La Procuraduría General del Estado solicitó constituirse como parte agraviada en el proceso contra Martín Vizcarra por el caso Richard Swing, y solicitó que este pague una indemnización provisional de S/ 575,400.
Como se recuerda, Vizcarra es procesado por el presunto tráfico de influencias por la contratación, cuando era presidente de la República, del cantante Richard Swing en el Ministerio de Cultura. En ese caso también se encuentra implicada la extitular del referido sector Patricia Balbuena.
El titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, escuchó los argumentos de la Procuraduría que, a través de Percy Peñaloza, solicitó constituirse como actor civil en el proceso. El Ministerio Público representado por el fiscal Jaime Velarde, en tanto, respaldó los planteamientos de la Procuraduría.
Por su parte, la defensa legal del exmandatario pidió que la solicitud de la Procuraduría sea declarada inadmisible arguyendo que las responsabilidades por este caso no podían ser individualizadas y asumidas únicamente por su patrocinado.
Richard Swing, se recuerda, fue contratado en el Ministerio de Cultura cuando Martín Vizcarra ejercía la Presidencia de la República siendo entonces favorecido con consultorías pese a no estar capacitado para dar esos servicios. Por ello recibió pagos hasta por S/175,000.
El Poder Judicial admitió a trámite la demanda interpuesta por la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para solicitar la nulidad de la exclusividad otorgada al consorcio de origen chino y peruano Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. para operar en el megapuerto de Chancay.
Latina Noticias accedió a la resolución del Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima del 14 de mayo pasado. Allí se menciona también que se corre traslado a la parte demanda para que pueda contestar en un plazo de 10 días en el proceso ordinario que se ha iniciado.
De esta manera se supera el revés que tuvieron desde el MTC luego que inicialmente el 19 de abril se declarara como ‘inadmisible» la demanda que interpusieron en el PJ porque no llegaron a cumplir una serie de requisitos generales previstos en los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil y los especiales señalados en el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley N°27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2019-JUS.
Al respecto, el 8 de mayo es que se presentaron las subsanaciones, entre las que se solicitaban que se precisa acerca de domicilio de la empresa demandada, a efectos de efectuar un debido emplazamiento, adjuntar copias de la demanda e informar si esta causa también se encontraba en otros juzgados a fin de evitar la duplicidad de fallos sobre el tema.
Fallo del PJ que admite a trámite la demanda de la Procuraduría del MTC por la exclusividad en el puerto de Chancay.
EMPRESA INV ESTIGADA
Días atrás, Latina Noticias informó también que la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito y Materia Ambiental de Huaral investiga preliminarmente al consorcio de origen chino y peruano Cosco Shipping Ports por el presunto delito de contaminación ambiental en agravio del Estado por la construcción del megapuerto de Chancay que, según se proyecta, entrará en operaciones en noviembre de 2024.
Cosco, sin embargo, no es la única empresa involucrada en el caso, pues además están China Railway, los consorcios Chancay, Checsac-CCC4TH y CISPDR Jinghua. La indagación nace a raíz de las denuncias de las ciudadanas Melissa Izquierdo del Río y María Vidal Huidobro
Las compañías se encuentran comprendidas debido a que Cosco Shipping las contrató para que brinden sus servicios especializados en la construcción de puertos, túneles, viaductos y obras civiles en general que se iban a desarrollar en torno al puerto y que abrirá fuegos en paralelo con las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
El millonario proyecto del terminal portuario de Chancay -cuya inauguración se prevé para noviembre de este año y cuya importancia comercial será respaldada por la visita del presidente de China, Xi Jinping– acaba de entrar en una nueva etapa, aunque esta vez envuelta en un lío judicial de insospechadas consecuencias.
Latina Noticias ha podido confirmar que hoy, viernes 22 de marzo, ingresó al Poder Judicial una demanda de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que solicita anular el artículo 2 del acuerdo de directorio que otorgó al consorcio de origen chino y peruano Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. “exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria”.
