Mandan a la cárcel a padrastro y madre que le quema**ron las manos a niña de 11 años como castigo

La jueza Paola Danny Natividad Mamani Poma, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Elvis Brayan Vélez Santy y Boni Gasmin Oscco Garnica (madre de la menor), investigados por el presunto delito de lesiones graves contra integrante del grupo familiar, en agravio de una niña de 11 años.

Durante la audiencia, el Ministerio Público expuso que la menor, identificada con las iniciales S.G.K.O.G., habría sido víctima de graves agresiones físicas ocurridas el 25 de febrero de 2026, en su domicilio ubicado en sector de Salcedo.

Según su testimonio, el imputado Elvis Brayan Vélez Santy, quien sería su padrastro, le habría provocado quemaduras en ambas palmas de las manos y en los glúteos utilizando un objeto caliente, además de golpearla con un palo y un chicote, presuntamente delante de su abuela paterna.

La menor también relató que, pese al dolor ocasionado por las lesiones, habría sido obligada a continuar realizando labores domésticas. Al día siguiente, al no soportar el dolor y la falta de alimentos, acudió a la vivienda de una vecina para pedir ayuda. Los vecinos advirtieron las lesiones y dieron aviso a las autoridades, lo que permitió su traslado de emergencia al Hospital Manuel Núñez Butrón de Puno para recibir atención médica.

En la investigación también se señala la presunta participación de la madre de la menor, Boni Gasmin Oscco Garnica, quien habría tenido conocimiento de las agresiones y no las habría impedido, pese a su deber de protección, siendo que la menor habría sufrido agresiones de manera reiterada.

Por tal motivo, la jueza tras evaluar los elementos expuestos por las partes y los presupuestos legales para la imposición de la medida coercitiva, el juzgado dispuso nueve meses de prisión preventiva contra los investigados.

En el caso de Elvis Brayan Vélez Santy, se ordenó su inmediata ubicación y captura a fin de que cumpla la medida impuesta.

Respecto a Boni Gasmin Oscco Garnica, la magistrada dispuso su internamiento en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), donde permanecerá mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Keiko Fujimori: “Si el Gabinete Miralles no anula las clases virtuales, no tendrá el voto de confianza”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, adelantó que el Gabinete presidido por Denisse Miralles no recibirá el apoyo de su bancada de cara al pedido del voto de confianza a realizarse el próximo 18 de marzo ante el Pleno del Congreso, si no anulan la resolución viceministerial que obliga a todos los estudiantes del país a recibir clases virtuales frente a la crisis por escasez de GNV.

“A mí me preocupa el pésimo manejo que ha tenido el Gabinete Miralles, que en medio de las lluvias e inundaciones no se han movilizado y han tomado acciones muy tardías. Se agravó con la crisis energética”, declaró.

En este sentido, la lideresa de Fuerza Popular indicó que la reacción del Gobierno de José María Balcázar ante la crisis de escasez de GNV es un ejemplo de cuando el remedio es peor que la enfermedad. 

“Yo estoy en contra de la salida facilista que lo que hace es vulnerar a los niños de su derecho de poder asistir al colegio. De ninguna manera estoy de acuerdo”, agregó.

En este sentido, señaló que el país estaba mejor siendo gobernado por José Jerí, antes de la llegada de José María Balcázar: “Yo creo que estamos peor porque tenemos a un Gobierno que no tiene reacción, que en lugar de resolver los problemas los empeora perjudicando a los niños”.

NIEGA CONTROL SOBRE EL CONGRESO

Por otro lado, Keiko Fujimori negó que Fuerza Popular tenga un control absoluto del Congreso de la República. Señaló que con 20 parlamentarios no les alcanza para mover los hilos en el Pleno.

“Cuando entró Fuerza Popular en el 2021 tuvimos 24 congresistas, ahora tenemos 20. El poder que tenemos es que nuestros 20 congresistas votaron porque se quede José Jerí e igual lo vacaron”, dijo.

En cuanto la bancada que confrontó con el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, señaló que aprendieron una lección y retiraron a todos aquellos integrantes que no ayudaron a generar un diálogo alturado y, en su lugar, buscaron la confrontación. 

