El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el Megapuerto de Chancay que construye la empresa Cosco Shipping al norte de Lima tiene un avance del 85%, a escasos seis meses de su inauguración.
En diálogo con TV Perú Noticias, el ministro Raúl Pérez-Reyes explicó que el terminal tendrá una capacidad de entre 1 y 1,5 millones de TU, lo que permitirá al país convertirse en puerta para la región de las importaciones y exportaciones asiáticas.
“Temenos el hub Callao (Muelle Norte y Muelle Sur), y Chancay es el segundo hub más importante de la región, pues tenemos una capacidad superior a los 5 millones de TEU y las ampliaciones nos llevarán por encima de los 7 millones de TEU”, refirió el titular del MTC.
Según Pérez-Reyes, el terminal de capitales chinos «nos permitirá aumentar nuestra tasa de crecimiento económico en los próximos 30 o 40 años», para así mejorar los ingresos de las familias peruanas debido a un trabajo mejor remunerado.
“Aca hay una lucha contra la pobreza que tiene como norte el crecimiento y el desarrollo económico”, anotó.
Con el fin de contribuir al bienestar de los maestros, el Ministerio de Educación (Minedu) presentará ante el Congreso tres proyectos de ley. El primero dispone el pago de una bonificación extraordinaria de S/ 380 a favor de docentes y auxiliares de Educación, nombrados y contratados, de instituciones educativas de educación básica y técnico-productiva.
Al hacer el anuncio, luego de la reunión semanal del Gabinete ministerial, el titular de Educación, Morgan Quero, informó que el segundo proyecto reconoce el pago de una bonificación por escolaridad para los profesores que ingresaron a la Carrera Pública Magisterial (CPM) en marzo del 2024.
Anotó que el tercer proyecto dispone el pago de la compensación por tiempo de servicios (CTS) a los docentes de la CPM cesados en los años fiscales 2022 y 2023 bajo los alcances de la Ley 31451.
“Los proyectos están financiados y listos para ser discutidos y aprobados por el Congreso de la República, pues uno de nuestros objetivos es revalorar la labor docente y mejorar la formación profesional, así como las condiciones de trabajo de los maestros”, señaló.
El ministro Quero recordó que solo en los 18 meses de gobierno de la presidenta Dina Boluarte se ha otorgado un incremento de S/ 500 a los docentes que están en el nivel 1 de la CPM y tienen 30 horas asignadas.
Precisó que, desde el 2019, estos docentes, los cuales representan el 57% de los 405,000 maestros del país, han tenido un incremento de S/1,000 en sus remuneraciones.
Asimismo, indicó que este Gobierno ha incrementado en S/ 3,055 millones el presupuesto del sector educación, que equivale al 4.62% del producto bruto interno (PBI) del país.
“Esto es una muestra de los grandes esfuerzos que realiza el Gobierno de la presidenta Boluarte para mejorar el servicio educativo y la situación de los maestros, cuyo aporte es fundamental para que nuestros niños y jóvenes reciban una educación de calidad”, concluyó.
El Ejecutivo presentará una demanda competencial contra el Poder Judicial y el Ministerio Público ante el Tribunal Constitucional, alegando un supuesto «menoscabo» a las funciones y competencias de la presidenta Dina Boluarte. La resolución se publicó en el diario oficial El Peruano.
Según el documento, el viernes 17 de mayo, tras sesión de Consejo de Ministros, se acordó que el titular de la PCM, Gustavo Adrianzén, sería el encargado de hacer la demanda. En ese sentido, se dispuso que el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional sea quien represente al Ejecutivo ante el TC.
«Disponer que el Procurador Público Especializado en Materia Constitucional ejerza la representación procesal del Poder Ejecutivo en el proceso competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, por menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones de la Presidenta de la República, de acuerdo a lo señalado en la parte considerativa de la presente Resolución Ministerial», se lee en la Resolución Ministerial 151-2024-PCM, firmada por Gustavo Adrianzén.
