Presidenta convoca a elecciones generales

A través de un mensaje a la nación, la presidenta Dina Boluarte convocó a Elecciones Generales, manifestando que su gobierno garantiza la independencia y autonomía de los organismos a cargo del proceso, incluyendo el otorgar el presupuesto que permita un proceso electoral transparente.

Aprovecho el mensaje para manifestar que se respete el periodo de mandato de las autoridades y que se cumplan con los espacios determinados, es decir que se entregue al nuevo mandato en Julio de 2026. Destacó el hecho de que se tiene que cumplir con la convocatoria como un hecho normativo que se tiene que dar en cumplimiento de lo que manda la ley.

En la práctica, la carrera hacia la Presidencia de la República y hacia el Congreso se inició en esta primera etapa que llevará a que en los meses posteriores los Partidos políticos establezcan sus respectivas planchas y listas congresales para participar de las elecciones convocadas para el 12 de abril del 2026.

Lo que lamentamos los demócratas es que con la cantidad de agrupaciones que se han inscrito en el JNE, las elecciones no nos ofrecen la garantía de que finalmente se elija al mejor o a los mejores, por cuanto los votos no solo se van a dividir, tal vez sería mejor utilizar el término de diseminar al punto de que finalmente tengamos nuevas autoridades nacionales elegidas por un mínimo de ciudadanos que de esa manera van a legitimar lo que no significará necesariamente la voluntad del pueblo; por lo que se espera que prontamente se produzcan las alianzas que permitan un menor número de candidatos y listas respectivas… el año electoral ya es una realidad.

Los escuderos de Juan Santiváñez que siguen en la Policía: el comando PNP conformado por Zanabria, Arriola y Véliz

El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue censurado por el Congreso el pasado 21 de marzo, tras impulsar normativas que debilitaron la lucha contra el crimen organizado, ocasionando que el número de asesinatos y extorsiones a nivel nacional aumenten. De acuerdo con el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en lo que va del 2025 se han registrado 512 homicidios. Sin embargo, pese a su salida de la cartera del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP) aún mantiene en funciones a tres altos mandos, involucrados o relacionados con delitos.

El comando PNP conformado por el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo; el jefe del Estado Mayor, Óscar Arriola Delgado; y el inspector general, Jhonny Véliz Noriega, habrían actuado alineado a los intereses de la presidenta Dina Boluarte y del exministro del Interior Juan José Santiváñez. De acuerdo con los avances de la Fiscalía y las pruebas reveladas por el capitán Junior Izquierdo, los oficiales ejecutaron disposiciones internas orientadas a proteger a la mandataria frente a las investigaciones fiscales que la involucran, lo que plantea serias dudas sobre la autonomía operativa de la PNP y la posible utilización política de la institución policial.

Comando PNP tras Harvey Colchado y la Eficcop

La estrategia del Gobierno empezó el 10 de mayo de 2024, cuando el Ministerio del Interior dispuso la desactivación del Equipo Especial de la Policía que lideraba Harvey Colchado y que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder (Eficcop) en operativos a altos funcionarios.

Días después (16 de mayo), Juan Santiváñez asume como nuevo ministro del Interior y la estrategia del Ejecutivo siguió. Como una cadera de jerarquía, la aprobación de las resoluciones para iniciar investigaciones administrativas y disciplinarias contra Colchado eran aprobadas por el comando PNP, tras orden de Santiváñez y Boluarte.

Esta persecución inició luego de que Colchado Huamaní encabezó el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito en marzo de 2024. Tras este evento, es que se inicia el hostigamiento hacia el coronel pasado a retiro y el equipo especial de la Policía (Eficcop). Este último fue desactivado en mayo de 2024.

Como cereza del pastel, Óscar Arriola, fue parte de la junta de selección de pases al retiro de altos oficiales de la PNP, en donde no solo figuraba Colchado, sino también el coronel Walter Lozano, quien formó parte del equipo de Eficcop.

La Fiscalía investiga a Víctor Zanabria

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria Angulo, está siendo investigado por la Fiscalía por los siguientes casos:

Homicidio calificado por omisión: La Fiscalía lo investiga por su presunta responsabilidad en la muerte de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, ocurrida durante las protestas de enero de 2023. Se le acusa de no haber impedido la represión policial que resultó en el fallecimiento de Santisteban.
Peculado: Se le acusa que durante su gestión como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa en 2020, habría ordenado a 15 policías realizar trabajos de albañilería en lugar de sus funciones habituales, afectando la seguridad ciudadana y la imagen institucional. La investigación fue ampliada por ocho meses en noviembre de 2024.
Obstrucción a la justicia: La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada inició una investigación preliminar por presunta obstrucción en el caso «Los Waykis en la Sombra», relacionado con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Se alega que Zanabria y otros altos mandos habrían tomado medidas disciplinarias contra oficiales de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), entre ellos Harvey Colchado, con la finalidad de obstaculizar las indagaciones.