El expediente 00017-2024-0-1802-JR-CA-10 fue enviado al Décimo Juzgado permanente, a cargo de la magistrada Luz Violeta Román Baquerizo. La materia, según el documento, es la nulidad de resolución o acto administrativo, y las partes procesales son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.
Parte de la solicitud enviada por la Procuraduría al Décimo Juzgado Permanente, a cargo de la magistrada Sandra Cruces Torres.
El consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. está integrado por la empresa china Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) y la peruana Volcan Compañía Minera. El puerto, según expertos, se convertirá en un ‘hub’ estratégico para el comercio entre América del Sur y Asia desde el cual se distribuirá carga de Perú, Chile, Ecuador y Colombia.
La demanda de la procuraduría se materializa horas después de que la alta dirección de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), una entidad adscrita al MTC, se reuniese con el presidente de la compañía china (CSPL), Zhu Bixin, con quien dialogaron sobre “los detalles del avance de obras del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay”, como se informó en sus redes sociales.
Precisamente, en este millonario conflicto legal, la APN ejerce un papel protagónico, pues fue la que pidió a la procuraduría tomar acciones para anular el artículo en cuestión.
El área de Prensa de la APN informó que el presidente de la institución, Walter Tapia Zanabria, enviará un comentario sobre esta nota en las próximas horas.
Fuentes consultadas por Latina Noticias indicaron que la acción judicial podría tomar un año en resolverse. Mientras esto ocurre, la Procuraduría del MTC podría interponer una medida cautelar para evitar la operación que Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.
Funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional se reunieron el jueves con representantes Cosco Shipping Ports Limited, que tiene el 60% de las acciones del consorcio.
LOS DETALLES DE UNA MILLONARIA DEMANDA
La Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representada por David Ortiz Gaspar, señala en su demanda que la Resolución de Acuerdo de Directorio 0008-2021-APN-DIR, en lo concerniente a la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria Chancay, no cumple con el principio de legalidad administrativa, toda vez que, es contraria a la libre competencia, prevista en el artículo 61° de la Constitución Política y vulnera de manera flagrante la Ley del Sistema Portuario Nacional y su Reglamento.
En cuanto a los servicios esenciales del terminal a los que se refiere el artículo que la procuraduría busca anular, se incluyen, entre otros, la carga de graneles sólidos, líquidos, carga rodante y contenedores; así como la posibilidad de ejecutar obras de construcción, ampliación o modificación de la infraestructura de un terminal portuario.
Según se ha informado, la inversión de Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. en la obra será de 2.600 millones de dólares.
La acción legal contra la empresa se fundamenta en un informe jurídico que elaboró la abogada Milagros Miguel Llacza, jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). El documento fue remitido el 15 de marzo de 2024, es decir, hace solo unos días, a Carlos Molina Barrutia, gerente general de la institución portuaria.
El acuerdo N°008-2021 de la APN data del 10 de febrero de 2021, pero tiene su origen en abril de 2023, cuando el Shipping Ports Chancay Perú S.A. solicitó revisar el expediente técnico de ingeniería del proyecto del terminal y solicitó la habilitación portuaria de la nueva etapa 1 y la ampliación del área acuática que forma parte de este proyecto.
Milagros Miguel, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria Nacional, solicitó a Carlos Molina que se interponga una demanda para anular el derecho de uso exclusivo a Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A.
El pedido de inicio de esta acción legal -que enfrentaría al Estado peruano con el gigante comercial chino y, de paso, podría considerarse emblemático en el sistema de justicia del país- llegó la Procuraduría del MTC luego de que el año pasado, exactamente el 1 de febrero, venciera el plazo para que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) pudiese anular “de oficio” el acuerdo que tomó su directorio.
La Procuraduría del MTC recibió el requerimiento de la APN en oficios fechados el 15 y 18 de diciembre de 2023. En ellos, se pedía interponer una demanda de nulidad ante el Poder Judicial en contra de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.
Por entonces, en sendos informes, el procurador David Ortiz solicitó a la APN que absuelva cuatro consultas en un nuevo reporte, de forma que se pudiera plantear una estrategia legal:
– Precisar y sustentar motivadamente si la tramitación del pedido a la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., respecto a la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria Chancay cuenta o no con un proceso administrativo específico.
