La Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú convocó a un paro nacional de 72 horas a partir del próximo lunes 19 de enero, en rechazo al noctámbulo decreto de urgencia N.° 010-2025, publicado por el transitorio régimen de José Jerí, el cual conduce la privatización de la empresa petrolera.

Las movilizaciones arrancarán con una jornada de protesta desde este miércoles 14 de enero, la cual incluye plantones y concentraciones en la Plaza San Martín, el edificio corporativo de Petroperú (San Isidro) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). También se han programado vigilias descentralizadas en el norte, centro y sur del país. El paro nacional comenzará a las 00:00 horas del 19 de enero y comprenderá a todos los trabajadores de la empresa.

Un día después, el 20 de enero, los sindicatos llevarán a cabo una marcha con concentración en la Plaza Dos de Mayo, en coordinación con la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Las protestas culminarán el 21 de enero con nuevos plantones frente al MEF.

«Gobierno está llevando a Petroperú al colapso»

El Frente Sindical de Trabajadores Petroleros de Petroperú (FSTPP) denunció que el Gobierno de José Jerí y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comandado por Denisse Miralles están conduciendo deliberadamente a la empresa estatal hacia una situación de colapso financiero.

Según los trabajadores, el Poder Ejecutivo ha optado por negar respaldo explícito, retrasar decisiones importantes y mantener a Petroperú en un prolongado estado de incertidumbre que destruye su credibilidad ante los mercados. «Esta incertidumbre no es casual ni inevitable; ha sido fabricada desde el propio Estado mediante una política sistemática de abandono y asfixia financiera», señalaron.

El gremio responsabilizó directamente al MEF, bajo la conducción de la ministra Denisse Miralles, por no haber diseñado un plan serio de estabilización y por transmitir al mercado la señal de que Petroperú es una empresa prescindible.

Fitch retira todas las calificaciones crediticias a Petroperú

En las últimas horas, en atención al decreto de urgencia que encamina la privatización de la petrolera, la calificadora de riesgo Fitch Ratings retiró todas las calificaciones crediticias de Petroperú y dio por terminada su cobertura analítica, al señalar que no cuenta con información suficiente y confiable para adoptar una decisión de calificación.

La agencia precisó que la medida se tomó sin emitir una acción de calificación, en un momento en el que la posición de liquidez de la empresa es débil y las conversaciones con el Gobierno aún se encuentran en curso.

Esta situación podría ser replicada en cadena en los próximos días por demás calificadoras como Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s, lo que profundizaría el aislamiento financiero de la petrolera estatal.

Para el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP), la decisión de Fitch no es un hecho aislado, sino una alerta sobre la falta de conducción y gobernanza. «Lo más grave es que este escenario era evitable con una conducción seria: cronogramas claros, transparencia oportuna, vocería técnica, y un plan de estabilización coherente, comunicable y verificable», indicaron.

Además, criticaron las irresponsables declaraciones, casi a diario, de la ministra de Economía Dennise Miralles y el premier Ernesto Álvarez, que trajeron abajo la cotización de los bonos de 82% a 72% y que han agravado no solo la incertidumbre, sino que, en solo dos meses de gobierno, han originado una crisis sin precedentes en la historia de Petroperú.

«Cinco presidentes de directorio, cuatro gerentes generales y una contra campaña que, pareciera, orquestada con toda la mala intención de quebrar la petrolera estatal», señalaron.

Privatización de Petroperú se financiará con recursos públicos

Este domingo, el Gobierno autorizó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) transfiera S/86,4 millones a ProInversión para financiar estudios y asesorías vinculados al proceso de privatización de Petroperú.

La medida fue oficializada en el diario oficial El Peruano y corresponde al primer desembolso de los S/144 millones autorizados para que ProInversión asuma la debida diligencia, valorización de activos y estructuración legal y financiera de los bloques patrimoniales de la empresa estatal. Aún resta transferir S/57,6 millones.

Según el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, el decreto no busca rescatar a la empresa, sino «desmembrarla y venderla en condiciones desfavorables para el Estado peruano«.

El decreto contempla dividir en uno o más bloques patrimoniales los bienes de Petroperú, que pueden incluir activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara, una de las infraestructuras más modernas de América Latina y una vida útil económica estimada de 70 años, la cual es mirada con apetito por los privados.

Días antes de la resolución ministerial, ProInversión había solicitado «con carácter de urgencia» que Petroperú realice directamente la transferencia del monto, pese a la crítica situación financiera de la empresa, cuyo flujo de caja se destina principalmente al pago de acreencias, bonos y proveedores.

Tras los cuestionamientos, la agencia retrocedió y el requerimiento fue trasladado al Minem. Según la resolución, los recursos provendrán del presupuesto del Pliego 016 (Minem) y serán registrados como gastos corrientes en el rubro de donaciones y transferencias.

A estos montos se suman otros S/240 millones necesarios para financiar la ola de despidos, que podría afectar a cerca de 1.800 trabajadores, equivalente a casi el 70% de la planilla, pese a que el gasto laboral representa menos del 5% de los ingresos de la petrolera, según datos auditados y revisados por este diario en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). En total, el proceso implicaría el uso de hasta S/297 millones en recursos públicos.

El decreto de urgencia publicado entre gallos y medianoche por el régimen transitorio de José Jerí, encauza a la empresa estatal Petróleos del Perú (Petroperú) a su inminente privatización, aunque el Gobierno lo niegue. «Este decreto usa textualmente el Decreto Legislativo 674, que fue la base legal de toda la privatización durante el gobierno de Fujimori. Tratan de evitar la palabra privatización usando unidades de valor y figuras disimuladas, pero está diseñado para llevar adelante ese proceso», asegura a este diario Aurelio Ochoa, expresidente de Perupetro.

