Fiscalía pide 35 años de cárcel para Ollanta Humala y Nadine Heredia por caso Gasoducto

La fiscal Geovana Mori presentó al Poder Judicial la acusación contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, y pide al Poder Judicial que dicte 35 años de cárcel para ambos por la adjudicación irregular del megaproyecto Gasoducto del Sur en favor de la empresa Odebrecht.

La imputación recae en total sobre 19 personas, entre los que figuran el exministro de Economía, Luis Miguel Castillo; el extitular de Transportes y Comunicaciones, Carlos Eduardo Paredes Rodríguez; y los exministros de Energía y Minas, Jorge Merino y Eleodoro Mayorga.

Para Paredes se requiere 35 años de prisión, mientras que para el resto de altos funcionarios se solicita 29 años.

La tesis fiscal es que durante el gobierno humalista (2011-2016), la constructora brasileña coordinó la adjudicación de la obra, valorizada en US$7 mil millones, a través de su entonces superintendente, Jorge Barata, con Heredia y el propio mandatario.

La expareja presidencial, de acuerdo a la fiscal Mori, se habría sentido comprometida a colaborar con la compañía por los US$3 millones que esta abonó a su campaña presidencial del 2011.

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En 2019, Barata confesó las coordinaciones con los Humala. Incluso detalló que preferían la comunicación con Heredia porque para el exmandatario era casi imposible comprender los procesos de licitación.

No obstante, como reveló Perú21, Barata cambió esa afirmación en junio de 2023. Sucedió durante un interrogatorio que le realizó la fiscal Geovana Mori en Sao Paulo. De pronto, el exejecutivo se desentendió de lo que declaró cuatro años antes y ahora ha perdido los privilegios de colaborador eficaz.

Esa es una de las razones por las que el exdirectivo es uno de los acusados en este proceso, donde la Fiscalía pide 9 años de cárcel en su contra por el delito de colusión.

Los Humala ya fueron sentenciados a 15 años de prisión en otro caso, por los aportes de campaña que recibieron de Odebrecht y del gobierno venezolano para financiar sus campañas presidenciales.

El exjefe de Estado cumple condena en el penal de Barbadillo, pero su cónyuge pidió asilo al gobierno de Brasil y consiguió la protección política. Heredia vive actualmente en Sao Paulo.

Fiscalía presenta denuncia constitucional contra Josué Gutiérrez por contrataciones a dedo en la Defensoría del Pueblo

La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo. De acuerdo con la tesis fiscal, Gutiérrez designó irregularmente a María del Carmen Olórtegui Risco como jefa de la Oficina Defensorial II de la Libertad en noviembre del 2024.

El Ministerio Público sustenta la acusación contra el defensor del Pueblo ante el Congreso, en que a sabiendas de que Olórtegui no cumplía con los requisitos legales exigidos en el Manual del Clasificador de Cargos de la entidad, se llevó a cabo este nombramiento. Para ello, Gutiérrez habría tenido el apoyo de las áreas administrativas de la institución.

Por otro lado, la Fiscalía también investiga a Olórtegui Risco por el supuesto delito de aceptación ilegal de cargo y por haber, presuntamente, tenido intervención en el personal de otros puestos de la Defensoría para concretar su contratación.

Comunicado de la Fiscalía de la Nación

Contraloría detectó contratación irregular de afiliados de APP en Defensoría del Pueblo

Tal como lo informó La República en abril de este año, un reporte de la Contraloría General de la República determinó que la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Josué Gutiérrez, realizó contrataciones irregulares de dos empleados relacionados con Alianza Para el Progreso (APP). Estos son María del Carmen Olórtegui, jefa de la Oficina Defensorial de La Libertad, y Juan José Canales Durand, exjefe de Gabinete.

El ente supervisor detectó dos aspectos: la Defensoría del Pueblo los contrató «a pesar de que no se acreditó fehacientemente el cumplimiento de los requisitos para dichos cargos estructurales». Asimismo, destacó que ambos conservaron su afiliación política activa a APP, partido de César Acuña, mientras desempeñaban sus funciones.

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Olórtegui se afilió a la organización acuñista el 4 de julio de 2023 hasta el 5 de marzo de este año. Anteriormente, formó parte de Fuerza Popular. En cuanto a Canales, quien ya no está en la Defensoría del Pueblo, su militancia permanece activa desde el 9 de marzo de 2018.

