El expresidente Ollanta Humala cuestionó a los magistrados que resolvieron los recursos de casación en los juzgados penales. El exmandatario sostuvo que debió aplicarse el mismo criterio que benefició a Keiko Fujimori.
«Es una llamada de atención al ponente y a los jueces que firmaron esa casación. En ese sentido, si le dieron a Keiko, tenían que dármelo a mí; como la metieron presa a ella, a mí también», señaló.
El Ministerio Público realizó cambios en sus áreas más sensibles. La Fiscalía de la Nación dispuso una reorganización en los despachos especializados en lavado de activos y criminalidad organizada, con nuevas designaciones para fortalecer las investigaciones por delitos complejos.
La reorganización contempla modificaciones en las fiscalías especializadas en delitos de lavado de activos, donde se dieron por concluidas algunas designaciones para posteriormente establecer nuevas asignaciones de fiscales.
Entre los principales movimientos figura la designación del fiscal superior Rafael Ernesto Vela Barba en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos.
Asimismo, la medida incluye cambios en otros despachos especializados. La fiscal Marlleny Paola Morales Yataco fue designada en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, mientras que Angélica María Ccallo Carazas pasó a integrar la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada.
De acuerdo con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2205-2026-MP-FN, se dispuso dar por concluidas algunas designaciones y nombramientos de fiscales en despachos especializados, para posteriormente realizar nuevas asignaciones dentro del Ministerio Público.
La medida comprende cambios en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos y en la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada, además de modificaciones en fiscalías corporativas penales de Lima Centro.
La encargatura se mantendrá hasta que se emita una nueva disposición, con la finalidad de garantizar la continuidad del trabajo fiscal en dicho despacho especializado.
Además, la resolución estableció que Elssie Salette Garavito Chang asuma temporalmente la conducción de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, en adición a sus funciones actuales.
Finalmente, Rosa Elvira Rosales Zaragoza y Raúl Antonio Carbajal Sedano fueron designados en fiscalías corporativas penales del Distrito Fiscal de Lima Centro. Según la resolución, estos cambios forman parte de las atribuciones del Fiscal de la Nación para dirigir la política institucional y fortalecer la función fiscal.
Cabe señalar que esta reestructuración no se limita a una sola norma, ya que mediante las Resoluciones N° 2208, N° 2209 y N° 2210-2026-MP-FN se oficializó también el reemplazo masivo de fiscales provisionales (suplentes) por magistrados titulares.
Con estas modificaciones, el Ministerio Público busca fortalecer la organización interna de sus fiscalías especializadas y asegurar la continuidad de las investigaciones relacionadas con delitos de alta complejidad. Los cambios forman parte de las acciones institucionales orientadas a mejorar la respuesta fiscal frente a la criminalidad.
“Completamente falsas”. Así calificó María Pía Copello las recientes acusaciones que circulan en redes sociales, las cuales la vinculan a ella y a su familia con un presunto caso de lavado de activos, tráfico de drogas y otros delitos. “Nuestros abogados ya están tomando las medidas legales necesarias para que los responsables de este reportaje difamatorio se retracten públicamente”, afirmó.
A través de sus redes sociales, Copello, conductora de Mande quien mande, se dirigió a sus seguidores en un comunicado donde abordó el tema de manera directa: “Hoy quiero hablarles desde el corazón para dirigirme a ustedes con total sinceridad y rechazar las acusaciones infundadas que han circulado en un medio de comunicación”.
La conductora continuó expresando su malestar: “Se ha señalado falsamente a mi familia y a mí de estar involucrados en actividades ilícitas, y quiero dejar en claro que estas afirmaciones son completamente falsas y carecen de cualquier tipo de prueba”. Según Copello, esta situación forma parte de una “campaña de difamación” que busca mancillar su nombre y la trayectoria de su familia.
El informe, divulgado por el portal China Polo Dominical, asegura haber accedido a una investigación policial de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) en la que supuestamente se involucra a María Pía Copello, su esposo Samuel Dyer, y otros miembros de su familia con una presunta organización criminal.
Ante esto, Copello reiteró en su cuenta de Instagram que ya han tomado acciones legales para que los responsables del reportaje se retracten públicamente: “Mi familia y yo seguiremos enfrentando este reto con la cabeza en alto, confiados en la verdad”.