“Hemos aprendido y retirarmos a todos aquellos que fueron muy duros con sus adjetivos. Aquellos que no generaron un mejor ámbito de diálogo ya no forman parte de fuerza Popular”, agregó.

Finalmente, la hija de Alberto Fujimori indicó que no responderá a los ataques de Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, durante la campaña y le deseó lo mejor.

16 candidatos presidenciales y 15 vicepresidentes omitieron información en su hoja de vida, según el JEE

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 emitió una serie de informes de fiscalización, en los que alertó que candidatos presidenciales y a vicepresidentes habrían omitido información en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) sobre sentencias, vínculos empresariales y cargos que anteriormente ostentaron.

Como parte de su derecho a la defensa, los partidos respondieron e indicaron que la mayoría de empresas que no se registraron es porque fueron dadas de baja en años anteriores y no había mala fe al momento de no consignarlas. De igual manera, dieron sus descargos sobre los requerimientos que hizo el ente electoral.

Candidatos a presidentes

El primer informe del JEE fue el 26 de enero sobre el candidato presidencial Herbert Calle (Partido Patriótico del Perú). Un ciudadano presentó un reclamo porque, presuntamente, el postulante no habría declarado sobre una sentencia laboral por ejecución de garantías y que tendría calidad de firme desde el 2022.

El JEE le otorgó un día hábil al partido para dar sus descargos como parte de su derecho a la defensa. Al respecto, la organización mencionó que la sentencia derivó de un remate judicial de un bien inmueble y que no se trata de un proceso de incumplimiento contractual, ni existe sentencia que declare fundado incumplimiento de contrato. «El candidato no consignó dicha información en su DJHV porque, razonablemente, el proceso judicial en cuestión “no corresponde a una sentencia por incumplimiento contractual” en los términos exigidos por la norma electoral», afirmó el partido y solicitó archivar el caso. Hasta el momento, el JEE no resuelve.

El siguiente caso fue el de Keiko Fujimori (Fuerza Popular). El JEE alertó que la lideresa no habría declarado en su hoja de vida su participación en la empresa Summit Products S.A.C. y su titularidad en Kyara29 E.I.L. El partido dijo que ellos mismos pidieron que se realice una anotación marginal de la información. Además, la primera empresa, mencionaron, fue dada de baja en 2009 y la segunda ya no es titularidad de Fujimori. Por tales motivos, el caso se archivó y se incluyó la información en la hoja de vida.

El tercer caso fue el de la candidata presidencial de Un Camino Diferente, Rosario Fernández, porque presuntamente habría omitido declarar una sentencia «en estado de ejecución» de obligación a dar suma de dinero.

El JEE le dio un día al partido para dar sus descargos e indicaron que la candidata sí declaró esa información en su hoja de vida en el formato físico. Además, pidieron que se archive el caso. El JEE aún no resuelve la situación.

El cuarto caso fue el de Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, porque presuntamente no habría declarado ser socio de la empresa Instituto Internacional para la Cultura Democrática S.A.C. Se solicitó descargos al partido, pero así como el informe de fiscalización, no figura en la Plataforma Electoral.

El quinto caso fue el de Antonio Ortíz de Salvemos al Perú porque habría omitido declarar ser socio de Advanced Development Company Sociedad Anónima Cerrada. Al respecto, el partido indicó que existe una presunta prolongada inactividad y menos una societaria actual acreditada, ni tampoco falsedad material. En ese sentido, solicitaron el archivo.

El sexto caso fue contra Carlos Jaico de Perú Moderno porque no habría declarado ser accionista de Carlos Jaico & Abogados Consultores S.A.C. El partido indicó que el candidato no negó la titularidad ni declaró la inexistencia de sus participaciones y que sí la consignó en su hoja de vida. Por ello, pidió que se archive el caso.

El séptimo caso fue el de Alfonso López Chau de Ahora Nación porque no habría declarado ser socio de Centro Médico Gestión & Salud S.A.C. El partido dijo que la empresa fue dada de baja en octubre del 2024

El octavo corresponde a Mario Vizcarra porque no declaró ser socio de C Y M Vizcarra S.A.C. Al respecto, el partido respondió que hubo un error al momento de registrar la empresa en la hoja de vida del candidato. En vez de VIZCARRA S.A.C. debió decir C Y M VIZCARRA S.A.C. y que se puede corregir a través de una anotación marginal.

