La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, envió un firme mensaje al Congreso de la República en medio de los cuestionamientos dirigidos a los jueces que decidieron inaplicar leyes aprobadas por el Parlamento mediante el control difuso, amparado en la Constitución. En ese contexto, durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, Tello Gilardi afirmó que la institución que dirige no actúa en favor de intereses políticos.

En esa misma línea, la titular del Poder Judicial descartó que la decisión de los jueces de aplicar el control difuso, constituyan prevaricato, delito o alguna injerencia política, debido a que se amparan en la ley y la Carta Magna. «Carece de sustento jurídico e histórico», expresó.

«En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente ante los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales; es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso que les impone la Constitución Política. (…) El Poder Judicial no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico», manifestó.

Asimismo, la mandamás del sistema judicial «preservará con valentía» su independencia e imparcialidad y que no se tolerará ningún intento del quebrantamiento judicial. «Tengan la certeza de que los jueces nunca serán herramientas de impunidad, ni instrumentos de persecución».

El discurso de Tello cobró mayor relevancia debido a la presencia en la ceremonia del presidente de la República, José Jerí; del titular del Congreso, Fernando Rospigliosi; y de los jefes de diversas instituciones, como el Reniec, la ONPE, el Tribunal Constitucional y el JNE, entre otros.

Entre las normas que los jueces decidieron inaplicar se encuentra la Ley de Amnistía (caso Chumbivilcas), que blindaba inmunidad a los miembros de las FF. AA. y PNP procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos en 1980 y 2000. También figura la Ley de lesa humanidad que no fue utilizada en los casos Pativilca, Madre Mía, Mariella Barreto, entre otros.

Por otra parte, Tello señaló que solicitó al Congreso que el Poder Judicial participe en el proceso de cualquier reforma constitucional que se pretenda impulsar. En ese sentido, la presidenta del PJ detalló que han remitido sus opiniones y propuestas a la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria, encargada de evaluar la modificación de diversos artículos de la Constitución relacionados con el Poder Judicial, especialmente en lo referido al uso del control difuso.

«Ninguna reforma constitucional o legal puede validamente afectar la autonomía o independencia del Poder Judicial, ni tampoco debilitar la protección jurisdiccional de las personas», dijo.

Janet Tello: «Ningún cargo público está por encima de la ley»

En su balance del 2025, Telló detalló que se emitieron sentencias complejas. Entre ellas, la Corte Suprema expidió 235 condenas de 35 años de prisión, 269 de 30 años de cácel, 168 a 25 año y 508 cadenas perpetuas.

«El Poder Judicial ha dictado sentencias importantes y, en muchos casos, de trascendencia para el país que envían un mensaje nítido: ningún cargo público, poder económico u organización criminal está por encima de la ley», aseveró.

Justicia electoral

Por otro lado, la presidenta del Poder Judicial indicó que a inicios del 2025, se suscribió un convenio interinstitucional con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la finalidad de facilitar el acceso a los antecedentes penales de los candidatos a la presidencia de la República y el Congreso.

En ese sentido, se implementó el plan de digitalización del registro nacional de condenadas en la que se registró más de 944.854 boletines físicos de condenadas penales.

«Esto nos va a permitir atender las solicitudes de información sobre los 4.264 postulantes que el JNE realizará en el marco del proceso electoral», detalló.

El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial, Fernando Valdez Pimentel, declaró inaplicable la Ley 32107, que precisa prescribir los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes de 2002, en el marco del caso Víctor Polay Campos, líder del MRTA, y de otros investigados acusados de asesinatos ocurridos entre 1989 – 1992.

La resolución del Poder Judicial se da luego, de que la Ley 32107 aprobada inicialmente por el Congreso el 8 de julio de 2024, sea presentada por la defensa de Polay, tras la decisión del Tribunal Constitucional (TC) en la cual dicha ley no alcanzó la mayoría necesaria de cinco votos para ser declarada inconstitucional.

Argumentos de jueces para declarar inaplicable Ley 32107

El juez Valdez Pimentel se basó en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para ejercer el control difuso, luego de que la resolución del TC quedará con 4 votos en contra y 3 a favor de declarar inconstitucional la Ley 32107, por lo que la decisión del máximo órgano de interpretación de la Constitución Peruana concluyó en declarar constitucional la mencionada ley que prescribe delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Además, basó su decisión en una combinación de control constitucional interno y la primacia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El Juzgado rechazó la obligatoriedad de aplicar automáticamente la Ley 32107, argumentando que si bien las leyes declaradas constitucionales por el TC son de aplicación general, el Juzgado aplicó el principio de control concreto. Es decir, que la decisión del juez se aplicará en el caso particular de Víctor Polay y otros acusados.

