Poder Judicial ordenó embargo sobre bien inmueble vinculado a la suspendida congresista María Cordero

El Poder Judicial ordenó el embargo en forma de inscripción sobre un bien inmueble vinculado a la suspendida legisladora María Cordero como parte del proceso penal que se le sigue por un presunto recorte de sueldo a un trabajador de su despacho congresal en el 2022.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar fundada la solicitud que hizo la Procuraduría General del Estado, el último 16 de septiembre, para que se ordene la ejecución de esta medida cautelar real sobre dicho bien inmueble, ubicado en la provincia de Barranca (región de Lima Provincias).

El magistrado ordenó trabar embargo en forma de inscripción por la suma de 200 mil soles sobre las acciones y derechos que le corresponden a la suspendida legisladora respecto a este bien inmueble por lo que dispuso que se remita un oficio al Jefe de Registro de Predios de la Oficina Registral de Barranca de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), remitiendo los partes judiciales correspondientes a fin de que se cumpla con lo ordenado por su despacho en este caso.

Mediante una resolución emitida el 7 de noviembre, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley determinó que la solicitud de la Procuraduría General del Estado cumple los presupuestos establecidos en la ley para imponer la medida de coerción procesal de carácter real solicitada sobre dicho bien inmueble por dicho monto que, a criterio del magistrado, resulta razonable para cubrir el pago de una futura reparación civil a favor del estado, en caso se determine daño alguno.

La Fiscalía de la Nación investiga a María Cordero por el presunto delito de concusión en agravio del Estado por presuntamente haber obligado a un trabajador de su despacho congresal a entregarle el 50 % de sus haberes entre los meses de marzo y agosto del 2022.

El último 14 de marzo del 2024, el pleno del Congreso aprobó suspender a María Cordero en su cargo de congresista y levantar su inmunidad parlamentaria, a fin de que afronte este proceso penal.

No obstante, el Parlamento no aprobó la propuesta para que María Cordero sea inhabilitada por 10 años para ejercer cargos públicos.

Poder Judicial evaluará este 13 de noviembre si vuelve a dictar mandato de prisión preventiva contra Betssy Chávez

El Poder Judicial evaluará este jueves 13 de noviembre si vuelve a dictar mandato de prisión preventiva contra la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, como parte del proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de Estado que encabezó el expresidente, Pedro Castillo, el 7 de diciembre del 2022.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 9 de la mañana, el juez supremo provisional, Juan Carlos Checkley, analizará el requerimiento que hizo la fiscal suprema titular, Zoraida Ávalos, el último 5 de noviembre, para que se revoque el mandato de comparecencia con restricciones que pesa sobre Chávez Chino a fin de que afronte bajo prisión preventiva este proceso penal.

El magistrado también escuchará este jueves los argumentos de la defensa legal de Betssy Chavez a fin de emitir una decisión respecto al requerimiento presentado por la titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos en este caso.

Sobre el pedido de la fiscal suprema titular, Zoraida Ávalos, la exjefa del Gabinete Ministerial incumplió con asistir a tres controles biométricos obligatorios los días 29 de setiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre y también por no asistir a cuatro sesiones del juicio oral que afronta junto al expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

Tras recuperar su libertad a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional, Chávez Chino se encontraba bajo mandato de comparecencia con restricciones que le impuso el Poder Judicial sujeta a reglas de conducta como la obligación de no ausentarse de la localidad de Lima sin autorización judicial, comparecer para el control biométrico y la obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal, en la hora y fecha, que sea requerida para cualquier actuación del proceso.

La Fiscalía solicito 25 años de prisión contra Betssy Chávez así como su inhabilitación por dos años y seis meses para ejercer cargo público al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del estado por este caso.

César Combina: Poder Judicial ordena ubicación y captura de excongresista por ausentarse en juicio

El Sexto Juzgado Unipersonal de Trujillo y La Esperanza ordenó la ubicación y captura de César Combina, militante de Avanza País que tenía intenciones de postular a la presidencia con el partido del tren. Esta decisión judicial se tomó luego de que Combina no asistiese a las audiencias correspondientes por al juicio oral por una presunta difamación agravada en contra del exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández. Debido a estas mismas ausencias, Combina fue declarado reo contumaz.

Dina Boluarte: Poder Judicial rechaza pedido de impedimento de salida del país por caso cirugías

El Poder Judicial declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses presentado por la Fiscalía contra la expresidenta Dina Boluarte, investigada por el presunto delito de negociación incompatible en el marco del caso ‘Cirugías’. La decisión fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien determinó que no existían fundamentos suficientes para restringir el derecho al libre tránsito de la exjefa de Estado.