«(…) Contraviene lo establecido en la Directiva N° 002-2019/DP sobre la neutralidad de los servidores públicos que prohíbe la afiliación a partidos políticos para los funcionarios que ocupan cargos de confianza, como es el caso de ambos; no obstante, la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano omitió tomar las acciones pertinentes para cautelar el cumplimiento de la Directiva de Neutralidad», señaló el mencionado informe.

Congresistas que usen semana de representación para campañas políticas «estarían cometiendo peculado de uso»

En entrevista, el experto en temas electorales, Martín D’azevedo, se refirió al dictamen que permite a los congresistas realizar campañas políticas durante la semana de representación. Según precisó, los parlamentarios quieren usar el dinero del Estado, por lo que estarían cometiendo el delito de peculado de uso.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el especialista cuestionó dicho dictamen que proporcionaría una «ventaja comparativa» a los parlamentarios por sobre un ciudadano normal que quiere iniciar una campaña política. Buscarían posibilidades para ser reelectos.

«¿Por qué se apuran en querer modificar el reglamento del Congreso para no tener la posibilidad de violentar el principio de la neutralidad? Porque quieren tener eso, usar el dinero. No obstante, que en el fondo estarían cometiendo peculado de uso, porque es un dinero, al fin y al cabo, del Estado», dijo a nuestro medio.

Parlamentarios quieren «dejar a sus enemigos fuera»

De tal modo, D’azevedo indicó que los congresistas se han dedicado a «sacar a sus rivales del camino», por lo que estarían «aprovechándose» del dictamen que les permite usar recursos del Estado para hacer campaña política.

En tal sentido, aseguró que los legisladores tienen una idea que los hizo realizar 18 modificaciones en los últimos cuatro años, con la finalidad de que los partidos con mayoría manipulen leyes con respecto al proceso electoral y así «dejen a sus enemigos fuera».

Eduardo Salhuana cuestiona uso político de la semana de representación

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, manifestó su inquietud por la reciente aprobación de un dictamen en la Comisión de Constitución que regula la participación electoral de los parlamentarios, pero omite incluir restricciones sobre la semana de representación.

Durante una rueda de prensa, Salhuana alertó que esta omisión podría abrir la puerta al uso de recursos públicos con fines electorales, especialmente en un contexto preelectoral donde cada acción cobra relevancia.

El dictamen aprobado establece que los congresistas deberán pedir licencia sin goce de haber si desean hacer campaña durante las sesiones del Pleno o en las comisiones. No obstante, no menciona limitaciones sobre el periodo mensual en que los legisladores retornan a sus regiones para cumplir funciones representativas.

Ante este vacío legal, Salhuana anunció que su bancada, Alianza para el Progreso, presentará una propuesta para incorporar de forma explícita a la semana de representación dentro de las restricciones. Considera que, al implicar el uso de dinero público, este espacio no puede quedar exento de regulación.

Dina Boluarte pide al Congreso que la autorice viajar a Francia para asistir a la Cumbre Mundial de los Océanos

La presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó al Congreso su autorización para salir del país con la finalidad de asistir a la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano (UNOC3), evento que se llevará a cabo en la ciudad de Niza, en Francia.

En el documento dirigido al titular del Legislativo, Eduardo Salhuana, el Ejecutivo informó que la salida temporal de la mandataria del territorio nacional será del 7 al 11 de junio.

Asimismo, precisó que durante esta visita de trabajo Boluarte Zegarra sostendrá una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el objetivo de “consolidar una asociación privilegiada con Francia”.

“Desde el punto de vista político, reviste la mayor importancia, pues contribuirá de manera sustancial al fortalecimiento de las excelentes relaciones con un país que desarrolla, actualmente, los proyectos de infraestructura más importantes en el Perú”, se lee en la misiva.

A ello, añade que la reunión bilateral con el jefe de Estado francés permitiría impulsar una mayor presencia económica y de cooperación en el país.

“Se espera que la parte francesa culmine los procedimientos internos para que, en el marco de la visita, se firme el convenio para eliminar la doble tributación, instrumento que dinamizará aún más el arribo de inversión francesa, impulsando el desarrollo económico nacional y la promoción del empleo en beneficio de la población peruana”, afirmó.

