Corte Suprema evaluará el 21 de agosto nuevo pedido de Pedro Castillo para cese de su prisión preventiva por fallido golpe de Estado

La Corte Suprema evaluará el jueves 21 de agosto el nuevo pedido del expresidente Pedro Castillo para que se ordene el cese del mandato de prisión preventiva que se le impuso por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 3:00 p. m., el juez supremo Juan Carlos Checkley analizará la solicitud que hizo el exmandatario para que se le permita afrontar en libertad el proceso penal que se le sigue por este caso.

La defensa legal del exjefe del Estado sostiene que, tras una exhaustiva investigación, se ha determinado que no hay suficientes elementos de convicción para sostener la prisión preventiva dictada contra su patrocinado en este proceso penal y que además no se cumplen los requisitos establecidos en la ley para mantener vigente esta medida restrictiva.

Checkley Soria escuchará este jueves los argumentos del expresidente Pedro Castillo, desde el Penal de Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate, donde está actualmente recluido, así como de su defensa legal y del representante del Ministerio Público asignado al caso, a fin de emitir una decisión respecto a este pedido de cese de prisión preventiva.

En la actualidad, este proceso penal se encuentra en la etapa de juicio oral en la que el Ministerio Público pidió que se imponga al exmandatario la pena de 34 años, a raíz de este caso.

Sobre Pedro Castillo también pesa un mandato de prisión preventiva como parte de la investigación preparatoria que afronta por los casos acumulados Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.

Ministro de Justicia dice que ley de amnistía «cierra una brecha de injusticia» para quienes «lucharon contra el terrorismo»

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, defendió la promulgación de la ley de amnistía, que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Comité de Autodefensa procesados o condenados por crímenes cometidos entre 1980 y 2000, y señaló que cumple con todo lo que pide la Constitución.

«Al emitirse esta ley se ha cumplido con todos los requisitos que señala nuestra Constitución Política y el Estado«, dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

«Consideramos que con la emisión de esta norma se cierra una brecha de injusticia que ha perseguido de manera irrazonable a muchas personas que lucharon contra el terrorismo y que nos han devuelto a la democracia», agregó.

Cada juez evaluará caso por caso si corresponde la amnistía

Como se recuerda, esta ley ha sido criticada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien en una entrevista calificó la norma de «absolutamente inconstitucional». Sin embargo, Alcántara sostuvo que el Poder Legislativo tiene la facultad de emitir normas y que la ley en cuestión cumple con las condiciones para su validez.

El ministro también expresó su pesar por la pérdida de vidas durante la época del terrorismo, pero enfatizó que los actos delictivos cometidos por algunos miembros de las fuerzas del orden no fueron parte de una política de Estado, sino acciones individuales que ya han sido sancionadas.

En cuanto a la posibilidad de que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alcántara aclaró que se está evaluando esta opción y que se ha formado una comisión en Cancillería para analizar el tema.

Finalmente, el ministro indicó que cada juez tendrá la responsabilidad de evaluar caso por caso para determinar si corresponde o no la amnistía, subrayando que la ley es general y no tiene nombres propios.

Martín Vizcarra comparte área común con Ollanta Humala en penal de Barbadillo, reveló su hermano

En entrevista con Exitosa, Mario Vizcarra se pronunció respecto a la situación penal que atraviesa su hermano Martín Vizcarra. Según indicó, el expresidente se encuentra compartiendo un área común con Ollanta Humala en el penal de Barbadillo. Además, señaló que aún no ha visto a Pedro Castillo.

«Pronto saldrá en libertad»

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Mario indicó que su hermano saldrá pronto en libertad, por lo que no tendrá tiempo para ver o mantener contacto con los otros exmandatarios que se encuentran en el establecimiento penitenciario, en referencia a Alejandro Toledo y Pedro Castillo.

