Vergüenza: Poder Judicial de Arequipa absuelve a denunciado por violación

Indignante. Se mostraron las pruebas, se tomaron pericias, se recurrió a la cámara Gesell, se escuchó el clamor de una madre, la ciudadanía se solidarizó con Lucía Velarde Pardo, la madre denunciante, pero nada de ello se tomó en cuenta.

El Poder Judicial absolvió, por unanimidad, al abogado Erick López Tassaradenunciado por violación contra su hijastro, un menor de edad y que también afronta otra denuncia por el mismo acto contra su propio hijo.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, César de la Cuba Chirinos, señaló que la sentencia dictada por el Colegiado Especializado en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Camaná, que absolvió a Erikck López Tassara por el delito de violación sexual en agravio de un menor, se resolvió con base en las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

“Los jueces valoraron tanto los hechos propuestos por el Ministerio Público como el aspecto pericial que determina que existirían algunas circunstancias contradictorias del análisis de los peritos, por lo cual los tres magistrados, por unanimidad, resolvieron absolver al imputado”, explicó.

El Colegiado que emitió la polémica resolución está integrado por los jueces superiores Patricia Posadas Larico, Johana Lozano Rosado y Marcio Arteaga Espinoza.

Lucía Velarde ya había advertido, en diálogo con Perú21TV, el mal trabajo que venía realizando el mencionado tribunal al no tomar en cuenta las pruebas presentadas, como los peritajes médicos y el testimonio en la cámara Gesell.

“Lamentablemente, ellos han hecho mal su trabajo, por eso pido justicia, pido que, por favor, tanto el Poder Judicial aquí en Lima y en Arequipa se centren en este caso donde hay pruebas suficientes y muchas pruebas de que mis dos hijos han sido violentados por este monstruo”, sostuvo.

Conocida la cuestionada resolución, el presidente de la Corte de Arequipa, César de la Cuba Chirinos, hizo un llamado a la calma, tras observar que decenas de madres y niños, vistiendo polos blancos y portando pancartas y banderolas llegaron hasta la sede del Poder Judicial en Cerro Colorado para solidarizarse con Lucía Velarde y exigir justicia en favor de los niños abusados.

POR LOS NIÑOS

Patricia Román, abogada de Lucía Velarde, manifestó su desazón por el fallo del colegiado y lamentó que la Fiscalía no haya tomado en cuenta un certificado médico legal que señala que el menor tuvo signos de acto contra natura.

Román adelantó que apelará a instancias superiores y solicitará que el caso se traslade a Lima. Cuestionó la resolución y deslizó que habría un “presunto padrinazgo al imputado”.

Adelantó que la apelación se presentará el lunes y convocará a los mejores juristas para defender no solo a los hijos de Lucía Velarde sino a los niños que atraviesan similar situación.

Datos

El Ministerio de la Mujer adelantó que respaldará la apelación que presentará la defensa legal de Lucía Velarde Pardo.

Ciudadanos de Arequipa se solidarizaron con Lucía Velarde Pardo y llegaron hasta la sede del Poder Judicial en Cerro Colorado para exigir una sanción ejemplar.

INPE afirma que Poder Judicial no notificó restricciones para visitas de Pedro Castillo

Tras revelarse que el expresidente Pedro Castillo recibe visitas de personas investigadas en la red de presunta corrupción durante su gobierno, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, dijo que el Poder Judicial no ha notificado formalmente alguna restricción a las visitas que recibe el exmandatario en el Penal de Barbadillo.

“Cuando nos llega la disposición de prisión preventiva e inicia su ingreso, solo aparecía un coprocesado impedido de ingresar, Aníbal Torres. Por eso nunca ingresó. Sobre el resto no tomamos conocimiento porque no están en el mismo expediente, sino en otro que ve otro juez por la jerarquía”, dijo Llaque a RPP.

“Se ha hecho público en un reportaje otros visitantes que también estaban impedidos de visitar pero al INPE jamás el Poder Judicial notificó esta decisión”, agregó.

Según Cuarto Poder, el exmandatario recibe visitas de Henry Shimabukuro (implicado en el caso ‘Gabinete en las Sombras’ e impedido de ingresar al penal desde julio), así como de Gian Marco Castillo, implicado en el caso ‘Puente Tarata’.

Otros visitantes cuestionados son Cledin Vásquez Castillo, hermano del prófugo de la justicia Fray Vásquez, y otros familiares como las hermanas del exmandatario Gloria, María, Irma y Santos Castillo Terrones.

Llaque dijo que tanto Yenifer Paredes como Henry Shimabukuro se encuentran impedidos de ingresar al penal desde el 4 de julio, además, añadió que esto fue gracias a gestiones iniciadas por el INPE.

“Tuvimos que indagar para recibir y se nos informe oficialmente (…) Si se trata de temas delicados, no es tan complicado que nos avisen, cosa que tomamos las medidas de inmediato”, exhortó.

Poder Judicial ordenó ampliar por ocho meses investigación contra Pedro Castillo por fallido golpe de Estado

El Poder Judicial ordenó ampliar por ocho meses adicionales la investigación preparatoria seguida al expresidente Pedro Castillo, los exministros Betssy Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez y el exasesor Aníbal Torres por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022

El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el requerimiento que hizo el fiscal Supremo Uriel Terán Dianderas para que se dispusiera dicha prórroga de esta investigación preparatoria, cuyo plazo inicial de ocho meses culminó el 12 de agosto del presente año.

El magistrado determinó que se trata de una medida idónea que permitirá al Ministerio Público obtener las pruebas de cargo y de descargo para el esclarecimiento de los hechos, “viabilizando que en su oportunidad se acuse y sancione al responsable, y/o que se absuelva al inocente, y con ello, procurar alcanzar la paz social en justicia”.