Luego está el de Enrique Valderrama del APRA por no declarar ser socio fundador de Centro de Capacitación y Soluciones Integrales S.A.C. Sobre eso, el partido dijo que en 2024 se extendió una anotación preventiva por presunta prolongada actividad de oficio.

El décimo caso fue el de Álvaro Paz de Fe en el Perú por no declarar ser socio de Corporación Legal Paz De La Barra S.A.C., Gestracorp Group S.A.C., PBF Transmaq S.A.C., PBF Servicios Generales S.A.C., PBF Gestión Ambiental Sociedad Anónima Cerrada, PBF Proevent Sociedad Anónima Cerrada y Corporación Maderera del Pacífico S.A.C. Al respecto, el partido dijo que el candidato no consignó en su hoja de vida las empresas porque están de baja en la Sunat.

El otro informe es sobre Charlie Carrasco de Demócrata Unido Perú porque no declaró ser socio fundador de la persona jurídica Grupo CJR S.A.C. Sobre eso, el partido dijo que se debe a un error u omisión involuntaria del candidato al llenar el formato.

De igual forma, se emitió un informe contra Armando Massé porque no es accionista de Distribuidora y Ventas S.A.C., DISVENSAC, sino gerente general. En sus descargos, el partido indicó que ello se debe a que fue un error material involuntario haberlo consignado así y que no es gerente desde el 2011.

Otro caso es el de Carlos Álvarez de País para Todos por no declarar ser socio fundador de Alda Producciones & Eventos S.A.C., a pesar de que consignó que un vehículo estaba a nombre de esa empresa. El partido dijo que Álvarez es copropietario de los bienes de la empresa y que no existe ninguna falsedad.

De igual forma ocurrió con Rafael López Aliaga de Renovación Popular. El JEE advirtió que no declaró ser socio fundador de Perú Desarrollos Inmobiliarios S.A.- Pedein S.A.

En tanto, el JEE emitió otro informe contra Herbert Caller porque, presuntamente, no declaró ser socio de 4 empresas. El ente electoral recomendó pedir descargos al partido.

También se abrió otro informe contra Walter Chirinos del PRIN porque no habría declarado ser socio fundador de ARM ALL SERVICE S.A.C. Se le otorgó un día de plazo para brindar descargos.

El otro informe fue contra Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) porque presuntamente no declaró una sentencia que declaró fundada la demanda sobre la obligación de dar suma de dinero.

Candidatos a vicepresidentes

El primer informe fue contra Virgilio Acuña, candidato a vicepresidente por Democrático Federal. Según el JEE, el motivo es por supuestamente no haber declarado un expediente en el que figura como demandado por obligación de dar suma de dinero. Se le otorgó un día para que el partido brinde sus descargos, pero no figura ello en la Plataforma Electoral y el JEE no resuelve.

El segundo fue contra el candidato a primer vicepresidente del Partido Morado, Heber Diomedes, por presuntamente haber declarado que, del 2022 al 2023, fue secretario general de la organización en Arequipa, pero que en ROP no figura que tuvo ese cargo. Al respecto, el partido dijo que el error se debe a que el registrador, al momento de transcribir la trayectoria dirigencial del candidato, se equivocó. Asimismo, precisaron que no existe ánimo de engañar y que el postulante sí desempeñó funciones en la alta dirección del partido en dicha región. Hasta el momento, el JEE no resuelve.

El tercer caso fue sobre Daniel Barragán de Cívico Obras. El motivo es que declaró que en 2021 fue segundo vicepresidente del Perú por Unión por el Perú, pero el JEE mencionó que no fue así debido a que no fue elegido. Sin embargo, el partido afirmó que se trató de un «error involuntario» y se solicitó una anotación marginal para corregir el error, pero el ente electoral se negó y aseguró que se debe proceder con una rectificación. El 3 de marzo, el candidato fue inscrito oficialmente para las elecciones.

La siguiente fue María Valdivia, candidata a primera vicepresidenta del APRA, porque declaró que fue coordinadora de Perú Joven entre el 2000 y 2001, pero según el JEE, en el ROP no se acredita esa información. No obstante, el partido mencionó que la ostentación del cargo fue real, pero que Perú Joven no constituyó un órgano partidario formal dentro de la estructura del APRA. Pidieron que se declare el archivo del caso. La entidad aún no resuelve el tema.

