Betssy Chávez denunció, con voz entrecortada, “tratos humillantes” en penal Anexo Mujeres: abandonó audiencia

La expremier Betssy Chávez denunció “tratos humillantes” en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde cumple su prisión preventiva, durante la audiencia que se le sigue al expresidente Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Luego de pasado el tiempo de acreditación de los participantes en este proceso, la exministra señaló que el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no la trasladó a una clínica para el tratamiento de su gastritis aguda progresiva, resaltando que tenía orden del Poder Judicial.

En eso, la exintegrante del Gabinete Ministerial sostuvo que ha sido sometida a tratos humillantes antes de su traslado al Penal de Barbadillo, lugar donde se lleva las audiencias en este caso.

“Debo indicar que esta semana, sobre todo esta semana que debería de haber sido un poco más de descanso, he estado sometida a tratos humillantes en el establecimiento penitenciario. El día de hoy se me ha hecho la revisión de la maleta de documentos que traigo todas las sesiones de manera pública dentro del pabellón y ese hecho nunca se había registrado”, indicó Chávez en un primer momento.

Seguidamente, la exfuncionaria pidió que la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía tomen cartas en el asunto que denuncia ante la Sala.

“Se habla de los derechos subsistentes del interno y nos dice que está prohibida toda discriminación racial, social, política, religiosa, económica, cultural o de cualquier otra índole. Lo que el día de hoy se me ha hecho a mí de manera pública, en una revisión delante de todas las internas, es un trato humillante. Y yo les pido…”, culminó su participación con la voz desquebrajada.

Es en ese sentido que Betssy Chávez abandonó momentáneamente la audiencia y le pidió a su abogado Luis Barranzuela que continúe con la intervención.

BETSSY CHÁVEZ DENUNCIÓ TRATOS HUMILLANTES EN PENAL ANEXO MUJERES

JUECES RESPONDEN A LA DENUNCIA DE BETSSY CHÁVEZ

Tras el regreso a la audiencia de la exministra, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema pidió un informe urgente al Penal Anexo Mujeres por lo denunciado por Betssy Chávez.

“Ella está premunida de la presunción de inocencia privada de su libertad y tiene todos los derechos adicionales al respecto. Sin perjuicio de las acciones que el Ministerio Público pueda tomar”, mencionó la jueza Norma Carbajal.

Gonzáles denuncia que se ha «forzado» sesión de la Comisión de Energía y Minas para aprobar dictamen de Ley MAPE

La congresista Diana Gonzáles (Avanza País), vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, en dialogo con RPP, denunció que el presidente de dicho grupo de trabajo, Paul Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), habría convocado «sin firma» a una sesión extraordinaria para tratar la aprobación del dictamen de la Ley que Regula el Régimen Especial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal o también llamada Ley MAPE.

La parlamentaria indicó que el debate y votación del referido dictamen recién fue incorporado en agenda ayer, lunes, «a las 5 pm.», pues, según señaló, originalmente solo estaba previsto recibir a los ministros de Energía y Minas, Economía, Cultura y Ambiente, quienes expondrían sobre los alcances de la referida propuesta.

«No solo es una convocatoria sin la firma del presidente. Ayer, a las 5 pm., le dio la gana de incluir en la agenda el dictamen y votación de la Ley MAPE, porque la convocatoria inicial indicaba ‘invitación a cuatro señores ministros para que se pronuncien sobre la materia’», indicó.

«Hemos recibido una convocatoria y una agenda sin la firma del presidente de la comisión, lo que evidencia improvisación, nuevamente un intento apresurado por forzar una sesión extraordinaria que sólo busca atender la presión de un grupo de mineros que, claramente, no tienen la voluntad, no han tenido el más mínimo interés de formalizarse. Y así lo demuestra su nueva exigencia: un Reinfo sin condiciones», agregó.

La legisladora resaltó que dicho punto de agenda se incluyó pese a que, en una sesión anterior, se aprobó por mayoría que el tema recién sea abordado en la próxima legislatura.

