El Ministerio del Interior (Mininter) organizó una ceremonia de despedida al extitular de la cartera, Juan José Santiváñez. Al culminar la ceremonia, el censurado ministro brindó palabras de agradecimiento y aseguró que se le volverá a ver «en el 2026».
Santiváñez se despide del Ministerio del Interior
Durante el evento, Santiváñez ofreció un discurso en el que subrayó su dedicación para fortalecer la seguridad ciudadana y defendió su gestión. Al concluir, su frase «Nos vemos en el 2026» generó especulaciones sobre sus planes políticos futuros.
«Solo me queda decirles muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo que me acompañó, gracias a mi familia que me acompaña, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta travesía del servicio al país. Solamente me queda decirles una cosa final, nos vemos en el 2026», mencionó.
La ceremonia contó con la asistencia del nuevo ministro, Julio Díaz Zulueta, y el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria. Santiváñez, quien fue destituido por 79 votos en el Congreso, expresó su agradecimiento a su equipo y reafirmó su compromiso con la lucha contra la criminalidad.
Como se recuerda, el 21 de marzo, el Pleno del Congreso de la República aprobó la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con 78 votos a favor, 20 abstenciones y 11 en contra. La censura se fundamentó principalmente en el aumento de la inseguridad y los casos de extorsión en el país.
¿Quién es el sucesor de Santiváñez en el Mininter?
La presidenta Dina Boluarte tomó juramento esta tarde al nuevo ministro del Interior, Gral. (r) PNP. Julio Díaz Zulueta, en reemplazo del censurado Juan José Santiváñez.
El flamante nuevo titular del Ministerio del Interior se desempeñó hasta hoy como viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública, cargo que ocupó desde enero del 2024.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, dijo no estar de acuerdo con que se impulse una moción de vacancia presidencial contra la presidenta Dina Boluarte.
En esa misma línea, el titular del Congreso se refirió a las declaraciones de la congresista Susel Paredes, quien, tras la censura del ministro Juan José Santiváñez, mencionó que prepara una moción de vacancia en contra de la jefa de Estado por “incapacidad para gobernar”.
Al respecto, Salhuana manifestó que para que el país “se encamine firme al desarrollo, hay que cumplir los plazos constitucionales” y, según la ley, el período “presidencial es de cinco años”.
“Lo que dice la Constitución es que el plazo presidencial es de cinco años y creo que cualquier voz distinta a ello tiene que ser rechazada y eso incluye lo que señala de una manera no tan correcta la congresista Susel Paredes de que ahora se iría por la vacancia de la presidenta Dina Boluarte”, expresó en una rueda de prensa en el Congreso.
“Eso me parece absolutamente incorrecto. Hay que aprender a vivir en democracia y respetar el voto popular. La elección se dio el 21, el periodo presidencial termina el 26 y, en abril del 26, elegiremos al reemplazante de la presidenta constitucional Dina Boluarte. Caso contrario, seguiremos en esta incertidumbre y en este signo histórico negativo de tener un presidente cada 12 meses y eso no nos hace ningún bien a la economía nacional”, acotó.
Eduardo Salhuana exhorta a la colaboración entre los poderes del Estado
Asimismo, Eduardo Salhuana dijo que los enfrentamientos entre los poderes del Estado no contribuyen en “promover las inversiones y el desarrollo económico” del país.
“Yo creo que desde el Congreso lo que tenemos que hacer es ejercer control político con la prudencia que corresponde y que siempre prime la colaboración entre los poderes. Necesitamos estabilidad para que la economía crezca, la pobreza disminuya y las brechas sociales se acorten y la gente tenga más probabilidades de salir adelante”, señaló.
Dos integrantes de la disuelta ONG Perú Eco Social Group, que integraba el sobrino de Dina Boluarte, José David Ugarte Boluarte, actualmente trabajan para el Estado. Se trata de Javier Umeres Cáceres, actual asesor del Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, y su padre, Juan Francisco Umeres Rodríguez, quien se desempeña como subprefecto del distrito cusqueño de Echarate, reveló un reportaje de Cuarto Poder.