– Remitir un informe técnico en el que se precise y sustente motivadamente, si el otorgamiento de la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales otorgados en la resolución del acuerdo de directorio N°008-2021-APN-DIR de fecha 10 de febrero del 2021, a favor de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., habría generado o generaría perjuicio a la Autoridad Portuaria Nacional, debiendo cuantificar en forma específica el mencionado perjuicio.
– Asimismo, de haberse producido algún perjuicio a la entidad, deberá identificar a los posibles responsables que han producido el daño.
-Precisar y sustentar si el presidente del directorio de la APN que suscribió la resolución de acuerdo N°008-2021-APN-DIR, contaba con la facultad para otorgar la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria Chancay. Estando que al momento de la expedición del mencionado acuerdo, aquel se encontraba como presidente encargado del directorio que era Carlos González Díez Canseco.
Informe legal que da cuenta de las consultas que la Procuraduría del MTC solicitó a la Autoridad Portuaria Nacional que resuelva respecto a la concesión dada a Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A.
¿QUÉ HALLÓ LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL?
La conclusión a la que llegó la Unidad de Asesoría Jurídica de la APN es que el acuerdo que favoreció al consorcio chino peruano «afecta la legalidad administrativa, el interés público, la imagen institucional, la seguridad jurídica y desincentiva la inversión privada en proyectos de infraestructura portuaria».
Entre los argumentos de su informe se menciona que, “respecto a la exclusividad para la prestación de servicios esenciales dentro de la infraestructura de su proyecto portuario no cuenta con un procedimiento administrativo específico”.
Es decir, que la posibilidad de prestar servicios esenciales en el terminal portuario debió ser abierta a no solo una organización; y menos a través de un acuerdo de directorio.
“Es importante señalar que la APN no cuenta con la facultad para otorgar la referida exclusividad, dado que dicha facultad únicamente está regulada y prevista para los terminales portuarios que se otorgan a través de compromisos contractuales”, se agrega en otra parte del documento.
“De esta forma, la actuación de la Administración Pública es pasible de ser revisada por el Poder Judicial, esto es, cuando influyen en la esfera jurídica de los administrados”, finaliza.
Las conclusiones del informe legal de la Autoridad Portuaria Nacional sobre la concesión del proyecto del terminal portuario de Chancay.
HISTORIA DE UN ACUERDO EN PANDEMIA Y UN HOMBRE IMPORTANTE
En este punto, es importante entender la importancia del acuerdo del directorio en la demanda presentada por la Procuraduría del MTC.
El 10 de febrero de 2021, el directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) emitió la resolución que otorgó exclusividad al consorcio chino Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. para la explotación de los servicios esenciales de infraestructura como la carga de graneles sólidos, líquidos, carga rodante y contenedores.
El documento lo firmaba, en calidad de presidente del directorio de la APN, Carlos González Diez Canseco, un funcionario que el 8 de febrero de 2017 fue designado por el expresidente Martín Vizcarra como representante del Ministerio de Economía y Finanzas en la APN.
Vizcarra, como se sabe, viene siendo cuestionado por presuntamente liderar la organización criminal ‘Los Intocables de la Corrupción’, en la que, según la tesis fiscal, empresas chinas pagaron sobornos a cambio de adjudicarse licitaciones de obras en Perú. Punto Final reveló que la primera compañía en lograr un contrato durante la gestión del exmandatario fue China Railway Tunnel Group CO el 10 de septiembre de 2018 con Provias Nacional. La obra tenía un valor de S/133 millones.
En otro informe, también del dominical, se destapó que la remodelación de la carretera del distrito de Samegua (Moquegua), que está a cargo de la firma Xia Zhang y presumiblemente se consiguió a través del pago de una coima de S/1 millón, se encuentra abandonada porque no se han culminado los trabajos desde hace cuatro años.