«Resulta que el señor, ayer, a las 5 pm., nos comunica que va a poner el dictamen y someterlo a votación cuando existe una cuestión previa, aprobada por mayoría abrumadora, para que este tema se vea en la siguiente legislatura», acotó.

«[Esto] es totalmente nocivo para el país, resulta preocupante el inusitado interés del presidente [de la comisión] por aprobar un dictamen que, en lugar de combatir la ilegalidad, termina legitimándola. No se puede gobernar cediendo a la presión de quienes se niegan precisamente a formalizarse. El país necesita reglas claras, el país necesita liderazgo firme, no atajos que socavan el estado de derecho», agregó. 

Ruth Luque: Dictamen de Ley MAPE tiene 23 observaciones 

Por su parte, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), en diálogo con nuestro medio, también criticó el proceder del presidente de la Comisión de Energía y Minas, lo que calificó como una «vulneración a un acuerdo» del grupo de trabajo que preside.

«Solo quiero recordar que en esta sesión que ha hecho mención la congresista Diana González, se aprobó una cuestión previa para que esto quede para el siguiente periodo. Pero el presidente, el congresista Paul Gutiérrez, ha decidido darle otra interpretación al acuerdo. Y eso es una afectación, una vulneración a un acuerdo que la mayoría de miembros realizó a raíz de una cuestión previa presentada», indicó.

«Lo importante aquí es entender que hay intereses que se mezclan con un contexto electoral y eso me parece nefasto en un momento en el cual tendríamos que ofrecerle al país una ley que privilegie y equilibre, de manera adecuada, los temas de impacto ambiental, formalización y una adecuada regulación de una actividad que se está desarrollando en distintos lugares del país, pero que hoy ciertos políticos y congresistas, creo que urgidos por quedar bien con este sector, en este contexto electoral, empiezan a ofrecer como lo que estamos viendo con esta sesión de la Comisión de Energía y Minas», añadió.

Además, Luque Ibarra señaló que el dictamen referido a la Ley MAPE ha tenido 23 observaciones, siendo una de ellas que fue formulado sin escuchar a las comunidades indígenas, en cuyos territorios hay actividad minera.

«Yo y otros congresistas hemos presentado 23 observaciones al dictamen. Yo he venido participando, haciendo llegar varios pedidos de manera escrita al grupo de trabajo que el congresista Paúl Gutiérrez desarrolló, y yo tengo todos los documentos», aseveró.

«Una de las observaciones es que este dictamen no ha recogido la opinión de otro sector importante, que son las poblaciones indígenas. Este dictamen recoge en parte la expectativa del sector minero que hoy está en la avenida Abancay, pero esta actividad se desarrolla en zonas de comunidades campesinas y en territorios de pueblos indígenas. Y ahí hay contaminación. Esa es una de las principales observaciones que hemos desarrollado», señaló. 

Por ello, la legisladora consideró que el dictamen «no tiene un peso adecuado con relación al tema de instrumentos de gestión ambiental».

«Tanto así que incluso entre uno de los requisitos para el inicio de estas operaciones se pide que sólo se presente una declaración jurada de inexistencia de restos arqueológicos en el área de intervención. Eso es absurdo», puntualizó.

Boluarte dice que responderá a la prensa «siempre y cuando» sea sobre «temas de interés nacional y no de interés personal»

La presidenta de la república Dina Boluarte encabezó una conferencia de prensa este domingo en Palacio de Gobierno. Tras más de 200 días de no responder ante los medios de comunicación, la jefa de Estado convocó a los periodistas para dar detalles respecto al proceso de formalización minera a través del Reinfo, el cual fue extendido hasta el 31 de diciembre de este año.

No obstante, la mandataria fue consultada sobre temas de interés público, como las presuntas cirugías estéticas a las que se habría sometido y que habrían implicado un supuesto abandono del cargo, lo cual viene siendo investigado por la Fiscalía; o el reciente incremento del sueldo presidencial a través de un decreto supremo suscrito por ella misma.

