El exasesor presidencial Vladimiro Montesinos continuará en prisión hasta el año 2037, luego de que el Poder Judicial anulara la decisión que daba por cumplida su condena de 19 años y 8 meses por los crímenes de Pativilca y La Cantuta. La Corte Suprema reformó el cómputo de la pena y estableció que aún le restan 13 años y 8 meses por cumplir.
La resolución fue emitida por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema al resolver un recurso de nulidad presentado por el Ministerio Público. La Fiscalía cuestionó que una sala superior considerara como tiempo cumplido detenciones dictadas en otros procesos distintos al caso juzgado.
La Primera Sala Constitucional rechazó incluir al expresidente Pedro Castillo en el proceso de demanda de amparo presentado por su homóloga Dina Boluarte contra el Congreso, con el objetivo de anular la vacancia presidencial aprobada el 10 de octubre por incapacidad moral permanente.
De acuerdo con el órgano jurisdiccional, la petición que presentó la defensa legal de Castillo fue declarada improcedente. El abogado del exmandatario solicitó participar del proceso judicial como «litisconsortes facultativos» debido a que cuenta con interés en el resultado del caso.
Según la resolución judicial informada por RPP, el exjefe supremo recordó que, en diciembre del 2022, fue vacado por 101 votos y no con 104, como estipula la ley. Asimismo, rememoró que Castillo no contó con una defensa antes de que se declarara su vacancia.
No obstante, el colegiado mencionó que, luego de revisar la documentación presentada, la demanda solo le compete a Boluarte y el Parlamento. Por ello, «no se aprecia que la parte recurrente haya tenido participación alguna en dicho procedimiento».
Es más, los magistrados afirmaron que Castillo no tiene interés legítimo en el resultado del procedimiento judicial de acción de amparo, y que esto no resultaría perjudicial para sus derechos directa o indirectamente. Por tal razón, se desestimó.
Ante la decisión de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de no aplicar en el caso de la masacre de Cayara, la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, amenazó a todo el sistema judicial, señalando que no basta con reformarlo, sino que hay que «barrerlo».
El legislador de Fuerza Popular ingresó como parte del público a la audiencia virtual en la que los jueces iban a tomar una decisión, en una abierta presión para que apliquen la norma aprobada por el Congreso que permite dejar en la impunidad cientos de casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Si bien el tribunal declaró infundados los recursos presentados por oficiales del Ejército acusados de la masacre de más de 30 comuneros de Cayara (Ayacucho) cometida el 14 de mayo de 1988, admitió el argumento del Tribunal Constitucional que permite la prescripción del delito de lesa humanidad a los hecho ocurridos antes de julio del 2002. Sin embargo, en el caso de Cayara, por incluir la desaparición forzada, dijo que los plazos de prescripción se contabilizan desde entonces, por lo que vence el 2032.
Rospigliosi arremetió contra los magistrados, acusándolos de “politizados y prevaricadores” en su cuenta de X, antes Twitter, afirmando que han desacatado al Tribunal Constitucional, sin embargo el legislador obvió la obligación del Estado de respetar los convenios internacionales suscritos en los que se señala la imprescriptibilidad de los graves delitos contra los derechos humanos.
«Jueces politizados y prevaricadores de la 3ª. Sala Penal, (Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata) se han negado a aplicar la ley 32107 de lesa humanidad, norma vigente y declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, en el caso Cayara (1988). Están procesando ilegalmente después de 38 años, a militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo. Hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares. No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que BARRERLO. ¡Soluciones radicales!», escribió Rospigliosi minutos después de conocerse la decisión de los jueces.
Momentos antes se quejaba de que no lo dejaban ingresar a la Sala, mostrando una foto en la que aparecía la frase «podrás unirte a la reunión cuando te lo permitan«, como normalmente aparece a todos los asistentes que desean participar de una audiencia. Finalmente el congresista fujimorista pudo asistir. Además, ingresaron la también legisladora naranja Martha Moyano y José Cueto, de la bancada Honor y Democracia.
No es la primera vez que Rospigliosi critica al Poder Judicial. Hace dos días, en un evento en el Congreso señaló que la «mafia caviar» está enquistada allí, pues suspendido a un juez que aplicó la ley de impunidad. «No podemos dejar que siga inaplicando las leyes», advirtió entonces. Y el 13 de enero último, poco antes de iniciar una audiencia del caso Cayara, escribió un post advirtiendo a los magistrados que «si violan la ley, deberían ser detenidos allí mismo, en flagrancia, y enviados a prisión».
Atenta contra la división de poderes
En respuesta a Rospigliosi, la expresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, alerta que «barrer» contra el Poder Judicial como pretende el legislador fujimorista, atenta contra la división de poderes y la democracia.
«El Pdte. Del Congreso dice que hay que “barrer” el Poder Judicial atentando expresamente contra la división de poderes, elemento esencial de la democracia. Los jueces han aplicado el control de convencionalidad y los estándares internacionales.#Porestosno2026«, sostuvo en X.
