RLA lidera intención de voto, seguido de Vizcarra y Fujimori

La más reciente encuesta de Ipsos para América Televisión reveló que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) encabeza la intención de voto presidencial con 10%. En segundo lugar se ubican Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Mario Vizcarra (Primero la Gente), ambos con 7%, mientras que Carlos Álvarez (País para Todos) aparece con 4% de respaldo.

En los siguientes lugares figuran Phillip Butters (Avanza País) con 3%César Acuña (Alianza para el Progreso) con 2%Yonhy Lescano (Cooperación Popular) con 2%Rafael Belaunde (Libertad Popular) con 2% y Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo) con 2%. La opción “otros” alcanza un 12%, el voto blanco o viciado suma 37% y un 12% no precisa su elección.

¿Cómo cambió la intención de voto en las últimas semanas?

El comparativo con la medición anterior muestra movimientos importantes: Mario Vizcarra subió de 5% a 7%, empatando con Keiko Fujimori, mientras que ella bajó de 8% a 7%. En tanto, César Acuña cayó de 3% a 2% y el lugar fue ocupado por Phillip Butters, que ascendió a 3%. López Aliaga se mantiene en 10%.

¿Ya hay decisión firme de voto?

A siete meses de las elecciones, solo el 27% de los encuestados afirmó que ya decidió su voto, mientras que el 62% aún podría cambiar de opinión. Un 11% no precisa. Esto refleja que la mayoría del electorado mantiene una postura abierta respecto a su elección presidencial.

¿Qué opinan sobre el ministro Juan José Santiváñez?

La encuesta también midió percepciones sobre el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. El 28% considera que tiene demasiado poder e influencia en el gobierno, el 32% mucha influencia, el 14% alguna, el 9% sin influencia especial y un 17% no precisa. En total, seis de cada diez creen que concentra gran poder en el Ejecutivo.

¿La gente conoce los audios del ministro y el premier?

Ante la pregunta sobre si conocen los audios atribuidos a Santiváñez y al premier Eduardo Arana, donde se mencionan presuntos favores políticos, solo el 31% dijo estar al tanto, mientras que un 61% no conoce el tema y el 4% no precisa.

Entre quienes sí están informados, la encuesta muestra que el 92% cree que Santiváñez y Arana deberían renunciar a sus cargos, el 2% opina que solo debería hacerlo el premier, el 1% que solo el ministro de Justicia, el 4% que ninguno, y el 1% no precisa.

¿Cómo evalúa la ciudadanía a los fiscales?

El estudio también preguntó por la imagen de los principales fiscales. La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, obtiene 17% de imagen favorable y 30% desfavorable, mientras que el 48% no la conoce.
Patricia Benavides registra 6% favorable y 49% desfavorable, con 40% que no la conoce. Otros fiscales, como Juan Carlos Villena, Tomás Gálvez y Pablo Sánchez, también presentan altos niveles de desconocimiento ciudadano.

¿Qué opinan sobre una reforma de la Fiscalía?

Finalmente, un 61% considera que la reforma de la Fiscalía debería realizarse en el próximo gobierno y Congreso, mientras que el 34% cree que debe hacerse de inmediato. El 5% no precisa.

La encuesta de Ipsos se realizó a 1,220 ciudadanos mayores de 18 años en 24 departamentos y el Callao entre el 25 y 26 de septiembre. El estudio tiene un margen de error de ±2,8% y un nivel de confianza del 95%.

Acusado de financiar a el ‘Monstruo’ pertenece al partido de Renovación Popular de Rafael López Aliaga

El presunto financista de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, actualmente detenido en Paraguay como cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, fue identificado como Roberto García Tinoco, quien además figura como afiliado del partido del alcalde de Lima, Rafael López Aliada, Renovación Popular desde mayo de 2024.

Mediante un comunicado, Renovación Popular informó la suspensión de la militancia de García Tinoco y señaló que la Comisión Nacional de Disciplina abrirá una investigación interna para determinar si corresponde una sanción definitiva, como la expulsión. La medida, sin embargo, se dio solo después de que el caso se hizo público, lo que pone en dudas el control y la fiscalización interna que ejerce el partido liderado por el burgomaestre.

«Iniciaremos las investigaciones del caso a través de nuestra Comisión Nacional de Disciplina, para el debido proceso disciplinario y de ser el caso la sanción respectiva», se lee en el pronunciamiento publicado en redes sociales.