Volvamos a Carlos González Diez Canseco. El 25 de enero de 2021, el funcionario recibió el encargo de liderar la APN debido a que el titular de la entidad, Édgar Ramón Patiño, se ausentó por problemas de salud. Esa, sin embargo, no sería la primera vez que cumpliría esta tarea, pues el 3 de junio de 2022 asumiría otra vez el puesto en reemplazo de Manuel Hinojosa López.
En el acuerdo, al que accedió Latina Noticias, se resolvió, entre otros, “otorgar la habilitación portuaria” de la nueva etapa 1 del proyecto Terminal Portuario Multipropósito Chancay; y “otorgar a la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria”.
Acuerdo de la Autoridad Portuaria Nacional del 2021 a favor de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.
Además, se detalló que la habilitación portuaria del mencionado proyecto “se ubica dentro del área acuática de 1’871,581.638 m2”, autorizada por la resolución directoral 00158-2020-SENACE-P/DEIN, del 22 de diciembre de 2020.
El acuerdo es el punto neurálgico de la demanda de la procuraduría que dirige Ortiz. Lo que sigue es el documento que hoy ingresó a la mesa de partes virtual del Poder Judicial.
El 9 de julio de 2022 apareció la resolución en el diario “El Peruano” que informaba sobre la renuncia de González Diez Canseco, aceptada por el entonces presidente, hoy en prisión, Pedro Castillo, y su entonces ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham.
HISTORIA DE COSCO SHIPPING PORTS CHANCAY PERÚ S.A.
En 2019, las empresas Terminales Portuarios Chancay, subsidiaria de la empresa Volcan y propietaria, y Cosco Shipping Ports Limited, suscribieron un acuerdo para construir el terminal portuario multipropósito de Chancay, con una inversión prevista, por entonces, de 3.000 millones de dólares.
Sin embargo, en octubre del mismo año, la empresa cambió su denominación a Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., tal como se observa en una carta firmada por su gerente general Hang Chan dirigida a la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
Cosco Shipping Ports Limited opera en cuatro continentes.
Cosco Shipping Ports Limited fue creada en 1994 y su actividad comercial es la fabricación y operación de contenedores, así logística en carga y en terminales.
A partir de 2017, la compañía china adquirió un importante protagonismo en el mercado de puertos, ingresando a terminales como el de Wuhan, Nantong Tonghai, Boao, Xiamen Ocean Gate y Tianjin, en China; Zeebrugge, en Bélgica; Tollerort, en Alemania; y ahora, Chancay (Perú).
Actualmente, Cosco Shipping Ports Limited opera en las principales regiones portuarias: China, Europa, el Mediterráneo, Medio Oriente, Sudeste de Asia, América del Sur y África.
Tras los pasos del hermano de la presidenta. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de San Martín-Tarapoto denunció a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República Dina Boluarte, por el presunto delito de tráfico de influencias en la designación de prefectos y subprefectos.
La denuncia recoge los testimonios de prefectos y subprefectos difundidos por el programa Cuarto Poder que revelan el uso político de estos cargos para lograr la inscripción del partido político “Ciudadanos por el Perú” ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“Esa era una de las funciones, que todo subprefecto debía llenar unas fichas para poder inscribir el partido político. 80 fichas”, declaró Mac Sánchez, subprefecto del distrito de La Banda del Shilcayo, al dominical.
La denuncia de la Procuraduría Anticorrupción de San Martín también alcanza a Griselda Herrera, quien sería la operadora de Nicanor Boluarte en la referida región.
“El condicionamiento era ‘si no cumples las fichas, te vas del cargo (de prefecto o subprefecto)’”, denunció Agustín Soria, subprefecto del distrito de Alberto Leveau.
Otro testimonio involucra más al hermano de la jefa de Estado en un presunto negociado con los cargos. “Yo viajo a Lima con la señora Griselda a casa del señor Nicanor Boluarte. Me respalda y le indica al señor Víctor Torres que trate de ver mi resolución”, declaró Armando Villalobos, exprefecto de San Martín y exdirigente de “Ciudadanos por el Perú”.