El quinto caso fue contra Rossana Montes (Partido Patriótico del Perú) porque habría omitido declarar que figura como titular de la empresa Líderes del Tercer Milenio E.I.R.L. Al respecto, el partido mencionó que la empresa fue dada de baja de oficio por la Sunat en 2006 y que no registra actividad económica efectiva. Asimismo, pidieron el archivo del caso.

El sexto caso fue contra Raúl Noblecilla, candidato a la segunda vicepresidencia de Podemos Perú, porque no habría declarado ser socio de Noblecilla Olaechea, Barranzuela & León Abogados Consultores Asociados S.A.C. El partido aseguró que sí se declaró esa información y que el JEE tuvo una lectura parcial de la DJHV.

El séptimo caso se trató de Tania Porles de Libertad Popular, quien no habría declarado ser socia de Socium S.A.C. Sobre ello, el partido dijo que la candidata a la segunda vicepresidencia sí informó sus acciones, pero que se produjo un error material al momento de trasladar los datos al sistema.

El JEE también emitió un informe sobre Willington Prada de Integridad Democrática debido a que no habría declarado ser socio fundador de Eliwi S.A.C. Al respecto, el partido mencionó que no se ocultó información y tampoco se omitió. En esa misma línea, dijo que sí se presentó dicha información.

El noveno caso corresponde a Maritza Sánchez de Demócrata Verde porque no habría declarado ser accionista de J & M Consultores y Servicios Educativos S.A.C. La organización política afirmó que la empresa fue dada de baja en 2009 y que, desde ese momento, no registra actividad económica.

El siguiente fue Miguel Torres de Fuerza Popular porque no habría declarado ser socio de A.C. Games & Entertainments S.A.C. Al respecto, el partido indicó que, luego de la fundación de la empresa, Torres transfirió sus acciones al dueño en 2013. Además, precisaron que en 2014 fue dada de baja de oficio por la Sunat.

El onceavo fue contra Norma Yarrow de Renovación Popular porque no habría declarado ser socia de CYL Servicios, Importación, Exportación S.R.L. Sobre ello, el partido afirmó que la empresa fue dada de baja en 2007 y no tiene actividad económica.

Otro caso también fue contra Virgilio Acuña porque no habría declarado ser accionista de Hamuqpacha Perú S.A.C. Al respecto, la organización respondió que la empresa se constituyó ante la Sunarp, pero no ante la Sunat y tampoco se realizaron operaciones. Asimismo, indicaron que Acuña participó en otras elecciones y tampoco consignó la empresa por esa razón.

La siguiente fue Melitza Yanzich de SíCreo porque no habría declarado tener participaciones en Esyan S.R.L. El partido respondió que la empresa fue dada de baja en 2010 y tiene condición de no habido.

Otro caso es el de Elena Rivera de Venceremos, porque no habría declarado ser socia de Repuestos y Lubricantes Pepe Sociedad Anónima Cerrada y de Corporación Saluce S.A.C. Al respecto, el partido dijo que ambas empresas están dadas de baja y pidió el archivo del caso.

También figura el de Yessica Arteaga de Fe en el Perú por no declarar ser socia de Empresa J. Vicencio S.A.C. El partido indicó que se debe a un error involuntario al momento de completar la declaración jurada porque data del 2012 y, tras 14 años, es difícil ser recordada. Además, la empresa fue dada de baja en 2015.

Otro informe se abrió contra Roberto Koster de Perú Acción porque no declaró ser socio de Perú Criollo S.R.L. El JEE le otorgó un día calendario para dar sus descargos.

Transportistas de carga pesada realizarán paro nacional indefinido por crisis energética y de inseguridad: »Colapso total»

Los gremios de transportistas de carga pesada anunciaron un paro nacional indefinido desde el 12 de marzo en protesta por la crisis energética, el incremento del precio de los combustibles, los peligros en las carreteras y el deterioro de la infraestructura vial. La medida fue convocada por la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú junto a diversas asociaciones del sector.

En un comunicado, señalaron que enfrentan una situación límite debido al aumento de costos operativos y a la falta de respuestas por parte del Estado. Según indicaron, buscan presionar a las autoridades para que adopten acciones urgentes.