Ante ello, Boluarte anunció que sus respuestas a esos temas las daría tras las preguntas que estuvieran relacionadas con el tema de la formalización minera. 

«Pregunto a los [medios si] las otras dos preguntas si es que son sobre el tema que hoy nos hemos convocado, y si no es así y van a ser preguntas más de tono mediático, sino para empezar a contestar […] Con eso estaríamos abreviando el tema también», señaló.

En ese sentido, la jefa de Estado indicó que, «por esta única vez», respondería por temas que, a su parecer, estaban «fuera de contexto». Además, remarcó que, «en adelante», solo hablaría con la prensa sobre «temas de interés nacional y no de interés personal».

«En principio, creo que el primer deber que tienen las autoridades, y en este caso la presidenta de la República, es comunicar al pueblo peruano sobre el trabajo que venimos realizando. En consecuencia, como presidenta de la República no he dejado de comunicarme con el pueblo peruano. Hemos viajado al interior del país para […] inaugurar muchas obras en las que estamos concentrados como gobierno y eso es lo que he venido haciendo», señaló.

«Si bien es cierto que no me he comunicado con la prensa, también quiero aclarar al pueblo peruano: la presidenta se va a comunicar con la prensa siempre y cuando, como hoy, nos convoque temas de interés nacional y no temas de interés personal, como ha sido el tema de mi salud, [del que] ya han generado cincuenta mil leyendas. Inclusive le quieren dar carácter de perito al médico tratante», resaltó.

La mandataria agregó: «En consecuencia, en adelante, si es que la prensa quiera comunicarse con la presidenta de la República para ver temas de interés nacional, yo encantada de comunicarme con ustedes a través de los micrófonos con el pueblo peruano».

¿Qué respondió la presidenta sobre el incremento de su sueldo y las cirugías a las que se habría sometido?

La presidenta Boluarte dijo que el aumento de su sueldo, que pasó de 15 mil 600 soles a 35 mil 568 soles mensuales, se hizo en el marco de lo que estipula la Ley del Servicio Civil o Ley Servir, porque «nadie está al margen de la ley».

«Debo aclarar, como presidenta de la república, que hace más de doce años existe el régimen de servicio civil, al cual todos los funcionarios y trabajadores del Estado deben de dar el paso para que podamos unificar la fuerza laboral en un solo programa, porque tenemos la Ley 276, tenemos la 728, tenemos CAS, tenemos la Ley de la Policía, tenemos la ley de los maestros, tenemos la ley de los diplomáticos. Hay un cambalache de leyes y todos somos funcionarios del Estado», indicó. 

«Lo que ha hecho el programa Servir es ir invitando a varios estamentos del Estado para que puedan incorporarse al programa Servir, donde se tenga que ver, primero, las evaluaciones constantes, donde se ve […] la calidad de la remuneración. Nosotros, como despacho presidencial, como ya dijimos, nadie está al margen de la ley, estamos cumpliendo con el programa Servir y, más bien, invitamos a los demás ministerios, gobiernos regionales, demás instituciones [a que] podamos trabajar y unificar en un solo programa la fuerza laboral peruana», agregó.

Cabe resaltar que, en una reciente entrevista para Canal NGuillermo Valdivieso, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), indicó que el sueldo presidencial «es un aspecto que le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)».

“En realidad hay que hacer una precisión y creo que no se ha entendido bien lo señalado por el señor ministro de Economía y Finanzas. El acuerdo del Consejo Directivo de Servir es con respecto a la aprobación del cuadro de puestos de la entidad. Servir tiene que determinar cuántas posiciones debe tener una entidad pública, cuántas personas debe de tener y cuáles son los montos remunerativos, con excepción del monto del puesto de Presidente de la República. Ese es un aspecto que le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas determinar cuando se aprueba”, sostuvo.

En lo que respecta a las presuntas cirugías estéticas, Boluarte dijo que el tema estaba «en el ámbito de la Fiscalía» y criticó a la fiscal de la nación Delia Espinoza por las denuncias constitucionales que presentó en su contra ante el Congreso.

