Candidato a senador es acusado del presunto delito de peculado.

La política peruana ha cruzado una línea peligrosa: la de la normalización de lo moralmente inaceptable.

Hoy no basta con preguntarse si un candidato cumple requisitos formales; la pregunta de fondo es otra, más incómoda y urgente: ¿TIENE AUTORIDAD MORAL PARA REPRESENTAR AL PAÍS?

El caso de Javier Alvarado Gonzales del Valle obliga a plantear esa pregunta sin rodeos. Alvarado, candidato a senador, está formalmente acusado por el delito de PECULADO y ha sido citado a juicio oral inaplazable para este viernes 9 de enero de 2026, a horas 9:00 am, por disposición de la Corte Superior de Justicia de Cañete, dentro del Expediente N° 00170-2021-2.

EL DELITO DE PECULADO: ATAQUE DIRECTO AL ESTADO

El delito imputado no es menor ni accesorio. EL PECULADO está tipificado en el artículo 387 del Código Penal peruano, que sanciona al funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, para sí o para terceros, caudales o efectos del Estado que le han sido confiados por razón de su cargo.

En términos simples: el peculado es usar o apropiarse de dinero público, es traicionar la confianza del Estado y de la ciudadanía.

El bien jurídico protegido es claro: la correcta administración pública. Por eso, el PECULADO no es un delito cualquiera, es un acto de corrupción, una ruptura frontal del deber ético de quien administra recursos públicos y es precisamente por este delito que JAVIER ALVARADO se sentará en el banquillo de los acusados.

Aquí el problema deja de ser solo legal y se convierte en un escándalo moral.

SI JAVIER ALVARADO LLEGARA A SER ELECTO SENADOR, SURGEN UNA SERIE DE PREGUNTAS IMPOSIBLES DE ESQUIVAR:

¿Con qué autoridad moral podría legislar sobre el uso del dinero público?

¿Con qué cara podría fiscalizar a ministros, gobernadores o alcaldes?

¿Cómo podría exigir transparencia cuando él mismo enfrenta un juicio por presunto desfalco al Estado?

La función parlamentaria no es solo votar leyes. Es fiscalizar, controlar, interpelar, denunciar, es pararse frente al poder y exigir cuentas, pero nadie puede fiscalizar con solvencia ética cuando arrastra un expediente penal por presunta corrupción.

Un Congreso integrado por personas en juicio oral no fortalece la democracia, la degrada.

Lejos de actuar con prudencia o dar explicaciones claras al país, Alvarado se promueve activamente como candidato al Senado, impulsa su movimiento “Patria Joven” y busca colocar cuadros políticos en el próximo proceso electoral regional y municipal.

Todo indica que la política se estaría usando no como vocación de servicio, sino como escudo frente a los tribunales, como plataforma de supervivencia personal.

Javier Alvarado, goza de presunción de inocencia. Nadie lo discute, pero la presunción de inocencia no equivale a idoneidad moral.

Un juicio oral en curso —por peculado— debería ser razón suficiente para dar un paso al costado, no para escalar políticamente. El Congreso no es un refugio, no es un blindaje, no es un salvavidas para procesados.

LA DEMOCRACIA NO SE DEFIENDE SOLO CON VOTOS, SE DEFIENDE CON MEMORIA, CON INFORMACIÓN Y CON EXIGENCIA ÉTICA

Resulta cuestionable y éticamente inviable, que un candidato a senador, acusado supuestamente de apropiarse de recursos públicos, sea presentado como una opción moralmente válida para asumir acciones de control y fiscalización en el congreso-.

¡¡TODA UNA VERGUENZA!!

Fuente: RADIO TV Digital-RTD