De acuerdo con la denuncia fiscal, García Tinoco habría enviado alrededor de 3000 soles mediante la empresa Western Union, dinero que habría terminado en manos de Moreno Hernández. El líder de ‘Los Injertos’ fue capturado en Asunción por la policía de ese país tras ser acusado de delitos de extorsión, homicidio y crimen organizado.

Infiltración de miembros de el ‘Monstruo’ en partidos políticos

Según una investigación de El Comercio, nueve personas vinculadas a la organización criminal a el ‘Monstruo’ han logrado afiliarse a partidos políticos que participarán en las elecciones generales de 2026. De estos, solo García Tinoco figura como afiliado a una agrupación con representación significativa. Otros tres individuos están en proceso de formalizar su inscripción en partidos aún en trámite de registro.

Entre los afiliados se encuentra Martina Hernández de la Cruz, quien en 2024 se unió a Renacimiento Unido Nacional (RUNA), partido de izquierda liderado por Ciro Gálvez, exministro del gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022). Asimismo, Grace Bados Neyra, identificada como la cajera y administradora de la organización criminal, obtuvo su carnet de afiliada en 2024 con el partido Adelante Perú (ADP).

Además, se identificaron otros miembros de ‘Los Injertos’ que enviaron fondos a Paraguay y Bolivia para ‘El Monstruo’ y que figuran como afiliados a diversas organizaciones políticas. Entre ellos están Luis Antonio García Miñano (Ahora Nación), Verónica Quispe Coronado (Libertad Popular), Gilda Caldas Ramos (Salvemos al Perú), Brandon de la Cruz Ramírez y Evelyn Acosta Neciosup (Partido Regionalista de Integración Nacional).

Alejandro Toledo: Poder Judicial solicita a Estados Unidos ampliar extradición por caso Interoceánica Sur

El Poder Judicial solicitó a las autoridades de Estados Unidos ampliar la extradición contra el expresidente Alejandro Toledo. Esa petición se da en el marco de las investigaciones por el caso Carretera Interoceánica Sur, Tramo 4, con la finalidad de que la Fiscalía continúe con las indagaciones al exmandatario por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.

El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido de la Fiscalía para que el exjefe de Estado pueda ser procesado y juzgado en el Perú por lo antes mencionado. Por este caso, el Ministerio Público solicitó una pena privativa de la libertad contra Toledo Manrique de 24 años y 8 meses.

La decisión deberá ser remitida a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía. Asimismo, se dispuso que se eleve el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema para que «proceda conforme a sus atribuciones».

Actualmente, por este caso, desde el 8 de agosto del 2024, Toledo cumple una orden de prisión preventiva de 30 meses en el penal de Barbadillo.

Con la finalidad de sustentar la solicitud de ampliación, se dio cuenta del requerimiento fiscal cuenta con la información detallada de los hechos presuntamente delictivos, calificación jurídica precisa, conminación penal suficiente (pena privativa de libertad establecida en la ley), elementos de convicción y un mandato de prisión preventiva.

 Decisión del Poder Judicial

Decisión del Poder Judicial

El caso

De acuerdo con la tesis fiscal, en 2004, Alejandro Toledo supuestamente se aprovechó de su cargo de presidente para favorecer a la empresa Camargo Correa con el proceso de concesión del proyecto “Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4 (Inambari – Azángaro)”.

Todo ello, según sostiene la Fiscalía, se habría dado a cambio de más de US$ 5.4 millones, lo que equivale al 3% del valor referencial de la obra. El Ministerio Público argumenta que el supuesto favorecimiento se llevó a cabo a pesar de que los estudios de fase de preinversión para la obra estaban incompletos.

Por otro lado, la Fiscalía también sostiene que Toledo, junto con Josef Maiman, utilizaron cuentas bancarias de las empresas offshore de este último, Trailbridge Ltd., Warbury & Co., Merhav MNF y Confiado International Corp, para realizar operaciones financieras complejas con el fin de dificultar la identificación del origen ilícito y evitar su incautación o decomiso.