Además, se ha mencionado la posibilidad de una denuncia por abuso de autoridad contra el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’.

Óscar Arriola y su vínculo con Andrés Hurtado

Si bien hasta la fecha no hay una investigación formal por parte de la Fiscalía contra el teniente general de la PNP, Óscar Arriola, en noviembre de 2024 salió a la luz una fotografía donde se le ve junto al presentador de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, en Panamá.

Arriola recibió una condecoración por parte de Chibolín, quien hoy se encuentra cumpliendo prisión preventiva por el presunto delito de tráfico de influencias.

La Fiscalía investiga a Jhonny Véliz

Al igual que Víctor Zanabria, el inspector general de la PNP, Jhonny Véliz está siendo investigado por la Fiscalía en relación con el caso «Los Waykis en la Sombra». El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ha iniciado una investigación preliminar contra él y otros altos mandos policiales.

Se les acusa de presunta obstrucción a la justicia al tomar medidas disciplinarias arbitrarias contra oficiales de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), como el coronel Harvey Colchado, con el objetivo de entorpecer las investigaciones relacionadas con Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Harvey Colchado se pronuncia

En entrevista, Colchado confirmó lo dicho en este informe, al precisar que la salida de Santiváñez no debió ser la única, sino también la del comando PNP. «No solo debe ser relevado el ministro, sino el alto mando policial (los generales Zanabria, Arriola y Veliz), quienes han obedecido y operativizado la mala estrategia policial contra la criminalidad, que ha llevado al calamitoso estado de desprotección de los ciudadanos (bodegueros, transportistas, profesores, polleros, etc)», precisó.

Ollanta Humala arremete contra Fiscalía: «A Barata y Odebrecht no les han puesto nada, han sacado su plata»

El expresidente Ollanta Humala brindó sus alegatos finales en el juicio en su contra por aportes ilícitos a sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. Es la última vez que el exmandatario se dirige a los magistrados, antes de su sentencia que será leída el 8 de abril.

El Ministerio Público ha pedido 20 años de prisión en su contra y 26 años y 3 meses contra su esposa, Nadine Heredia.

Se victimiza

Humala Tasso se dirigió a los magistrados del Tercer Juzgado Penal y arremetió contra la Fiscalía. Señaló que el caso de los aportes de campaña lleva 16 años y detalló las medidas impuestas en su contra.

«Hemos vivido todo lo que es las medidas coercitivas que el Ministerio Público nos ha impuesto, comparecencias, impedimento de salida del país, de la capital, embargo de nuestras cuentas, de nuestra casa familiar. (…) Hemos llegado incluso hasta la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público», dijo.

Asimismo, indicó que haberlo involucrado en lavado de activos significa «que uno es paria en el sistema bancario, involucra una permanente lucha contra el desprestigio que cada vez sale en las portadas de los medios».

El líder nacionalista consideró que la Fiscalía ha tenido un doble rasero con los directivos de Odebrecht y OAS.

«Al señor Barata, a los directivos de Odebrecht y OAS no les han puesto nada, por eso es que hoy en día no están en el Perú, han sacado su plata y han dispuesto de sus propiedades. Cosa curiosa, doble estándar de la Fiscalía», dijo.

El exmandatario aseguró que el Ministerio Público «ha tenido la costumbre de salir periódicamente a denostar de nosotros, a maltratarnos y tratar de motivar en la población una exacerbación que nos linchen a todos».

Culpa al APRA

El expresidente aseguró que «el origen de este proceso es estrictamente político». En ese sentido, dijo que tras pasar a segunda vuelta con el expresidente Alan García, el Partido Aprista lo sindicó como afín a Chávez.

Humala se victimizó y aseguró que el APRA, la Confiep y los medios de comunicación «empezaron a recrear la idea de que Chávez nos había financiado la campaña».

«Así nace la investigación de lavado de activos por supuestos aportes a la campaña de 2006. «Es la primera vez en la historia del Perú que un ensañamiento político llega a transformarse en una persecución fiscal.

Asegura que no hay pruebas

El expresidente Ollanta Humala tuvo que ser interrumpido por la jueza debido a sus referencias hacia la Fiscalía. La magistrada le pidió que se centre en las pruebas presentadas y no se desvíe del tema del juicio.

Humala Tasso aseguró que la Fiscalía «no ha podido demostrar» que el expresidente de Venezuela Hugo Chávez «haya dispuesto el envío del tesoro público» venezolano a su campaña de 2006.

«La Fiscalía no ha podido demostrar el origen ilícito que en su acusación imputa al expresidente Hugo Chávez de haber aportado a mi campaña. (…) No ha podido probar el ingreso al Perú y a mi campaña de 2006 de esos supuestos dineros enviados desde Venezuela», manifestó.

