El Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investiga, por el presunto delito de colusión agravada, al jefe de la I Macro Región Policial de Piura, general PNP Edward Espinoza López, así como a la proveedora Karen Morán Ruiz y a un grupo de siete oficiales y suboficiales.

Investigación

Esto se relaciona con la contratación de la proveedora Karen Fabiola Morán Ruiz por la suma de S/32.000 para prestar servicios en gestión pública. De acuerdo a unas fotografías que publicó Correo, se conoció de un presunto vínculo amical entre el mando policial y la proveedora.

Entre las presuntas irregularidades del caso se reveló que la citada proveedora habría realizado labores diferentes al objeto del contrato.

De acuerdo a la disposición 04-2022 del fiscal Javier López Romaní, la teoría fiscal sería que se implementó un proceso de contratación directa que no estaba justificado, más que el solo propósito de contratar Morán Ruiz.

Uno de los documentos que probaría este hecho es el memorando 208-2022 del 25 de marzo del 2022. El oficio lo dirige el coronel PNP Elmer Peralta Ciccia, jefe de secretaría de la Macropol Piura, al coronel PNP, César Castro Peña, jefe de la UE-003, pidiendo un contrato de locación de servicios y un inicio “prudencial” de sus actividades.

“Por especial encargo del Sr. Gral PNP Edward Rando Espinoza López […] tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitarle por quien corresponda un personal por contrato de locación de servicios, adjuntándose los términos de referencia”, se lee en el oficio.

Y el pedido del inicio prudencial se habría cumplido, en vista que el 7 de abril se le comunica a Karen Morán Ruiz sobre su selección para trabajar en la Macropol como proveedora de servicios en gestión pública.

Los policías a cargo de la parte administrativa también solicitaron cotizaciones a otros dos profesionales por los servicios prestados y arrojaron montos de S/9.000 y S/10.500 por mes, por lo que se escogió la propuesta de S/8.000 que presentó Morán Ruiz.

De acuerdo al contrato, eran funciones de la proveedora brindar asesoría en gestión pública, realizar actividades de implementación de Sistema de Control Interno, capacitar y asesorar al equipo de trabajo de Control Interno en la MACROPOL, entre otras.

El plazo del contrato sería entre abril y julio, por lo que el monto final de pago fue de S/32.000. Para la fiscalía no se habría cumplido con sustentar el servicio prestado ni se habría hecho la verificación respectiva.

“Habiéndose brindado conformidad, con el propósito de que se ejecute el pago de los entregables que viene presentando Karen Morán y de esta forma defraudar patrimonialmente al Estado”, se lee en el documento como presunción de la Fiscalía.

En esa línea, el fiscal sostiene que habría varios indicios que genera una sospecha simple de un acuerdo colusorio para defraudar al Estado.