Poder Judicial dicta prisión preventiva a joven de la ‘Generación Z’ que participó en protesta pese a presentar arraigo

El Juzgado de Investigación Preparatoria, a solicitud de la Fiscalía, dictó tres meses de prisión preventiva contra Samuel Rodríguez Villa, joven de 22 años que participó en las protestas ciudadanas conocidas como ‘Marchas de la Generación Z’, realizadas el 20 y 21 de septiembre. Rodríguez permanecía detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) desde el domingo 21, y la medida fue dispuesta pese a que su abogado, Rodrigo Noblecilla, presentó pruebas de arraigo que contradecían lo señalado en la investigación policial.

Rodríguez fue acusado por la PNP de ejercer violencia contra la autoridad. Sin embargo, su defensa alegó que la Fiscalía no acreditó adecuadamente el peligro de fuga. Noblecilla sostuvo que la prisión preventiva se dictó ignorando los argumentos que demostraban que el joven no tenía posibilidad de escapar.

“Se ha enviado a Samuel a prisión, pese a que el Decreto Legislativo 1585 —aplicado en su momento a Kenji Fujimori para concederle arresto domiciliario— señala que la pena efectiva debe ser excepcional y reservada para delitos graves con sanciones mayores a diez años. En otras palabras, quienes sobornan, saquean y dañan al país desde hace décadas reciben un trato con guantes de seda, mientras a un joven de apenas 21 años se le impone prisión preventiva —no una sentencia— como escarmiento, dirigido tanto a los manifestantes en general como a la llamada generación Z en particular”, publicó el letrado en su cuenta de Facebook.

El abogado también compartió en su cuenta de X (antes Twitter) un informe médico del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, en el que se certifica que Rodríguez presenta lesiones traumáticas corporales. Según Noblecilla, estas habrían sido ocasionadas por la represión policial ejercida en su contra.

Herido por impacto de perdigón

Durante las protestas del sábado 20 de septiembre, Samuel Rodríguez resultó herido al recibir un perdigón en la mano, según relató su compañera Mireya Carhuas a La República. La herida fue atendida en el momento por brigadistas que apoyaban la movilización. Sin embargo, la lesión se agravó: “Su ampolla estaba llena de agua. Le pusieron crema, pero creció mucho más”, contó Carhuas.

Amigos y allegados del joven señalaron que en las manifestaciones suele cumplir un rol de apoyo, especialmente en favor de las mujeres participantes. Su presencia en las marchas, explicaron, responde tanto a un compromiso personal como a la intención de proteger a quienes son más vulnerables frente a la violencia policial.

De acuerdo con el testimonio de Carhuas, durante los enfrentamientos del domingo 21 de septiembre un agente policial quedó herido en el suelo, y Samuel, junto a otras dos personas, acudió a auxiliarlo. “Samuel ayudó al policía, lo cargó en sus brazos y lo llevó donde estaban los demás efectivos porque él es así, una persona muy solidaria con todos. Incluso se enfrentó a los manifestantes”, relató.

Carhuas añadió que Rodríguez intentó defenderse de un agente que lo agredía. La testigo denunció que la represión fue desproporcionada y con un claro objetivo de amedrentamiento. “Era uno más que nos estaba reprimiendo y lastimando a todos. Esta vez la Policía ha tenido intención de aterrorizarnos”, expresó.

Poder Judicial admite a trámite recurso de apelación de Pedro Castillo para anular juicio oral por fallido golpe de Estado

El expresidente Pedro Castillo insistió en su pedido al Poder Judicial para que se anule el juicio oral que afronta por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El exmandatario presentó un recurso de apelación para revocar la resolución que emitió la jueza constitucional de Lima Ana Osorio, el último 25 de agosto, en la que declaró “improcedente” la demanda de habeas corpus de Castillo que buscaba la nulidad de la resolución que programó la instalación del juicio oral para el 4 de marzo de este año. Además, el expresidente pedía la nulidad de todo lo actuado en la etapa de juzgamiento a fin de que se nombre un nuevo colegiado supremo para que se avoque al conocimiento de este proceso.

Tras verificar que dicho recurso cumplió los requisitos exigidos por el código procesal constitucional, la magistrada resolvió el último 1 de septiembre «conceder con efecto suspensivo» esta apelación y remitirla a la Primera Sala Constitucional de Lima, instancia que si lo admite a trámite deberá convocar a una audiencia virtual para su evaluación con la participación de las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto en los próximos días.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos pidió 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo como su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública en agravio del estado y la sociedad.