«Él (Martín Vizcarra) comparte un área común con el expresidente (Ollanta) Humala. (¿Conversa con él?) No hay mucho con quién conversar. Aún no lo ha visto (a Castillo), es muy difícil no creo que vaya a verlo. Además, el periodo va a ser muy corto, no creo que tenga tiempo de ubicarlos», dijo a nuestro medio.

De tal modo, narró cómo fue la experiencia de haber asistido el primer día a visitar al expresidente, quien ya se encontraba en el penal de Barbadillo, en Ate. Según indicó, Martín Vizcarra mantenía una serenidad que quiso contagiar a sus familiares; ello a pesar de haber recibido prisión preventiva a pocas horas. «No es la primera vez que recibe golpes tan duros«, añadió.

HOY presentarán apelación

En tal sentido, Mario Vizcarra informó que este lunes 18 de agosto, la defensa del expresidente presentará la apelación a la orden de prisión preventiva impuesta contra el exmandatario por el plazo de cinco meses. Según precisó, existen «razones poderosas» para solicitar la excarcelación de Vizcarra Cornejo.

Hermano de Vizcarra dispuesto a ser candidato de Perú Primero, aunque dice que expresidente aún podría postular

El expresidente Martín Vizcarra cumple un mandato de 5 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo, luego de que, el último miércoles, el juez Jorge Chávez Tamariz considerara que existe un peligro procesal y de fuga, además de un comportamiento cuestionable del acusado, por lo que declaró fundado el pedido de la Fiscalía contra el exjefe de Estado.

Mario Vizcarra, hermano del también líder del partido Perú Primero, en entrevista con RPP, cuestionó el fallo del magistrado y dijo estar seguro que se revertirá. Además, indicó que el exmandatario aún puede postular a las Elecciones Generales 2026.

«El partido político Perú Primero, la familia y, como no, Mario Vizcarra como hermano, expresamos nuestro más profundo y decidido rechazo a esta detención arbitraria, abusiva, y no solamente ello, sino el argumento y la decisión del juez […] ya prácticamente lo está condenando, cuando solamente el tema debía circunscribirse a determinar si procedía o no una prisión preventiva», indicó.

«El tema de que pueda continuar en la política y la posibilidad de postular se mantiene totalmente vigente y más vigente que nunca. Porque esta prisión preventiva solamente es una perla más del gran rosario que significa una permanente persecución política, que se inicia el 2020 con la vacancia», aseveró.

En ese sentido, Mario Vizcarra hizo un llamado a la militancia de la referida organización política para que tenga «paciencia» de un próximo fallo favorable a su líder. No obstante, indicó que está dispuesto a presentarse a las elecciones de precandidatos presidenciales de Perú Primero.

«Claro que sí [postularía como precandidato] Estamos todavía dentro de los plazos en los cuales Martín va a estar en las condiciones de postular. Por eso yo quisiera, por favor, y hago un pedido a la gran militancia, que todavía no estemos en especulaciones. Lo que debemos hacer es mantenernos firmes, mantenernos serenos, sabiendo claramente, convencidos de que Martín, más temprano que tarde, volverá a asumir las riendas del partido», sostuvo.

«Hay ya muchos pedidos de hacer movilizaciones a nivel nacional. Nosotros pedimos calma, pedimos tranquilidad. Esto se va a solucionar en muy breve plazo. Un poco de paciencia que estamos muy optimistas», enfatizó. 

«Es venganza de los políticos a quienes Martín mandó al asilo prematuramente»

En otro momento, Mario Vizcarra consideró que su hermano está siendo objeto de una persecución política, en «venganza» del cierre del Congreso de 2019.

«Evidentemente, es venganza de los políticos a quienes Martín mandó al asilo prematuramente. Y en este Congreso, evidentemente, está muy bien representada la mafia política de nuestro Perú, y no están todos», refirió.