Finalmente, agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido de su comunidad: “La verdad siempre prevalece, y estoy convencida de que este es solo un obstáculo más que superaremos con su apoyo y confianza”.
El Poder Judicial emitió este viernes el auto de enjuiciamiento para iniciar juicio contra la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos y organización criminal.
El juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró la «validez formal y material del requerimiento acusatorio, así como la existencia de una relación jurídica procesal válida».
La Fiscalía ha pedido 30 años de prisión para la excandidata presidencial por los supuestos aportes para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011 (caso cócteles).
Este proceso alcanza a la cúpula de Fuerza Popular, como Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona, para quienes las penas solicitadas son de 30 años y 10 meses de prisión, mientras que para otros 32 acusados las penas van desde los seis a los 22 años de cárcel.
La agrupación política fujimorista y la empresa MVV Bienes Raíces S.A.C., de Mark Vitto Villanella, exesposo de Keiko Fujimori, también están comprendidos en este caso.
El magistrado Víctor Zúñiga dispuso que, de conformidad con el artículo 28° inciso 1 del Código Procesal Penal, se remita la causa al Juzgado Penal Colegiado Nacional, con la acusación y anexos dentro del plazo de ley.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones dejó sin efecto la prohibición de 18 meses para abandonar el país de la exprimera dama, Nadine Heredia, después de que su defensa apeló la decisión tomada, en junio último, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que resolvió otorgarle esa restricción.
El fallo declara fundado el recurso de apelación presentado por la defensa de Heredia Alarcón contra la resolución N° 2, del 28 de junio último, expedida por el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, que resolvió declarar fundado el impedimento de salida del país de 18 meses, solicitado por el Ministerio Público, contra la esposa del expresidente Ollanta Humala, en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos
Concepción Carhuancho argumentó, en aquella ocasión, que Nadine Heredia presentó motivos de salud que no estaban debidamente justificados en el informe médico.
Lo que resolvió el juez fue retirar, con su decisión, el permiso otorgado inicialmente por el magistrado Leodan Cristóbal Ayala para que Nadine Heredia viaje a Medellín, Colombia, para someterse a un examen médico.
Uno de los motivos por el que Concepción falló a favor de que no pueda abandonar el país es que podría aumentar el peligro procesal con relación a la investigación que afronta, y el retorno sería “incierto”.
No quiere responder a nadie. Tal como pasó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el presidente Pedro Castillo, una vez más, utiliza su investidura para no acudir a un interrogatorio que busca esclarecer su participación en presuntos actos de corrupción de su Gobierno.
El mandatario estaba citado para presentarse, en calidad de testigo, hoy a las 10:00 a.m. ante el despacho de la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire –quien investiga el caso Puente Tarata– por las declaraciones de Karelim López. En febrero, la lobista señaló que el jefe de Estado formaría parte de una mafia que opera en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Precisamente, Taquire pretendía consultar respecto a su relación con el prófugo exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, y otros asuntos “que resulten relevantes a la investigación”.
Sin embargo, a través de su abogado, Eduardo Pachas, el presidente se escudó en el Inciso 1 del Artículo 167 del Código Procesal Penal y pidió que la Fiscalía le envíe las preguntas. Pese a la evidente falta de intención para colaborar con la justicia, Pachas excusó a su patrocinado e indicó que la solicitud no altera el curso de la investigación. “De igual forma se está sometiendo a las preguntas que la fiscal le está señalando”, dijo a este diario.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio lamentó la solicitud de Castillo y resaltó que el envío del pliego interrogatorio podría afectar “las respuestas espontáneas” del presidente.
“Si las preguntas se las mandan antes, lo va a consultar con su abogado y así verá cómo responder y cómo no responder”, cuestionó. Agregó que el pedido debería ser rechazado y se debería insistir con la diligencia fiscal.
En la misma línea, Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, remarcó que en un interrogatorio se busca que el interpelado responda “de manera voluntaria y consciente”, por tanto, al enviar el cuestionario, la diligencia “pierde peso” .
“Si se envían las preguntas, cabe la posibilidad de que estas no sean respondidas por él, si no por su abogado”, aseveró a Perú21.
