El Poder Judicial de Perú ratifica la inhabilitación durante diez años del expresidente Vizcarra

El Poder Judicial de Perú ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años que le impuso el Congreso al expresidente peruano Martín Vizcarra (2018-2020), quien anunció que ahora piensa acudir a instancias constitucionales e internacionales para buscar revertir esa sanción.

La decisión la tomó, en segunda instancia, la Primera Sala Constitucional de Lima, que confirmó una sentencia emitida el pasado 8 de marzo por la jueza Rocío Rabines, quien declaró improcedente una demanda de amparo presentada por el exmandatario, según informaron este domingo medios locales.

Vizcarra había pedido que se levante la inhabilitación que le impuso el Congreso en abril de 2021 por su presunta vacunación irregular contra la covid-19, en octubre de 2020.

El exmandatario señaló en ese momento que se había vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales y agraviado su derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política de su país.

Sin embargo, la Sala Constitucional consideró en segunda instancia que no se evidencian actos concretos de afectación de los derechos constitucionales de Vizcarra por parte del Congreso.

El expresidente apelará

La sanción que le impuso el Parlamento le impidió al exmandatario asumir el cargo de congresista para el que fue elegido con la mayor votación nacional en los comicios de 2021.

Tras conocerse la última resolución, Vizcarra confirmó este domingo en la red social X que piensa acudir ante el Tribunal Constitucional (TC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Por fin, luego de tres años de paciente espera, el Poder Judicial termina el proceso. Ahora le toca al TC y por último el pronunciamiento de la CIDH”, sostuvo.

En ese sentido, manifestó su certeza de que “las inhabilitaciones serán levantadas por ser de justicia” y podrá postular en las elecciones generales peruanas del 2026.

“No tengan la menor duda”, concluyó.

Otros casos de Vizcarra con la Justicia de Perú

Vizcarra ya ha acudido ante el TC para pedir que se anule otra inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años que le impuso el Congreso en 2022 por supuestamente haber tenido vínculos con empresas del sector cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Por este caso, el pasado 27 de junio, la Fiscalía de Perú presentó una denuncia constitucional en su contra ante el Congreso, por la presunta comisión de los delitos de falsedad genérica y omisión de consignar declaraciones en documentos, en agravio del Estado.

Esta denuncia constitucional, fórmula empleada para altos o ex altos cargos públicos, se hizo por “las declaraciones públicas presentadas por el denunciado en su condición de presidente de la República al momento de asumir el cargo”, en las que supuestamente negó sus vínculos con las empresas Odebrecht y CyM Vizcarra, Ingenieros y Contratistas.

El exmandatario también afrontará desde el próximo 28 de octubre un juicio oral por dos casos de presunta corrupción cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua, entre 2011 y 2014, según determinó el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.

Además, el pasado 19 de marzo, el Congreso oficializó una acusación penal en su contra por la comisión de cuatro delitos de corrupción, por la presunta contratación irregular durante su mandato de un cantante, con el que supuestamente tenía cercanía, por el Ministerio de Cultura.

Congreso: presentan denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por caso de pruebas COVID-19

El congresista de Avanza País, Edward Málaga, ha presentado una denuncia constitucional ante el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana. La denuncia está dirigida contra el expresidente Martín Vizcarra y el exministro de Salud Víctor Zamora, en relación con el caso de las pruebas rápidas de COVID-19.

En ese sentido, la mencionada acusación señala que las exautoridades habrían infringido varios artículos de la Constitución al «transgredir» los artículos del Código Penal referidos a los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio doloso, así como contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica y genérica en agravio del Estado peruano.

Málaga Trillo señaló que por estas acciones que habrían realizado Vizcarra Corjeno y Zamora Mesía, se solicita a los congresistas de la República que aprueben la referida denuncia constitucional e inhabilitar de toda función pública por el plazo de 10 años y «procesamiento penal».

«A los referidos altos funcionarios se les denuncia constitucionalmente por haber infringido los artículos 2.1, 7, 9, 39 ,118.3 y 128 de la Constitución Política del Perú, y transgredir los artículos 106, 428 y 438 del Código Penal, referido a los delitos contra la Vida, el Cuerpo y la Salud, en su modalidad de homicidio doloso, y los delitos contra la fe pública, en su modalidad de Falsedad Ideológica y Genérica, respectivamente, en agravio del Estado y la Sociedad, por lo que solicitamos su inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años y procesamiento penal», se lee en la carta enviada al presidente de la Mesa Directiva del Parlamento Nacional, Eduardo Salhuana.