Sostienen que la ruptura del ducto de gas gestionado por TGP en el distrito de Megantoni, en Cusco, ha generado pérdidas económicas y paralización de actividades productivas. A ello se suma, dijeron, las dificultades de transitabilidad en distintas regiones, lo que también estaría afectando los tiempos de traslado.

Transportistas viven incertidumbre

El dirigente del sector Geovani Diez afirmó que la situación se ha agravado en los últimos meses y cuestionó la inacción estatal. “La crisis del transporte cada vez se acentúa más. Tenemos lo de la inseguridad que ya lleva más de año y medio sin resolverse, pese a las propuestas presentadas a distintas instituciones del Gobierno. Es un colapso total”, declaró a La República.

El representante sostuvo, además, que el abandono de las pistas y los desastres naturales han complicado seriamente la transitabilidad en varias rutas del país. “Casi el 60% de las vías del Perú presentan problemas. Hay trayectos que normalmente tomaban 10 horas y ahora pueden demorar tres o cuatro días”, precisó.

El GNV para los camiones

Otro de los puntos centrales es el impacto de la falta de gas y el incremento del costo de los combustibles, que —según los transportistas— amenaza la continuidad de sus servicios.

Diez señaló que el desabastecimiento de gas natural vehicular ha afectado especialmente a las unidades que dependen de esta matriz energética. “Muchos camiones trabajan únicamente con GNV y ahora nos encontramos con que no hay suministro suficiente, lo que obliga a detener todo”, explicó.

El vocero también advirtió sobre el alza sostenida del precio del diésel. “Ya estamos bordeando los 20 o 21 soles por galón, algo nunca antes visto. Con estos niveles es imposible sostener la operación”, afirmó.

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Exigencias al Gobierno

Como parte del pliego de demandas, los trabajadores plantean retirar temporalmente la carga tributaria de los combustibles, que —según explican— alcanza alrededor del 40%, incluyendo el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Asimismo, solicitan la reactivación de un fondo de compensación, la aplicación de la Ley N.º 31886, y la revisión del sistema de peajes.

También piden instalar mesas de trabajo con cronogramas y compromisos formales, así como mecanismos de responsabilidad administrativa y penal para los funcionarios que incumplan acuerdos.

Movilizaciones en todo el Perú

La paralización ha sido convocada con carácter indefinido. “Los paros de 24 o 48 horas no han dado resultados. No vamos a levantar la medida hasta tener soluciones reales”, afirmó Diez. Según manifestó, 16 de los 18 gremios de transporte de carga a nivel nacional se sumarán a la protesta. La convocatoria incluye a conductores de distintos vehículos.

En todo el país se evalúa realizar marchas camioneras y concentraciones en los principales accesos viales, como las rutas de ingreso a Lima y el Callao, además de otros puntos estratégicos. Los organizadores señalaron que las manifestaciones serán pacíficas.

Lo sacaron a Jerí por sus vinculaciones con las empresas chinas y ahora los mismos congresistas cubren a las empresas chinas y no hacen público el informe sobre la investigación, resolviendo mantenerlo en reserva dicho informe

Por María Teresa García

Pese a tratarse de un tema de interés nacional, el fujimorismo se opuso rotundamente a que se hiciera público el informe final de la comisión que investigó las contrataciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con empresas chinas por más de 10 mil millones de soles.

Tal como lo prometió en semanas anteriores, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, puso en debate el citado informe; sin embargo, sus propios colegas de la bancada de Fuerza Popular (FP) se opusieron a que se retirara la reserva para hacer públicas las recomendaciones y conclusiones del documento, que se encontraba lacrado.

La comisión investigadora, liderada por el congresista de Somos Perú, Héctor Valer, analizó los contratos realizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante los periodos de gobierno comprendidos entre 2018 y 2022.

Determinó que en el MTC existía un total de 93 contratos de obras por un valor de S/ 10,123’305,826.31 en el periodo 2018-2022, firmados entre el Estado peruano y 13 empresas chinas.

Otra de las conclusiones señala que, producto de las pesquisas realizadas, se “ha logrado determinar la existencia de tres organizaciones criminales enquistadas dentro del aparato estatal del MTC, Provías Nacional y Provías Descentralizado, las cuales se encontrarían lideradas por Martín Alberto Vizcarra Cornejo cuando fue presidente de la República”.