«Recordemos cómo es que se dio la vacancia, e inmediatamente comienzan las inhabilitaciones, tres inhabilitaciones, la última de ellas por cerrar el Congreso. ¿No recordamos acaso que cuando cierra el Congreso en septiembre del 2019, prácticamente fue una fiesta nacional? ¿No recordamos acaso cómo salió la gente a apoyar el cierre del Congreso? Un Congreso tan mafioso como el de ahora, un Congreso que tiene el 2 % en estos momentos. En ese entonces, frisaba el 6 o 7% de aceptación», agregó.

Asimismo, cuestionó el fallo del juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional al indicar que alegó falta de arraigo familiar cuando, según dijo, esto no había sido estipulado por el fiscal a cargo de la acusación.

«En el tema de la prisión preventiva, uno de los puntos que la justificaron era que no tenía arraigo familiar. No voy a entrar en detalles, no compete, pero sí voy a decirle que ese tema no fue cuestionado por el fiscal. No fue introducido en su alegato solicitando prisión preventiva. ¿Y de qué momento el juez dice ‘le doy prisión preventiva porque no tiene arraigo familiar’? Si no estaba en discusión si tenía o no tenía arraigo familiar», cuestionó.

¿Es justo, es legal que un juez introduzca un tema que la propia fiscalía no lo había tomado en cuenta? No nos hemos dado cuenta de que, terminados los alegatos, al minuto el juez comenzó a leer más de hora y media, con cuadros comparativos […], determinando la prisión preventiva de Vizcarra. ¿No es costumbre que después de terminar los alegatos se tomen algunas horas y a veces días para la determinación final? En este caso no fue así, leyó más de hora y media justificando la prisión preventiva», añadió. 

Finalmente, Mario Vizcarra dijo que su hermano, la noche anterior a la decisión judicial, grabó un video que subió a redes sociales informando que estaría en prisión preventiva porque «ya se había filtrado la información de que la decisión del juez era otorgarle prisión preventiva». 

JNJ: Expedientes sobre Keiko Fujimori y Patricia Benavides figuran entre los 1.200 archivos desaparecidos

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentra en el centro de un nuevo escándalo tras la desaparición de más de 1.200 expedientes digitales, entre los que se encontraban casos que involucraban a Keiko Fujimori, la fiscal suprema Patricia Benavides y magistrados vinculados a la red de los Cuellos Blancos. Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, los documentos fueron borrados de manera premeditada y desde dentro de la propia institución.

El hecho se conoció luego de que un trabajador de la Dirección de Procesos Disciplinarios alertara, el 2 de agosto, que buena parte de la documentación virtual había desaparecido del Sistema de Gestión Documental de la JNJ. Aunque en un inicio se habló de una falla técnica, pronto se descubrió que la carpeta temporal en la que se almacenaban los archivos había sido manipulada por una cuenta con acceso total.

De acuerdo con la investigación del semanario, la hipótesis de un ataque externo perdió fuerza rápidamente. Las indagaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional concluyeron que el borrado se ejecutó desde adentro, con las credenciales necesarias para mover o eliminar archivos sin dejar huella.

La desaparición de los expedientes afecta a denuncias de alto perfil: la jefa del Reniec, Carmen Velarde, por el caso de firmas falsas; la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; el fiscal José Domingo Pérez; y la propia Patricia Benavides, recientemente reincorporada a la Fiscalía. La magnitud de la pérdida refuerza la sospecha de que se trató de una acción deliberada para proteger a figuras con poder judicial y político.

Expedientes clave y sospechas de encubrimiento

Entre los archivos desaparecidos se encuentran procedimientos disciplinarios iniciados desde enero de 2025, muchos de ellos con alto interés público y relevancia histórica. Destaca la denuncia contra Carmen Velarde, jefa del Reniec, por las firmas falsas presentadas por partidos políticos ante el Jurado Nacional de Elecciones. También se incluyen casos relacionados con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y el fiscal José Domingo Pérez, uno de los protagonistas en el juicio contra Keiko Fujimori.