“Frente a la complejidad de la investigación y las circunstancias que evidenciaron una especial dificultad para culminarla en el plazo originalmente establecido, no se cuenta con otra herramienta jurídica más que la prórroga del plazo por un período adecuado en atención a las diligencias pendientes de realizar”. 

PJ rechaza decisión de negar aborto terapéutico a menor de once años presuntamente violada por su padrastro en Iquitos

El Poder Judicial, a través de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, que preside la jueza suprema Janet Tello Gilardi, expresó su rechazo a la decisión de negar el aborto terapéutico para ‘Mila’ (seudónimo), una niña de once años víctima de un presunto abuso sexual por parte de su padrastro, en Iquitos 

Como se sabe, el pasado 3 de agosto, una junta médica del Hospital Regional de Loreto determinó que la menor, quien lleva 18 semanas de gestación, continúe con el embarazo bajo el argumento de que los casos de violación no están incluidos dentro del protocolo del aborto terapéutico.

Tello Gilardi recordó que el riesgo de muerte de una menor de quince años por causas relacionadas al embarazo, tal como lo ha señalado el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se triplica con relación a quienes superan los veinte años.

“En ese sentido, el riesgo contra la vida de una niña de once años por complicaciones con el embarazo, cuyo cuerpo aún no está preparado para el alumbramiento, es incluso mucho más alto”, acotó la magistrada.

Señaló, también, que la maternidad forzada derivada de una violación sexual es insegura, atenta contra la salud integral de la menor y constituye una forma de tortura.

TOMAR EN CUENTA ‘CASO CAMILA’

La magistrada invocó a las autoridades tomar en cuenta lo determinado en junio pasado por el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN) respecto al caso conocido como ‘Camila’, también por la negación al aborto terapéutico debido a un embarazo de abuso sexual.

El CDN determinó que nuestro país había violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural de 13 años, víctima de violación, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.

Asimismo, el comité estableció que el Estado Peruano tiene la obligación de tomar medidas para evitar casos similares en el futuro, incluida la revisión de su legislación nacional para garantizar la prevención de la violencia sexual.

“Las instituciones estatales deben garantizarle a Mila, y a todas las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, el acceso a los servicios de salud y educación, así como el derecho al aborto terapéutico con procedimientos médicos seguros, dentro de las 22 semanas de gestación, tal como establece el protocolo”, señaló.

Finalmente, Tello Gilardi tomó a bien que los ministerios de Salud y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hayan trasladado a Lima a la menor afectada, para evaluar su salud y analizar la restitución de sus derechos.

Pedro Castillo pidió al Poder Judicial que el INPE instale un locutorio para comunicarse con su familia

El expresidente Pedro Castillo solicitó al Poder Judicial que ordene al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la instalación de un locutorio telefónico en el Penal de Barbadillo de Ate, para que pueda comunicarse con sus familiares tanto en el interior del país como en el extranjero.

Dicho pedido fue planteado mediante una demanda de habeas corpus que fue presentada por el exministro de Defensa Walter Ayala, en su condición de abogado del exmandatario.

Fundamentos

El recurso está dirigido contra el presidente del INPE, Javier LLaque Moya, alegando un supuesto atentado contra la libertad individual-derecho a la comunicación, derecho a no ser incomunicado y el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente «de razonabilidad y proporcionalidad».

La defensa legal de Pedro Castillo demanda que el exmandatario pueda comunicarse tanto con sus padres, adultos mayores, que viven en el caserío de Chugur, distrito de Anguía, provincia de Chota, Cajamarca, como también con su esposa Lilia Paredes y sus dos menores hijos que se encuentran en México, bajo asilo político otorgado por el gobierno de ese país.

La demanda ya fue admitida a trámite por el juez constitucional Jorge Luis Ramirez Niño de Guzmán quien dispuso iniciar una sumaría investigación en virtud a la cual requirió al presidente del Inpe que informe si existe algún pedido del exmandatario para que se instale un locutorio en el Penal de Barbadillo y, de ser así, que indique el trámite que se ha dado a esa solicitud.

El magistrado también dispuso que se oficie al Penal de Barbadillo para que informe lo relacionado a la demanda y “tener presente en lo que fuera de ley” en cuanto al extremo de este recurso en el que se pide tomar la declaración de Pedro Castillo, además de que se realicen los actos que se estimen convenientes para el esclarecimiento de los hechos.

Sada Goray y Mauricio Fernandini: Poder Judicial definió fecha y hora del veredicto sobre prisión preventiva

Este miércoles 2 de agosto, a las 16:00 h, el Poder Judicial dará a conocer su veredicto respecto al pedido de prisión preventiva por 36 meses contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros investigados por el caso Fondo Mivivienda.

Sada Goray, empresaria involucrada en la investigación, es acusada de haber pagado sobornos por al menos 4 millones de soles a una red de corrupción liderada por el expresidente Pedro Castillo, a través de Salatiel Marrufo, para agilizar proyectos de su empresa Marka Group con la complicidad de funcionarios del Fondo MiVivienda y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

El periodista Mauricio Fernandini, por su parte, habría actuado como nexo en los sobornos entre Sada Goray y Salatiel Marrufo, con el cual habría sido acreedor de bonos de éxito. Además, habría alquilado su departamento en San Isidro para facilitar el trasiego de dinero ilegal.

La solicitud de prisión preventiva también incluye a Roger Lizandro Gavidia Johanson, Pedro Gary Arroyo Marquina y Luis Martín Mesones Odar, exesposo de Sada Goray, quienes enfrentan investigaciones por los mismos delitos en el caso Fondo MiVivienda.

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional será el encargado de emitir la resolución sobre el pedido de prisión preventiva.