Asimismo, señaló que tampoco «ha podido demostrar la cantidad de dinero que supuestamente vino de Venezuela».

Arremete contra Belaunde Lossio

El exjefe de Estado señaló que «todos estos vacíos» que, según él, existen en la tesis fiscal, la Fiscalía «los parcha con Belaunde Lossio». Ante ello, procedió a intentar desacreditar a su otrora asesor.

El exmandatario aseguró que «Martín Belaunde es una persona sobre la cual no se puede tener credibilidad» y dijo que su exasesor «no llega en diciembre de 2005, llega en marzo de 2006».

Además, afirmó que «no era un cuadro político, él es empresario» y en el partido «se dedicaba a actividades de comunicaciones».

«No es una persona de extremada confianza para haberle dado captaciones de aportes de campaña», indicó.

Humala Tasso afirmó que en una entrevista que Belaunde Lossio dio en 2014 reconoció sus aportes a la campaña de 2006 y rechazó supuestos aportes de Venezuela: «En 2015 cambia y apoya la tesis fiscal, lo cual demuestra una inconsistencia en su calidad de testigo».

De acuerdo al acusado exmandatario «la respuesta es que le dieron la colaboración eficaz».

«Nunca se ha podido probar que mi esposa o yo hayamos recibido dinero de Brasil o de Venezuela, y menos que hayamos hecho actos de conversión», enfatizó.

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Pedro Castillo: presentan denuncia constitucional para inhabilitarlo por 10 años por el golpe de Estado

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo, con la que busca inhabilitarlo para ejercer la función pública durante 10 años, por el intento de golpe de Estado ocurrido en diciembre de 2022, cuando Castillo dio un mensaje a la Nación en el que anunció la disolución Congreso y reformar el sistema de justicia.

La solicitud de Cavero a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) se suma al pedido presentado en enero de este año por su colega Alejandro Muñante contra el exjefe de Estado, que también involucra a la ex primera ministra Betssy Chávez y a los exministros Willy Huerta, Roberto Sánchez y Gustavo Bobbio.

De acuerdo con el documento presentado por Cavero, la denuncia se basa en que el exmandatario infringió los artículos 43, 45, 117, 118 y 143 de la Constitución Política. Según el escrito, se debe imponer esta sanción “por la gravedad de sus actos y en atención a la alta investidura que ostentaba al momento de perpetrar el golpe de Estado”.

En consecuencia, Castillo afronta un juicio oral por los presuntos delitos de rebelión y abuso de autoridad. Por ello, la Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial que se imponga al exmandatario una condena de 34 años de pena privativa de libertad, la inhabilitación por tres años y seis meses, además de una reparación civil superior a S/65 millones.

Denuncia constitucional contra Pedro Castillo

Pedro Castillo: ¿qué dice la denuncia constitucional en su contra?

En el documento de la denuncia constitucional presentado por el legislador Alejandro Cavero, se indica que Pedro Castillo configuró un golpe de Estado, tras anunciar en su mensaje a la Nación la disolución del Congreso cuando se disponían a votar una moción de vacancia en su contra. De igual manera, Cavero señaló que Castillo intentó instaurar un gobierno de Emergencia Excepcional.

«No cabe duda que Pedro Castillo configuró un golpe de Estado, que intentó acabar con todas las instituciones que pudieran defender el orden constitucional y que lo que buscaba era perpetuarse en el poder y gobernar, concentrando todo el poder político en una sola persona. Qué duda cabe, pues, que el intento de cerrar el Congreso y convertir al Perú en una dictadura constituye un gravísimo incumplimiento de sus deberes funcionales y una clara infracción constitucional», se lee en el documento.

Designación de nuevo ministro del Interior es una sugerencia directa de Cesar Acuña

César Hildebrandt evidenció la influencia del fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, en la designación de Julio Díaz Zulueta como nuevo ministro del Interior. Al respecto, el periodista resaltó que Díaz es militante de APP e intentó llegar a cargos públicos con este partido.

«El nuevo ministro es un militante de APP y es una sugerencia concreta del señor presidente de APP. Me refiero a César Acuña. El único sujeto que siendo un grande ejemplo de analfabetismo funcional es simultáneamente fundador de diversas universidades todas exitosas. Ese hombre ha puesto al señor ministro del Interior que acaba de juramentar», dijo.

«ES MÁS DE LO MISMO»: HILDEBRANDT SOBRE EL NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR

Asimismo, Hildebrandt resaltó el vínculo directo y reciente entre Díaz Zulueta y su antecesor, Juan José Santivañez. «Ha sido viceministro de Santivañez lo que garantiza que no va a haber ningún cambio en el sector.

No hay estrategia, no hay una visión concreta para enfrentar algo tan complicado y extendido como el crimen organizado», explicó.

