¡Lamentable! Un nuevo caso de presunta violación sexual viene indignando a la población del distrito de Aucallama. Tras una denuncia, la Policía Nacional del Perú detuvo a Enrique Tamayo Rodríguez (49) por el presunto delito de violación sexual a su sobrina, una menor de 12 años.
La detención se dio tras la confesión de la víctima, quien habría narrado los momentos de terror que habría pasado en las manos de su tío, motivo por el cual se dio con la ubicación y captura del victimario, a quien se le encontró en su vivienda en el sector de San Graciano.
VÍCTIMA ES HERMANO DEL PEQUEÑO KARIM, DESAPARECIDO Y HALLADO EN POZA DE AGUA
Se supo también, que el victimario, tío de Karim de 03 años que fue hallado muerto dentro de una poza de agua, ubicado en medio del cultivo de fresa, en San Graciano, habría aprovechado la confianza de los padres para atentar contra la menor de 12 años.
Pamela López reveló haberse unido a la marcha en contra de la ola de extorsiones que derivó en el paro de transportistas en la capital.
A través de sus historias de Instagram, la aún esposa de Christian Cueva publicó varias fotografías de su participación en la manifestación.
“Apoyando la marcha en contra de la delincuencia, el sicariato y la extorsión. Me solidarizo ya que también fui víctima. Nuestro Perú necesita leyes drásticas y firmes”, escribió.
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López también recordó su experiencia personal con la extorsión, revelando que su familia ha enfrentado este problema en varias ocasiones.
“Mi familia y yo fuimos víctimas de extorsión en varias oportunidades, nunca condenaron a los implicados y todo quedó en el olvido… mano dura contra la delincuencia”, concluyó.
El gobierno de Dina Boluarte promulgó este jueves, 10 de octubre, la Ley 32,130 aprobada por el Congreso que reforma el Código Procesal Penal para transferir la investigación del delito a la policía, a la vez que da más garantías procesales a los sospechosos de haber cometido un delito, esto es a los criminales.
«Esta ley es, en los hechos, un nuevo Código Procesal Penal que requerirá de una fuerte inversión económica para capacitación, infraestructura y logística a la Policía Nacional, para que pueda realizar las investigaciones de todo tipo de delitos. El Poder Judicial y el Ministerio Público también requerirán de mayores recursos para evitar el colapso con las nuevas garantías que se están dando a la defensa de los investigados», opinó un fiscal.
Como advertimos en La República, la Ley 32,130 va más allá de entregar la investigación a la policía. La nueva norma introduce 33 modificaciones al Código Procesal Penal en temas tan diversos como interceptación telefónica, inhibición de fiscales, recusación de jueces, casación, plazos de la investigación, límites temporales a la comparecencia, impedimento de salida del país, prohibición de viajar por el territorio nacional, entre otros.
Un nuevo Código Procesal Penal super garantista
Ley 32,130 fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte y se público este jueves en la separata de normas legales del diario El Peruano.
El cambio que más se ha conocido y comentado de la nueva ley 32,130 es el referido a la transferencia a la Policía Nacional de la investigación criminal: la policía dirigirá la investigación preliminar, con la asesoría jurídica del fiscal, pero sin intervención judicial, con plazos de hasta 36 meses para realizar diligencias en casos complejos y relacionados con crimen organizado, precisan los primeros artículos de la nueva Ley.
Así, esta primera etapa de la investigación del delito, el fiscal tendrá las funciones de un observador y, cuando se requiera, de tramitador de diligencias ante el juez de la investigación preparatoria.
«La investigación que practica la Policía Nacional del Perú, con la conducción jurídica del Ministerio Público, no tiene carácter jurisdiccional. Cuando fuera indispensable una decisión de esta naturaleza, la requerirá del órgano jurisdiccional competente, motivando debidamente su petición», dice el texto de la nueva ley.
En función de esta nueva atribuciones, se otorga a la policía plazo de 24 horas, cuando exista detenido, y 48 horas en otros casos, para decidir el inicio de la investigación preliminar, a partir del momento en que tenga conocimiento de un delito.
Una vez que termine el trabajo de la policía, recién el fiscal intervendrá para decidir el inicio de la investigación preparatoria. Lo hará a partir del informe que le presente la policía.
Un informe que contendrá las diligencias realizadas, las pruebas recabadas, la identidad de los presuntos delincuentes identificados, sus declaraciones, las declaraciones de los testigos, los delitos presuntamente cometidos, los grados de autoría y participación y el análisis jurídico de los hechos.
La norma no establece si esta calificación por parte del fiscal se realiza al concluir o dentro del plazo de la investigación preliminar, ni de cuánto tiempo dispone el fiscal para tomar una decisión.
En la práctica esto alargará el tiempo total de la investigación, pues sin un plazo definido, el fiscal puede decidir pronto o muy tarde, según su agenda de trabajo, que siempre estará recargada.