Asimismo, añadió que citando la propia jurisprudencia del TC (Exp. N.° 1680-2005-PA/TC), el juez señaló que puede inaplicar una norma si su uso en un caso particular resulta incompatible con la Constitución. En este caso, la aplicación de la Ley 32107 iría contra el mandato constitucional de sancionar crímenes graves.

Finalmente, el magistrado Valdez Pimentel declaró que el fallo del TC sobre la Ley 32107 no constituye un precedente vinculante, lo que otorga al juez la libertad de utilizar otras fuentes interpretativas.

Caso Las Gardenias que involucra a Víctor Polay

Al referirse en el caso concreto Las Gardenias, el juez enfatizó que dada la «especial gravedad de los hechos investigados» (asesinatos y secuestros cometidos por el MRTA contra la población civil) y la condición de «líderes y mandos intermedios» de los imputados, la aplicación de la prescripción implicaría «consagrar su impunidad».

Agregó que los crímenes de lesa humanidad afectan a la humanidad en conjunto, y el interés colectivo en su persecución penal es incompatible con cualquier límite temporal.

En consecuencia, el juzgado ordenó que el proceso contra Víctor Polay Campos y otros implicados «debe proseguir conforme a su trámite regular».

El Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo que interpuso la defensa legal de Dina Boluarte contra la vacancia presidencial que decidió el Congreso, el pasado 10 de octubre. 

Así lo dispuso la Primera Sala Constitucional de Lima, «de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42° del Código Procesal Constitucional [que] determina la competencia de las Salas Superiores Constitucionales para conocer las demandas de amparo contra una decisión de los órganos del Congreso de la República dentro de un procedimiento parlamentario». 

En ese sentido, programó la «audiencia única» en que se verá la causa para el 12 de marzo de 2026, a las 9 am., «debiendo las partes procesales, bajo su responsabilidad, unirse en la fecha de la audiencia» en el enlace adjunto.

Además, la sala constitucional emplazó al procurador del Congreso «a efectos de que conteste la demanda en el término de diez días hábiles, conforme lo dispone el primer párrafo del artículo 12° del Código Procesal Constitucional; debiendo tomarse en cuenta por el área de notificaciones las casillas electrónicas de las partes emplazadas». 

Abogado de Boluarte sobre demanda: «Buscamos que en el futuro no se repita»

Joseph Campos, abogado de la expresidenta Dina Boluarte -en una entrevista con RPP, del pasado 24 de noviembre- dio detalles de la acción de amparo presentada contra el Congreso. Al respecto, recordó que el Parlamento citó a su representada con poco margen de tiempo para armar su defensa, por lo que refirió que no se respetó lo establecido en la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Se quería hacer en 56 minutos y un debate de madrugada. […] Lo que merecía un debate para quitarle al presidente, a un elegido, era necesariamente un día, con tiempo que la población lo vea y no de madrugada. Como el consejo fue que no vayas, porque evidentemente era indefensión material, no fue. Entonces, tenemos dos momentos: un momento en el cual hay indefensión material por no haber permitido una defensa conforme lo establece la Constitución y la Convención; y el segundo momento era por voto, poner la imputación”, señaló.

En esa misma línea, el abogado explicó que el objetivo del amparo presentado ante el Poder Judicial es que no se repita una “vacancia exprés” en las próximas gestiones presidenciales. Asimismo, busca que la figura de incapacidad moral permanente sea retirada del proceso.

“Lo que buscamos a través de este amparo es que en el futuro no se vuelva a repetir este tipo de vacancias exprés, sin respetar derechos fundamentales, y -sobre todo- buscar una normalización”, indicó.

“Si yo cometo un delito al final del plazo que le dieron a mi sanción, yo estoy rehabilitado, pero [la] vacancia por incapacidad moral es permanente hasta que me muera. Pero como no le permitieron la defensa, lo que estamos pidiendo esencialmente es que se le quite la calificación de incapaz moral permanente porque eso es lo que corresponde”, acotó.