La lista también comprende expedientes vinculados a Patricia Benavides y a jueces relacionados con la red de los Cuellos Blancos del Puerto, considerada la mayor trama de corrupción judicial en el Perú. Aunque la potestad disciplinaria de la JNJ sobre estos funcionarios prescribió en 2023, los documentos seguían siendo piezas relevantes como prueba en otras instancias.

La selección de lo desaparecido refuerza la hipótesis de un borrado intencional. Según fuentes policiales citadas por el semanario, el patrón muestra que se eliminaron expedientes que podían tener consecuencias para personajes con vínculos políticos y judiciales, dejando en evidencia un acto que va más allá de un simple descuido administrativo.

Una JNJ cuestionada en medio de la crisis política

El hallazgo se da en un momento en que la JNJ atraviesa una crisis de legitimidad. Su presidente, Gino Ríos Patio, sentenciado por violencia familiar, es señalado por actuar como operador político antes que como garante de la idoneidad de jueces y fiscales. En lo que va del año, las resoluciones del organismo han beneficiado a magistrados cuestionados, en lugar de reforzar la disciplina en el sistema judicial.

El caso de Patricia Benavides es emblemático. Pese a las investigaciones que enfrenta por presunta organización criminal y obstrucción a la justicia, la JNJ ordenó su reincorporación a la Fiscalía de la Nación. Ante la demora de la fiscal Delia Espinoza en ejecutar la medida, la Junta incluso abrió un proceso preliminar en su contra. Finalmente, Benavides recuperó un despacho clave, con procesos de alto nivel bajo su control.

Este panorama se agrava con la reciente aprobación de una ley de amnistía firmada por Dina Boluarte, que beneficia a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos. Para diversos sectores, la concatenación de hechos —expedientes desaparecidos, reincorporaciones exprés y archivos de denuncias— evidencia un patrón de impunidad en el que la justicia ya no se ausenta, sino que cambia de bando.

Dina Boluarte: primo de la presidenta evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería

Latina Noticias reveló que el hijo mayor de la presidenta Dina Boluarte, David Eduardo Gómez Boluarte, fue promovido de tercer a segundo secretario del servicio diplomático en la Representación Permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York. Además, se conoció que fue evaluado por un comité que incluía a un familiar de la mandataria. Dicha resolución fue publicada el último 8 de agosto.

De acuerdo con la investigación de Latina, el comité encargado de evaluar a Gómez Boluarte estuvo conformado por funcionarios designados por el canciller Elmer Schialer. Entre ellos figuró Luis Alberto Campana Boluarte, primo de la jefa de Estado, quien participó en la decisión que permitió el ascenso de su sobrino en la Cancillería.

Con este ascenso, el hijo de la presidenta percibirá un salario superior a los 6 mil soles mensuales, además de bonificaciones y beneficios asociados al cargo. Es importante resaltar que en noviembre de 2022 fue la propia mandataria quien le entregó el diploma de incorporación al servicio diplomático y que, un año después, fue destacado en la misión peruana ante la ONU.

Hijo mayor de Dina Boluarte es diplomático del Perú ante la ONU en Nueva York

Cabe recordar que el pasado 27 de noviembre, mediante una resolución ministerial firmada por el canciller Elmer Schialer, se oficializó la designación de David Eduardo Gómez Boluarte, hijo mayor de la presidenta Dina Boluarte, como tercer secretario del servicio diplomático en la Representación Permanente del Perú ante la ONU en Nueva York.

En dicho documento se precisaba que aún no se habían definido las fechas para que los funcionarios asuman funciones, lo cual se establecería posteriormente a través de una resolución viceministerial, con los gastos cubiertos por el pliego presupuestal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En cuanto a Gómez, el joven economista culminó sus estudios en la Academia Diplomática del Perú ‘Javier Pérez de Cuéllar’, de la que egresó en 2022. Ese año formó parte de la clausura académica junto a sus compañeros de la promoción N. 60, denominada Embajador José Manuel Domingo Boza Orozco.