El paro de transportistas se viene desarrollando a nivel nacional, tal como lo anunciaron desde hace varios días los distintos gremios. Uno de las primeras provincias en reportar disturbios producto de esta paralización ha sido Huancayo.
A través de un video publicado en X, se ha podido ver cómo un grupo de manifestantes ha sido reprimido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) a la altura del sector de quebrada Onda.
Enfrentamiento entre PNP y manifestantes En las imágenes se puede ver que un hombre vestido con chompa roja intentó huir de las autoridades, sin embargo, pocos metros más adelante fue capturado. Pese a que los ciudadanos que se encontraban en la zona intentaron evitar que este sujeto se llevado por los efectivos PNP, los agentes lograron detenerlo.
Asimismo, se pudo notar que los miembros de la Policía tuvieron que emplear sus herramientas para amedrentar a los manifestantes. «Porquería, liberalo», se escucha gritar a uno de los ciudadanos que se encontraba manifestando.
Sin embargo, la capital del país no ha sido ajena a este tipo de sucesos. En el distrito de Carabayllo, un grupo de presuntos manifestantes generó disturbios a la altura del kilómetro 17 de la Avenida Túpac Amaru. Las imágenes muestran cómo se ha quemado llantas para bloquear las vías e impedir el traslado de los buses que han decidido no acatar el paro transportista.
Asimismo, en Jicamarca se reportó que un grupo de personas prendió llantas en señal de protesta, además de encontrarse impidiendo el pase de aquellos que han decidido salir a trabajar. Exactamente en la avenida Las Torres, perteneciente al distrito de San Antonio de Huarochirí, un grupo de mototaxistas y choferes prendieron llantas en plena vía pública y, además, impidieron el pase de aquellos colectivos que optaron por seguir trabajando.
Segundo paro transportista
Tal como se vino anunciando desde varios días atrás, diferentes grupos de transportistas formales e informales acataron el paro anunciado para hoy jueves 10 de octubre. Ante ello, un gran número de personas se mantuvo aguardando en los paraderos de diferentes zonas de la ciudad de Lima esperando a la llegada de movilidad.
Sin embargo, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, aseguró que la seguridad está garantizada en toda Lima Metropolitana gracias al enorme despliegue de la Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
De esta manera, se dio a conocer que se han reportado enfrentamientos entre la PNP y los manifestantes que han acatado el paro transportista en Huancayo.
Durante conferencia de prensa y a un día del paro de transporte por extorsiones, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez anunció que la presidenta Dina Boluarte firmó la contrarreforma que transfiere a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad para investigar delitos. Asimismo, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, agregó que la norma será publicada el día de mañana en el diario El Peruano.
La ley impulsada inicialmente por la Comisión de Justicia y la Comisión de Defensa fue aprobada en primera votación por el fujicerrorismo, Alianza Para el Progreso y sus aliados. Siete días después fue ratificada en segunda votación con 80 votos a favor, 6 en contra y 31 abstenciones, con el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Bloque Magisterial y Renovación Popular.
Norma promulgada por el Ejecutivo va contra la Constitución
La reforma del Código Procesal no solo limita las facultades de la Fiscalía, sino que también va en contra del artículo 159 de la Constitución Política del Perú. De acuerdo con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, la Policía no está preparada para asumir este tipo de funciones fiscales, debido a que no cuenta con la infraestructura para las diligencias, además de no contar con el personal capacitado. «Claramente, vulnera nuestras facultades constitucionales para dirigir la investigación del delito desde su inicio. El Poder Ejecutivo tendría el control de las investigaciones en esa etapa. Eso va en contra de la Constitución», dijo el representante del Ministerio Público.
¿Qué dice el artículo 159?
El mencionado artículo de la Constitución del Perú precisa que corresponde al Ministerio Público:
Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia.
Representar en los procesos judiciales a la sociedad.
Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policia Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.
Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.
Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla.
Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.
Ministerio Público se pronunció contra la contrarreforma
El 11 de septiembre, los fiscales supremos, presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y de los Fiscales Provinciales, coordinadores nacionales de las Fiscalías Especializadas y de los Equipos Especiales del Ministerio Público, en representación de todos sus integrantes a nivel nacional, alertaron que la contrarreforma que busca modificar y limitar las funciones constitucionales de los fiscales, afecta el derecho a un debido proceso y el respeto de los derechos fundamentales de las personas que acuden al sistema de justicia.
Asimismo, afirmaron que la mencionada reforma legislativa es inconstitucional, pues pretende trasladar a la PNP aquellas investigaciones vinculadas a delitos de corrupción de funcionarios de alto nivel y poder público, afectando la objetividad. Es así que solicitaron a la presidenta Boluarte que, observe la mencionada reforma, acción que no realizó y terminó por oficializarla.