Oposición fujimorista

Durante la sesión plenaria, varios congresistas –entre ellos José Cueto (Honor y Democracia), Edward Málaga y el propio Héctor Valer– solicitaron que el debate fuera público, como se había hecho en otras ocasiones.

Sin embargo, las legisladoras fujimoristas Patricia Juárez y Martha Moyano se opusieron, señalando que ello contravenía el Reglamento del Congreso.

“Estamos en un momento electoral donde cada uno quiere mostrar su mejor rostro y abrir todos los temas. Sí, tal vez los ciudadanos podrían tener interés en este tema, pero hay un artículo en el Reglamento que señala que no se puede hacer público el informe de una comisión investigadora. Esto sería ir en contra del Reglamento. (…) No se trata de un afán de encubrir absolutamente nada, sino de acostumbrarnos a respetar nuestras propias disposiciones”, señaló Patricia Juárez.

Su colega, la legisladora Martha Moyano, indicó que no se podía hacer un “circo” del informe final, más aún cuando se atraviesa una campaña electoral.

“Todos sabemos que los informes de las comisiones investigadoras son reservados y que la reserva se levanta con mucho cuidado. No podemos hacer de esto un circo, de un debate nos gusten o no las empresas chinas, en plena campaña electoral. Aquí se van a sacar los ojos y la prensa va a estar atenta a todo eso, y esto va a generar morbo afuera. (…) Como es un informe final que va a tener que ir a una instancia judicial, se caería si en este momento hacemos público todo; entonces se caería el proceso, o ¿queremos eso?”, preguntó.

Visiblemente sorprendido, el congresista José Cueto respondió que en más de una ocasión se levantó la reserva en casos de igual importancia y nadie se opuso.

“Me sorprendo porque el Reglamento es una ley orgánica, pero hay muchos antecedentes. Recuerden el voto digital; el Reglamento dice que, aprobada la primera votación, hay que esperar una semana para la segunda, pero se hizo al día siguiente, se publicó ese sábado y el lunes ya estaba en el diario oficial. Nos dijeron que era práctica parlamentaria y que eso se podía hacer. Acuérdense de los informes de Lava Jato, de Luciana León: todo se levantó (la reserva) y no pasó nada”, recordó Cueto.

Pluz Energía anuncia reubicación de poste que se ubica en medio del sector la Caporala

Luego de la polémica generada en redes sociales por la presencia de un poste en medio de la vía en el sector La Caporala, en la ciudad de Huaral, la empresa Pluz Energía S.A.A. emitió un comunicado oficial en el que aclara la situación y anuncia el inicio de los trabajos de reubicación de la infraestructura eléctrica.

Según el documento, el problema se origina en el marco del proyecto de construcción de pistas y veredas en el sector norte periférico 1, donde actualmente se ejecutan obras de mejoramiento vial. La empresa informó que el 3 de marzo la compañía FM Contratistas Generales S.R.L., responsable de la ejecución del proyecto, culminó con la gestión administrativa correspondiente ante Pluz Energía, requisito indispensable para proceder con el traslado de los postes.

Tras finalizar este proceso, la empresa eléctrica señaló que iniciará los trabajos de reubicación dentro del plazo estipulado, conforme a los procedimientos técnicos establecidos para este tipo de intervenciones en redes de media y baja tensión.

Cabe señalar que el poste de alumbrado público que hoy genera cuestionamientos no es una estructura reciente, sino que se encuentra instalado en ese lugar desde hace varios años, atravesando distintas gestiones municipales sin que anteriormente se ejecutara la construcción de la pista ni se realizara su reubicación.

La situación se evidenció recién con el inicio de las obras viales en el sector, lo que obligó a realizar el trámite técnico y administrativo ante la empresa responsable del servicio eléctrico para proceder con su traslado.

Finalmente, Pluz Energía reiteró en su comunicado su compromiso con la calidad y seguridad del servicio eléctrico, asegurando que los trabajos se ejecutarán conforme a los estándares técnicos correspondientes.

El pronunciamiento fue emitido desde la ciudad de Huacho el 6 de marzo de 2026, en respuesta a las versiones difundidas en redes sociales sobre la presencia de esta infraestructura en medio de la vía.