El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial, Fernando Valdez Pimentel, declaró inaplicable la Ley 32107, que precisa prescribir los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002, en el marco del caso Víctor Polay Campos, líder del MRTA, y de otros investigados acusados de asesinatos ocurridos entre 1989 – 1992.

La resolución del Poder Judicial se da luego, de que la Ley 32107 aprobada inicialmente por el Congreso el 8 de julio de 2024, sea presentada por la defensa de Polay, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) en la cual dicha ley no alcanzó la mayoría necesaria de cinco votos para ser declarada inconstitucional.

Argumentos de jueces para declarar inaplicable Ley 32107

El juez Valdez Pimentel se basó en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para ejercer el control difuso, luego de que la resolución del TC quedará con 4 votos en contra y 3 a favor de declarar inconstitucional la Ley 32107, por lo que la decisión del máximo órgano de interpretación de la Constitución Peruana concluyó en declarar constitucional la mencionada ley que prescribe delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Además, basó su decisión en una combinación de control constitucional interno y la primacia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El Juzgado rechazó la obligatoriedad de aplicar automáticamente la Ley 32107, argumentando que si bien las leyes declaradas constitucionales por el TC son de aplicación general, el Juzgado aplicó el principio de control concreto. Es decir, que la decisión del juez se aplicará en el caso particular de Víctor Polay y otros acusados.

Asimismo, añadió que citando la propia jurisprudencia del TC (Exp. N.° 1680-2005-PA/TC), el juez señaló que puede inaplicar una norma si su uso en un caso particular resulta incompatible con la Constitución. En este caso, la aplicación de la Ley 32107 iría contra el mandato constitucional de sancionar crímenes graves.

Finalmente, el magistrado Valdez Pimentel declaró que el fallo del TC sobre la Ley 32107 no constituye un precedente vinculante, lo que otorga al juez la libertad de utilizar otras fuentes interpretativas.

Caso Las Gardenias que involucra a Víctor Polay

Al referirse en el caso concreto Las Gardenias, el juez enfatizó que dada la «especial gravedad de los hechos investigados» (asesinatos y secuestros cometidos por el MRTA contra la población civil) y la condición de «líderes y mandos intermedios» de los imputados, la aplicación de la prescripción implicaría «consagrar su impunidad».

Agregó que los crímenes de lesa humanidad afectan a la humanidad en conjunto, y el interés colectivo en su persecución penal es incompatible con cualquier límite temporal.

En consecuencia, el juzgado ordenó que el proceso contra Víctor Polay Campos y otros implicados «debe proseguir conforme a su trámite regular».

El Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo que interpuso la defensa legal de Dina Boluarte contra la vacancia presidencial que decidió el Congreso, el pasado 10 de octubre. 

Así lo dispuso la Primera Sala Constitucional de Lima, «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42° del Código Procesal Constitucional [que] determina la competencia de las Salas Superiores Constitucionales para conocer las demandas de amparo contra una decisión de los órganos del Congreso de la República dentro de un procedimiento parlamentario». 

En ese sentido, programó la «audiencia única» en que se verá la causa para el 12 de marzo de 2026, a las 9 am., «debiendo las partes procesales, bajo su responsabilidad, unirse en la fecha de la audiencia» en el enlace adjunto.

Además, la sala constitucional emplazó al procurador del Congreso «a efectos de que conteste la demanda en el término de diez días hábiles, conforme lo dispone el primer párrafo del artículo 12° del Código Procesal Constitucional; debiendo tomarse en cuenta por el área de notificaciones las casillas electrónicas de las partes emplazadas». 

Abogado de Boluarte sobre demanda: «Buscamos que en el futuro no se repita»

Joseph Campos, abogado de la expresidenta Dina Boluarte -en una entrevista con RPP, del pasado 24 de noviembre- dio detalles de la acción de amparo presentada contra el Congreso. Al respecto, recordó que el Parlamento citó a su representada con poco margen de tiempo para armar su defensa, por lo que refirió que no se respetó lo establecido en la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Se quería hacer en 56 minutos y un debate de madrugada. […] Lo que merecía un debate para quitarle al presidente, a un elegido, era necesariamente un día, con tiempo que la población lo vea y no de madrugada. Como el consejo fue que no vayas, porque evidentemente era indefensión material, no fue. Entonces, tenemos dos momentos: un momento en el cual hay indefensión material por no haber permitido una defensa conforme lo establece la Constitución y la Convención; y el segundo momento era por voto, poner la imputación”, señaló.

En esa misma línea, el abogado explicó que el objetivo del amparo presentado ante el Poder Judicial es que no se repita una “vacancia exprés” en las próximas gestiones presidenciales. Asimismo, busca que la figura de incapacidad moral permanente sea retirada del proceso.

“Lo que buscamos a través de este amparo es que en el futuro no se vuelva a repetir este tipo de vacancias exprés, sin respetar derechos fundamentales, y -sobre todo- buscar una normalización”, indicó.

“Si yo cometo un delito al final del plazo que le dieron a mi sanción, yo estoy rehabilitado, pero [la] vacancia por incapacidad moral es permanente hasta que me muera. Pero como no le permitieron la defensa, lo que estamos pidiendo esencialmente es que se le quite la calificación de incapaz moral permanente porque eso es lo que corresponde”, acotó.

El Poder Judicial ordenó el embargo en forma de inscripción sobre un bien inmueble vinculado a la suspendida legisladora María Cordero como parte del proceso penal que se le sigue por un presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho congresal en el 2022.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar fundada la solicitud que hizo la Procuraduría General del Estado, el último 16 de septiembre, para que se ordene la ejecución de esta medida cautelar real sobre dicho bien inmueble, ubicado en la provincia de Barranca (región de Lima Provincias). 

El magistrado ordenó trabar embargo en forma de inscripción por la suma de 200 mil soles sobre las acciones y derechos que le corresponden a la suspendida legisladora respecto a este bien inmueble por lo que dispuso que se remita un oficio al Jefe de Registro de Predios de la Oficina Registral de Barranca de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), remitiendo los partes judiciales correspondientes a fin de que se cumpla con lo ordenado por su despacho en este caso.

Mediante una resolución emitida el 7 de noviembre, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley determinó que la solicitud de la Procuraduría General del Estado cumple los presupuestos establecidos en la ley para imponer la medida de coerción procesal de carácter real solicitada sobre dicho bien inmueble por dicho monto que, a criterio del magistrado, resulta razonable para cubrir el pago de una futura reparación civil a favor del estado, en caso se determine daño alguno. 

La Fiscalía de la Nación investiga a María Cordero por el presunto delito de concusión en agravio del Estado por presuntamente haber obligado a un trabajador de su despacho congresal a entregarle el 50 % de sus haberes entre los meses de marzo y agosto del 2022. 

El último 14 de marzo del 2024, el pleno del Congreso aprobó suspender a María Cordero en su cargo de congresista y levantar su inmunidad parlamentaria, a fin de que afronte este proceso penal.

No obstante, el Parlamento no aprobó la propuesta para que María Cordero sea inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.