«Respecto a la pregunta de mi tratamiento médico, que le han denominado ‘la cirugía estética’, yo quiero poner en contexto lo siguiente: estaba en el ámbito de la fiscalía, y yo no entiendo por qué la desesperación de la señora fiscal [de la nación], que ha enviado, al por mayor, las denuncias al Congreso de la República, aun cuando tenía más de un mes, porque todavía vencía el plazo en el mes de agosto, para que pueda seguir investigando, verificando. Pero, aun así, cuando nosotros de parte, porque al parecer, ya en el término del derecho penal, se ha invertido el asunto [y] la carga de la prueba ya no la tiene la fiscalía, sino los denunciados», sostuvo.

«Hemos ido con toda la carga de la prueba, hemos demostrado nuestra inocencia. Sin embargo, no esperó su plazo, lo trasladó al Congreso, y el Congreso, en la próxima legislatura porque ya termina esta, y ya en los tiempos que corresponde el reglamento del Congreso, seguramente lo estarán programando para la próxima legislatura», añadió.

Tras responder sobre ese último tema, la presidenta anunció: «Quiero dar por concluida nuestra conferencia de prensa».

El Congreso maneja S/ 1.413 millones, más presupuesto que lo destinado para los programas sociales de los más pobres

El Congreso de la República maneja este año un presupuesto histórico en su etapa unicameral: S/1.413 millones. De esa millonaria cifra, S/923 millones son para gastos en su personal y, según un informe de la Oficina de Planeamiento, S/270 millones para implementar su ansiada bicameralidad. La mayor parte es para su planilla y sus proyectos y adquisiciones.

Comparado con los programas sociales, instituciones del sistema de salud, judicial y electoral, y algunos ministerios, existe una diferencia notoria con el presupuesto que maneja el Congreso este año.

De acuerdo con el portal de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Estado peruano destina menos recursos a los programas Cuna Más y Juntos, por S/1.038.581.606 y S/1.119.091.440, respectivamente.

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) también maneja menos presupuesto, con S/339.613.337.

Comparado con el sector salud

Y comparado con el sistema de salud pública, la diferencia es aún más notoria.

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), que tiene como finalidad la atención de pacientes que padecen cáncer, recibió un presupuesto de S/555.751.569, menos de la mitad de los recursos del Parlamento.

Se debe indicar que el año pasado fueron reportados más de 3.400 nuevos casos de cáncer en el sistema de salud pública.

El Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal), que financia el tratamiento de enfermedades raras o huérfanas, tiene un presupuesto de S/715.211.902 este año.

El Instituto Nacional de Salud (INS), encargado de la investigación para mejorar la atención en el sistema de salud, tiene menos que la cuarta parte del presupuesto del Congreso: S/69.198.710.

La educación y el deporte

No solo estas instituciones del sector salud son superadas por el Parlamento en el tema de presupuesto, ya que lo mismo sucede con programas en educación y deporte.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) tiene para este año S/411.832.499, menos de la tercera parte del presupuesto congresal.

La diferencia es mayor cuando se compara con el Programa de Dotación de Materiales Educativos, que tiene como objetivo asegurar que las instituciones educativas cuenten con recursos necesarios para el aprendizaje de los escolares.

Dicho programa cuenta con apenas S/97.185.198 para la atención escolar este año.

Sistema electoral y judicial

Los organismos electorales también son ampliamente superados.

El presupuesto anual del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es de S/140.606,77, justo en un año en que se inicia la carrera electoral y a meses de que se realicen las elecciones internas en los partidos políticos y comiencen los procesos de tachas y exclusión de candidatos.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispone de S/476.801.596 y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) tiene S/ 523.229.481 para todo el año.

Las instituciones del sistema judicial también son superadas.

Por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuenta solo con S/ 45.640.411 y el Tribunal Constitucional (TC) con S/ 55.535.680.

¿Cuál es el costo-beneficio?