Padre e hijo, al igual que el sobrino presidencial, eran parte de la organización. Javier Umeres era el fundador de la asociación, su padre era el vicepresidente y José Ugarte Boluarte fungía de secretario técnico internacional. Bajo ese cargo, el familiar de la jefa de Estado era el encargado de buscar fuentes de financiamiento nacional y extranjero.
La ONG fue dada de baja el 31 de octubre del 2024, a los pocos días de la designación de Javier Umeres en el Ministerio de Cultura. Antes de ello, el último trabajo de Javier Umeres, antropólogo, había sido la de inspector municipal en Cusco. Pasó de ganar 5200 soles a casi 16 mil soles mensuales como funcionario en este gobierno de Dina Boluarte.
Sin embargo, Umeres hijo negó conocer al sobrino presidencial, pese a que integró la ONG que fundó en el 2019. «(¿Conoce usted al señor José David Ugarte Bolaurte?) Por su puesto, es un colega. (¿De dónde?) de la universidad. (¿Han trabajado juntos?) Trabajado no», respondió a Cuarto Poder. 8
«(¿Quién es el secretario internacional?) Le voy a pedir por favor que… en otro espacio. ¿No es el señor Boluarte?) La verdad, no recuerdo bien… Pero usted la fundó. Sí, yo la fundé porque teníamos unos proyectos en ese entonces», agregó.
Otro de los beneficiados
En tanto, Juan Francisco Umeres Rodríguez, padre de Javier Umeres, fue el vicepresidente de la ONG integraba por el sobrino de la presidenta. En agosto del 2023, fue designado subprefecto del distrito cusqueño de Echarate por Jorge Luis Ortiz Marreros, quien es investigado por presuntamente ser miembro de los Waykis en la sombra, la presunta organización criminal en la que Nicanor Boluarte habría decidido de manera ilícita la designación precisamente de prefectos y subprefectos.
Umeres padre figura en la planilla del Ministerio del Interior. Es imputado en el presunto delito de estafa y falsedad ideológica, y también investigado por abuso de autoridad.
Al respecto el abogado Walter Palomino dijo: «Se tiene que el Estado debería elegir a los mejores / Si es que esto se pasa por encima/ y más bien se elige a una persona en virtud de los vínculos amicales que podría tener, lo que podría pasar es que tengamos a una persona, a un funcionario público incompetente, que no lleva a cabo sus funciones. Incluso imaginemos que lo lleva adecuadamente, pero ha sido elegido en virtud de esta amistad que podría existir. Esto igualmente sería ilegal, porque habría sido privilegiado en desmedro de otros, en virtud únicamente a aspectos vinculados a criterios no legales».
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, insistió en que las críticas contra el gobierno de la mandataria Dina Boluarte encubren la intención de poner en marcha un golpe de Estado.
Al respecto, el titular de la PCM dijo que los encargados de llevar a cabo esta empresa serían sectores de la prensa y la Fiscalía, ya que «cada semana aparecen en televisión partes de investigaciones a la presidenta y a otros miembros del Ejecutivo«.
«Constitucionalmente, la presidenta Dina Boluarte personifica a la nación. Sin embargo, algunos no quieren darse cuenta de ello y la vapulean (…). Estas agresiones son intolerables y apuntan, desde una facción de la prensa y un grupo específico de la fiscalía, dar un golpe blanco. Quieren minar la institucionalidad desprestigiando a la Presidenta. Buscan hilar una vacancia», escribió en una columna de opinión en el diario oficial El Peruano.
Adrianzén insiste en que no se debe investigar a Dina Boluarte
Pese al reciente antecedente de Pedro Castillo, donde, si bien el Art. 117 de la Constitución prevé cuatro escenarios donde un presidente en funciones puede ser acusado, ello no impide que sea investigado, Adrianzén consideró que «el correlato lógico» es que los presuntos delitos de Boluarte queden impunes.
