Después de haber recibido amenazas para que no declare ante las autoridades, el exsubsecretario general de la Presidencia Beder Camacho Gadea ha iniciado consultas para explorar la posibilidad de ofrecer su testimonio como aspirante a colaborador eficaz.

Fuentes relacionadas con Beder Camacho y con el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder indicaron que los ataques al exfuncionario de Palacio de Gobierno se iniciaron al poco tiempo que comenzaron los primeros contactos con las autoridades.

El 28 de agosto de este año, el Ejecutivo aceptó la dimisión de Beder Camacho como subsecretario general de la Presidencia, luego que la Fiscalía lo señalara como presunto integrante del “gabinete en la sombra” del presidente Pedro Castillo y de la organización criminal que lideraría el jefe del Estado.

No obstante, Camacho continuó manteniendo relaciones cordiales con Palacio de Gobierno, porque fue designado asesor del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero la relación con el Ejecutivo cambió radicalmente cuando la residencia de Camacho fue intervenida por el equipo de fiscales.

El Gobierno cesó sus funciones como su asesor. También fue despedida la madre de sus dos hijos, Elena Sevillano Mogollón, quien laboraba en el Ministerio de Energía y Minas.

Según las fuentes cercanas a Beder Camacho —quien también fue secretario general interno por 45 días—, motivado por estos hechos que los consideró como un acto de traición, el exsubsecretario general de la Presidencia decidió entregar información a las autoridades. Las mismas fuentes indicaron que entre los temas en los que aportaría datos Beder Camacho se encuentran:

-El operativo para ayudar a abandonar el país al exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, quien estaría en Venezuela recibiendo una mensualidad para financiar un negocio con otra identidad.

-La entrega de información falsa al periodista de la revista Hildebrandt en sus trece Américo Zambrano, para dañar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En este caso, a instancias del presidente Castillo.

-La orden del jefe del Estado de destruir toda la documentación potencialmente incriminatoria existente en Palacio de Gobierno, mediante la adquisición de máquinas trituradoras de papel, durante cuatro días seguidos, después de la primera incursión de los fiscales.

-El intento de silenciar al exsecretario presidencial Bruno Pacheco Castillo, mediante la fabricación de un “asilo político”.

-Las actividades subterráneas del “asesor de inteligencia” del presidente Castillo, Henry Shimabukuro Guevara.

-La entrega de los cuatro celulares de los edecanes del jefe del Estado. A Camacho le ordenaron destruir los aparatos, pero finalmente se los quedó para tenerlos como evidencia.

-Información sobre el conocimiento de que el exministro de Vivienda y Construcción, Geiner Alvarado López, sabía que con el Decreto de Urgencia 102-2021 favorecía proyectos de obras públicas en los que estaban implicados en el tiempo que eran pareja la cuñada del presidente, Yenifer Paredes Navarro, y el empresario Hugo Espino Lucana.

-El papel de la exalcaldesa Silvia Barrera en las presuntas negociaciones con la Fiscalía para la entrega de Bruno Pacheco.

-La identificación de las autoridades que encubrieron a los sobrinos del presidente, Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo, para que no sean ubicados por el equipo especial del coronel Harvey Colchado.

Empero, Beder Camacho no la tendrá fácil. No reconoce haber cometido delitos durante su gestión como exsubsecretario general de la Presidencia, lo que representa un escollo para el avance de las negociaciones.