La politóloga de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) Marisol Vargas considera que el presupuesto del Congreso en comparación con los programas sociales e instituciones no es justificable. “No hay ningún sustento técnico y político, si nos ponemos a ver la relación costo–beneficio con la efectividad de su trabajo. Es un gasto exagerado que no se condice ni con sostenibilidad ni impacto en su labores y funciones de cara a la ciudadanía”.

“En un país donde la gente muere por enfermedades que son prevenibles, esto es impensable. Estamos hablando de un Congreso de la República que supera en casi S/500 millones a Juntos, que es un programa que tiene serias carencias y que da dinero cada dos meses a personas que están en pobreza extrema”, señala.

La politóloga alerta de que hay que mirar con cuidado el tema presupuestario del Congreso porque puede ser trabajado por intereses políticos de cara al retorno a la bicameralidad.

Así se gestó el presupuesto

La ley de presupuesto general de la República es aprobada por el Congreso en el segundo semestre. El año pasado, el Ejecutivo presentó el proyecto y planteó que el Parlamento tenga S/ 800 millones para el 2025. Sin embargo, la Mesa Directiva, que preside Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), aprobó que el Parlamento tenga S/600 millones más.

La Comisión de Presupuesto, presidida por su colega de bancada Lady Camones, dio luz verde al pedido y luego el Pleno aprobó el proyecto.

El costo de la bicameralidad

De acuerdo con esta reforma constitucional, el presupuesto del Congreso no debe pasar del 0,6% del presupuesto general de la República.

Actualmente, ese presupuesto general es de S/264.000 millones. Los fondos públicos del Congreso, que llegan a S/1.423 millones, equivalen al 0,56% del total. Es decir que el Congreso está al borde de superar su tope, pese a que todavía sigue siendo unicameral.

Y es evidente que esta regla puede ser superada. En 2026 habrá 130 diputados y 60 senadores, con un ejército de asesores y, además, para eso el Parlamento busca implementar nuevas instalaciones.

El 5 de diciembre, el Pleno aprobó una ley para que en 2031 haya más de 237 congresistas —158 diputados y 79 senadores—. La propuesta fue impulsada desde la Comisión de Constitución, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi.

En los últimos 24 años, el presupuesto del Congreso se quintuplicó de S/282 millones a S/1.413 millones.

Se trata de una institución que tiene 3.600 trabajadores y que con la bicameralidad el número aumentará. Mientras eso pasa, los programas sociales se las arreglan con el presupuesto inferior que reciben.

Es este Congreso con un millonario presupuesto el que sostiene a la presidenta que esta semana se fijó un sueldo de S/35.568.

 Congreso maneja más presupuesto que programas sociales, instituciones y ministerios.

Dina Boluarte: 70% de investigaciones por represión en protestas contra su Gobierno se encuentran en fase preparatoria

Una vez más, Dina Boluarte estaría en la mira de la Fiscalía. A través de un comunicado emitido el último 4 de julio, el Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) — ocurridas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023 contra su Gobierno — informó que el 70% de las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público ya se encuentran en la fase preparatoria; es decir, en la etapa en la que el fiscal recaba pruebas suficientes para acusar a alguien de un supuesto delito.

En detalle, 42 de las 61 investigaciones en curso ya cuenta con imputados, delitos y hecho concretos. Asimismo, el equipo fiscal de Lima 1 ya presentó dos acusaciones ante el Poder Judicial en las que las audiencias de control estuvieron programadas para el 2 y 10 de julio.

Es preciso resaltar que durante las protestas contra el Gobierno de Boluarte se reportaron más de 50 fallecidos y cientos de heridos en diversos departamentos del Perú. En mayo de este año la Fiscalía presentó una denuncia constitucional contra la mandataria por los presuntos delitos de lesiones graves.

En tanto, el Ministerio Público informó que, en enero de este año, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tuvo una reunión de trabajo con la Organización Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023 con el fin de «reafirmar el compromiso de continuar con estas diligencias a nivel nacional».

