Dina Boluarte asegura que se quedará hasta el 28 de julio de 2026 tras pedido de vacancia: “Hasta quemar el último cartucho”

La respuesta de Dina Boluarte no se hizo esperar. Luego de que la Comisión de Fiscalización recomendara su vacancia por presuntamente encubrir a Vladimir Cerrón mediante el uso indebido del vehículo presidencial (caso cofre), la jefa de Estado aseguró, durante un evento por el Día de la Bandera, que se mantendrá en el cargo hasta el 28 de julio de 2026.

“Reitero hoy nuestro compromiso de continuar trabajando con todas nuestras fuerzas hasta el 28 de julio de 2026 en defensa de la democracia, hasta quemar el último cartucho”, manifestó.

A pocos días de que el gabinete encabezado por Eduardo Arana solicite el voto de confianza en el Congreso, Dina Boluarte hizo un llamado a las agrupaciones políticas, al sector privado y a la sociedad en general a mantener la unidad para promover el desarrollo del país.

“Hoy llamo a todas las fuerzas políticas, al sector privado, a la sociedad civil y a la población en general a mantener la unidad y construir juntos los cimientos de un Perú al que nadie pueda detener”, indicó.

Durante su discurso, la jefa de Estado también se pronunció sobre la crisis de inseguridad que atraviesa el país y sostuvo que no debe existir “cálculo político”. “Enemigos a los cuales debemos enfrentar en unidad, sin egoísmos ni cálculo político”, expresó Boluarte desde la Plaza de la Bandera, como parte de la conmemoración del 145.º aniversario de la Batalla de Arica.

Dina Boluarte: Comisión de Fiscalización recomienda evaluar vacancia a presidenta

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó el informe final contra la presidenta Dina Boluarte, relacionado con el denominado caso Cofre. La iniciativa obtuvo 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

El informe final recomienda la evaluación de una posible vacancia por incapacidad moral permanente contra la mandataria Boluarte, el otorgamiento de facultades de comisión investigadora, así como la evaluación de una posible infracción penal para al menos nueve personas —entre ellas el exministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez, el general PNP Víctor José Zanabria Angulo y Óscar Arriola Delgado—, por la presunta fuga de Vladimir Cerrón.

JNE confirmó desafiliación de Martín Vizcarra de su partido Perú Primero

Este viernes 6 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundado el recurso que presentó el partido Perú Primero para mantener a Martín Vizcarra como parte de su agrupación. En otras palabras, el JNE confirmó que el expresidente ya no pertenece a ese partido.

La decisión se tomó en audiencia pública y fue publicada en el portal oficial del organismo electoral. Aunque la resolución detallada todavía no ha sido publicada, ya se conoce que el fallo fue a favor de mantener su desafiliación.

¿Por qué se desafilia a Vizcarra?

La razón principal es que Martín Vizcarra está inhabilitado por el Congreso para ejercer cargos públicos. Esta condición impide, según la normativa electoral, que forme parte activa de una organización política.

Hay dos inhabilitaciones que lo afectan directamente:

En abril de 2021, por presuntas irregularidades cuando fue gobernador de Moquegua.

En mayo de 2022, por relaciones indebidas con empresas privadas mientras era ministro de Transportes.

Ambas resoluciones del Congreso fueron ejecutadas por el JNE a través de su Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (DNROP), lo que llevó a la desafiliación automática.

¿Qué dijo Perú Primero y por qué apelaron?

El partido Perú Primero, que lideraba Vizcarra, presentó una apelación para anular su desafiliación, alegando que esta medida era injustificada. Sin embargo, el JNE consideró que la desafiliación sí correspondía por las inhabilitaciones vigentes emitidas por el Congreso.

Por ello, el fallo fue declarado infundado. Esto significa que no hay marcha atrás y Martín Vizcarra no podrá seguir afiliado a ese partido ni participar en su vida interna.

Fiscalía de la Nación presenta demanda ante el TC contra ley que penaliza a menores de 16 y 17 años

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 32330 que penaliza a los adolescentes de 16 y 17 años. La medida, que es respaldada por el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte, fue calificada por Espinoza como una amenaza a los derechos fundamentales de los adolescentes y a la autonomía del sistema de justicia.

Esta ley busca modificar el Código Penal para permitir que los adolescentes de 16 y 17 años sean procesados penalmente como adultos cuando cometan delitos graves.

El Tribunal Constitucional deberá evaluar si la norma se ajusta a la Carta Magna. Ante esto, el TC tiene 3 posibles resoluciones: declarar la ley inconstitucional total o parcialmente, validarla como constitucional, o establecer criterios de interpretación que limiten su aplicación y garanticen el debido proceso para los adolescentes implicados.

Delia Espinoza: «Es el camino equivocado»

En mayo pasado, durante el aniversario 44° del Ministerio Público, Delia Espinoza, expresó su rechazo ante la ley y había comentado que la Fiscalía estaba evaluando las acciones legales que adoptarían para revertir su vigencia. Espinoza señaló que no era el camino correcto para combatir la creciente ola de criminalidad en el país.