La decisión del Ejecutivo supuestamente respondería al allanamiento de la vivienda de la mandataria en Surquillo y a Palacio de Gobierno ocurridas el pasado 30 de marzo, en el marco de las investigación que se le sigue por el caso Rolex, bajo el argumento de que la presidenta no puede ser allanada sin que se le levante el antejuicio.
Como se recuerda, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, fue quien autorizó el pedido del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, para los allanamientos a la mandataria.
Además, el coronel PNP Harvey Colchado, quien en ese entonces se desempeñaba como jefe de la Diviac, fue el que lideró los operativos. Mientras que el grupo de fiscales estaba dirigido por el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza.
Caso Rolex: fiscal de la Nación prepara denuncia constitucional contra Dina Boluarte
¿Manotazos de ahogado? ¿Qué es lo que realmente pretende Boluarte Zegarra al presentar esta demanda competencial ante el TC? Como se sabe, el 19 de mayo terminó el plazo de la investigación preliminar que realizó el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la mandataria y el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por el caso Rolex.
Entonces, lo que seguiría tras cumplirse el plazo es presentar una denuncia constitucional ante el Congreso en contra de la mandataria o, de lo contrario, se archivaría el caso.
En su última presentación ante el Congreso, Juan Carlos Villena señaló que en los próximos días se pronunciará sobre la denuncia que involucra a la Boluarte y a otros funcionarios.
De esta manera, podría ser que, con la presentación de esta demanda ante el TC, lo que la presidenta pretendería es, una vez más, frenar las denuncias en su contra.
Cabe señalar que, en caso Villena presente la denuncia ante el Parlamento, las posibilidades para que esta prospere son casi nulas, si se tiene en cuenta el apoyo que tiene la jefa de Estado de parte de una gran mayoría de congresistas.
El Pleno de la Junta Nacional de Justicia destituyó a Patricia Benavides como fiscal suprema, y por consecuencia del cargo de fiscal de la Nación, del cual había sido suspendida el 6 de diciembre de 2023, por haber interferido en la investigación contra su hermana Enma Benavides.
La magistrada titular de la Junta Nacional de Justicia, María Zavala, sustentó durante la tarde el informe final de este proceso disciplinario y propuso que se destituya a Patricia Benavides de la Fiscalía Suprema, así como del cargo de fiscal de la Nación, del cual había sido suspendida el 6 de diciembre de 2023.
Según señaló el presidente de la JNJ, Antonio de La Haza, Benavides fue destituida por haber incurrido en faltas muy graves durante su gestión como fiscal de la Nación. Además, porque se acreditó que interferió en la investigación que se seguía contra su hermana Enma Benavides, al retirar a Bersabeth Revilla, quien estaba a cargo de las pesquisas.
Asimismo por haber favorecido a Miguel Ángel Vegas Vaccaro, al nombrarlo en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, debido a que cuando Benavides era jefa del Área Especializada en Denuncias contra Magistrados, impidió que el fiscal sea procesado por presunta corrupción.
Destitución de Enma Benavides y Azucena Solari
En su informe, la magistrada María Zavala propuso cesar a Enma Benavides como jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima y también a Azucena Solari como fiscal suprema provisional en la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, también por presuntas faltas graves.
Ambas también fueron destituidas por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Según se precisó en el caso de Enma Benavides, quedó acreditado que ella interfirió en su propia investigación mediante su hermana Patricia, así como por haber mentido a la ciudadanía ante la prensa nacional respecto de sus antecedentes disciplinarios.
Respecto de Azucena Solari, la magistrada Zavala sostuvo que en su labor como fiscal superior ella permitió que Patricia Benavides interfiera en la investigación contra su hermana Enma, por la emisión de un informe de baja productividad de Bersabeth Revilla.