La resolución precisa que el Ministerio Público no acreditó que Boluarte represente un peligro de fuga ni de obstaculización a la justicia. Según el magistrado, los argumentos fiscales sobre supuestos vínculos económicos y familiares en el extranjero fueron insuficientes y carecieron de sustento. Tampoco se logró demostrar que la medida cautelar fuera necesaria o proporcional en esta etapa de la investigación.

Resolución del Poder Judicial que rechaza pedido de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte. Foto: difusión

El caso forma parte de las pesquisas fiscales que se siguen por presuntas injerencias en EsSalud, luego de que la exmandataria se sometiera a cirugías estéticas realizadas por el médico Mario Cabani. La Fiscalía investiga si Boluarte favoreció a personas allegadas al cirujano con designaciones y pagos irregulares dentro del sistema público de salud a cambio de intervenciones estéticas a su favor.

Con esta decisión, Dina Boluarte podrá salir del país sin restricciones judiciales, aunque la investigación continúa abierta. La exjefa de Estado ya enfrenta otras investigaciones por presunta corrupción, omisión de funciones y abuso de autoridad.

Fiscalía atribuye a Dina Boluarte injerencia en designaciones y pagos a allegados del médico Cabani

El fiscal adjunto supremo, Wilfredo Rivera Baltazar, detalló tres hechos vinculados a supuestos actos de interés indebido. En primer lugar, la designación de María Elena Aguilar del Águila, excolaboradora del cirujano Cabani, como presidenta ejecutiva de EsSalud en octubre de 2023. En segundo lugar, la contratación de Natalie Román Schmitt como subgerente de Promoción Social, días después de un correo electrónico en el que Cabani habría pedido el puesto a través de la secretaría de Palacio.

La tercera imputación apuntaba al pago de más de S/196.000 a favor del médico Javier Sánchez Ingunza, quien también participó en las cirugías estéticas de Boluarte. Según la Fiscalía, la entonces presidenta habría intervenido para agilizar la liquidación de haberes del galeno en la red Rebagliati. Estos hechos, de acuerdo con el Ministerio Público, configuraban un patrón de favorecimiento y posible negociación incompatible.

Rivera Baltazar también argumentó que la exmandataria cuenta con recursos y contactos para abandonar el país. Sin embargo, el juez Checkley concluyó que los indicios presentados eran conjeturales y no acreditaban un peligro procesal concreto.

Poder Judicial dicta 9 meses de prisión preventiva contra Tony Valverde, alias ‘Pequeño J.’

Tony Valverde, alias ‘Pequeño J’, cumplirá 9 meses de prisión preventiva con fines de extradición debido a su presunta implicancia en el asesinato de tres mujeres en Buenos Aires, Argentina. Además, el gobierno de dicho país tendrá un plazo de 6 meses para solicitar el proceso de traslado de Valverde.

En tanto, Valverde cumplirá su prisión preventiva en el penal de Cañete, a donde ya fue trasladado tras ser detenido en Pucusana. El acusado había sido interceptado cuando intentaba fugar de la justicia y permaneció detenido en la comisaría de la jurisdicción. Incluso, aseguró no tener antecedentes penales en ningún país. Pese a las pruebas encontradas, Marcos Sandoval, abogado de ‘Pequeño J’, indicó que su patrocinado es inocente y mencionó que y mencionó los tres arraigos presentados: familiar, laboral y domiciliario.

Nueve meses de prisión preventiva para ‘Pequeño J’

El abogado de ‘Pequeño J’ había solicitado la medida de comparecencia restringida en la ciudad de Trujillo, en donde viven la familia del imputado. Sin embargo, el Ministerio Público señaló que no existe documentación suficiente o pruebas fehacientes que puedan sostener su pedido. Tras ello, el Poder Judicial dictó la prisión preventiva de 9 meses contra Valverde tras ser acusado de ser el autor intelectual del asesinato contra Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y L.G (15).

La policía presume que Valverde sería el líder de una organización criminal vinculada a delitos de sicariato y narcotráfico. Además, maneja la hipótesis de que se encontraba prófugo desde hace varios meses. Los hechos aún se encuentran en investigación, mientras el Gobierno de Argentina tiene un plazo de 6 meses para que solicite la extradición del ‘Pequeño J’

«Por estas contradicciones se resuelve. Primero, decretar la prisión preventiva con fines de extradición pasiva del ciudadano Tony Jansen Valverde Victoriano, con lugar de nacimiento en el distrito de la Esperanza, provincia de Trujillo, departamento La Libertad», sostuvo el juez Christian Rafael Chumpitaz Pariona. Al cierre de esta nota, alias ‘Pequeño J’ fue trasladado al penal de Cañete, ubicado en el distrito de Nuevo Imperial.