El primer efecto inmediato será la drástica reducción de personal, que alcanzará a más de la mitad de su planilla en los próximos 30 días. El universo laboral de Petroperú asciende a unos 2.600 trabajadores, y la reorganización interna prevista en el decreto derivará el despido de entre 1.500 a 1.800 empleados, según pudo conocer La República, bajo el argumento de recorte de costos.

La medida dejaría a la empresa con alrededor de 600 trabajadores para sostener todas sus operaciones en todo el país. Para concretar ello, el decreto autorizó un aporte de capital de hasta S/240 millones a fin de financiar los compromisos laborales derivados de los ceses masivos. «Esta estrategia supone una pérdida de capital humano especializado acumulado durante décadas», afirma el expresidente de Petroperú Alejandro Narváez.

Petroperú: el problema no es la planilla

El costo anual de la planilla de Petroperú representa menos del 5% del ingreso total de la empresa, según los estados financieros de la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), presentados por Petroperú y revisados por este diario de los periodos 2023, 2024 y 2025 (disponible a setiembre de 2025), por lo que no es a todas luces el factor central de su desfinanciamiento. «El desmembramiento de Petroperú implica despido de personal, tercerización y pérdida de derechos laborales, bajo el pretexto de optimización», advierte.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los procesos de reestructuración sin enfoque social generan costos incalculables de largo plazo que superan ampliamente los ahorros fiscales de corto plazo. En el caso Petroperú, se derivaría en costos inmediatos elevados, como indemnizaciones, liquidaciones, provisiones contables, asesorías legales y eventuales procesos judiciales que pueden extenderse durante años.

A contraparte, la deuda acumulada de la petrolera estatal bordea los US$7.000 millones, una cifra que no se ve afectada por recortes laborales ni por la eventual venta de activos inmobiliarios.

Incluso la venta del edificio central de Petroperú, tasado entre US$200 millones y US$500 millones, apenas tendría un impacto marginal frente al tamaño de la deuda. «No hace ni cosquillas a la deuda», afirman fuentes del sector.

Señalan que antes de ejecutar recortes laborales corresponde investigar las gestiones y decisiones de anteriores responsables, incluyendo a «Hugo Velásquez Salazar, Carlos Paredes Lanatta, Óscar Vera, entre otros exfuncionarios y directivos, y priorizar medidas que corrijan privilegios, ineficiencias estructurales y fallas de gestión, sin destruir capacidades internas que Petroperú necesita para sostener sus operaciones y encarar una eventual recuperación».

Para los trabajadores, un factor pernicioso del decreto es la inminente venta de activos estratégicos, que van desde inmuebles hasta unidades como la Nueva Refinería de Talara, no solo considerada el principal activo industrial de la empresa, sino el proyecto energético más importante del país con una inversión superior a los US$5.000 millones. «El principal interés privado no está en salvar a Petroperú, sino en capturar su activo más valioso: la Nueva Refinería de Talara», sostiene Aurelio Ochoa.

La norma autoriza la reorganización de activos en bloques patrimoniales y faculta a ProInversión a definir su transferencia, lo que abre el camino de un desmantelamiento progresivo de la empresa. «Están particionando la empresa. Este es un gobierno transitorio que quiere dejar armado un cambio estructural sobre las empresas estatales. No sé si se vaya a cumplir, pero la intención es clara», afirma.

Despidos en puerta y nueva gerencia en Petroperú

Fuentes del sector advirtieron a La República que asumiría un nueva gerente general en Petroperú, cargo que recaería en Zenaida Calderón, quien el pasado 30 de diciembre sostuvo una reunión con la titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles. Al día siguiente, ambas acudieron al Ministerio de Energía y Minas para reunirse con el ministro Luis Bravo y la presidenta de Petroperú, Elba Rojas, tal como lo demuestran los registros de visitas. En comunicación con este diario, Calderón rechazó sobre dicho nombramiento y señaló que no existió comunicación sobre ese tema en las reuniones que sostuvo.

La eventual designación estaría orientada a ejecutar la ola de despidos amparada en el Decreto de Urgencia N.° 010-2025 pertenecientes a todas sus unidades de negocio de Petroperú. Según pudo conocer este medio, las primeras cartas de cese, muchas ya redactadas, alcanzarían al personal administrativo de la sede central de San Isidro, trabajadores del Oleoducto Norperuano, empleados mayores de 60 años, personal con menos de cinco años en la empresa y trabajadores con sanciones o memorandos internos, entre otros perfiles que vienen siendo evaluados.

No solo administrativos

El drástico recorte de personal no se limitaría a áreas administrativas. Los ajustes alcanzarían también a operaciones críticas, como el Oleoducto Norperuano y las refinerías de Conchán y Talara, que concentran personal altamente especializado. «La pregunta es quién va a operar las refinerías, los lotes y los terminales si se despide a esa masa laboral», sostienen. «Se corre el riesgo de provocar el colapso por falta de personal para luego justificar las privatizaciones», alertan.

Cabe señalar que Petroperú abastece de combustibles a hospitales, aeropuertos, Fuerzas Armadas y regiones donde el sector privado no tiene presencia, especialmente en la Amazonía. En regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, la empresa estatal concentra más del 85% del mercado en zonas donde no existe una presencia del sector privado.

En un escenario de crisis sanitaria o emergencia nacional, advierten, dejar estas funciones en manos exclusivas del sector privado debilitaría la capacidad del Estado para garantizar el suministro.