La jefa de la Oficina del Registro Nacional Judicial (Renaju), Vicky Távara Cavero, explicó que a través de una demanda de alimentos se podrá retener el 30 % del desembolso del retiro de la AFP, a favor de los hijos cuyos gastos no vienen siendo cubiertos por el progenitor.
Precisó que con un mandato judicial o un acuerdo de las partes involucradas, la demandante podrá disponer del dinero que represente el 30% de los S/ 20, 600 soles es decir las cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de los fondos del AFP o lo que le corresponda por este concepto .
En ese punto, la letrada agregó que el mandato judicial se debe acatar así el demandante se niegue a retirar el monto. “Si el juez lo dispone en su sentencia, así (el demandante) no retire el monto dispuesto por el Congreso, el 30% de esa suma va a ser retenido para cubrir la deuda alimentaria”, aseveró Távara Cavero.
Al respecto, la jefa del Renaju explicó que esta medida tiene como objetivo proteger los derechos del menor. “Lo que se busca es emitir sentencias a favor del menor”, reiteró.
En ese sentido, la funcionaria resaltó la reciente ley que modifica el Código Procesal Civil, el cual permite al juez de familia tener acceso a información en línea sobre la capacidad económica de los demandados y extraer en tiempo real la información sobre su centro de trabajo, remuneración, gratificación, vacaciones y otros ingresos.
“Esta modificatoria va a permitir que los procesos sean más rápidos. Como saben son procesos de alimentos que permiten salvaguardar los derechos primordiales del menor. Por lo tanto, esta medida va permitir al juez tener información en línea, en tiempo real, de los bienes que tenga el demandante en la Sunarp, como cuánto gana o si le corresponde gratificación, a través del Ministerio de Trabajo. Esa es la importancia”, dijo.
El Poder Judicial admitió a trámite la demanda interpuesta por la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para solicitar la nulidad de la exclusividad otorgada al consorcio de origen chino y peruano Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. para operar en el megapuerto de Chancay.
Latina Noticias accedió a la resolución del Décimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima del 14 de mayo pasado. Allí se menciona también que se corre traslado a la parte demanda para que pueda contestar en un plazo de 10 días en el proceso ordinario que se ha iniciado.
De esta manera se supera el revés que tuvieron desde el MTC luego que inicialmente el 19 de abril se declarara como ‘inadmisible» la demanda que interpusieron en el PJ porque no llegaron a cumplir una serie de requisitos generales previstos en los artículos 424° y 425° del Código Procesal Civil y los especiales señalados en el artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, Ley N°27584, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2019-JUS.
Al respecto, el 8 de mayo es que se presentaron las subsanaciones, entre las que se solicitaban que se precisa acerca de domicilio de la empresa demandada, a efectos de efectuar un debido emplazamiento, adjuntar copias de la demanda e informar si esta causa también se encontraba en otros juzgados a fin de evitar la duplicidad de fallos sobre el tema.
Fallo del PJ que admite a trámite la demanda de la Procuraduría del MTC por la exclusividad en el puerto de Chancay.
EMPRESA INV ESTIGADA
Días atrás, Latina Noticias informó también que la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito y Materia Ambiental de Huaral investiga preliminarmente al consorcio de origen chino y peruano Cosco Shipping Ports por el presunto delito de contaminación ambiental en agravio del Estado por la construcción del megapuerto de Chancay que, según se proyecta, entrará en operaciones en noviembre de 2024.
Cosco, sin embargo, no es la única empresa involucrada en el caso, pues además están China Railway, los consorcios Chancay, Checsac-CCC4TH y CISPDR Jinghua. La indagación nace a raíz de las denuncias de las ciudadanas Melissa Izquierdo del Río y María Vidal Huidobro
Las compañías se encuentran comprendidas debido a que Cosco Shipping las contrató para que brinden sus servicios especializados en la construcción de puertos, túneles, viaductos y obras civiles en general que se iban a desarrollar en torno al puerto y que abrirá fuegos en paralelo con las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
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