El error que delató a ‘Pequeño J’ y ocasionó su captura

Tony Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue capturado el martes 30 de septiembre en la Panamericana Sur, a la altura de Pucusana, tras un descuido: utilizar el mismo número de celular que había empleado en Argentina. Esta situación permitió que los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) rastrearan su ubicación y concretaran su detención.

Cabe señalar que, las autoridades de Argentina solicitaron a la Dirección Nacional Antidrogas (Dirandro) su apoyo para ubicar al prófugo. Esta unidad coordinó con la División de Investigaciones Especiales (Divinesp), mientras que la Policía de Argentina brindó el número de celular que el detenido continuaba usando.

«Ni el chip le había cambiado. Una cosa muy rudimentaria. El número era el mismo que un testigo había aportado a la justicia argentina. Algo muy poco profesional para un narco», declaró la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich, al medio Clarín.

Pedro Castillo: Poder Judicial ordena al Congreso otorgar pensión vitalicia al expresidente

El Poder Judicial, a través del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio, ordenó al Congreso otorgar pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo. De igual manera, el sistema judicial anuló las resoluciones del Parlamento que denegó dicho beneficio a Castillo Terrones tras la caída de su gobierno en diciembre del 2022 por su intento de golpe de Estado.

El exmandatario presentó una acción de amparo contra el Parlamento luego de que este le denegó, en abril y mayo del 2024, su pedido para tener pensión vitalicia en su condición de exjefe de Estado. El Legislativo basó su decisión en el artículo 2 de la Ley N° 26519, que establece que «el derecho queda en suspenso para el caso de expresidentes respecto a los cuales el Congreso haya formulado acusación constitucional, salvo que la sentencia judicial los declare inocentes».

Pedro Castillo recibirá pensión vitalicia al igual que exdictador Alberto Fujimori

Según la Resolución Legislativa del Congreso N° 006-2022-2023-CR del 17 de febrero de 2023, Castillo fue acusado constitucionalmente por presuntamente liderar una organización criminal.

Sin embargo, meses después, el Congreso le otorgó pensión vitalicia al exdictador Alberto Fujimori, pese a que fue condenado por delitos de lesa humanidad y corrupción.

El juzgado sostuvo que hubo un «evidente resultado desigual ante la misma solicitud, sin que la emplazada (el Congreso) haya cumplido con motivar debidamente las razones por las cuales a uno de los expresidentes le otorga la pensión vitalicia y al otro no». El Congreso decidió darle dicho benefició al exdictador Fujimori, a pesar de que fue acusado constitucionalmente y sentenciado por delitos de corrupción y lesa humanidad, mientras que se la negó a Castillo, pese a que también hay una acusación.

«En efecto, al expresidente José Pedro Castillo Terrones, le deniegan la pensión vitalicia en virtud del Artículo 2° de la Ley 26519; sin embargo, al expresidente Alberto Fujimori, se le otorga la pensión, señalando que el mismo Artículo 2° de la Ley 26519 atentaría el derecho a la presunción de inocencia», se lee en el documento.

Es más, en los argumentos del Poder Judicial se muestra una boleta de pago de pensión vitalicia a Fujimori, luego de que el Legislativo dio el visto bueno a su petición.

Copia de la boleta de pago de pensión vitalicia para el exdictador Alberto Fujimori

Tanto Fujimori Fujimori como Castillo Terrones se ampararon en la Ley 26519 que establece la pensión vitalicia para exmandatarios. No obstante, no hubo paridad del Parlamento al momento de resolver dichas solicitudes.

«De ello, se debe concluir que en el presente caso se ha vulnerado el derecho a la igualdad del amparista, al existir otro caso en similares condiciones en los que sí se otorgó el derecho a la pensión vitalicia en calidad de expresidente (bajo la Ley 26519), por cuanto, la parte demandada, solo ha afirmado que el otorgamiento de la pensión se encuentra paralizado», se lee en la decisión del Poder Judicial.

Decisión del Poder Judicial que otorga pensión vitalicia a Pedro Castillo

Pedro Castillo: Congreso apelará decisión del Poder Judicial sobre pensión vitalicia

A través de su cuenta oficial de X, el Congreso informó que apelará la decisión del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio del Poder Judicial que le ordena otorgar pensión vitalicia a favor de Castillo. El Parlamento busca anular dicha decisión.

«La Procuraduría del Congreso de la República presentará una apelación a la decisión del Poder Judicial que dispone otorgar pensión vitalicia al expresidente de la república Pedro Castillo Terrones», comunicó.