 Delia Espinoza Valenzuela EB reunión de trabajo con la Organización Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023. Foto: Fiscalía

Delia Espinoza Valenzuela EB reunión de trabajo con la Organización Nacional de Mártires y Víctimas 2022-2023. Foto: Fiscalía

Además, la Fiscalía precisó que los casos que se encuentran en investigación son en PunoArequipaApurímacAyacuchoJunín y Lima. De estos, 5 están en etapa de calificación, 14 en investigación preliminar.

En Ayacucho, Trujillo y Cusco se presentarán acusaciones fiscales

En esa misma línea, el Ministerio Público informó que el equipo fiscal de Ayacucho también presentará tres acusaciones fiscales contra los responsables de esta represión a ciudadanos que ejercían su derecho a protesta.

En ese sentido, se detalló que en por el caso Huanta, en el cual se registraron 2 víctimas, se presentará una acusación. Ello también alcanza al caso Wanchaq-Cusco, en el que se reportó 30 víctimas, y en octubre por el caso Trujillo, en el que se registró 38 víctimas.

Durante las investigaciones realizadas, cuenta la Fiscalía, se desplegaron peritos antropológicos, toma de declaraciones de ciudadanos en zonas alejadas, recojo de historias clínicas, y la incorporación del Ministerio del Interior (Mininter) como tercero civil responsable, así como a altos mandos policiales.

Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes en protestas

En mayo de este año, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso, en relación con las muertes que se produjeron durante las protestas de 2022 y 2023. Esta acusación, a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, también incluye a los ex primeros ministros Pedro Angulo Arana y Luis Alberto Otárola, así como a los exministros César Cervantes, Jorge Chávez Cresta, Víctor Rojas y Vicente Romero.

De acuerdo con el Ministerio Público, los eventos bajo investigación ocurrieron en Apurímac, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima Metropolitana, donde se habría utilizado la fuerza policial y militar de manera excesiva y desproporcionada.

Dina Boluarte invita a formalizarse a mineros con Reinfo suspendido

El Gobierno dio marcha atrás. Pese a haber anulado el viernes 4 de julio unas 50,000 inscripciones vencidas en el Reinfo, la presidenta Dina Boluarte invitó ayer a ese grupo de mineros informales a reincorporarse al proceso de formalización.

El 29 de junio, el Decreto Supremo N.º 012-2025 amplió el Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2025 y dispuso la exclusión del proceso de quienes tenían su inscripción vencida por más de un año. Cinco días después, una resolución ministerial confirmó que se trataba de las mencionadas 50,000 inscripciones, las cuales quedaban sin efecto.

LOS INVITA A FORMALIZARSE

En conferencia de prensa, Boluarte aseguró que detrás de esas 50,000 inscripciones vencidas había un grupo de mil a mil quinientas personas que actuaban con fines ilícitos, pero aun así les abrió la posibilidad de formalizarse.

“A ellos, los mil o mil quinientos ciudadanos, les decimos también: incorpórense a esta formalización de minería legal, que junta los parámetros ambientales, de una minería que respete el agua y el medioambiente, y de una minería que respete a la vida. No vamos a esperar que ocurran más situaciones como Pataz”, añadió.

EVITAR UNA MASACRE

El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE), Carlos Gálvez, sostuvo que esta “contramarcha” de la presidenta tendría como objetivo evitar una posible “masacre”, en medio de los bloqueos en el sur del país y la advertencia de la Policía sobre un presunto intento de toma del Congreso por parte de Confemin, aunque el gremio lo niega.

En contraste, el especialista en temas mineros Iván Arenas sostiene lo contrario: “Los 50,000 mineros con el Reinfo suspendido ya no pueden acogerse al proceso de formalización”.

LEY MAPE

De otro lado, el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez, dijo a este diario que para mañana martes ha convocado a una sesión extraordinaria para debatir y aprobar el dictamen de Ley MAPE, que propone prorrogar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) con el nombre de Registro Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Renapma), e incluir la servidumbre minera para revertir concesiones inactivas.

Para Gálvez, el dictamen debería ser rechazado. La alerta está dada.