De la misma forma, mencionó la responsabilidad de Dina Boluarte en dicha encargatura y en la ausencia de políticas públicas para frenar la inseguridad ciudadana.

«SE DEBE PURGAR BIEN A LA POLICÍA»

«Se requiere de un conjunto de normas y consenso para enfrentar de un mondo multimodal este asunto, pero no hay. A la señora presidenta no le alcanzan las luces para premeditar algo así. Ella está premeditando el mañana y el pasado mañana de su duración, de su permanencia. Hasta ahí le llega el horizonte y la nariz… la nariz refaccionada», indicó.

«Nos espera más de lo mismo con un ministro que es más de lo mismo y esto tiene que ser el gran leimotiv de la próxima campaña. El candidato, la alianza que de una ligera confianza sobre su estrategia frente al crimen tendrá las de ganar. Eso no pasa por ser un Bukele, sino en tomar en serio el asunto de la Policía y su reforma, el asunto del Ministerio Publico y su reforma, el asunto de la inteligencia entramada en los diversos servicios y, por supuesto, la restitución del prestigio policial vía salarios y vía depuración. No habrá forma de enfrentar el crimen si no se purga bien a la policía y si no se le paga bien y si no se le equipa bien. Todo lo demás son comisarias que no atienden, motocicletas que no funcionan y demás», agregó.

Delia Espinoza señala que PNP “no siempre comunica las detenciones” a Fiscalía: Hay errores en la Policía y deben admitirlo

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, se refirió sobre lo señalado por Juan José Santiváñez y el general PNP Víctor Zanabria, comandante general de la Policía Nacional, respecto a las cifras de detenidos en lo que va del 2025 y el porcentaje de quienes estarían siendo liberados por el Ministerio Públicos.

Como se recuerda, el último jueves, Santiváñez indicó que desde el 1 de enero hasta el 19 de marzo de 2025, se detuvieron a 91.907 personas, entre peruanos y extranjeros, sin embargo, el 92% fue liberado y aclaró que no “fue por la Policía Nacional”.

“Como ya lo dijo un canal de televisión hace un par de días, solo en Lima, de todos los detenidos, 338 criminales, con demostrada participación en 167 bandas criminales, han sido liberados por la Fiscalía, no por el Ministerio del Interior”, manifestó.

Tras ello, a través de una entrevista con radio Santa Rosa, la titular del Ministerio Público sostuvo que su institución tiene por ley, desde el año 1994, “un registro nacional de detenidos y sentenciados a pena privativa de la libertad” donde se registra “cada detención que se hace a nivel nacional”.

“Nosotros tenemos las cifras oficiales”, expresó.

“En la PNP, y eso lo hemos estado escuchando en diversos espacios con diversos actores como un general, un exministro y diversas personas vinculadas a la Policía exhibiendo diversos números: 73 mil y tantos, 89 mil, 90 mil, que se pongan de acuerdo, primero, ellos”, manifestó.

“Los 32 578 que nosotros, oficialmente, podemos exhibir y demostrar están en un registro que se llama RENADESPPLE, Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva […] Entonces, ¿quién está demostrando cifras reales y quién no? Ya la población sacará sus conclusiones”, añadió.

Espinoza dijo también que “no es que se libera a todos” los detenidos, sino que “se libera, primero, a los que son detenidos abusivamente, arbitrariamente, y sobre eso hay varios casos”.

“Recordarán que hace unas semanas, hubo personas que fueron presentadas públicamente como supuestos extorsionadores y había resultado que eran personas honorables. Entonces, hay errores en la Policía también y deben admitirlo, porque nadie es perfecto”, sostuvo.

“Hay también una calificación: la tercera parte de los detenidos por el delito de conducción en estado de ebriedad se acogen al principio de oportunidad, que es un mecanismo legal por el cual acepta el delito el detenido y paga una reparación civil para la sociedad […] Nosotros podemos demostrar las cifras, pero ellos, ¿pueden demostrar?”, agregó.

La fiscal de la Nación señaló que no siempre la Policía comunica al Ministerio Público sobre las detenciones que realiza, lo que también puede explicar la disimilitud en las cifras presentadas por su institución y el Ministerio del Interior.

“Hay un fenómeno que también, a veces, trae problemas: la Policía no siempre nos comunica las detenciones. Hay población que lo sabe, de que los dejan libres por x razones, no llegamos a conocer esas detenciones”, indicó.

“Nosotros presumimos que ellos [la PNP] dan libertad, porque si no nos ponen a disposición a los 80 mil o 90 mil que dicen, porque nosotros recibimos y automáticamente lo ingresamos, porque desde el primer registro se genera el caso”, refirió.

Delia Espinoza no descarta que pueda haber una la PNP un “mal registro, un registro duplicado, triplicado, erróneo”.