«El Ministerio Público debería tener precaución cuando formula denuncias contra la Jefa del Estado porque ella está protegida por el artículo 117 de la Constitución, que dice cuáles son los 4 delitos por los que puede ser acusada: traición a la Patria; impedir elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134; o impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. El correlato lógico es que solo por esos cuatro delitos pueda ser investigada. Y esas razones no se han cumplido en la realidad», mencionó-
«Cada semana aparecen en televisión partes de investigaciones a la Presidenta y a otros miembros del Ejecutivo. ¿Acaso el Ministerio Público no resguarda esas investigaciones? Este atropello a la Presidenta data de hace casi un año, cuando se allanó cinematográficamente su casa, lo que afectó la dignidad de la Presidencia de la República y de la persona que, insisto, representa a todos los peruanos», finalizó.
En mi columna de la semana pasada expuse, sucintamente, los alcances del programa de gobierno “Mano de Hierro” de mi partido Perú Acción el mismo que se actualiza semanalmente en las reuniones de la respectiva Comisión Partidaria con el aporte de dirigentes y militantes de todo el Perú y de especialistas que, en calidad de invitados especiales, concurren a nuestras sesiones para exponer su pensamiento.
El planteamiento general de Perú Acción es muy claro: necesitamos partidos políticos sustentados en la conjunción de ideales y propuestas afines de personas que se congregan para trabajar por el Perú y aspiran a llegar al Poder para cumplir esos objetivos y no, como ocurre ahora, maquinarias electorales (cuyos líderes ahora se llaman “dueños”) creadas al calor de la ambición personal, del interés de grupo y del propósito clarísimo de utilizar al electorado para obtener Poder en beneficio propio y no al servicio de nuestra nación.
Queremos sanear la política peruana y, en la medida de lo posible, librarse del estigma de corrupción e ineficiencia que hoy la caracteriza con oportunistas e ignorantes trepados en curules, gobernaciones, alcaldías y los más altos puestos del Estado dando lecciones magistrales de su incapacidad y desviación moral para gobernar un país ubérrimo y lleno de emprendedores y gente de chamba como el nuestro.
Estamos abriendo el camino, en consecuencia, para que la palabra “político” en el Perú no se perciba como sinónimo de corrupción e incapacidad sino como ejemplo de honestidad a prueba de balas, intachable vocación de servicio, probada capacidad de gestión y definida sensibilidad social.
La meritocracia de las “maquinarias electorales” llamadas partidos políticos no está basada, ni mucho menos, en esas esenciales virtudes: su plataforma central es el dinero – “plata como cancha “- y el uso del mismo de manera corrupta para comprar conciencias y captar votos a través de la repartija y la donación. Ahí está la impúdica exhibición en el Congreso de congresistas que han protagonizado hasta violaciones de sus asistentes en sus propias oficinas o que, como los muy desvergonzados y coimeros “niños” de Acción Popular siguen actuando con absoluta impunidad pese a las fundadas denuncias que han recibido porque los corruptos que eligieron, entre otras barrabasadas como sucesivos presidentes del Congreso a personajes con denuncias o vinculados a mafias criminales requieren sus votos.
Y en las gobernaciones y alcaldías tenemos otro tanto: 557 denuncias penales se llevaron los gobernadores salientes en las últimas elecciones y hubo 96 por ciento de alcaldes corruptos en las últimas tres elecciones.
Perú Acción tiene por objeto terminar con tanta vergüenza y consolidar en el Perú una democracia con justicia social, sin corrupción y sin violencia.
Un día antes de la marcha del 21 de marzo y de la censura del ministro del interior, Juan José Santiváñez, artistas y representantes de grupos musicales recibieron un mensaje del despacho de la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez de Fuerza Popular.
En el mensaje, enviado por el asesor Abel Santiago, se les invitó a participar en un diálogo con el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), General PNP Marco Conde Cuellar. La reunión se realizó a partir de las 8:30 a.m, del 21 de marzo, en la cuadra 3 de la avenida España, tal como se anuncia en el mensaje
Participaron el general jefe de la Dirincri, la congresista Juárez y representantes de los músicos. De tal manera que lo que en apariencia puede ser la legítima preocupación de una congresista ante la inseguridad, se convierte en un caso de tráfico de influencias, utilizando la labor parlamentaria.