Por su parte, el abogado Ronald Gamarra recalcó la decisión de los magistrados de no aplicar la ley de lesa humanidad. «Cayara, un crimen atroz (1988) perpetrado por militares indignos del uniforme de Bolognesi, no sujeto a amnistía ni prescripción algunas. Así lo ratificó el Poder Judicial. Sufre, Rospigliosi», precisó en su cuenta.
El Poder Judicial ordenó levantar el secreto bancario del candidato presidencial y congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, así como de su empresa Universidad Telesup. La disposición judicial forma parte de un proceso de extinción de dominio impulsado por la Fiscalía, con el objetivo de investigar presuntos aportes ilícitos a campañas políticas.
La medida fue adoptada por el Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio a solicitud de la Sexta Fiscalía Provincial de Extinción de Dominio. Incluye el acceso a cuentas bancarias, operaciones activas y pasivas, adquisición de acciones y emisión de cheques correspondientes a los últimos 16 años.
Decisión se enmarca en caso de presunto financiamiento ilícito
De acuerdo con información publicada por El Comercio, el Ministerio Público sostiene que José Luna Gálvez habría realizado aportes económicos a la campaña municipal del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en 2014. Los fondos, presuntamente irregulares, habrían tenido origen en las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.
La hipótesis fiscal señala que estos aportes fueron canalizados mediante operaciones financieras efectuadas a través de la Universidad Telesup, empresa vinculada a Luna Gálvez, la cual no obtuvo el licenciamiento institucional de la Sunedu como centro de estudios superiores.
Participación de la SBS en la ejecución de la medida judicial
Como parte de la disposición judicial, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) fue instruida a requerir a todas las entidades financieras del país la entrega de información sobre las actividades económicas de Luna Gálvez y su compañía. La búsqueda incluye cualquier movimiento de fondos que haya implicado flujos de dinero entre 2008 y 2024.
Según el expediente del caso, entre 2011 y 2016, la Universidad Telesup registró transferencias por 256,600 soles hacia Castañeda. Estas operaciones han sido consideradas sospechosas por la Fiscalía.
Línea de investigación por extinción de dominio
El proceso de extinción de dominio se orienta a recuperar bienes adquiridos con fondos ilícitos, sin necesidad de una sentencia penal. Este mecanismo legal permite a la Fiscalía solicitar medidas cautelares sobre propiedades o activos que puedan haber sido obtenidos por medios ilícitos, incluso si no existe aún una condena firme.
La decisión judicial no implica una determinación de culpabilidad, pero habilita el acceso completo a la información financiera del investigado y su entorno corporativo.
Reacción de José Luna Gálvez ante la disposición judicial
Tras conocerse la medida, José Luna Gálvez se pronunció a través de su cuenta en la red social X. El también parlamentario indicó que esta decisión judicial ya se había ejecutado anteriormente sin encontrar irregularidades en sus cuentas. No obstante, el proceso actual busca revisar un periodo más amplio de operaciones.
Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado institucional por parte de Podemos Perú ni de la Universidad Telesup en relación con la medida ordenada por el Poder Judicial.
Implicaciones penales paralelas al caso de extinción de dominio
De manera paralela, el Ministerio Público ha solicitado una condena de 22 años de prisión para Luna Gálvez por la supuesta inscripción ilegal de su partido en 2018. Según la acusación, habría sobornado a miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para asegurar la designación de Adolfo Castillo como jefe de la ONPE.
La Fiscalía sostiene que Castillo, en su rol de titular del organismo electoral, permitió la inscripción de Podemos Perú, posibilitando así su participación en procesos electorales posteriores.
Universidad Telesup en el centro de las transacciones cuestionadas
La Universidad Telesup, señalada como medio para el presunto blanqueo de fondos, fue clausurada tras no cumplir con los requisitos establecidos por la Sunedu. En el marco de esta investigación, sus movimientos financieros serán revisados minuciosamente, a fin de determinar si se utilizaron para fines ajenos a los educativos.
El análisis abarcará la relación de la universidad con actores políticos y el eventual uso de recursos institucionales para actividades de financiamiento partidario.
Duración y alcance de la medida judicial
El levantamiento del secreto bancario autorizado comprende un periodo de 16 años, desde 2008 hasta 2024, y abarca todas las cuentas vinculadas al legislador y a la empresa educativa. La Fiscalía tiene la facultad de requerir información complementaria según se desarrollen las pesquisas.
Este proceso continúa bajo reserva mientras se analizan los documentos requeridos por la SBS y se evalúan los posibles vínculos con las campañas electorales investigadas.
El Poder Judicial ordenó levantar el secreto bancario de José Luna Gálvez y la Universidad Telesup, en el marco de una investigación por extinción de dominio. La Fiscalía sospecha que aportes a la campaña de Luis Castañeda Lossio en 2014 provinieron de Odebrecht y OAS, y habrían sido canalizados mediante Telesup. Se investigan transacciones de los últimos 16 años. Luna Gálvez respondió que ya se aplicó una medida similar antes sin hallazgos. En paralelo, enfrenta un pedido fiscal de 22 años de prisión por presunta inscripción ilegal de Podemos Perú. El proceso continuará con la revisión de información financiera.
