El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene el impedimento de salida del país por un plazo de 12 meses contra la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez, como parte del proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de Estado que protagonizo el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

El requerimiento fue hecho por la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos Rivera para asegurar la presencia de Chávez Chino en el juicio oral que afronta ante el Poder Judicial por este caso.

Este requerimiento fiscal fue remitido al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia, que deberá programar una audiencia para su evaluación con las partes procesales involucradas a fin de emitir una decisión al respecto.

El último 3 de setiembre, el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley ordenó que Betssy Chávez afronte bajo mandato de comparecencia con restricciones el proceso penal que se le sigue por su presunta participación en el fallido golpe de Estado.

El magistrado dispuso que Betssy Chávez cumpla las siguientes reglas de conducta: la obligación de no ausentarse de la localidad de Lima sin previa autorización judicial, que sea sometida a un control biométrico cada siete días, así como también la obligación de presentarse ante la autoridad judicial o fiscal en la hora y fecha que sea requerida para cualquier actuación del proceso.

Checkley Soria consideró que estas medidas restrictivas son idóneas, necesarias y proporcionales a fin de evitar el peligro procesal de fuga respecto a Betssy Chávez.

«Restricciones que resultan idóneas, en tanto permiten atenuar el peligro de fuga que se apreció al dictársele la prisión preventiva; necesarias porque no existe otra medida alternativa menos gravosa para sujetarla al proceso penal, y es una medida proporcional, porque considerando sus fines legítimos, permite asegurar la comparecencia al juicio oral, con una mínima afectación a la libertad personal», precisó el magistrado en su resolución.

Juan Carlos Checkley precisó que estás restricciones se deben cumplir bajo «apercibimiento» o «advertencia» que en caso de incumplimiento será revocada la medida de comparecencia impuesta a la exjefa del Gabinete Ministerial, conforme al artículo 287, inciso 3, del Código Procesal Penal.
 
De esta manera, el magistrado dio trámite a lo establecido en la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional en la que dejó a salvo su competencia para dictar las medidas necesarias para asegurar la presencia de Betssy Chávez en las diligencias judiciales relacionadas a dicho proceso penal tras anular la resolución judicial que emitió su despacho el 27 diciembre del 2024 en la que ordenó la prolongación del mandato de prisión preventiva que pesaba contra de la exjefa del Gabinete Ministerial por haber sido dictada fuera plazo establecido por la ley.

Betssy Chávez, quien permanece internada en una clínica local por prescripción médica, afronta un juicio oral junto al expresidente Pedro Castillo y otros por el fallido golpe de Estado por el cual el Ministerio Público pidió que se le imponga la penal de 25 años de prisión al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión.