La Defensoría del Pueblo, representada por Josué Gutiérrez, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) que limitaría seriamente el control difuso si el TC decide declararla constitucional. Con esto, el máximo intérprete de la Constitución queda habilitado para pronunciarse sobre la validez de la norma y, de avalarla, cerraría la posibilidad de que los jueces y juezas inapliquen la amnistía por violar los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución.

Como se recuerda, esta ley concede amnistía a militares, policías e integrantes de comités de autodefensa investigados, procesados o condenados por delitos cometidos durante el periodo del conflicto armado interno (1980 – 2000). Al no precisarse los tipos penales cubiertos, la norma ampara graves violaciones a los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual.

Aunque formalmente la Defensoría del Pueblo plantea un control de constitucionalidad, familiares de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos advirtieron que el escrito se alinea con los intereses del Congreso y del Ejecutivo, pues abre la posibilidad de que el TC legitime la norma y limite el margen de los jueces ordinarios para ejercer el control difuso. En la práctica, esta estrategia busca blindar la amnistía y reducir a las víctimas a la indefensión frente a delitos de lesa humanidad.

Familiares de La Cantuta y Barrios Altos alertaron que demanda de la Defensoría beneficiará a la impunidad

Familiares de las víctimas del conflicto armado interno solicitaron al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, a retirar la demanda de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía. Sostienen que esta acción no busca proteger derechos ni corregir la ley, sino que tiene como objetivo que el TC la declare constitucional, lo que obligaría a los jueces a acatarla sin posibilidad de aplicar el control difuso.

Gisela Ortiz, hermana de uno de los asesinados en La Cantuta, argumenta que el TC podría fallar a favor de la amnistía, dada la composición actual del tribunal y las declaraciones de algunos de sus miembros. Cirila Pulido, sobreviviente de la masacre de Accomarca, y otras víctimas expresan indignación ante la idea de que décadas de lucha por justicia sean neutralizadas por una norma que exime de responsabilidad a quienes cometieron crímenes graves.

Además, advierten que la demanda consolidaría la impunidad. Aseguran que la Defensoría del Pueblo, que en otras ocasiones había rechazado normas de autoamnistía, ahora actúa en sintonía con el Congreso al respaldar indirectamente la amnistía y menoscabar los avances judiciales alcanzados. Para ellos, es un retroceso inaceptable para el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

Defensoría reconoce que ley viola derechos humanos y repite maniobras del fujimorismo

En el documento presentado ante el TC, la Defensoría del Pueblo reconoció que la Ley de Amnistía favorece de manera injusta a militares y policías, dejando de lado los derechos de las víctimas del conflicto armado. La norma podría cubrir delitos graves como asesinatos, desapariciones, torturas y abusos sexuales, aunque el derecho internacional prohíbe perdonar este tipo de crímenes.

El organismo recordó que en los años noventa, bajo el gobierno de Alberto Fujimori, se aprobaron leyes similares de autoamnistía que beneficiaron a militares implicados en matanzas como Barrios Altos y La Cantuta. Estas normas fueron anuladas por la Corte IDH en 2001, que determinó que eran incompatibles con la Convención Americana.