«Si la criminalidad quiere instrumentalizar a nuestros niños y niñas, ya no usando a chicos de 16 y 17 años, sino de 15 y 14, ¿vamos a seguir cambiando la ley para perseguirlos como si fueran adultos? Ese es el camino equivocado que tenemos y estamos a punto de rectificar», dijo.

Además, el 24 de mayo, la fiscal de la Nación anunció que presentaría una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330, que permite. Espinoza calificó la norma como una “salida fácil” que no resuelve el problema estructural y advirtió que podría llevar a criminalizar a menores aún más jóvenes. Propuso en su lugar una política de justicia juvenil restaurativa.

La fiscal recordó que estos adolescentes representan solo el 0.2% de los casos y que la respuesta del Estado debe enfocarse en prevención y atención integral. Aunque la ley elimina la exención penal para delitos como homicidio o terrorismo y promete rehabilitación, el Gobierno aún no ha detallado cómo se aplicarán esas medidas.

Poder Judicial también se opone a la ley que penaliza a menores de 16 y 17 años

El último 25 de mayo, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, anunció también que su entidad está evaluando presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330. Tello mencionó su preocupación por el impacto que esta representa en los derechos de los menores y en la autonomía del sistema judicial. Según la magistrada, esta normativa contraviene principios constitucionales y acuerdos internacionales asumidos por el Perú en materia de derechos humanos y justicia juvenil.

La entidad calificó esta medida legislativa como un retroceso en la protección de los derechos de los adolescentes y podría tener consecuencias negativas en su rehabilitación y reinserción social. El Poder Judicial está analizando las acciones legales pertinentes para impugnar la norma ante el Tribunal Constitucional.

Congreso: presentan moción de interpelación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia

Otro ministro podría ser interpelado. El congresista Edward Málaga, junto con las firmas de otros parlamentarios como Guillermo Bermejo, José Cueto, Elvis Vergara, Jaime Quito, entre otros, ha presentado una moción de interpelación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia. El principal argumento de la moción es la reducción de más de 2.000 kilómetros cuadrados del área correspondiente a las Líneas de Nazca, medida que fue avalada por el Ministerio de Cultura.

Si la moción es aprobada, Valencia deberá responder un pliego interpelatorio de 11 preguntas ante el Pleno del Congreso. En caso de que sus respuestas no resulten satisfactorias, el Congreso de la República podría respaldar una eventual censura contra el ministro del régimen de Dina Boluarte.

Pero la moción de interpelación presentada por Edward Málaga no es la única. Otra moción, también firmada por Málaga y por congresistas como Isaac Mita, Ruth Luque, Edwin Martínez, entre otros, está a la espera de ser evaluada por el Congreso de la República.

A diferencia de la moción anterior, esta no solo cuestiona la reducción del área protegida de las Líneas de Nazca, sino también la gestión de Valencia por los conflictos laborales en la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco y por las acciones tomadas por su cartera en la protección de los pueblos indígenas. El pliego interpelatorio de esta moción cuenta con 26 interrogantes dirigidas al ministro.

Extractos de las mociones de interpelación contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia | Foto: La República.

Ministerio de Cultura redujo más de 2.000 kilómetros del área que corresponde a las Líneas de Nazca

Mediante una resolución emitida por el Viceministerio del Ministerio de Cultura, se oficializó la disminución del territorio correspondiente a la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nazca. Esta zona, que anteriormente abarcaba 5.633,47 km² y contaba con un perímetro de 297.116,50 metros, ha sido reducida a una extensión de 3.235,94 km², con un nuevo perímetro de 249.959,25 metros. En total, se ha recortado aproximadamente 2.400 km² del área originalmente protegida.

Esta decisión ha sido fuertemente cuestionada por el Colegio de Arqueólogos del Perú y diversos sectores de la sociedad civil, quienes consideran que las acciones recientes del Ministerio de Cultura carecen de una estrategia clara para resguardar el patrimonio nacional. Según sus declaraciones, las políticas implementadas no reflejan un compromiso real con la protección del legado histórico del país y se denuncia la ausencia de una dirección coherente en la gestión cultural actual.

Aunque el documento oficial, publicado en el diario El Peruano, sostiene que la nueva delimitación no afectará el valor ni las características de la reserva arqueológica —incluyendo geoglifos, paisajes culturales y sitios como Cahuachi, La Tiza o Huaca del Loro—, el contexto genera preocupación adicional. A esto se suma la presencia persistente de minería ilegal en zonas cercanas a las Líneas de Nazca, un problema que el mismo Ministerio de Cultura advirtió en septiembre del año anterior, subrayando los daños irreparables que esta actividad informal podría causar al patrimonio prehispánico. Frente a ello, la institución ha reiterado que no es posible legalizar intervenciones que hayan atentado contra estos bienes, y ha anunciado medidas sancionadoras desde su área de Defensa.

