto, confiados en la verdad”.

Finalmente, agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido de su comunidad: “La verdad siempre prevalece, y estoy convencida de que este es solo un obstáculo más que superaremos con su apoyo y confianza”.

PJ ordenó inicio de juicio contra Keiko Fujimori por presunto lavado de activos y organización criminal

El Poder Judicial emitió este viernes el auto de enjuiciamiento para iniciar juicio contra la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal.

El juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró la «validez formal y material del requerimiento acusatorio, así como la existencia de una relación jurídica procesal válida».

La Fiscalía ha pedido 30 años de prisión para la excandidata presidencial por los supuestos aportes para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011 (caso cócteles).

Otros acusados por la Fiscalía

Este proceso alcanza a la cúpula de Fuerza Popular, como Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona, para quienes las penas solicitadas son de 30 años y 10 meses de prisión, mientras que para otros 32 acusados las penas van desde los seis a los 22 años de cárcel.

La agrupación política fujimorista y la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C., de Mark Vitto Villanella, exesposo de Keiko Fujimori, también están comprendidos en este caso.

El magistrado Víctor Zúñiga dispuso que, de conformidad con el artículo 28° inciso 1 del Código Procesal Penal, se remita la causa al Juzgado Penal Colegiado Nacional, con la acusación y anexos dentro del plazo de ley.

Levantan impedimento de salida del país de Nadine Heredia en lavado de activos

La Segunda Sala Penal de Apelaciones dejó sin efecto la prohibición de 18 meses para abandonar el país de la exprimera dama, Nadine Heredia, después de que su defensa apeló la decisión tomada, en junio último, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que resolvió otorgarle esa restricción.

El fallo declara fundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Heredia Alarcón contra la resolución N° 2, del 28 de junio último, expedida por el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, que resolvió declarar fundado el impedimento de salida del país de 18 meses, solicitado por el Ministerio Público, contra la esposa del expresidente Ollanta Humala, en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos

Concepción Carhuancho argumentó, en aquella ocasión, que Nadine Heredia presentó motivos de salud que no estaban debidamente justificados en el informe médico.

Lo que resolvió el juez fue retirar, con su decisión, el permiso otorgado inicialmente por el magistrado Leodan Cristóbal Ayala para que Nadine Heredia viaje a Medellín, Colombia, para someterse a un examen médico.

Uno de los motivos por el que Concepción falló a favor de que no pueda abandonar el país es que podría aumentar el peligro procesal con relación a la investigación que afronta, y el retorno sería “incierto”.

Poder Judicial prorroga por un año investigación preparatoria contra PPK por lavado de activos

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional prorrogó por un año el plazo de la indagación que se sigue al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal, en agravio del Estado.

De este modo, dicha instancia del Poder Judicial declaró fundado el requerimiento de la Fiscalía, que argumentaba que se investigan numerosos delitos, diversos actos de investigación y una pericia contable-financiera, además de ser un caso complejo.

En este caso también están incluidos, además del exmandatario, Gloria Kisic Wagner, Gerardo Sepúlveda y José Luis Bernaola Ñufflo, así como las empresas Dorado Asset Management Company SAC, Wesfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, y Latin America Enterprise Fund Managers LLC.

El pasado 2 de junio dicha instancia judicial, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, incluyó a las empresas Westfield Capital y First Capital en la investigación preparatoria por presunto lavado de activos contra Kuczynski por el mismo caso.

La solicitud había sido presentada por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, según la Resolución Nro. 17, que lleva como fecha el 30 de mayo del 2022.

Kuczynski Godard afronta la investigación en este caso en libertad, luego de que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispusiera modificar la medida de arresto domiciliario por la de comparecencia con restricciones.

Además, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó cuatro medidas: prohibición de comunicarse con sus coimputados; prohibición de comunicarse con testigos y peritos; prohibición de declarar a medios de prensa, y; prohibición de participar en reuniones políticas.

Keiko Fujimori: Poder Judicial decidirá este lunes si archiva acusación por lavado de activos

El Poder Judicial resolverá este lunes, 12 de setiembre, si se archiva o no la acusación en contra de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el delito de lavado de activos. Para este caso, la Fiscalía de la Nación decidió incluir también a Jaime Yoshiyama, Pier Figari, Ana Herz, José Chlimper, Augusto Bedoya y Adriana Tarazona.

El juez de investigación preparatoria, Víctor Zúñiga, será encargado de evaluar los argumentos presentados por Giulliana Loza Ávalos, abogada de Fujimori. La jurista menciona que su defendida y los demás involucrados no cometieron el delito de lavado de activos que se les atribuye durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

El pedido de la defensa fujimorista se realizó dentro del marco de las audiencias de Control de la Acusación, un paso previo para pasar a juicio oral público que tendrá que evaluar el juez Zúñiga.

¿Qué argumenta la defensa de Fujimori?

La abogada Giulliana Loza señala que se requiere un delito fuente para configurar el delito de lavado de activos; es decir, un acto ilícito que produzca una ganancia indebida para, posteriormente, gozar de su beneficio. Además, precisa que no cualquier ilícito puede ser considerado delito fuente, sino debe ser uno grave como narcotráfico, terrorismo, corrupción, secuestro, extorsión, defraudación tributaria, entre otros. 

Respuesta de la Fiscalía

Ante los argumentos de la defensa fujimorista, el fiscal José Domingo Pérez apeló a una sentencia de la Corte Suprema que indica que el  fraude en la administración de persona jurídica puede, en efecto, considerarse como un delito fuente en casos de lavado de activos. Además, recordó los casos de Abimael Guzmán y Alberto Fujimori sentaron jurisprudencia sobre la autoría mediata en los delitos de crimen organizado.

El Presidente Pedro Castillo no quiere responder a la Fiscalía de Lavado de Activos

No quiere responder a nadie. Tal como pasó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente Pedro Castillo, una vez más, utiliza su investidura para no acudir a un interrogatorio que busca esclarecer su participación en presuntos actos de corrupción de su Gobierno.

El mandatario estaba citado para presentarse, en calidad de testigo, hoy a las 10:00 a.m. ante el despacho de la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire –quien investiga el caso Puente Tarata– por las declaraciones de Karelim López. En febrero, la lobista señaló que el jefe de Estado formaría parte de una mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Precisamente, Taquire pretendía consultar respecto a su relación con el prófugo exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, y otros asuntos “que resulten relevantes a la investigación”.

Sin embargo, a través de su abogado, Eduardo Pachas, el presidente se escudó en el Inciso 1 del Artículo 167 del Código Procesal Penal y pidió que la Fiscalía le envíe las preguntas. Pese a la evidente falta de intención para colaborar con la justicia, Pachas excusó a su patrocinado e indicó que la solicitud no altera el curso de la investigación. “De igual forma se está sometiendo a las preguntas que la fiscal le está señalando”, dijo a este diario.

En manos de la fiscalía

El abogado penalista Luis Lamas Puccio lamentó la solicitud de Castillo y resaltó que el envío del pliego interrogatorio podría afectar “las respuestas espontáneas” del presidente.

“Si las preguntas se las mandan antes, lo va a consultar con su abogado y así verá cómo responder y cómo no responder”, cuestionó. Agregó que el pedido debería ser rechazado y se debería insistir con la diligencia fiscal.

En la misma línea, Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, remarcó que en un interrogatorio se busca que el interpelado responda “de manera voluntaria y consciente”, por tanto, al enviar el cuestionario, la diligencia “pierde peso” .

“Si se envían las preguntas, cabe la posibilidad de que estas no sean respondidas por él, si no por su abogado”, aseveró a Perú21.