Las autoridades de Chancay y Aucallama recibieron este jueves al presidente de la República, José Jerí, quien llegó al distrito portuario para realizar diversas actividades oficiales. Antes, el mandatario se reunió con los alcaldes de Chancay y Aucallama, Juan Álvarez y Edwin Valdivia, respectivamente, quienes demandaron la problemática que enfrentan los distritos de la zona de influencia del megapuerto, ante la falta de obras de envergadura.
El alcalde Edwin Valdivia informó que entre los pedidos para su distrito se solicitó las facultades legislativas a fin de regular la ley de excepciones para ejecutar las obras prioritarias con proyección a futuro, en el sistema vial, salud, educación, entre otros; donde se considere el crecimiento exponencial – dados por primera vez – en la historia de los distritos (Chancay, Huaral y Aucallama) de influencia directa del megapuerto.
Por otro lado, el presidente de la República sugirió acelerar el inicio de la ejecución de los proyectos comprometidos por el ANIN, indicando que son los más urgentes para impulsar el desarrollo nacional.
De esta manera, el alcalde distrital Edwin Valdivia estuvo presente con el objetivo de hallar respuestas a sus pedidos que viene exponiendo antes y desde el inicio del funcionamiento del megapuerto de Chancay. Ahora queda esperar acciones del Gobierno Central.
Este jueves, el presidente José Jerí arribó al distrito de Chancay con el propósito de supervisar los trabajos que se vienen realizando en el Desembarcadero Pesquero Artesanal. Durante su visita, el mandatario fue abordado por medios de comunicación, ciudadanos y por el doctor Mirko Molina, presidente del Cuerpo Médico del Hospital de Chancay, quien expuso las diversas problemáticas que enfrenta dicho nosocomio.
Tras el diálogo, el presidente Jerí señaló que ha recibido información sobre las principales urgencias del centro hospitalario, entre ellas el traslado y construcción de un nuevo hospital en terrenos que se encuentran a nombre del Estado. En respuesta, indicó que, de corresponder, se pondrán a disposición estos predios para continuar con el proyecto.
En relación con el pedido de declaratoria de emergencia para el hospital, el mandatario anunció que solicitarán la información técnica necesaria y, de ser viable, se procederá con la declaratoria en los próximos días.
Respecto al presupuesto requerido para el adecuado funcionamiento del nosocomio, Jerí afirmó que se evaluará la solicitud y, en la medida de lo posible, se brindará apoyo.
Finalmente, anunció que el próximo año los gobiernos regionales podrán disponer de recursos adicionales a través del Fondo, con el objetivo de fortalecer la capacidad de atención en los sectores de salud y educación, en coordinación con las instancias correspondientes.
Por mayoría, la Comisión de Energía y Minas que preside el congresista Víctor Cutipa aprobó el predictamen que busca una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2027 o hasta que entre en vigencia la Ley Mape, tal y como lo demandan miles de mineros artesanales en las calles del Cercado de Lima. En total, fueron 18 votos a favor, 3 encontra y 1 abstención.
Las bancadas que respaldaron el avance de esta norma fueron el bloque sólido de Juntos por el Perú, Podemos, la Bancada Socialista, Perú Libre, Alianza Para el Progreso y Somos Perú. A este grupo se sumaron Fuerza Popular, Honor y Democracia y Renovación Popular, mientras que desde la vereda contraria estuvieron Avanza País, Acción Popular y el Bloque Democrático Popular.
Si bien la parlamentaria Diana Gonzáles pidió votar por separado la reincorporación excepcional de más de 50.000 mineros artesanales que fueron excluidos del registro por no cumplir requisitos mínimos, su cuestión previa no fue admitida. El resultado no la acompañó, ya que siete congresistas respaldaron su pedido e igual cantidad de legisladores lo rechazó. No obstante, el voto dirimente del presidente de la Comisión, Víctor Cutipa, definió el entrampamiento.
«La Comisión de Energía y Minas concluye que la propuesta es viable, oportuna y necesaria, dado que fortalece la gobernanza del sector, evita retrocesos hacia la ilegalidad, reduce la incertidumbre normativa y proporciona los insumos indispensables para una futura Ley MAPE verdaderamente ejecutable y basada en evidencia», se lee en la exposición de motivos de la norma.
No es la primera vez que el Congreso aborda la problemática de la minería artesanal y a pequeña escala. En varias oportunidades, han buscado resolver la falta de consenso de la Ley Mape, pero, los meses avanzaron y finalmente, no les quedó otra opción que continuar en el círculo vicioso de más prórrogas del Reinfo.
A la par que la Comisión de Energía y Minas discutía la ampliación del Reinfo, cientos de mineros se movilizaban. Foto: John Reyes/LR
Este mecanismo, que ha servido como escudo de impunidad para la minería ilegal, culmina su vigencia el 31 de diciembre de este año. Si a eso le sumamos que legislatura vence este 15 de diciembre, estaba claro que el tiempo apremiaba. Con una protesta de miles de mineros ubicados frente a la sede de Palacio Legislativo, la presión era inminente y la decisión estaba guiada por motivaciones electorales.
Además de la ampliación del Reinfo, el texto incorpora también otros cambios como la suspensión de los trámites de exclusión que hizo efectivo el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la realización de un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), el sinceramiento obligatorio de ubicación a través de la Ventanilla Única de Formalización Minera, así como la transferencia del acervo documentario por parte de los gobiernos regionales hacia el Minem.
