Este último viernes, 19 de abril, las víctimas de los familiares de los casos La Cantuta y Barrios Altos emitieron un pronunciamiento que rechaza la defensa que ha mantenido el Estado peruano respecto a la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Sostuvieron que esta medida dispuesta por el Tribunal Constituciones ha generado «graves repercusiones en el acceso de justicia» para los afectados.

En ese sentido, los perjudicados señalan que por varios años han luchado por conocer la verdad y hacer justicia para sus deudos, además de recalcar que Alberto Fujimori fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión efectiva por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante su estancia en Palacio de Gobierno.

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«La liberación de Alberto Fujimori el 6 de diciembre del 2023 ha tenido graves repercusiones en el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas, especialmente de los casos Barrios Altos y La Cantuta, quienes han luchado durante décadas por la verdad, justicia y reparación. Fujimori fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su presidencia», se lee en el documento.

Indulto de Alberto Fujimori tiene irregularidades, sostienen los familiares de las víctimas

Asimismo, en el documento, los familiares enfatizaron que el indulto concedido a Fujimori Fujimori, en diciembre de 2017 durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, carece de fundamentos y tendría irregularidades debido a que la Corte Suprema, en 2019, citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y manifestó que el exjefe de Estado podía ser atendido dentro del penal Barbadillo si es que presentara algunas dolencias médicas.

«En el 2019, la Corte Suprema encontró irregularidades en el trámite del indulto, aplicó los estándares desarrollados por la Corte Interamericana y confirmó que los padecimientos de Alberto Fujimori podían ser adecuadamente atendidos desde un centro penitenciario», se expresa en el escrito.

Sin embargo, a pesar de estas observaciones, el Tribunal Constitucional decidió resolver a favor el habeas corpus presentado por la defensa legal del exmandatario Alberto Fujimori, el cual solicitaba su liberación. Este suceso fue criticado por distintas organizaciones y grupos sociales, quienes venían apoyando a los familiares de las víctimas de los casos de La Cantuta y Barrios Altos.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano abstenerse de concretar la resolución emitida por el TC, que ordenaba la liberación inmediata del exgobernante, puesto que el indulto otorgado hace unos años carece de «convencionalidad» y que Fujimori Fujimori aún no había culminado su condena.

«A pesar de una orden urgente de la Corte Interamericana para abstenerse de liberarlo, Fujimori fue liberado antes de cumplir su condena y sin pagar reparaciones civiles a las víctimas. Al respecto, recordamos que Fujimori estuvo cumpliendo su condena en un penal exclusivo, donde tenía todo tipo de servicios que no significaban poner en riesgo su vida o su salud», se describe.

Estado peruano habría cometido «desacato» en caso de Alberto Fujimori

De acuerdo con el documento emitido por los familiares de las víctimas, el Estado peruano tendría reincidencias en no acatar las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por consiguiente, el organismo internacional calificó de «grave» el «desacato» que han cometido las actuales y principales autoridades al desobedecer una medida supranacional.

«No es la primera vez que el Estado de Perú omite considerar la afectación a los derechos de las víctimas frente a los beneficios al condenado Fujimori, como el otorgamiento del indulto. Esto, en última oportunidad, le ha valido para que la Corte Interamericana declare el grave desacato del Perú a cumplir con sus obligaciones internacionales por haber ejecutado la sentencia que restituye los efectos del indulto a Alberto Fujimori», sostienen.

Asimismo, los familiares y organizaciones sociales, quienes suscribieron el documento, indican que el Estado peruano tiene el deber de garantizar los derechos de los perjudicados en los casos La Cantuta y Barrios Altos. Exigieron que se debe cumplir las disposiciones de la CIDH en el tiempo que se ha establecido.

«Los familiares y organizaciones representantes, llamamos la atención del Estado sobre su obligación de garantizar los derechos de los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, por lo que debe cumplir con todo lo ordenado por la Corte Interamericana en sus sentencias, dentro de sus plazos respectivos, sin olvidar quienes son las víctimas en estas graves violaciones a los derechos humanos», recalcaron.