La resolución apelada

La defensa legal del exmandatario presentó esta demanda de habeas corpus contra la Sala Penal Especial de la Corte Suprema por una vulneración del derecho a la libertad personal – debido proceso en la modalidad del derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y derecho a una defensa eficaz.
 
En el recurso se señala que el demandante considera que no va a ser juzgado por un tribunal imparcial, que es uno de los principios fundamentales del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva, ya que incluso han rechazado la recusación que se presentó contra la juez suprema Carbajal Chavez y pese a todo ello se ha instalado ilegalmente el juicio oral contra el actor.
 
No obstante, la jueza constitucional de Lima Ana Osorio determinó que en este caso se verifica que en ninguno de los extremos de la demanda de habeas corpus se acredita vulneración alguna contra el derecho fundamental a la libertad personal del favorecido, por lo que consideró al recurso como inestimable.
 
La magistrada a cargo del sexto juzgado constitucional de Lima precisa en su resolución emitida el último 25 de agosto, a la que tuvo acceso RPP, que los jueces demandados al momento de la instalación del juicio oral han garantizado el derecho de defensa del accionante, al no contar con abogado particular, asignándole un defensor público y otorgándole un tiempo razonable para que este parlamente con el mismo y pueda establecer su estrategia de defensa. 

“En consecuencia, la negativa del accionante a contar con un Defensor Público debe ser considerada como una estrategia legal, pues ha venido realizando un conjunto de acciones sistemáticamente con el fin de dilatar el desarrollo del juicio oral, situación que no se encuentra dentro del contenido constitucionalmente protegido del derecho a una defensa eficaz”, precisa la jueza Osorio en su resolución.

Congreso presenta moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez

El Congreso de la República ha presentado la moción de censura en contra del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, quien ocupa el cargo desde el 23 de agosto de 2025. Esta es la segunda moción de censura contra Santiváñez, quien previamente fue censurado como ministro de lnterior por el Legislativo.

Congreso presenta moción de censura contra Santiváñez

Según la moción de censura 19267 presentada este martes 23 de setiembre, el Congreso de la República presentó la moción de censura al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, por su falta de idoneidad en esta cartera. La moción ha sido firmada por congresistas de diversas bancadas, alcanzando las 35 firmas.

«Que atendiendo a las consideraciones precedentes, se evidencia que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha dejado de reunir las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad para encabezar un sector tan crucial como el de Justicia y Derechos Humanos», se lee en el comunicado. 

Juan José Santiváñez viene ocupando el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) desde el pasado 23 de agosto, cuando la presidenta de la República, Dina Boluarte, ratificó su confianza luego de haber ocupado el cargo de ministro del Interior.

La salida del extitular del Ministerio del Interior (Mininter) se sostuvo por su falta de idoneidad en el cargo, luego de mencionar que de no controlar la ola criminal en el país, el ponía a disposición la cartera del Interior. 

Ante la falta de resultados en contra de la criminalidad, el Congreso decidió censurarlo de este puesto el 21 de marzo de 2025, con 79 votos a favor, 11 en contra y 20 abstenciones. 

Tres semanas después de su salida del Mininter, la jefa de Estado decidió crear un nuevo puesto en el gobierno que fue ocupado por Santiváñez: jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, que ocupó desde abril hasta fines de agosto. Para finales de agosto, Boluarte volvió a incluirlo como parte de su gabinete.

Aprueban moción de censura contra ministro Santiváñez
Presentan moción de censura contra ministro Santiváñez

Congresistas de diversas bancadas firman moción de censura 

El pasado 17 de setiembre, la congresista Susel Paredes anunció en redes sociales que ya se habían reunido las firmas necesarias para oficializar la moción de censura contra el ministro de Justicia. En ese momento, Paredes indicó contar con las 33 firmas necesarias, no menos del 25% necesario. La moción de censura presentada hoy por el Congreso cuenta con dos firmas adicionales, contando finalmente con 35.

Según el documento presentado por el Congreso, Santiváñez no contaría con la idoneidad para ser ministro de Justicia y Derechos Humanos, en parte, por los actuales procesos judiciales que enfrenta como un posible tráfico de influencias en el Tribunal Constitucional.

Este presunto acto ilícito sería a favor del expolicía y patrocinado Miguel Salirrosas, alias ‘El Diablo’, junto al premier Eduardo Arana. «En la actualidad, enfrenta graves procesos judiciales que comprometen su idoneidad para ejercer el cargo», indica la moción de censura.