MANDATARIA ‘SACA LAS GARRAS’ POR SU HERMANO
En tanto, la jefa de Estado no se quedó callada y manifestó su malestar al programa Cuarto Poder por investigaciones sobre presuntas irregularidades en la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú, vinculado a su hermano, Nicanor Boluarte.
En el encuentro con la prensa, Boluarte hizo frente a acusaciones difundidas por el citado dominical de América TV, las cuales señalan al uso de prefectos y subprefectos para recolección de firmas en favor de Ciudadanos por el Perú. La presidenta instó a que se soliciten declaraciones de más funcionarios y no solo de los cuatro mencionados en el reportaje. Además, declaró que es tarea de la Fiscalía investigar las acusaciones y llegó a defender la honorabilidad de su hermano.
“Es América Televisión, ¿no? Bien. América Televisión y Cuarto Poder desde el inicio del Gobierno no nos han soltado, domingo a domingo. Yo más bien diría a América Televisión y a Cuarto Poder que muestren las pruebas sobre la difamación que están programáticamente hablando sobre mi hermano”, protestó la jefa de Estado.
La Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación informó que, a la fecha, la extradición del exjuez César Hinostroza, investigado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado, no ha sido remitido por el Ministerio de Justicia para su presentación ante las autoridades españolas.
La fiscal provincial Ángela Arévalo Vásquez, a cargo de la investigación, informó que la tramitación de extradición fue declarada procedente por el Gobierno el pasado 11 de marzo; sin embargo, durante el pedido de información sobre el estado actual de la solicitud, la Fiscalía develó que el Ministerio de Justicia no remitió el cuaderno de extradición para su presentación formal ante las autoridades españolas, como consecuencia del pedido formulado por la Procuraduría.
Según el informe emitido por dicho ministerio, la Procuraduría General del Estado solicitó la suspensión del trámite de la solicitud de extradición activa ante las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta decisión fue tomada argumentando que era necesario culminar con el trámite de otras solicitudes de extradición existentes en contra de César Hinostroza.
Esta actuación no fue informada oportunamente a la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, mucho menos al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, tribunal que realizó la solicitud de extradición.
Cabe destacar que esta situación irregular habría faltado al procedimiento estipulado por el Código Procesal Penal, que en su artículo 526 numeral 4, establece de manera clara el desarrollo del trámite a seguir una vez publicada la decisión del Poder Ejecutivo, que autoriza la presentación de un pedido de extradición activa.
César Hinostroza buscó anular órdenes de captura
En julio pasado, el Poder Judicial rechazó un pedido del prófugo exmagistrado César Hinostroza para que se dé la «anulación absoluta» de las órdenes de captura nacional e internacional que pesan en su contra.
Con una resolución del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, fechada el último 14 de julio, dicha instancia resolvió declarar infundado el pedido de la defensa de Hinostroza.
Con esta resolución continuará vigente el «procedimiento de extradición, la búsqueda y detención del imputado Hinostroza Pariachi con fines de entrega a las autoridades judiciales de Perú» ya que, según señala el Poder Judicial, «no se advierte (…) vulneración alguna al contenido esencial del derecho fundamental a la libertad personal como señala la defensa» del acusado.
Además, la Corte señaló que las órdenes de detención y captura responden a un pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.
«La renovación de las órdenes de ubicación y captura formuladas por este Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria tiene como sustento una decisión de prisión preventiva que además fue confirmada en segunda instancia por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República», refiere el fallo.
Como se sabe, la Fiscalía solicitó el 21 de octubre de 2018 la prisión preventiva de César Hinostroza, por 36 meses, por lo cual se ordenó su ubicación y captura a nivel nacional e internacional. Dicha decisión fue confirmada por el Poder Judicial el 07 de noviembre de ese año.
«Las órdenes de captura derivan de una orden judicial válidamente dictada siguiendo todos los procedimientos legales establecidos para la restricción de derechos fundamentales, no se inobservó el contenido esencial y no existe causal alguna para que se declare su nulidad absoluta, tanto más si tales órdenes abarcan posibles contingencias internacionales», sustentó la Corte Suprema de Justicia en su fallo del último 14 de julio.
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