Edward Málaga sostiene que nueva denuncia constitucional presentada contra Martín Vizcarra es por homicidio y falsedad ideológica

El parlamentario de Avanza País señala que, en comparación con las otras denuncias constitucionales presentadas contra el expresidente Martín Vizcarra, subrayó que esta acusación plantea una nueva tesis «jurídico-penal», ya que se han agregado las figuras de homicidio doloso, falsedad ideológica y genérica como imputaciones penales en el marco de la adquisición de pruebas rápidas para el diagnóstico de la Covid-19 de la ciudadanía.

Instó a sus colegas parlamentarias que esta nueva denuncia debe ser evaluada e investigada de manera profunda a través de este nuevo enfoque, ya que, a su consideración, contiene ‘los debidos sustentos técnicos y científicos pertinentes’.

«Respecto a otras denuncias constitucionales presentadas sobre hechos relacionados al manejo de la pandemia por parte del gobierno del expresidente Vizcarra, es necesario aclarar que la presente denuncia plantea una nueva tesis jurídico-penal, pues postula las figuras de homicidio doloso, falsedad ideológica y genérica como imputaciones penales, adicionalmente a los hechos de corrupción en el marco de la adquisición de pruebas rápidas, y que ocasionaron las denuncias constitucionales ya presentadas. Por ello, consideramos necesario se realice una investigación profunda bajo este nuevo enfoque, con los sustentos técnicos y científicos pertinentes», indica.

Denuncia constitucional deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Asimismo, el legislador solicitó al titular del Parlamento Nacional, Eduardo Salhuana, que la denuncia constitucional presentada este lunes 12 de agosto sea remitida hacia la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones para que el titular de dicha mesa de trabajo y los integrantes de la misma evalúen si esta acusación seguirá los procedimientos que establece el Congreso.

«Señor presidente, solicito se sirva tener por interpuesta la presente denuncia constitucional, tramitarla con arreglo a la ley y remitir en el acto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales», indica el representante del grupo parlamentario de Avanza País.

Juicio a Keiko: ofrecen como testigos a Jaime Villanueva, Martín Vizcarra, Stefan Lenz y Aldo Mariátegui

El testigo y aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva Barreto fue ofrecido como testigo en el juicio que se sigue a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi y otras 39 personas por el caso Cócteles, en la audiencia que se desarrolló este 12 de agosto, sin presencia de público ni acceso a la prensa.

Por su parte, el fiscal José Domingo ofreció como prueba nueva otros seis testigos y 29 documentos. Entre los nuevos testigos ofrecidos por la fiscalía están Aldo Mariátegui, el ex presidente Martín Vizcarra, el ex fiscal suizo Stefan Lenz, Iván Manchego y Ángel Bautista.

Los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado realizará mañana, martes 13 de agosto, un debate sobre la necesidad y el aporte que pueden ofrecer estos nuevos testigos, a fin de decidir si son admitidos y escuchados en las audiencias públicas de presentación de pruebas de cargo y descargo.

El abogado de Fuerza Popular, Christian Salas ofreció el testimonio de Jaime Villanueva y le corresponderá sustentar los motivos por los cuales considera que los jueces deben escuchar lo que tenga que decir sobre los aportes de campaña y la organización del referido partido político.

El abogado Humberto Abanto ofreció una serie de documentos emitidos por las autoridades judiciales y fiscales de Brasil como prueba nueva. Otros abogados también presentaron diversa documentación.

Estas nuevas pruebas y documentos se agregan a los más de 1,700 testigos y más de cinco mil documentos, de la fiscalía y los acusados, ya admitidos al juicio durante la etapa de control de acusación. La sobreabundancia probatoria podría hacer que este juicio demore hasta cinco años, para que se dicte sentencia.

Procuraduría pide que Martín Vizcarra pague indemnización provisional de S/575,400 por caso Richard Swing

La Procuraduría General del Estado solicitó constituirse como parte agraviada en el proceso contra Martín Vizcarra por el caso Richard Swing, y solicitó que este pague una indemnización provisional de S/ 575,400.