Dina Boluarte: Poder Judicial rechaza pedido para que se anule su denuncia constitucional por desactivar el Eficcop

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria rechazó el pedido de la presidenta Dina Boluarte para anular las diligencias que realizó la Fiscalía en su contra que culminaron con una denuncia constitucional ante el Congreso por la desactivación del Equipo Especial Policial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). En consecuencia, el Ministerio Público continuará las investigaciones por el presunto delito de encubrimiento personal.

De esta manera, el despacho del juez Juan Carlos Checkley convalidó las pruebas que presentó la Fiscalía ante el Parlamento en noviembre del 2024. La jefa de Estado intentó anular las declaraciones de testigos brindados al Ministerio Público, incluidos los testimonios de los agentes ‘Carlos’ y ‘Rene’ y el exmiembro de la PNP, Harvey Colchado y Walter Lozano.

La defensa legal de la presidenta, representada por el abogado Juan Carlos Portugal, sostuvo que se realizó una vulneró el derecho a la motivación, a la defensa e igualdad de partes, debido a que no se habría permitido su participación en la diligencias fiscales en contra de su patrocinada.

Sin embargo, el juez supremo, Juan Carlos Checkley, consideró que las pruebas obtenidas por el Ministerio Público están sujetas a la ley y no hubo una vulneración de derechos, como señala la mandataria. La Fiscalía tomó las declaraciones de los miembros de la PNP en secreto debido a que, según indica la constitución, Dina Boluarte es la Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y PNP, por lo que podría haber tomado algún tipo de represalias.

«Declarar infundada la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa de la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra contra el Ministerio Público, respecto al proceso seguido en la Carpeta Fiscal N°153-2024», se lee en la resolución.

Fiscalía declaró infundada la tutela de derechos presentada por Dina Boluarte.

Dina Boluarte quiso anular las declaraciones de Harvey Colchado

Asimismo, la Fiscalía sostiene que en el «Cuaderno Secretos de las comunicaciones-tomo único» contienen las declaraciones de Harvey Colchado, Walter Lozano Pajuelo, Morán Soto, entre otros, en el que señala que existirían «acuerdos ilícitos», en el que el exabogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, habría ofrecido a Colchado y Lozano para que «la investigación contra Nicanor ya no sea llevada por la Eficcop y que lo ayudará a que ese pedido sea aceptado por la coordinadora Marita Barreto, (…) donde él se encargaría de solucionarlo».

«En esa reunión, el abogado Mateo Castañeda le pidió al coronel Lozano Pajuelo dos cosas, la primera, que la defensa de Nicanor Boluarte, mediante escrito, solicitaría que la carpeta fiscal sea derivada a la fiscalía provincial especializada en corrupción, donde él tenía sus contactos. (…)Lo segundo era que me dijera a mi persona que me iban a cuidado, que no me iba a pasar nada toda vez que el abogado Mateo Castañeda era veía de parte de la presidenta», declaró Colchado.

Declaración de Harvey Colchado.

Poder Judicial le da la razón a la Fiscalía

El juez Juan Carlos Checkley concluyó de que la tutela de derechos presentada por la defensa legal de Dina Boluarte en enero de este año, semanas después de que la Fiscalía realizó la denuncia constitucional contra la mandataria ante el Congreso. Este punto es clave debido a que, ahora, es competencia exclusiva del Parlamento determinar si hubo o no alguna infracción legal.

«La fiscalía remitió al Congreso la referida denuncia constitucional y la presente tutela de derechos fue presentada a este Juzgado Supremo de investigación Preparatoria el 29/01/2025, esto es, cuando ya no tenía competencia para resolverla. (…) En ese sentido, estando a que el presente proceso se encuentra en el fuero parlamentario, la tutela es desestimada», se lee en el documento.

Martín Vizcarra celebra: JNE rechaza anular la inscripción de Perú Primero pese a denuncia de firmas falsas

El inhabilitado expresidente Martín Vizcarra seguirá liderando su partido Perú Primero. Esto debido a que la dirección del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó anular la inscripción de la agrupación política por presuntamente presentar firmas falsas.

La denuncia fue presentada por la exprocuradora y hoy militante de Renovación Popular, Katherine Ampuero, quien también solicitaba la nulidad de oficio de las inscripciones de los partidos Primero La Gente y Perú Moderno por firmas falsas.

Ampuero hizo la denuncia en base a los reportajes periodísticos que daban cuenta de que Perú Primero y las otras agrupaciones presentaron fichas de afiliaciones con miles de firmas provenientes del mismo puño, según informes del Reniec.

Por ejemplo, en el caso del partido de Martín Vizcarra se dio a conocer que 5.000 fichas de afiliaciones contenían firmas de un mismo puño. Cabe precisar que dichas fichas no fueron considerados para el conteo de los 25.000 adherentes para lograr la inscripción, aunque ello no evitó que de todos modos se dieran casos de afiliaciones indebidas.