El último lunes 26 de enero, el Poder Judicial leyó la sentencia contra la Procuradora General del Estado (PGE), María Caruajulca, por los delitos de omisión y rehusamiento de actos funcionales. La lectura del fallo estuvo a cargo de la jueza Carolina Huamaní Reyes, quien ordenó que Caruajulca pague una reparación civil de S/1.500 y cumpla con 30 días de multa.
El caso de Caruajulca se debe a su gestión como procuradora de la Municipalidad de Comas, en el que rechazó la entrega de la relación de denuncias presentadas durante su mandato. Esta decisión vulneró los principios de transparencia pública.
Por ese motivo, en 2020, el presidente de la Asociación Líderes de Fiscalización y Anticorrupción de Lima Norte, Dylan López, denunció los actos.
Años más tarde, la magistrada Huamaní Reyes concluyó que se comprobó que Caruajulca dio órdenes para rechazar las solicitudes de información. La sentencia mencionó que la constante negación de brindar los documentos públicos vulneró los derechos y configura un abuso de autoridad.
Es importante resaltar que la Procuraduría General del Estado tiene como principal función representar y defender los intereses del Estado peruano, así como denunciar a altos funcionarios como congresistas, ministros, entre otros.
María Caruajulca no irá a prisión y apeló la decisión
A pesar de que el Ministerio Público solicitó una pena privativa de la libertad por 8 meses, el Poder Judicial consideró que, debido a que Caruajulca no cuenta con antecedentes penales, solo se emitirán reglas de conducta que la magistrada revisará cada cierto tiempo.
Por otro lado, durante la audiencia, la funcionaria pública anunció que impondría el recurso de apelación para que se anule el fallo en su contra.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, envió un firme mensaje al Congreso de la República en medio de los cuestionamientos dirigidos a los jueces que decidieron inaplicar leyes aprobadas por el Parlamento mediante el control difuso, amparado en la Constitución. En ese contexto, durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, Tello Gilardi afirmó que la institución que dirige no actúa en favor de intereses políticos.
En esa misma línea, la titular del Poder Judicial descartó que la decisión de los jueces de aplicar el control difuso, constituyan prevaricato, delito o alguna injerencia política, debido a que se amparan en la ley y la Carta Magna. «Carece de sustento jurídico e histórico», expresó.
«En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente ante los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales; es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso que les impone la Constitución Política. (…) El Poder Judicial no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico», manifestó.
Asimismo, la mandamás del sistema judicial «preservará con valentía» su independencia e imparcialidad y que no se tolerará ningún intento del quebrantamiento judicial. «Tengan la certeza de que los jueces nunca serán herramientas de impunidad, ni instrumentos de persecución».
El discurso de Tello cobró mayor relevancia debido a la presencia en la ceremonia del presidente de la República, José Jerí; del titular del Congreso, Fernando Rospigliosi; y de los jefes de diversas instituciones, como el Reniec, la ONPE, el Tribunal Constitucional y el JNE, entre otros.
Entre las normas que los jueces decidieron inaplicar se encuentra la Ley de Amnistía (caso Chumbivilcas), que blindaba inmunidad a los miembros de las FF. AA. y PNP procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos en 1980 y 2000. También figura la Ley de lesa humanidad que no fue utilizada en los casos Pativilca, Madre Mía, Mariella Barreto, entre otros.
Por otra parte, Tello señaló que solicitó al Congreso que el Poder Judicial participe en el proceso de cualquier reforma constitucional que se pretenda impulsar. En ese sentido, la presidenta del PJ detalló que han remitido sus opiniones y propuestas a la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria, encargada de evaluar la modificación de diversos artículos de la Constitución relacionados con el Poder Judicial, especialmente en lo referido al uso del control difuso.
«Ninguna reforma constitucional o legal puede validamente afectar la autonomía o independencia del Poder Judicial, ni tampoco debilitar la protección jurisdiccional de las personas», dijo.
Janet Tello: «Ningún cargo público está por encima de la ley»
En su balance del 2025, Telló detalló que se emitieron sentencias complejas. Entre ellas, la Corte Suprema expidió 235 condenas de 35 años de prisión, 269 de 30 años de cácel, 168 a 25 año y 508 cadenas perpetuas.
«El Poder Judicial ha dictado sentencias importantes y, en muchos casos, de trascendencia para el país que envían un mensaje nítido: ningún cargo público, poder económico u organización criminal está por encima de la ley», aseveró.
Justicia electoral
Por otro lado, la presidenta del Poder Judicial indicó que a inicios del 2025, se suscribió un convenio interinstitucional con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la finalidad de facilitar el acceso a los antecedentes penales de los candidatos a la presidencia de la República y el Congreso.
En ese sentido, se implementó el plan de digitalización del registro nacional de condenadas en la que se registró más de 944.854 boletines físicos de condenadas penales.
«Esto nos va a permitir atender las solicitudes de información sobre los 4.264 postulantes que el JNE realizará en el marco del proceso electoral», detalló.
ENFOQUE REAL 