Como se recuerda, Vizcarra es procesado por el presunto tráfico de influencias por la contratación, cuando era presidente de la República, del cantante Richard Swing en el Ministerio de Cultura. En ese caso también se encuentra implicada la extitular del referido sector Patricia Balbuena.

El titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, escuchó los argumentos de la Procuraduría que, a través de Percy Peñaloza, solicitó constituirse como actor civil en el proceso. El Ministerio Público representado por el fiscal Jaime Velarde, en tanto, respaldó los planteamientos de la Procuraduría.

Por su parte, la defensa legal del exmandatario pidió que la solicitud de la Procuraduría sea declarada inadmisible arguyendo que las responsabilidades por este caso no podían ser individualizadas y asumidas únicamente por su patrocinado.

Richard Swing, se recuerda, fue contratado en el Ministerio de Cultura cuando Martín Vizcarra ejercía la Presidencia de la República siendo entonces favorecido con consultorías pese a no estar capacitado para dar esos servicios. Por ello recibió pagos hasta por S/175,000.

Martín Vizcarra presenta amparo ante el TC para anular su inhabilitación de cargos públicos

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, acude al Tribunal Constitucional (TC), para que a través de un recurso de amparo pueda anular la inhabilitación de cinco años que le aplicó el Congreso de la República para poder ejercer cargos públicos.

¿Con miras a elecciones 2026?

Entre los argumentos presentados por Vizcarra se encuentra que dicha medida impuesta hace años por el Pleno afecta su «derecho a elegir y ser elegido» y «a participar en la vida política«.

«En ese sentido recurrimos al TC, vía Recurso de Agravio Constitucional para obtener la justicia constitucional, así conforme a la STC Exp. N° 06523-PA/TC», se lee en el documento compartido en redes por la periodista Karem Barboza, de ‘El Comercio’.

Además, detalla que se han vulnerado al contenido esencial de los derechos constitucionales del exjefe de Estado como el principio de legalidad, el derecho a la debida motivación de las decisiones parlamentarias, el derecho a un tribunal imparcial y el debido procedimiento parlamentario, pues resaltan «que en el caso no existe un respeto por el procedimiento establecido según el art. 139°, inciso 3 de la Constitución.

¿Por qué lo inhabilitó el Congreso?

Con 67 votos a favor, cinco en contra y 15 abstenciones, el Parlamento aprobó, el informe de la denuncia constitucional contra Vizcarra tras una infracción del artículo 126 de la Constitución Política, cuando era ministro de Transportes en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en 2018. 

Recordemos que la denuncia fue realizada por la excongresista, Yeni Vilcatoma, sobre sus supuestos vínculos con empresas privadas durante su gestión como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

«Vacunagate»

Por otro lado, también se reportó que Vizcarra argumentó ante el Poder Judicial (PJ) que el Congreso no consideró debidamente las pruebas presentadas durante el procedimiento parlamentario, por lo cual, busca anular una inhabilitación adicional de diez años relacionada al escándalo del ‘Vacunagate’, por las denuncias presentadas contra el expresidente por su vacunación irregular y de sus familiare, contra el Covid-19.

De esta manera, el expresidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para anular su inhabilitación de cinco años impuesta por el Congreso de la República alegando que vulneran sus derechos y la posibilidad de ejercer cargos públicos como «el derecho a elegir y ser elegido».

Martín Vizcarra: Le gritan desde “sin vergüenza” hasta “mantenido” y su hija enseña dedo medio

Varios transeúntes lanzaron fuertes insultos contra el expresidente Martín Vizcarra cuando llegaba en su auto a un conocido restaurante, presumiblemente, durante el Día de la Madre.

En un video difundido en redes se escucha a los ciudadanos gritarle “sin vergüenza”, “mantenido”, “descarado”, incluso la calificaron como “el peor presidente de todos” y aseguraron que “la cárcel te espera”. Mientras que el exmandatario bajaba la ventana de su automóvil y movía la mano a modo de saludo. 

Sin embargo, llamó la atención que una de las hijas del expresidente, que se encontraba en la parte posterior del vehículo, bajó su ventana y realizó un gesto ofensivo al público enardecido. 

ACUSACIONES

Martín Vizcarra es acusado por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencia agravado, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, en calidad de autor; y de peculado doloso, como instigador. El Poder Judicial rechazó el reciente pedido de Vizcarra para viajar a Moquegua durante los meses de mayo y diciembre de este año por razones laborales.