Durante el desarrollo de la sesión ordinaria de la Comisión de Energía y Minas, la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, propuso que la primera disposición complementaria final debe señalar que la suspensión de las exclusiones del Reinfo no se aplique a aquellos operadores que tengan sentencia condenatoria firme por minería ilegal o lavado de activos y a quienes desarrollen actividades en zonas prohibidas.
Este y otros de sus planteamientos para «evitar interpretaciones amplias que puedan distorsionar el proceso» fueron aceptados por el presidente de este grupo de trabajo, Víctor Cutipa, quien destacó la importancia de no seguir dilatando la resolución de este predictamen y se mostró a favor de la necesidad de interpelar al titular del Minem, Luis Bravo De La Cruz.
A su turno, el expresidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, responsabilizó a sus colegas de haber trabado la aprobación de la Ley Mape, instrumento normativo que hubiera evitado una nueva extensión del Reinfo. En su opinión, no existen de por medio apetitos electorales, sino la responsabilidad de ofrecer una solución a la próxima culminación del proceso de formalización minera.
Finalmente, el parlamentario de Alianza Para el Progreso, Eduardo Salhuana, se refirió a las recientes declaraciones del Presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, respecto a la posibilidad de observar la norma y llevarla al Tribunal Constitucional. Según dijo, el Ejecutivo ha demostrado poca consecuencia con dicha posición, ya que el ministro Bravo no ha acudido a las invitaciones de la comisión.
La Municipalidad Provincial de Huaral, a través de la Gerencia de Fiscalización y Control, actuó de manera inmediata luego de que en redes sociales se difundiera la denuncia de una familia que alertó sobre una torta adquirida en la panadería “La Casa del Pan”, la cual habría presentado un fuerte olor y sabor a combustible. El hecho habría puesto en riesgo la celebración de un cumpleaños infantil y generando preocupación entre los consumidores.
Tras la advertencia, el equipo de Fiscalización y Control se trasladó hasta el establecimiento ubicado en Av. El Solar, donde se realizó una inspección exhaustiva. Durante la intervención se detectaron graves deficiencias higiénico-sanitarias, áreas de preparación en malas condiciones, malas prácticas de manipulación de alimentos, presencia de vectores y el incumplimiento de normas básicas de salubridad que ponen en riesgo la salud pública.
A raíz de estas irregularidades, el local fue clausurado de manera inmediata y se aplicó una sanción administrativa significativa, en estricta aplicación de la normativa vigente y con el fin de salvaguardar la integridad de los consumidores.
Estas acciones reafirman el compromiso de la Gerencia de Fiscalización y Control con garantizar que los establecimientos comerciales operen bajo condiciones seguras, responsables y adecuadas para toda la ciudadanía.
Una extrabajadora del Hospital Augusto Hernández de EsSalud, en Ica, fue la persona que raptó a la criatura de tan solo dos meses de nacida.
La Policía Nacional logró recuperar al bebé en medio de un operativo.
Personal de Inteligencia de la Región Policial Ica detuvo a Zayda Husu Hernández, quien raptó al menor en la madrugada.
“El bebé va a ser entregado nuevamente a su madre», informó un oficial a RPP.
La autoridad confirmó que la mujer trabajó anteriormente en el área de limpieza y que había sido vista hasta en dos oportunidades en los días pasados sin justificar su presencia en el nosocomio.
El bebé está en perfectas condiciones y no hay signos de haber sido objeto de violencia, por lo que será entregado inmediatamente a su madre tras ser revisado por un pediatra.
La mujer será trasladada a la Sección de Trata de Personas de la División de Investigación Criminal de Ica, para que junto al Ministerio Público se realicen las diligencias que determinen su situación.
¿Cómo pudo ocurrir esto? La PNP indicó a RPP que el director del hospital señaló que las cámaras de seguridad no están en funcionamiento porque están en ‘proceso de reparación’ para mejorar la calidad de los equipos.
La Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó más de 100 operativos de verificación y fiscalización migratoria, en Lima Metropolitana y el Callao.
Durante el primer mes del estado de emergencia decretado por el Gobierno de José Jerí, la Policía tuvo a su cargo el control de identidad de más de 2,223 extranjeros, y Migraciones verificó su estatus migratorio, luego de lo cual se determinó que 411 de ellos estaban en condición irregular.
Tras las evaluaciones, Migraciones aplicó 90 órdenes de expulsión contra extranjeros que incumplieron la norma migratoria, mediante el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE). La PNP se encargó de ejecutar las expulsiones del territorio nacional.
Además, se llevaron a cabo más de 684 operativos, en el mismo periodo, en el interior del país. La Policía intervino a más de 17,360 extranjeros, y Migraciones identificó que 1,387 de ellos se encontraban en situación irregular. Luego de ello, aplicó 316 órdenes de expulsión mediante el PASEE.
El PASEE permite disponer la expulsión rápida de extranjeros que ingresaron al país sin control migratorio, que representan una amenaza para el orden público, la seguridad nacional o ciudadana, o por incumplir con la obligación de identificarse con la autoridad competente.
En los operativos también participaron el Ministerio Público, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), así como las municipalidades distritales y provinciales.
El presidente José Jerí anunció, días atrás, que el Poder Ejecutivo extenderá el estado de emergencia en Lima y el Callao con la finalidad de seguir combatiendo a la delincuencia.
1.7 millones de venezolanos
Alrededor de 1.7 millones de venezolanos residen en Perú, según estimaciones de enero de 2025. Aproximadamente 621 mil de ellos tenían un estatus migratorio regular en diciembre de 2024, según Migraciones. Perú es el segundo destino principal para los migrantes y refugiados venezolanos a nivel mundial, solo por detrás de Colombia.
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