Luciano López: «Es complicado que PNP investigue a Dina Boluarte, su jefa suprema, por encubrimiento a Vladimir Cerrón»
Tras la aprobación del proyecto de ley que modifica el nuevo Código Procesal Penal y otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) la facultad de liderar las investigaciones preliminares de delitos, el abogado constitucionalista Luciano López advirtió en una entrevista con La República sobre los riesgos de esta contrarreforma.
López también señaló que es poco probable que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de esta ley, dado que recientemente no ha rechazado otros proyectos impulsados desde el Congreso.
Además, el abogado subrayó que la reforma incluye un artículo que no tiene relación con la propuesta principal y cuyo objetivo sería restringir a los fiscales para que no puedan opinar sobre casos específicos, limitando así su capacidad de expresión.
«Todo esto nos muestra que, aparentemente, la Policía Nacional ha actuado por omisión en la búsqueda real y efectiva de este prófugo de la justicia. Si esta ley hubiera sido ya publicada en El Peruano y debidamente promulgada, como es una norma procesal, debería aplicarse de manera inmediata. Entonces, ¿la investigación incipiente la va a manejar la Policía Nacional en contra de su propia jefa suprema? Es complicado; ese es el problema que surge en esta situación», sostuvo.
Un miembro de la Policía Nacional del Perú (PNP) es acusado de asesinar a sangre fría a un funcionario de la Municipalidad provincial de Hualgayoc, localidad ubicada en la región Cajamarca.
La víctima fue identificada como Ruddy Lozano Obispo, un ingeniero de 33 años de edad, quien se encontraba en una cantina de la ciudad de Bambamarca, el pasado sábado 5 de octubre, disfrutando de la noche.
Sin embargo, a la promediar las 11:15 p.m., aún en circunstancias desconocidas, Lozano Obispo recibió un disparo por parte del comisario de Hualgayoc, el teniente PNP Anderson Quispe Briones.
La cámara de seguridad del local Santo Bar, situado en el jirón Jaime de Martínez, registraron lo sucedido. En las imágenes se aprecia como el efectivo policial saca su arma de fuego y la dirige hacia el pecho del funcionario edil, quien abre los brazos ante tal acción.
Una vez posicionada la pistola, dispara en contra de su objetivo. Lozano se desploma en el acto y queda tendido en el piso, mientras Quispe Briones huye del lugar. En el vídeo también se observa a una mujer, quien voltea la cámara de videovigilancia y trata de atender la emergencia.
El cuerpo de la víctima fue conducido a un hospital de la ciudad de Bambamarca, sin embargo, llegó sin vida. Trascendió que Lozano se desempeñaba en el área de residuos sólidos de la Municipalidad de Hualgayoc.
“El occiso y el teniente Quispe han estado ingiriendo bebidas alcohólicas. Lamentablemente ha habido un mal uso, una manipulación, de un arma de fuego que él tenía. Producto de esa mala manipulación de ese armamento, originó una herida de bala en el pecho del fallecido”, narró Aldo Cáceres, comisario de Bambamarca, a medios locales.
“En la cámara de seguridad se ve que evacúan al herido, quien llegó ya cadáver del hospital. Al tomar conocimiento de hecho, se activó el plan cerco con las diferentes comisarías. Aproximadamente a las 2 de la mañana, se interviene el vehículo donde se desplazaba el teniente”, agregó.Policía se da a la fuga tras disparar a matar contra funcionario edil en un bar de Cajamarca.
Al verse cercado por las autoridades, Quispe atinó a descender de su auto y escapar corriendo por unos matorrales de la zona hasta llegar a un río. Su huida tuvo éxito y ahora se encuentra con el paradero desconocido.
“Ya se ha coordinado con todas las comisarías de Cajamarca para buscar a dicho efectivo policial. Tenemos acá al personal de homicidios para recabar información y trabajar en conjunto al personal de criminalística. Ya se encontró un arma, que posiblemente sea de propiedad del teniente”, continuó Cáceres.
La propietaria del local, identificada como Giovanny Nuñez, fue llamada a testificar ante las autoridades policiales. Mientras sus compañeros ediles exigieron justicia ante las autoridades. “No puede ser que se fugue ante una fechoría”, comentó un miembro de la municipalidad.
En tanto, la madre de la víctima, Graciana Obispo Giménez, lamentó lo sucedido y exhortó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, y al titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, que se encarguen del caso y logren justicia para su hijo asesinado.
“Que se encuentre al policía que le ha disparado a mi hijo. Eso es un asesinato. Me encuentro muy mal. Mi hijo vino acá (a Cajamarca) en el mes de abril, poco tiempo ha estado acá. No hay justicia, no hay información”, dijo la mujer.
Policía se da a la fuga tras disparar a matar contra funcionario edil en un bar de Cajamarca.
ENFOQUE REAL 