Un probable delito de tráfico de influencias
General PNP Marco Conde Cuellar con la congresista Patricia Juárez
Como miles de ciudadanos en todo el país, los artistas también han recurrido a la policía en busca de ayuda y no la han encontrado, hasta que apareció Juárez. Entonces, recibieron el apoyo, que otros miles de ciudadanos a nivel nacional no reciben y terminan muertos, blanco de las balas extorsivas, totalmente desprotegidos.
La conclusión del mensaje no deja dudas sobre dicha influencia: “A la vez, estamos prestos a apoyarlos para que sus denuncias sean escuchadas más rápidas en la Dirincri”, concluye el mensaje que Abel envió a la Dirincri. Es evidente que no se trataba solo de ponerles en contacto con la policía, sino que se les ofreció un resultado positivo.
La Dirincri confirmó esa influencia, en mensajes en sus redes sociales. No solo recibieron a los representantes de los cantantes y grupos musicales, les garantizaron un entorno seguro. “Durante la reunión se discutieron medidas de seguridad y prevención con la participación de los artistas, quienes compartieron sus preocupaciones sobre este delito. Este tipo de iniciativas buscan garantizar un entorno seguro y libre de extorsiones para toda la ciudadanía”, informó la policía.
Preocupante contubernio político
Reunión con la policía convocada por la congresista Patricia Juárez
Pero, este este mensaje revela un segundo aspecto más preocupante. El sometimiento de la Policía Nacional a los intereses políticos, de un determinado grupo. Cómo lo han declarado Yahaira Plasencia y Daniela Dancourt dicho mensaje, con la intervención de la policía, buscó que los artistas no participaran en la marcha para exigir al gobierno de Dina Boluarte acciones concretas contra la inseguridad ciudadana.
Un contubernio que es el corolario de la serie de condecoraciones que los mandos policiales reciben del Congreso desde el 2023. El 24 de agosto de 2024, el titular del parlamento, Eduardo Salhuana fue reconocido por la PNP, con la participación del ministro Santiváñez. El 4 de diciembre de 2024, se repitió otro evento similar. Los jefes policiales recibieron otra condecoración el 13 de enero de 2025, por mencionar algunos actos.
En octubre del 2024, el Congreso aprobó la Ley 32,130 que reforma el Código Procesal Penal para transferir la investigación preliminar del delito a la policía, en detrimento del Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación. Fuerza Popular y las principales fuerzas políticas, APP, Perú Libre, Podemos, que sostienen el régimen de Dina Boluarte tienen investigación en trámite en el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza y los Equipos Especiales.
El mensaje de la congresista Patricia Juárez a los artistas
La Policía Nacional nunca estuvo de acuerdo con el nuevo Código Procesal Penal. La reforma retrocede a los comienzos del siglo XX. Por esa, tras la censura de Santiváñez, el comandante general PNP Víctor Zanabria salió a defenderlo preocupado, dijo, por mantener la línea de trabajo. Una estrategia que en la lucha contra la inseguridad no ha dado resultado.
Los policías le agradecen las mejoras salariales y derechos laborales que les dio el Congreso y que el Ejecutivo aprobó. Todo esta situación, en un momento en que los congresistas no están interesados en combatir la delincuencia, sino en quedarse en el poder, en asegurar la elección a la presidencia y el nuevo senado y la cámara de diputados.
buscando un nuevo ministro del interior
La presidente Dina Boluarte deberá decidir el nombramiento de una nuevo ministro del Interior que responda a los reclamos de la ciudadanía de brindar mayor seguridad, ante el avance las asesinatos extorsivos y el crimen organizado.Diversos sectores reclaman la salida de los jefes policiales muy cercanos a Juan José Santiváñez, un abogado que se habría preocupado por atender a sus ex clientes antes de definir el trabajo policial. Boluarte deberá designar al nuevo ministro del Interior este lunes, al cumplirse 72 horas de la censura de Santiváñez.
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