Respecto a la participación del Perú en la UNOC3 se justifica al reafirmar su compromiso con la sostenibilidad ambiental y consolidar su liderazgo en América Latina en temas de gobernanza oceánica.

Esta presencia -señala el escrito- también permitiría a la presidenta Dina Boluarte establecer contacto con otros mandatarios, así como con actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados en la la conservación y gestión oceánica.

Elecciones 2026: Keiko Fujimori no descarta ceder candidatura presidencial a líder de otro partido

En una entrevista con la agencia EFE, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que está centrada en buscar alianzas con otros partidos de cara a las elecciones generales que se celebrarán en Perú en 2026 y que no descarta «la posibilidad de ceder la candidatura presidencial» al líder de otro partido o a otro dirigente de su propia formación.

«Yo no descarto la posibilidad de ceder la candidatura presidencial a otro líder de otro partido, ni a otro líder de mi propio partido, porque creo que para lograr consensos uno tiene que dejar de lado sus prioridades personales y pensar primero en el país», dijo en una entrevista en la ciudad española de Sevilla.

Fujimori, que participa hoy en el congreso anual del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), señaló que es consciente de que «la gran mayoría de dirigentes» en su partido esperan que ella «asuma esa responsabilidad», pero recalcó que quiere «agotar esta primera vía de consenso».

«Y si no, tengo que tomar la decisión personal», añadió la también fundadora de Fuerza Popular, que rehusó revelar con qué formaciones y líderes está dialogando.

«Estamos tratando de agotar el tema de las alianzas porque el solo hecho de conversar ya ayuda a la democracia, porque estamos dándonos cuenta de que hay muchas cosas en las que coincidimos con otros partidos políticos», entre las que citó «el capítulo económico» o la necesidad de «invertir mucho en educación, salud e infraestructura».

Además, añadió, de cara a una segunda vuelta y de cara a un posible gobierno, su partido ya sabe con quienes puede hablar.

La primera vuelta de las elecciones está convocada para el 12 de abril de 2026 y las posibles alianzas que surjan de este proceso de diálogo «se tienen que anunciar a finales de julio», señaló Fujimori.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido el 2 de agosto del 2025 como fecha límite para que las alianzas electorales completen su inscripción ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) si desean participar en los comicios.

El 23 de diciembre será la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos y ese día se cierra también el registro de organizaciones políticas del JNE.

Keiko dice que lo ideal es esperar hasta que el TC se pronuncie sobre el caso ‘Cócteles’

En cuanto a su eventual candidatura, Fujimori reconoció que «lo ideal» sería esperar hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el proceso judicial que se le sigue en Perú por presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016, pero aseguró que su decisión «no es dependiente» de ese fallo.

«Creo que en la vida hay momentos en que tienes que tomar decisiones y eso he aprendido, a tener que tomar las cosas, saber cuáles son los riesgos, las oportunidades, las responsabilidades. Y sobre la base de ese panorama, yo tomaré una decisión final y será mi decisión», añadió la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, quien falleció en noviembre pasado

El Tribunal Constitucional (TC) de Perú debe pronunciarse sobre un recurso presentado por la defensa de Fujimori, que podría poner fin al proceso judicial en su contra por el llamado caso ‘Cócteles’ por supuesto lavado de activos procedentes de presuntos aportes irregulares a sus campañas.

Entre los supuestos aportantes está la constructora brasileña Odebrecht y varios conglomerados económicos peruanos, pero el partido fujimorista sostiene que los fondos fueron recogidos en una serie de cócteles de simpatizantes durante las campañas electorales.

En abril pasado, la Justicia peruana ratificó la decisión de anular el juicio contra Fujimori por la presunta financiación irregular de sus campañas electorales, tras lo que el Ministerio Público deberá volver a elaborar parte de la investigación y presentar de nuevo la acusación, un proceso que, según expertos, puede demorarse entre un año y un año y medio.

La presidenta Dina Boluarte convocó en marzo elecciones presidenciales y parlamentarias para el 12 de abril de 2026, con la esperanza de que pongan fin a la inestabilidad política y polarización que vive el país.